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El delito de celebración de contratos sin el cumplimento de requisitos legales como tipo penal en blanco

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-39852-2011

Identificadores

Principio de transparencia
Principio de responsabilidad
Principio de planeación
Etapa contractual
Etapa precontractual
Principio de economía
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Principio de selección objetiva
Principio de transparencia
Principio de responsabilidad
Principio de planeación
Etapa contractual
Etapa precontractual
Principio de economía
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Principio de selección objetiva

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-39852-2011

Caso

DORIS ACERO DE VERA, ALCALDESA MUNICIPAL DE GUADUAS

Hechos relevantes

El 25 de julio de 2007, DORIS ACERO DE VERA en su condición de Alcaldesa Municipal de Guaduas, suscribió en esa localidad mediante la modalidad de contratación directa el contrato de consultoría No. 016 con el representante legal de la Unión Temporal Consultores Asociados con el objeto de elaborar un análisis y registro de proyectos propuestos por el municipio en el banco de proyectos, revisión de documentos precontractuales, elaboración de presupuestos oficiales, pliegos de condiciones o términos de referencia, análisis, revisión y evaluación jurídica, técnica y económica de propuestas, preparación de respuestas a las observaciones y elaboración de minutas de contratos de procesos licitatorios o convocatorias públicas con presupuestos de regalías de acuerdo con los términos de referencia del contrato por valor de $54.000.000.oo.

 

Se le reprocha que a partir del Decreto 2170 de 2002, que desarrolla el principio de transparencia en la contratación directa, no se cumplió con el estudio de la viabilidad del contrato pues el documento aportado como tal, carece de fecha y firma de quien se dice lo elaboró, no contiene plazo ni lugar de ejecución del objeto; la resolución de adjudicación y el contrato no fueron publicados en la página web del municipio; y la liquidación y consecuente pago de éste por parte de la alcaldesa acusada, se realizaron sin corroborar el cumplimiento del mismo, ni la observación del acta de recibo de la interventoría en que se exigía la entrega del informe final de ejecución por parte del contratista.

Problema Jurídico

¿Los llamados tipos penales en blanco, de los cuales hace parte del delito de celebración de contratos sin el cumplimento de requisitos legales, exclusivamente pueden ser completados con leyes expedidas por el Congreso de la República, o también resulta viable, con otras disposiciones de naturaleza administrativa?

 

Nota del editor: el problema jurídico de la sentencia, es sobre el cargo de ilegalidad que propone la defesan en cuanto el tribunal no debió acudir al decreto reglamentario 2170 de 2002 para complementar el tipo penal de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Razones de la decisión

«(…) El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales reprochado a la acusada DORIS ACERO DE VERA, descrito en el artículo 410 del Código Penal, encuentra realización cuando el servidor público, que por razón del ejercicio de sus funciones, tramite un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.

 

Sobre este elemento normativo del tipo –requisitos esenciales- la Corte ha precisado (CSJ SP, 25 sep. 2013, rad. 35344), corresponden al acatamiento integral de las disposiciones que desarrollan los principios que armonizan la contratación pública, referidos a la planeación, economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993 y disposiciones que la desarrollan y reglamentan, por tratarse de mandatos improrrogables, imperativos, innegociables e inderogables por voluntad de las partes.[1]

 

(…)


Del mismo modo, esta clase de tipologías admiten su llenado con otra ley, decretos y preceptos administrativos, sin que ello contraríe el ordenamiento superior, eso sí, siempre y cuando cumplan con los  presupuestos de ser preexistentes al momento de la realización de la conducta; y suficientes para definir y determinar, de manera clara e inequívoca, los aspectos de que carece el tipo penal en blanco, los cuales constituyen una herramienta para los jueces cuando van a precisar la conducta determinada como punible.
En el caso objeto de estudio, se tuvo como base por los jueces para llenar el tipo en blanco, una ley expedida por el Congreso de la República, como lo es la Ley 80 de 1993, específicamente los artículos 23, 24, 26 y 29; y adicionalmente el Decreto 2170 de 2002, que reglamentó el artículo 24, ibídem. En consecuencia, se equivoca el demandante, cuando alega, que la remisión fue únicamente al decreto reglamentario, pues también hizo parte la ley general de la contratación pública.

Igualmente, se debe dejar claro, que desde la perspectiva de la categorización de la ley, el Decreto 2170 de 2002 que se ocupa de la reglamentación del principio de transparencia para el perfeccionamiento de la contratación directa, no corresponde a un acto administrativo proferido de manera caprichosa por cualquier autoridad de esa naturaleza, como sin razón lo alega el demandante, pues se trata de un decreto reglamentario que modifica el Decreto 855 de 1994, expedido por el señor Presidente de la República en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, que lo autoriza, como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, a ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.


Acerca de la índole de esta clase de normatividad esa misma Corporación precisó, que si bien no se trata de una ley propiamente expedida por el Congreso de la República, corresponde a un decreto que desarrolla y reglamenta con disposiciones obligatorias de carácter general, impersonal y abstracto una ley común u ordinaria, expedido conforme a las facultades legales otorgadas por la Constitución Política al Presidente de la República.


En consecuencia, cuando los falladores acudieron por reenvío al decreto 2170 de 2002, lo hicieron con destino a un decreto reglamentario que se asimila por sus características a la ley misma expedida por el Congreso de la República, con capacidad de efectos vinculantes y de obligatorio cumplimiento, contrario a lo alegado por el demandante. (…)»

 


[1] CSJ-SPENAL-35344-2013.

Regla

Los llamados tipos penales en blanco, de los cuales hace parte del delito de celebración de contratos sin el cumplimento de requisitos legas no pueden ser completados exclusivamente con leyes expedidas por el Congreso de la República, también resulta viable, con otras disposiciones de naturaleza administrativa porque:

  1. Sobre el elemento normativo del tipo –requisitos esenciales- se ha precisado que corresponden al acatamiento integral de las disposiciones que desarrollan los principios que armonizan la contratación pública, referidos a la planeación, economía, responsabilidad, transparencia y el deber de selección objetiva, establecidos en la ley 80 de 1993 y disposiciones que la desarrollan y reglamentan, por tratarse de mandatos improrrogables, imperativos, innegociables e inderogables.
  2. Dada la multiplicidad de eventos y circunstancias en que se puede realizar la conducta, el legislador deja, para que conforme a la especialidad sean complementados por el juez a través del reenvío normativo en el proceso de interpretación legal.
  3. El principio de legalidad para esta clase de delitos no se satisface solamente con la remisión a normas que tengan la categoría de ley dictada por el Congreso de la República.
  4. Cuando los falladores acuden por reenvío al decreto 2170 de 2002, lo hacen con destino a un decreto reglamentario que se asimila por sus características a la ley misma expedida por el Congreso de la República, con capacidad de efectos vinculantes y de obligatorio cumplimiento.

Decisión

PRIMERO No casar la sentencia impugnada, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   SEGUNDO  Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.   TERCERO Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen para que se emitan las órdenes correspondientes para la ejecución del fallo.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993 Decreto reglamentario 2170 de 2002 Ley 599 de 200. Artículo 410.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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