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La adulteración de un documento dentro de un proceso de contratación estatal acarrea responsabilidad penal por el delito de falsedad material en documento público, por parte del funcionario que haya participado en dicha actividad

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-21200-2009

Identificadores

Gobernador
Resolución
Contratación estatal
Etapa contractual
Anticipo
Falsedad en documento público
Contrato de prestación de servicios
Contratación directa
Gobernador
Resolución
Contratación estatal
Etapa contractual
Anticipo
Falsedad en documento público
Contrato de prestación de servicios
Contratación directa

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-21200-2009

Caso

JORGE FUERBRINGER BERMEO, EX GOBERNEDOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Hechos relevantes

Jorge Fuerbringer Bermeo en su condición de Gobernador del Putumayo, el 5 de junio de 1995 suscribió con la empresa ECM Impresores Ltda. el contrato Nº 034  con el objeto de imprimir y publicar 1.000 libros referentes al plan de desarrollo, 2.000 revistas de gestión y gobierno, y 5.000 afiches de sensibilidad para el desarrollo, alusivos a la administración de dicho mandatario, para el cual si bien es cierto no era necesario hacer licitación por la cuantía, de acuerdo con las normas legales aplicables, obligaba, en aras de garantizar los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva, la fijación de avisos públicos de invitación a los interesados en presentar propuestas y la obtención de un número plural (mínimo dos) de éstas, imperativos cuyo cumplimiento fue omitido.

 

Sin embargo con posterioridad a la celebración de dicho contrato que contiene una constancia sobre la inexistencia en ese lugar de otras empresas diferentes a la finalmente contratada que pudieran prestar los servicios de impresión y publicación mencionados, y a la orden impartida por el aforado el 7 de junio de ese mismo año autorizando pagar al contratista un anticipo de $14’000.000.00, fueron obtenidas las  propuestas de Dipro Ltda., Tecnovélez Impresores.

 

Pero, además, la fecha de la Resolución Nº 0823 del 8 de junio de 1995 mediante la cual el Departamento del Putumayo constituyó un avance para pagar el citado contrato, fue adulterada en cuanto pericialmente se estableció que sobre el dígito correspondiente al día de expedición fue anotada rudimentariamente la cifra 12, documento que fue descubierto en el curso de la visita especial practicada por la Procuraduría Departamental del Putumayo a la oficina de Presupuesto de la Gobernación mencionada, a raíz del trámite disciplinario que adelantara en contra del aforado.

Problema Jurídico

¿Puede el gobernador de un departamento alterar la fecha de expedición de una resolución, por la cual se reconoce el anticipo de un contrato de prestación de servicios, sin incurrir en el delito de falsedad material en documento público?

Razones de la decisión

«(…) La incorporación de la mencionada resolución entre los registros escritos de la actuación contractual desplegada por Jorge Fuerbringer Bermeo cuando ejerció las funciones de Gobernador, no cabe duda se realizó con el fin de probar que se produjo el 12 de junio de 1995, después de haber recibido tres cotizaciones sobre el servicio de impresión a contratar ?las de Dipro Ltda. (7 de junio), Tecno Vélez Impresores (8 de junio) y ECM Impresores (9 de junio), recuérdese que la falsedad de las dos primeras también se demostró? y de suscribir el contrato de prestación de servicios sin número del 9 de junio de 1995 ?que a la postre también resultó falso?, es decir, con la aspiración de comprobar que se había cumplido con el requisito de invitar un número plural de potenciales oferentes, luego, dentro de este contexto, la relevancia jurídica del uso del señalado documento es innegable, consideración expresada en similares términos por la Fiscalía y el Ministerio Público.

 

Necesario es precisar que la única persona a quien le interesaba y convenía falsificar la fecha de la Resolución Nº 0823 era a Jorge Fuerbringer Bermeo, en cuanto siendo el Representante Legal del ente territorial contratante, las consecuencias punitivas del incumplimiento de las exigencias legales establecidas para adquirir obligaciones en su nombre, recaerían sobre él, por tal razón, con la aspiración de evadirlas, optó por comunicar a otra persona, con acceso a las dependencias de la Gobernación, la idea de la adulteración documental y se encargó de que la concretara ?constituyéndose aquel sujeto en el autor material? designio que logró con facilidad Fuerbringer Bermeo prevalido del poder público por él ostentado en dicha institución, razones éstas suficientes para endilgarle responsabilidad a título de determinador[1]. (…)»    


[1] El anterior juicio encuentra respaldo en jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, Sent. del 30 de septiembre de 2005, rad. Nº 24.180, del siguiente tenor: “La dogmática jurídico-penal ha reconocido unánimemente como reglas de la participación delictiva: el principio de ejecutividad, según el cual no puede haber determinación o participación si el autor material no inicia la ejecución del delito; la comunidad de ánimo, como nexo psicológico entre los partícipes en el delito, incluido el determinador; y el principio de accesoriedad, en el sentido de que el determinador o partícipe supone la existencia del autor de un injusto culpable”[1].

Regla

El gobernador de un departamento no puede alterar la fecha de expedición de una resolución, por la cual se reconoce el anticipo de un contrato de prestación de servicios, sin incurrir en el delito de falsedad material en documento público porque:

  1. El funcionario alteró el documento con el fin de comprobar que se había cumplido con el requisito de invitar un número plural de potenciales oferentes y hacer creer que había suscrito el contrato después de haber terminado el proceso de publicación.
  2. Aunque el procesado no fue quien concretó la adulteración de la resolución, responderá penalmente por la conducta típica a título de determinador.

Decisión

PRIMERO.  CONDENAR a Jorge Fuerbringer Bermeo, identificado con la cédula de ciudadanía N° 17’119.902 de Bogotá y demás condiciones civiles consignadas al inicio de esta providencia, como responsable del concurso de delitos integrado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y falsedad material en documento público, agravada, a las siguientes penas principales: prisión de seis (6) años, un (1) mes y quince (15) días; multa de diecinueve (19) salarios mínimos legales mensuales vigentes en 1995 ($118.933.50), cuyo pago deberá realizar a favor del Tesoro Nacional dentro del año siguiente a la ejecutoria de esta providencia; e inhabilitación de derechos y funciones públicas durante dos (2) años, que se contabilizarán simultáneamente con la pena privativa de la libertad.

 

SEGUNDO.   NEGAR la suspensión condicional de la ejecución de las penas irrogadas y la sustitución de la pena privativa de la libertad, por la prisión domiciliaria.

 

TERCERO. En consecuencia, ORDENAR la ejecución de las penas impuestas en esta sentencia y con  tal fin disponer:

 

3.1.      REITERAR las órdenes de CAPTURA impartidas a las autoridades de Policía Judicial colombianas por el Despacho del Fiscal General de la Nación[1].

 

3.2.      Ante la información de que Jorge Fuerbringer Bermeo se encuentra en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, PEDIR al Ministerio del Interior y de Justicia que solicite por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, su EXTRADICIÓN a dicho Gobierno, conforme al Tratado de Extradición firmado entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos el 12 de junio de 1.928 y aprobado en Colombia mediante la Ley 30 de 1.930. Con tal fin, por la Secretaría de la Sala se remitirá fotocopia de los documentos señalados al finalizar el capítulo 2. de las consideraciones de esta sentencia.

 

3.3.      Adicionalmente, LIBRAR orden de CAPTURA en contra del mencionado condenado con destino a la Oficina Central Nacional de INTERPOL en esta ciudad, con la advertencia del estatus de asilado que tiene en los Estados Unidos Mexicanos.

 

CUARTO.  NEGAR la sustitución de la pena privativa de la libertad impuesta, por la prisión domiciliaria.

 

QUINTO.  DECLARAR que no se impondrá a Jorge Fuerbringer Bermeo obligación de carácter civil alguna derivada del concurso delictual por él cometido.

 

SEXTO. ADVERTIR que contra esta sentencia no procede recurso alguno.

 

SÉTIMO. DISPONER que por Secretaría, se envíen las copias del fallo a las que alude el artículo 472 del C. de P. Penal.

 

OCTAVO. ORDENAR la compulsación de copias de las piezas procesales indicadas al final de la parte motiva de esta providencia con el fin de remitirlas a la Fiscalía General de la Nación para que estudie la pertinencia de abrir investigación penal por la posible comisión de un delito contra la fe pública conforme se señaló en la parte motiva final de esta providencia.

 

 


[1] C. orig. Nº 1 de la Fiscalía, fols.  202-225.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CSJ-SPENAL-24180-2005

Marco jurídico

Ley 80 de 1993

Ley 599 de 2000. Artículo 30.

Decreto 100 de 1980. Artículos 218 y 222.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: La adulteración de un documento dentro de un proceso de contratación estatal acarrea..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Gobernador
  • Resolución
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Anticipo
  • Falsedad en documento público
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación directa
  • Gobernador
  • Resolución
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Anticipo
  • Falsedad en documento público
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación directa
  • Normativa
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