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Incurre en el tipo de peculado culposo el funcionario público que comisiona o delega su función de ordenador del gasto para la celebración de unos contratos de compraventa, omitiendo realizar control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-18029-2008

Identificadores

Etapa contractual
Contrato de compraventa
Etapa postcontractual
Peculado culposo
Delegación
Etapa precontractual
Contratación estatal
Servidor público
Control
Sobrecostos
Licitación pública
Etapa contractual
Contrato de compraventa
Etapa postcontractual
Peculado culposo
Delegación
Etapa precontractual
Contratación estatal
Servidor público
Control
Sobrecostos
Licitación pública

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-18029-2008

Caso

EMILIO MARTINEZ ROSALES, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hechos relevantes

Emilio Martínez Rosales, presidente de la Cámara de Representantes, y la firma Impelgráficas Cabrini celebraron contrato de compraventa de papel no membretado. La entidad canceló al contratista la suma de $59’629.800 por el suministro de 745 cajas de formas continuas sin membrete, a razón de $69.000 por cada caja, suma adicionada en el 16% por razón del IVA, para un valor unitario de $80.040.

 

El proceso de selección objetivo fue delegado por el señor Martínez Rosales a la  Directora Administrativa de la entidad, quien era la encargada del proceso licitatorio en su etapas precontractuales y contractuales. Ella rendía un informe frente a las diferentes  propuestas que debía ser revisado por el señor Martínez Rosales, quien en ultimas era el que firmaba el contrato.

 

Dentro de los proceso licitatorios se evidenciaron significativos sobrecostos en el objeto contrato por la Cámara de Representantes, al igual que se estableció que la Directora Administrativa y el contratista realizaron fraude al proceso licitatorio.  

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la Cámara de Representantes comisionar o delegar su función de ordenador del gasto en la Directora Administrativa para la celebración de unos contratos de compraventa, omitiendo realizar control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual realizada por la funcionaria, sin incurrir en el tipo de peculado culposo?

Razones de la decisión

« (…)Pues bien, la cita del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, como aquella contentiva del deber objetivo de cuidado a cargo del procesado, tiene fundamento en que a través suyo se fijan imperativos de conducta para quienes, en su calidad de servidores públicos, les compete intervenir en la gestión contractual a nombre del Estado, como son los correspondientes a la aplicación de las reglas sobre manejo de bienes ajenos, relativas al sumo cuidado por emplearse en su uso a fin de evitar que se pierda o deteriore, como también la aplicación de los mandatos y postulados básicos para ajustar la conducta propia a los mínimos éticos.

 

(…)

 

Por lo demás, esta postura expresada por la Sala no resulta novedosa si se tiene en cuenta que ha sido expuesta en otros precedentes, como sucedió en la sentencia del 16 de septiembre de 2003, donde alrededor del parámetro legal desatendido por un ordenador del gasto a quien se reprochó la pérdida de recursos públicos a raíz de su descuido en las funciones de dirección y vigilancia en materia contractual, señaló:


“[…] Tal dispositivo regulador de ese deber de atención está contenido en el artículo 26-4 del Estatuto General de Contratación de la administración Pública, que desarrolla el principio de responsabilidad, cuando señala que ‘las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia’.

De acuerdo con ese entorno, si el Estado tiene como fines esenciales servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y si además las autoridades de la República están instituidas para asegurar, además de otros fines, el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, constituye un imperativo ético de los servidores públicos al momento de celebrar contratos, observar la ‘esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes’, cuya falta de atención da lugar a la culpa o descuido levísimo  según el artículo 63 del Código Civil, la cual se opone a la suma diligencia o cuidado, normativa aplicable según la cláusula de remisión prevista en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.”[1]

 

(…)

 

Igualmente, resulta indicativo de la conducta descuidada del procesado, pasar inadvertido que en los dos contratos relativos a la compra de formas continuas con y sin membrete, sólo una oferta, curiosamente del mismo proveedor, se ajustaba a los términos de referencia con un valor cercano al del presupuesto oficial, falencia que podía advertir sin necesidad de profundos análisis, ni gran dedicación de tiempo.

 

 

(…)

Precisamente, el abandono de las funciones de dirección y control a cargo del Presidente de la Cámara le impidió advertir, estando en posibilidad de hacerlo, la falta de publicidad de los trámites previos, los precios aproximados en que podían adquirirse los artículos y la ausencia de competidores con verdadera vocación de ofrecerlos en venta a la entidad, circunstancias que conjugadas entre sí, razonablemente le habrían permitido abstenerse de autorizar la adquisición de las mercancías con evidentes y graves sobrecostos.

 

(…)


Acerca de esta materia y en punto a las responsabilidades que corresponden a los representantes legales de las entidades estatales en materia contractual, ha precisado la Sala[2] que la desconcentración de funciones en orden a facilitar al ordenador del gasto la toma de las decisiones finales en materia contractual,  por manera alguna los convierte en simples “tramitadores” o “avaladores” de las labores desarrolladas por sus subalternos; ni significa, tampoco, que al representante legal de la entidad le competa solamente “firmar” los contratos en un acto mecánico, pues, en cualquier caso, es su responsabilidad que todo el trámite se haya adelantado conforme a la ley y de allí que se le exija ejercer los controles debidos.

 

(…)

 

Sin embargo, ya se ha visto no existió acto de delegación, situación que se corrobora cuando quiera que fue el procesado, en su calidad de Presidente de la Cámara de Representantes, quien autorizó la compra de papel de formas continuas con y sin membrete con cargo al presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal de 1999, como también quien para viabilizar esa autorización, cursó de manera personal sendas comunicaciones internas a la Jefe de la División Financiera y de Presupuesto, con el fin de obtener los certificados de disponibilidad presupuestal que permitieron dar inicio a la fase precontractual de los contratos 819 y 951. Asimismo, agotadas las etapas desconcentradas de convocatoria, recepción y evaluación de ofertas, a cargo de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, el procesado seleccionó a los oferentes y ordenó la elaboración de las minutas. Y también, fue el procesado quien celebró los contratos en representación de la Cámara de Representantes y posteriormente ordenó los pagos a favor del contratista, con cargo a los recursos de la entidad.

 

(…)

 

En este sentido, la falta de cuidado observada por el procesado en torno a la realización de los principios que inspiran la contratación administrativa, dicho sea el caso, transparencia, selección objetiva del contratista y planeación, en una palabra su legalidad misma, según viene de verse, constituye un atentado concreto a la administración pública. (…)»

   


[1] CSJ-SPENAL- 17765- 2003

[2] CSJ-SPENAL- 21547-2005.

Regla

El Presidente de la Cámara de Representantes no puede comisionar o delegar su función de ordenador del gasto en la Directora Administrativa para la celebración de unos contratos de compraventa, omitiendo realizar control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual realizada por la funcionaria, sin incurrir en el tipo de peculado culposo, porque:

  1. Los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes.
  2. El deber objetivo de cuidado a cargo del  Presidente, tiene fundamento en las reglas sobre manejo de bienes ajenos.
  3. El abandono de las funciones de dirección y control a cargo del Presidente de la Cámara le impide advertir, estando en posibilidad de hacerlo, de las posibles irregularidades que se presente en la etapa precontractual y contractual, y más exactamente de los sobrecostos acaecidos en dichas contrataciones.
  4. La falta de cuidado constituye un atentado concreto a la administración pública.

Decisión

PRIMERO.- DECLARAR penalmente responsable a EMILIO MARTÍNEZ ROSALES, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, como autor culpable del delito de peculado culposo, previsto en el artículo 137 del Decreto Ley 100 de 1980, con las modificaciones que le fueron introducidas a través de la Ley 190 de 1995, vigentes al momento de comisión de los hechos, realizado en concurso homogéneo y sucesivo cuando se desempeñó como Presidente de la Cámara de Representantes, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta decisión.   SEGUNDO.- CONDENAR a EMILIO MARTÍNEZ ROSALES a dieciséis (16) meses de arresto, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa  de cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los sucesos.   Asimismo, se le impondrá inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas, de conformidad con el artículo 122 inciso 5° de la Constitución Política.   La multa deberá cancelarse a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de este fallo, para lo cual, por conducto de la Secretaría de la Sala, se remitirá copia del mismo a dicha Corporación.   TERCERO.- CONCEDER al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en los términos y condiciones señalados en las motivaciones del fallo.   CUARTO.-        CONDENAR a EMILIO MARTÍNEZ ROSALES al pago a favor del Tesoro Nacional, de perjuicios materiales ocasionados con el concurso de delitos de peculado culposo, en cuantía de $102’397.778, los cuales deberá pagar a favor del Tesoro Nacional dentro del término de diez (10) meses contados a partir de le ejecutoria de esta sentencia.   QUINTO.-        ABSTENERSE de condenar a EMILIO MARTÍNEZ ROSALES al pago de perjuicios morales.   SEXTO.-   LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme lo normado por el artículo 472 Ley 600 de 2000.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CSJ-SPENAL-17765- 2003

CSJ-SPENAL- 21547-2005

Marco jurídico

Decreto Ley 100 de 1980. Artículo 137.

Ley 80 de 1993. Artículo 26.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Incurre en el tipo de peculado culposo el funcionario público que comisiona o delega su función..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Contrato de compraventa
  • Etapa postcontractual
  • Peculado culposo
  • Delegación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Servidor público
  • Control
  • Sobrecostos
  • Licitación pública
  • Etapa contractual
  • Contrato de compraventa
  • Etapa postcontractual
  • Peculado culposo
  • Delegación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Servidor público
  • Control
  • Sobrecostos
  • Licitación pública
  • Normativa
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