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La omisión de los requisitos de publicidad dentro de un proceso de contratación directa constituye el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-28586-2009

Identificadores

Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contrato de prestación de servicios
Contratación directa
Alcalde
Principio de selección objetiva
Principio de planeación
Etapa contractual
Contratación estatal
Etapa precontractual
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contrato de prestación de servicios
Contratación directa
Alcalde
Principio de selección objetiva
Principio de planeación
Etapa contractual
Contratación estatal
Etapa precontractual

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-28586-2009

Caso

LUIS CARLOS LÓPEZ MEJÍA, EX ALCALDE DEL MUNICIPIO DE DON MATÍAS (ANTIOQUIA) Y RUTH ESTHER ÁLVAREZ PEREZ, CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE QUIEN A SU VEZ ACTUABA COMO CONTRATISTA

Hechos relevantes

El señor Luis Carlos López Mejía ejerció como alcalde electo del municipio de Don Matías (Antioquia) en el periodo 1998-2000. En ese lapso vinculó a la señora Ruth Esther Álvarez Pérez (quien por el mismo intervalo cumplía como concejal del municipio de Carolina del Príncipe) como contratista, mediante la suscripción, casi que mensual, de contratos de prestación de servicios; concretamente para el año 2000 fueron celebrados 12 de esos contratos, en evidente “fraccionamiento”, sin cumplir los requisitos de publicidad y para obviar los conflictos de intereses de la última con el ejercicio del cargo de edil.

 

El objeto de los convenios era prestar asesoría al municipio (presupuestal, financiera y contable), pero tal finalidad siempre era desbordada, pues en la práctica le eran asignadas funciones y atribuciones diversas, a tal punto que era conocida como “alcaldesa”. Incluso, era quien redactaba sus propios contratos, tenía injerencia en las dependencias de la administración (como Tesorería y Secretaría de Hacienda) y escogía las partidas presupuestales con las que se pagarían sus honorarios.

Problema Jurídico

¿Puede el alcalde de un municipio y una concejal celebrar varios contratos de prestación de servicios que tienen como objeto el asesoramiento presupuestal, financiero y contable, aún cuando se evidencia fraccionamiento del objeto contractual, omisión de los requisitos de publicidad y un conflicto de intereses, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales?

Razones de la decisión

«(…) Lo cierto es que el Alcalde vinculó a la señora Álvarez Pérez durante todo el tiempo que estuvo al mando de la administración y, para hacerle un esguince a la ley y permitirle ejercer los dos cargos a la vez, no la vinculó como empleada de planta de Don Matías (eso, según confiesa la dama, la inhabilitaba para cumplir como concejal), optaron, de común acuerdo, por acudir a la figura de los “contratos de prestación de servicios”.

 

De esa misma circunstancia surge un aspecto adicional: el fraccionamiento también apuntaba a obviar los requisitos exigidos para contratar, en tanto la suscripción de un sólo contrato (como se imponía, en tanto lo pactado tenía una única finalidad) comportaba que, al sumarse las cifras pactadas por cada mensualidad, se exigiera del contratante el cumplimiento de mayores presupuestos en aras de la transparencia y la publicidad, como acudir a la imposición de avisos públicos y exigir varias ofertas.


(...)


Ese es el contexto que deriva de la valoración objetiva de la prueba, de donde surge como única conclusión que Ruth Esther Álvarez Pérez es coautora del delito por el que se la juzgó, en tanto de común acuerdo con el Alcalde Luis Carlos López Pérez, éste le trasladó, a través de sucesivos contratos mensuales de prestación de servicios, que cobijaron todo el periodo del burgomaestre, concretas y específicas funciones públicas, como la de asesorar en el manejo presupuestal y contable del municipio, además de ejercer control sobre todas las actividades de la administración, circunstancias que habilitan la asimilación de que trata el artículo 56 de la Ley 80 de 1993.


(...)


En ninguno de los doce contratos (órdenes de prestación de servicio) base de la acusación y el juicio, se hizo la invitación pública, a través de avisos, a ofertar, y, por contera, no se recibió propuesta alguna.

 

El Alcalde tampoco certificó, como era su deber, la necesidad de esa contratación ni la carencia, dentro de la planta de personal, de funcionarios que pudieran cumplir las labores encomendadas mes tras mes a la contratista, las que, por otra parte, no dejaban de ser algo etéreas y gaseosas, en tanto la función de “control interno”, no regulada en las órdenes de prestación  de servicio pero tabuladas en los “cuadros de nómina”, las tareas de asesoría fiscal, presupuestal y contable en todos los ámbitos de la administración central, no especificaban a ciencia cierta qué tareas debía desempeñar la contratista, circunstancia que no sólo le permitió intervenir caprichosamente en todas las actividades, sino que, además, iba en contravía de la concreción y transitoriedad requeridas para la contratación directa, según el autorizado concepto de Planeación, ya señalado.(…)»

Regla

El alcalde de un municipio y una concejal no pueden celebrar varios contratos de prestación de servicios que tienen como objeto el asesoramiento presupuestal, financiero y contable, aún cuando se evidencia fraccionamiento del objeto contractual, omisión de los requisitos de publicidad y un conflicto de intereses, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales porque:

  1. Los procesados acordaron de mutuo acuerdo acudir a la figura de "contrato de prestación de servicios" para omitir la ley y favorecer a la funcionaria.
  2. El fraccionamiento de los contratos evidencia la clara voluntad de vulnerar los requisitos de publicidad para contratar, nunca se realizo invitación pública para recibir propuestas.
  3. El alcalde no certificó la necesidad de esa contratación, ni la carencia, dentro de la planta de personal, de funcionarios que pudieran cumplir las labores encomendadas a la contratista.
  4. En los contratos no se establecieron las tareas específicas que debía desempeñar la contratista.

Decisión

PRIMERO. No casar la sentencia impugnada.

 

SEGUNDO. Ordenar   que    en    la   sentencia    del    26    de    abril  de 2007,    proferida   por   el    Tribunal    Superior   de   Antioquia, en   el    sentido    de    incluir    en    su    parte  resolutiva   que  a los     señores    Ruth    Esther     Álvarez    Pérez    y Luis Carlos López Mejía se les impone la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones y derechos públicos por un lapso igual al de la restrictiva de la libertad, sanción deducida por el Juez Penal del Circuito de Yarumal en la parte motiva de su fallo del 14 de noviembre de 2006 (ratificado por el Tribunal), pero que olvidó plasmar en la resolutiva.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 56.

Ley 599 de 2000. Artículos 30 y 410.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: La omisión de los requisitos de publicidad dentro de un proceso de contratación directa constituye..
Fichas
Identificadores
  • Contrato sin el lleno de los requisitos legales
  • Contrato de prestación de servicios
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  • Alcalde
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  • Contrato de prestación de servicios
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