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Un particular debe responder penalmente por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, si su actuar vulnera el régimen de contratación estatal, sin embargo lo hará a título de interviniente

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-34253-2010

Identificadores

Principio de planeación
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contratista
Etapa precontractual
Contratación estatal
Principio de planeación
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Contratista
Etapa precontractual
Contratación estatal

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-34253-2010

Caso

GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA y DARÍO CÉSAR AUGUSTO MOLANO FRANCO, CONTRATISTAS

Hechos relevantes

En 1999  fue denunciado el alcalde del Municipio de Soacha, con base en las irregularidades halladas por la Contraloría de esa localidad, en dos contartos, celebrados por la administración con el objeto de elaborar e instalar señales de tránsito. Se dijo, igualmente, que los referidos convenios fueron de obra, los cuales presentaron diversas irregularidades: a) incumplimiento, b) fraccionamiento para evitar el proceso licitatorio, c) no se aportaron estudios previos y d) dificultades de calidad y estabilidad de las señales para el desarrollo vial. GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA y DARÍO CÉSAR AUGUSTO MOLANO FRANCO (contratistas) fueron vinculados a la instrucción por cuanto firmaron, cada uno, los dos contratos aludidos con el alcalde.  

Problema Jurídico

¿Debe responder penalmente por el delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales un contratista, que no cumple funciones públicas, debido a que en los contratos que celebró se encontraron varias irregularidades?

Razones de la decisión

«(…) Y si esa es la definición de la función pública, siguiendo los derroteros brindados de la Corte constitucional, todo aquello que esté conectado con la misma, será motivo de investigación y juzgamiento, desde luego, cuando se infrinjan las normas penales, en donde el particular en su doble comprensión, ejecute el contrato, primero, por delegación de funciones y, segundo, para realizar exclusivamente labores materiales o de obra. Sobra decir, contrario a lo sostenido por el recurrente, que en ambos casos, la conducta del tercero es punible y reprochable, jamás puede quedar en la impunidad de llegar a corroborarse la responsabilidad penal, solo que en el último evento, se debe disminuir la pena en (1/4) parte por cuanto el particular no se asimila al servidor público, porque no lo reemplaza o cumple funciones de ese talante, en atención al contenido del artículo 30, inciso final de la Ley 599 de 2000.  

 

(...)

 

El comportamiento del aludido procesado se generó en su condición de particular, quien vulneró el tipo penal por el que fue sentenciado, más no lo hizo a título de servidor público, como bien lo expusieron, en este punto, tanto el demandante como el Procurador Segundo, pues las calidades requeridas en el injusto contra la administración pública no se compadecen con las de un tercero a quien la administración municipal de Soacha de la época no le trasladó ninguna función pública, por cuanto, los contratos signados en connivencia con el hoy exalcalde Wilson Darío Cabra Cruz, suministro e instalación (obra y ejecución material), como hasta la saciedad la investigación y juzgamiento lo demostró.     

  

Sin observaciones adicionales, le aplica a Germán Calderón España, la figura del interviniente, por favorabilidad, en los términos consagrados en el inciso final, artículo 30 de la Ley 599 de 2000:“Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte”. (Todos los subrayados fuera de texto). (…)»

Regla

Debe responder penalmente por el delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales un contratista, que no cumple funciones públicas, debido a que en los contratos que celebró se encontraron varias irregularidades porque:

  1. La conducta del contratista es reprochable, así que aunque no cumple con funciones públicas debe responder penalmente.
  2. En razón a que no ostenta la calidad de servidor público, como lo exige el tipo penal, responderá penalmente por este delito a título de interviniente como lo ha establecido el código penal en su artículo 30.

Nota del editor. La Corte declaró la extinción de la acción penal, sin embargo hizo un estudio acerca del tema que trata el problema jurídico, razón por la cual se procedió a realizar el respectivo análisis de la sentencia.

Decisión

PRIMERO: Desestimar los cargos primero y tercero del libelo presentado por el defensor de GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA, así como la demanda elevada por el abogado de DARÍO CÉSAR AUGUSTO MOLANO, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

 

SEGUNDO: Casar parcialmente la sentencia impugnada de fecha 28 de agosto de 2009, preferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en atención al cargo dos de la impugnación exhibida por el defensor de GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA, quien actuó a título de interviniente, según se expuso atrás.  

 

TERCERO: Declarar extinguida la acción penal por el punible de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales mediante la cual los juzgadores condenaron a GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA y DARÍO CÉSAR AUGUSTO MOLANO, por las razones puntualizadas en la parte motiva de este proveído.

 

CUARTO: Decretar, en consecuencia, la cesación de  procedimiento a favor de los procesados.

 

QUINTO: El Juzgado de primera instancia devolverá las cauciones generadas y se encargará de cancelar todos los requerimientos y pendientes que GERMÁN CALDERÓN ESPAÑA y DARÍO CÉSAR AUGUSTO MOLANO FRANCO, hubiesen adquirido por razón exclusiva del presente asunto; así como también, informará a los organismos de seguridad del Estado a donde se ofició, sobre la nueva situación jurídica de los inculpados.

 

SEXTO: En todo lo demás, permanece incólume la sentencia atacada.

 

SÉPTIMO: Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.  

Marco jurídico

Ley 80 de 1993.

Ley 599 de 200. Artículos 30 y 410.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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