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La celebración de convenios administrativos con entidades privadas genera una clara vulneración al principio de transprencia y acarrea responsabilidad de tipo penal para el funcionario que incurra en esta conducta

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-30677-2010

Identificadores

Principio de selección objetiva
Principio de transparencia
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Gobernador
Convenio interadministrativo
Contratación directa
Licitación pública
Etapa contractual
Etapa precontractual
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Principio de transparencia
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Gobernador
Convenio interadministrativo
Contratación directa
Licitación pública
Etapa contractual
Etapa precontractual
Contratación estatal

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-30677-2010

Caso

WILLIAM HALABY CÓRDOBA, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

Hechos relevantes

A través del Fondo Nacional de Regalías, el Departamento del Chocó logró que se le asignaran los recursos para la construcción del acueducto Yuto, cabecera del municipio de Atrato, por el valor de ochocientos noventa y tres millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y seis mil pesos con cuarenta centavos -$893’588.966,40-.

 

El 26 de junio de 2002, WILLIAM HALABY CÓRDOBA, en su condición de Gobernador del Departamento de Chocó, mediante la modalidad de contratación directa suscribió un Convenio Interadministrativo con el representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Técnicos Constructores Ltda. COODECONTEC, cuyo objeto era la ejecución del proyecto para la construcción del sistema de acueducto de Yuto-Atrato, por el valor antes mencionado.

 

Convenio Interadministrativo que, aproximadamente cinco meses después, el Gobernador del Chocó anuló, a través de la resolución Nº 1526 de 5 de noviembre de 2002, al advertir que la entidad contratista -COODECONTEC- era de carácter privado y no una cooperativa conformada por asociaciones de municipios y, además, carecía de la idoneidad y experiencia necesarias para la ejecución del objeto contractual.

Problema Jurídico

¿Puede el gobernador de un departamento, mediante la modalidad de contratación suscribir un convenio interadministrativo con una entidad de carácter privado para la contrucción de un acuedo aún cuanto la cuantía del contrato exige un proceso de licitación pública, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales?

Razones de la decisión

«(…) El convenio interadministrativo se define como un contrato de colaboración entre entidades públicas, que solo puede realizarse cuando las mismas son capaces de ejecutar el contrato por sí mismas, sin acudir a la subcontratación; dentro de las entidades factibles de suscribir esta clase de contratación directa para la fecha del contrato, aparecían en el artículo 2° de la citada ley, las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, al ser equiparadas por esa norma a entidades estatales, sujetas a las disposiciones contractuales cuando en el desarrollo de convenio interadministrativo celebren contratos[1].


Cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, que no pueden ser entendidas sino como personas jurídicas de derecho público, componentes de la división política-administrativa del Estado, las cuales gozan de autonomía en la gestión de sus intereses y a las que pertenecen los departamentos, municipios, distritos, territorios indígenas y, eventualmente, las regiones y provincias.


No cabe duda entonces, que el procesado celebró el convenio interadministrativo con la cooperativa de carácter privado COODECONTEC, y con esa conducta vulneró flagrantemente la norma que señala la posibilidad de realizar convenios administrativos única y exclusivamente con entidades estatales sujetas a las disposiciones contractuales, toda vez que su obligación como operador contractual, era supervigilar los diferentes trámites dentro de la contratación estatal, independiente de que las funciones previas a la firmas del contrato estuvieran asignadas por competencia a otro funcionario, conforme al manual de funciones.


El propio procesado reconoce no haber realizado esa vigilancia, argumentando que confiaba plenamente en la experiencia del Jefe de Planeación e Infraestructura, a quien le había dado la orden de tramitar el contrato a través de un convenio interadministrativo. Así lo sostuvo no solo en la diligencia de indagatoria, sino igualmente en el interrogatorio realizado por la Sala en la audiencia pública, cuando adujo simplemente haber aceptado las explicaciones dadas por su subalterno, sin que hubiera tenido la precaución de constatar antes de la firma, que se reunían los requisitos exigidos por la Ley 80 de 1993, ya que, justifica, no era su obligación por no corresponderle el trámite del contrato y, además, por la complejidad en el manejo del departamento que lo obligaban a confiar en su subordinados.   (...)  

Repárese que, en tratándose en este evento de un contrato estatal interadministrativo en la modalidad de contratación directa, -como una de las excepciones descritas por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 al principio de transparencia-, la obligación del procesado era la de determinar –previo a la firma del contrato- la circunstancia simple de que el contratista era una cooperativa o asociación municipal conformada por entidades territoriales, como era la exigencia del parágrafo del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, para lo cual lo único que necesitaba era leer con detenimiento el contrato, donde sin duda alguna otra era la información contenida, cuando en la denominación del contratista se hacía alusión a la Cooperativa Multiactiva de Técnicos Constructores Ltda. -Nit N° 890-984-321-0-, circunstancia per se que indicaba que no se trataba de una de las cooperativas o asociaciones municipales equiparadas a entidades estatales, y con los cuales por sentido de cooperación, faculta el Estado a realizar convenios interadministrativos.

Frente a esa irregularidad manifiesta, perceptible con la lectura forzosa que estaba en la obligación de hacer al contrato previo a la firma para verificar el cumplimiento de los requisitos legales, y con el conocimiento que se tenía de que el valor de la contratación sobrepasaba la menor cuantía posibilitada para la contratación directa, debió el procesado glosar el contrato, por la ausencia de licitación pública, presupuesto de obligatorio cumplimiento para preservar los principios de  transparecencia y selección objetiva.


Ante estos eventos, no hay duda que la actuación demostró que el procesado, cuando ejercía el cargo de gobernador del Chocó y, por tanto, titular de la competencia funcional tal como lo establece la Ley 80 de 1993, artículo 11-3-b, inobservó requisito esencial en la celebración de un contrato estatal, como es el principio de la transparencia respecto a la selección objetiva, de conformidad a los postulados que rigen la función administrativa, como quiera que avaló con la firma del contrato, la prescindencia de la escogencia del contratista, para la realización del contrato de obra -construcción del acueducto Yuto-, sin acudir a la modalidad de selección de licitación pública.

Por el contrario, lo realizó mediante la contratación directa, pese a que de acuerdo a la cuantía del contrato, no lo podía ejecutar y menos aún suscribir como convenio interadministrativo, evento excepcional, en que se eximía para la época al servidor público de proceder a la licitación o concurso públicos. (…)»


[1] el Art. 2 de la Ley 80 de 1993 como entidades estatales entre otros “a) … La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios;…”

Regla

El gobernador de un departamento no puede, mediante la modalidad de contratación suscribir un convenio interadministrativo con una entidad de carácter privado para la construcción de un acuerdo aún cuanto la cuantía del contrato exige un proceso de licitación pública, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales porque:

  1. El convenio administrativo es un contrato de colaboración entre entidades públicas, por lo tanto no puede realizarse con una cooperativa de carácter privado ya que se vulnera lo establecido en la Ley 80 de 1993.
  2. No se verificaron los requisitos legales debido a que el valor del contrato supera la menor cuantía por lo tanto el procedimiento idóneo era la licitación pública y no la contratación directa, generando así la vulneración de los principios de selección objetiva y transparencia.

Decisión

PRIMERO. DECLARAR penalmente responsable al ex gobernador del Chocó WILLIAM HALABY CÓRDOBA, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, de la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales prevista en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000 en calidad de autor, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta providencia.

  

SEGUNDO: CONDENAR, en consecuencia, a HALABY CÓRDOBA a cumplir las penas principales de cinco (5) años de prisión, inhabilitación de derechos y funciones públicas por el lapso de seis (6) años y multa por valor equivalente a 68,75 smlmv.

 

TERCERO. DECLARAR que WILLIAM HALABY CÓRDOBA no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la prisión domiciliaria, conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia.

 

En consecuencia, se ORDENA su captura a fin de que cumpla la pena de prisión en el lugar de reclusión que determine el INPEC.

 

CUARTO. ABTENERSE de condenar por perjuicios.

 

QUINTO. LIBRAR por la Secretaría de la Sala las comunicaciones de rigor a las autoridades competentes, conforme a lo normado por el artículo 472 de la Ley 600 de 2000.

 

SEXTO. COMUNICAR esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para efecto del recaudo de la multa impuesta.

 

SÉPTIMO. En firme esta providencia, remítase la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que corresponda, para lo de su cargo.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 2 y 11.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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