Los particulares que interviene como contratistas, consultores o interventores en temas de contratación pública, pueden considerarse como coautores de los tipos de  responsabilidad  penal contrarios a la Administración

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Hechos relevantes

El Alcalde de un Municipio suscribió contrato con un particular cuyo objeto era el suministro de repuestos para la reparación de la planta generadora de energía eléctrica, fueron entregados al contratista como anticipo el equivalente al 40%.del valor pactado. No obstante, los mencionados elementos nunca llegaron a la localidad y por consiguiente no fueron utilizados en la mencionada reparación. Se liquidó el contrato en cuestión, sin que se hubiere cancelado al contratista el 60% restante del costo total. Lo anterior significó un detrimento a las arcas del municipio sin justificación legal.

Problema Jurídico

¿Pueden considerarse como coautores de los tipos de  responsabilidad  penal  en materia de contratación estatal a  los particulares que intervengan en calidad de contratistas, consultores o interventores en temas de contratación pública, sin vulnerar el principio de legalidad?

Razones de la decisión

Regla

Si pueden considerarse como coautores de los tipos de  responsabilidad  penal  en materia de contratación estatal a  los particulares que intervengan en calidad de contratistas, consultores o interventores en temas de contratación pública, sin vulnerar el principio de legalidad en razón a que:

1. El Estatuto General de la Contratación Pública, en su artículo 56 señala que los contratistas, consultores, interventores y asesores se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo relacionado con la celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales, y que es por esto  mismo que se encuentran sujetos a la responsabilidad penal que en materia de contratación estatal.
2. En materia de delitos el principio de legalidad se traduce en taxatividad, con lo cual las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas en la ley.

Esa función pública atribuida a los particulares que interactúan en la contratación estatal, no significa que pueda considerárseles sujetos activos de todas las conductas punibles que resulten contrarias a  la Administración Pública, si no que constituyen una extensión de la calidad de servidor público a efectos, exclusivamente, de permitir la eventual imputación de estos tipos penales. Con esto no se convierte a todos los particulares que interactúan con el Estado en servidores públicos si no  se hace extensiva aquellos a los cuales se les asigne una función pública la cual se resumen en  toda actividad dirigida a cumplir unos de los fines propios o inherentes al Estado, es ese particular el que se transforma en servidor público y asume las responsabilidades públicas inherentes, con todas las consecuencias civiles y penales.

Decisión

1. NO CASAR la sentencia por los cargos formulados por el defensor de Sandra Norma Carvajal Cuellar contra la sentencia de segunda instancia.

2. De oficio, DECLARAR prescrita la acción penal derivada de las conductas punibles de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público atribuidos a Rodrigo Saavedra Lasso y, en consecuencia, ORDENAR, la cesación del procedimiento en su favor.

3. ABSTENERSE de declarar la prescripción de la acción penal respecto de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por los cuales se profirió fallo absolutorio en favor de Jaime Uribe Jiménez. 

4. DISPONER que por el juzgado de primera instancia se realicen las anotaciones y cancelaciones pertinentes.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Marco jurídico