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En los eventos en los que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un contrato a quien legalmente debió ser beneficiado, surge la responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24454 DE 2014

Identificadores

Principios de la contratación pública
Buena fe
Principio de planeación
Disponibilidad presupuestal
Ejecución del contrato
Contrato de prestación de servicios
Licitación pública
Etapa precontractual
Contratación estatal
Principios de la contratación pública
Buena fe
Principio de planeación
Disponibilidad presupuestal
Ejecución del contrato
Contrato de prestación de servicios
Licitación pública
Etapa precontractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 24454 DE 2014

Caso

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE LIDERAZGO AMBIENTAL VS. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Hechos relevantes

La Secretaría de Desarrollo Comunitario y de Vivienda del Departamento del Valle del Cauca invitó a la Fundación Internacional de Liderazgo Ambiental, para que presentara propuesta para la ejecución de un proyecto sobre apoyo a la participación ciudadana a comunidades organizadas en la gestión de la inversión pública en cinco (5) municipios del Valle del Cauca: Roldanillo, Versalles, Toro, La Unión, El Dovio; esta propuesta fue presentada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la invitación. La Secretaría de Desarrollo Comunitario y de Vivienda comunicó que la propuesta presentada fue aceptada y autorizó la suscripción del respectivo contrato. 

 

La Fundación se encontraba preparada para la capacitación a los líderes comunitarios de los municipios del Valle del Cauca, esperando sólo la entrega del contrato, fecha y hora para comenzar a desarrollar la capacitación. Sin embargo, recibió una comunicación suscrita por el Secretario de Coordinación y Control, en la cual le manifestó que la administración de la Gobernación del Valle del Cauca no podía asumir dicho contrato por falta de presupuesto. 

Problema Jurídico

¿Puede la administración de un Departamento retractarse de la ejecución de un contrato de consultoría, cuando la propuesta había sido expresamente aceptada, alegando falta de presupuesto, sin vulnerar el principio de buena fe que debe regir las etapas de formación, celebración y ejecución de los contratos estatales?

Razones de la decisión

«(…) En los eventos en que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un contrato a quien legalmente debió ser beneficiado con tal decisión en el proceso licitatorio, o cuando adjudican a quien no merecía dicho beneficio, surge la responsabilidad patrimonial a cargo de la administración, porque en estas hipótesis se le ha negado al oferente, en forma injustificada, la posibilidad de ser contratista del Estado, circunstancia que puede generar un perjuicio patrimonial que, desde luego, exige la prueba específica del mismo y de su alcance”[1].


En criterio de la Sala, el hecho de que el Departamento del Valle del Cauca se hubiere negado, más que a celebrar a asumir y a ejecutar el contrato de consultoría con la Fundación Internacional de Liderazgo Ambiental cuando su propuesta ya había sido expresamente aceptada, resulta atentoria del principio de buena fe que rige y debe regir las etapas de formación, celebración y ejecución de los contratos estatales, razón por la cual la Sala revocará la sentencia de primera instancia para en su lugar decretar la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos objeto de la demanda que ahora se decide en segunda instancia.

 

(...)

 

Por otro lado, para la Sala no son de recibo los argumentos que esbozó durante el proceso judicial la entidad territorial demandada en el sentido de que el no perfeccionamiento del contrato estatal habría obedecido a una supuesta e inexistente falta endilgable a la parte actora al no haber aportado las pólizas exigidas para tal efecto cuando lo único que efectivamente se acreditó en el expediente es que, de acuerdo con el oficio del 4 de marzo de 1998, fue el propio ente estatal contratante el que decidió evadir su compromiso “[d]ada la situación de iliquidez del Departamento que impidió que la anterior Administración le pagara el anticipo de que habla el contrato y que la actual está incapacitada de asumir ese gasto” (fl. 14 c 1), es decir por razones completamente ajenas a la voluntad del oferente, las cuales, además, reflejan una violación evidente del principio de planeación[2] (fl. 12 c 1)– las autoridades departamentales se hubieren negado a honrar sus compromisos con apoyo en motivaciones carentes de veracidad, injustificadas y, en todo caso, irresponsables e improvisadas. (…)»

 


  [1] Tal y como lo ha señalado la Sala en reiterada jurisprudencia:  

“Resulta pertinente destacar, en el presente asunto, la importancia que reviste la obligatoriedad de que todo contrato que pretenda celebrar el Estado se encuentre precedido de la existencia de las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, requisito que encuentra fundamento en los principios de legalidad y de planeación como rectores de la actividad contractual.

 

“El Estatuto de Contratación Estatal, en la Ley 80 de 1993 -norma bajo cuyo imperio se celebró y ejecutó el contrato de cuyo alegado incumplimiento se deriva la presente litis- consagra en su artículo 25-6 el imperativo legal para las entidades estatales de contar con la existencia de las respectivas partidas presupuestales, previamente a la apertura de la licitación, de los concursos o de la suscripción de los contratos.

 

“De otra parte, el numeral 13 de la misma disposición impone a las autoridades la obligación de efectuar las reservas y los compromisos presupuestales necesarios para atender la celebración y ejecución del contrato, “…tomando como base las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicación de la cláusula de actualización de precios”.

 

“Estas disposiciones están orientadas a evitar que el gasto público sea realizado en exceso de los montos autorizados por la ley anual de presupuesto, en cumplimiento a los expresos mandatos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto  y en especial a lo prescrito en el artículo 71 ídem …” (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, Exp. 23003).

 

[2] La cual, se reitera, no permite establecer con claridad el acuerdo de las partes en torno al objeto concreto del mismo y a las prestaciones mutuas que entendieron asumir.


 

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2006, Exp. 14576, C.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez.

Regla

La Administración de un Departamento no puede retractarse de la ejecución de un contrato de consultoría, cuando la propuesta había sido expresamente aceptada, alegando falta de presupuesto, sin vulnerar el principio de buena fe que rige y debe regir las etapas de formación, celebración y ejecución de los contratos estatales, porque:

 

  1. En los eventos en que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un contrato a quien legalmente debió ser beneficiado con tal decisión en el proceso licitatorio, o cuando adjudican a quien no merecía dicho beneficio, surge la responsabilidad patrimonial a cargo de la administración, porque en estas hipótesis se le ha negado al oferente, en forma injustificada, la posibilidad de ser contratista del Estado, circunstancia que puede generar un perjuicio patrimonial.
  2. De acuerdo con el principio de planeación que debe orientar las actuaciones de las entidades públicas, es inadmisible que un procedimiento de selección se hubiere impulsado formalmente sin contar con los recursos presupuestales necesarios y pertinentes para cumplir con las contraprestaciones y pagos que debía realizar el ente territorial.

Decisión

PRIMERO: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día 6 de septiembre de 2002 y, en su lugar, dispónese:

 

“Primero.- Declarar al Departamento del Valle del Cauca patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado a la Fundación Internacional de Liderazgo Ambiental, por los hechos objeto de la presente demanda.

 

“Segundo.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Departamento del Valle del Cauca, a pagar a favor de la Fundación Internacional de Liderazgo Ambiental, la suma de sesenta y nueve millones novecientos treinta y seis mil ciento tres pesos ($69’936.103.oo) M/CTE, por concepto de perjuicios materiales.

 

“Tercero.- Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

 

SEGUNDO: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

 

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SIII E 14576 DE 2006

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 25.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: En los eventos en los que las entidades estatales se abstienen de adjudicar un contrato a quien..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Principios de la contratación pública
  • Buena fe
  • Principio de planeación
  • Disponibilidad presupuestal
  • Ejecución del contrato
  • Contrato de prestación de servicios
  • Licitación pública
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Principios de la contratación pública
  • Buena fe
  • Principio de planeación
  • Disponibilidad presupuestal
  • Ejecución del contrato
  • Contrato de prestación de servicios
  • Licitación pública
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Normativa
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