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Los convenios interadministrativos, como modalidad de contratación directa, se encuentran sujetos de manera absoluta a los principios generales de la contratación estatal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-35344-2013

Identificadores

Dación en pago
Principio de transparencia
Principio de planeación
Legalidad
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Convenio interadministrativo
Etapa contractual
Contratación directa
Contratación estatal
Dación en pago
Principio de transparencia
Principio de planeación
Legalidad
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Convenio interadministrativo
Etapa contractual
Contratación directa
Contratación estatal

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-35344-2013

Caso

CARLOS ALBERTO CASTRO CORREA, ALCALDE DEL MUNICIPIO EL CAIRO (VALLE)

Hechos relevantes

El señor CARLOS ALBERTO CASTRO CORREA en calidad de Alcalde Municipal de El Cairo Valle, presuntamente sin el lleno de los requisitos que exige la normatividad, celebró un convenio interadministrativo, mediante el cual cedió, a través de la figura de la dación en pago a una  Empresa Social del Estado , un automóvil propiedad del municipio.

Problema Jurídico

¿Puede el alcalde de un municipio celebrar un convenio interadministrativo, mediante el cual cede un automóvil (propiedad del municipio), bajo la figura de dación en pago a una Empresa Social del Estado, toda vez que no determinó el origen de la deuda, no acreditó la existencia de un contrato escrito y no ejecutó ninguna acción para establecer si la obligación tenía causación, sin incurrir en el tipo penal de celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales?

Razones de la decisión

«(…)Así las cosas, independientemente del término utilizado para identificar el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, lo cierto es que el acusado incumplió las exigencias previstas en la normatividad para que el mismo surgiera a la vida jurídica sin viso alguno de ilegalidad, en cuanto no determinó el origen de la deuda; no acreditó la existencia de un contrato escrito y no ejecutó ninguna acción encaminada a establecer si la obligación tenía causación, registro o disponibilidad presupuestal o a establecer si el vehículo entregado en dación en pago tenía un valor inferior o superior a la deuda que pagaba, motivo por el cual ningún yerro en torno a la calificación jurídica del comportamiento punible se presentó en esta oportunidad.

  

Lo anterior si se tiene en cuenta que los contratos, al igual que los convenios interadministrativos, como modalidades de contratación directa previstos en el artículo 24, numeral 1°, literal c) de la ley 80 de 1993, así como en el artículo 7° del Decreto 855 de 1993, indudablemente se encuentran sujetos de manera irrestricta a los principios generales de contratación estatal, y en especial a la imperativa y vinculante observancia de lo dispuesto en el artículo 2° de la disposición últimamente citada, pues el hecho de que sean dos entidades públicas las que se relacionan en el negocio jurídico no implica que puedan desconocer las normas especiales de contratación en cuanto a los procedimientos y reglas que garantizan los principios de legalidad, economía, transparencia y selección objetiva, dado que es a los organismos estatales a quienes perentoriamente corresponde obedecer las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (art. 1°, 2°, 3°, 4°, 13 y 23 a 31). 

 

(...)


La contratación administrativa pública es, entonces, una actividad reglada donde la operatividad o margen de discrecionalidad de los responsables de la contratación no está sujeta al libre albedrío de los contratantes, sino determinada por normas en asuntos tales como, entre otros, el cumplimiento de requisitos previos en la planeación del contrato, la aplicación de pliegos o términos de referencia, el desarrollo de procedimientos para la escogencia del contratista mediante reglas de selección objetiva, la observancia de cláusulas de excepción y, en general, todo lo relacionado con los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, etc.(…)»

Regla

El alcalde de un municipio no puede celebrar un convenio interadministrativo para ceder un automóvil (propiedad del municipio), bajo la figura de dación en pago a una Empresa Social del Estado, sin determinar el origen de la deuda, ni acreditar  la existencia de un contrato escrito, ni ejecutar acciones para establecer si la obligación tenía causación, sin incurrir en el tipo penal de celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales porque:

 

  1. El acusado incumplió las exigencias previstas en la normatividad para celebrar el convenio interadministrativo, por lo tanto se encuentra viciada su legalidad.
  2. Al no haberse cumplido los requisitos previos de planeación del convenio se están desconociendo los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad.
  3. Se desconocieron normas especiales de contratación en cuanto a los procedimientos y trámites de la modalidad de contratación directa.

Decisión

NO CASAR la sentencia impugnada de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 1, 2, 3, 4,13 y 23 a 31.

Conceptualizaciones

Dación en pago. «(…)Luce más acorde con el cometido que le asiste al deudor para efectuar una dación y al acreedor a aceptarla, estimar que se trata de un modo o mecanismo autónomo y, de suyo, independiente de extinguir las obligaciones (negocio solutorio), en virtud del cual el solvens, previo acuerdo con el accipiens, le entrega a éste un bien diferente para solucionar la obligación, sin que, para los efectos extintivos aludidos, interese si dicha cosa es de igual o mayor valor de la debida, pues una y otra se deben mirar como equivalentes. Como el deudor no satisface la obligación con la prestación –primitivamente- debida, en sana lógica, no puede hablarse de pago (art. 1626 C.C.); pero siendo la genuina intención de las partes cancelar la obligación preexistente, es decir, extinguirla, la dación debe, entonces, calificarse como una manera –o modo- más de cumplir, supeditada, por supuesto, a que el acreedor la acepte y a que los bienes objeto de ella ingresen efectivamente al patrimonio de aquel. No en vano, su origen y su sustrato es negocial y más específicamente volitivo. Por tanto, con acrisolada razón, afirma un sector de la doctrina que ‘La dación en pago es una convención en sí misma, intrínsecamente diversa del pago’[1], agregándose, en un plano autonómico, que se constituye en un ‘modo de extinguir las obligaciones que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a título de pago a su acreedor, y con el consentimiento de éste, de una prestación u objeto distinto del debido(…)» 


 

[1] Siro Solazzi. Della revocabilitá dei pagamenti, delle dazioni in pagamento e dello constituzioni di garanzie. Milán, Pág.  41.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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