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Las irregularidades en materia presupuestal dentro de la celebración de un contrato no constituyen vicios que alcancen a determinar la nulidad absoluta del mismo

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20051220

Identificadores

Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Nulidad del contrato
Registro presupuestal
Certificado de disponibilidad presupuestal
Contratación estatal
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Nulidad del contrato
Registro presupuestal
Certificado de disponibilidad presupuestal
Contratación estatal
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Nulidad del contrato
Registro presupuestal
Certificado de disponibilidad presupuestal
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

NEC CORPORATION Y OTROS VS. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM —EN LIQUIDACIÓN—

Hechos relevantes

Una empresa industrial y comercial del Estado celebró un convenio con una sociedad para el ensanchamiento de la cobertura de la red de telefonía nacional existente, mediante la instalación de nuevos equipos en localidades donde nunca había prestado el servicio, así como la recuperación y ampliación de la infraestructura existente en aquellos lugares donde funcionaba incipientemente. En el convenio se previó que éste se perfeccionaba una vez las partes lo firmaran.

Problema Jurídico

¿Puede una empresa industrial y comercial del Estado establecer en un convenio que celebró con una sociedad  que el mismo queda perfeccionado por el solo hecho de su firma, cuando los artículos 49 de la Ley 179 de 1994 y 71 del Decreto 111 de 1996 establece que actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar previamente con certificados de disponibilidad presupuestal y los respectivos registros presupuestales, sin que el convenio adolezca de nulidad absoluta? 

Regla ampliada

Elementos constitutivos de la responsabilidad contractual. «(...)  Como es sabido, la reparación de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones nacidas de un contrato supone la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se haya infringido la obligación, contraída mediante un contrato válidamente celebrado, infracción que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, puede deberse al hecho de no haberse cumplido por el deudor la obligación, o de haberla cumplido imperfectamente o de haber retardado su cumplimiento; b) que, por regla general, esa trasgresión sea imputable a la culpa o al dolo del deudor; c) que el acreedor sufra perjuicios derivados del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso o tardío por parte del deudor; y d) que el deudor se encuentre en mora, en tratándose de obligaciones de dar o de hacer. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido constante, reiterada y unánime. (...)»

Razones de la decisión

«(...) Observa el tribunal, en primer término, que la norma últimamente transcrita no menciona expresamente, en parte alguna, a las empresas industriales y comerciales del Estado, requisito este que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º del Decreto 111 de 1996, es absolutamente imprescindible para entender que la disposición contenida en el pretranscrito artículo 71 del mismo decreto pueda considerarse aplicable a una empresa industrial y comercial del Estado, como sin duda lo era Telecom para el momento de la celebración del convenio C-018 de 1996. En otros términos: para el tribunal la norma contenida en el citado artículo 71 del Decreto 111 de 1996 no es aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado.


Conviene destacar igualmente, que aún aceptando que la norma analizada fuese aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, ella misma se encarga de consagrar una sanción específica para el caso de la violación de su preceptiva: tal vulneración compromete la responsabilidad personal y pecuniaria de quien la inobserve. Tan específica sanción dista mucho de la consistente en la nulidad del acto o contrato. Ahora bien: admitir lo contrario, esto es, que además de la sanción específicamente consagrada por el estatuto orgánico del presupuesto para el evento de la violación de uno de sus preceptos —el art. 71— se está en presencia de una nulidad absoluta, sería tanto como aceptar que varios principios generales del derecho han perdido vigencia en el sistema jurídico colombiano, tales como el del “ non bis in idem ”, o el que enseña que las nulidades requieren de expresa consagración legal (25) , o aquel conforme al cual las nulidades no constituyen regla sino excepción y que, por tanto, no se presumen sino que son de estricta interpretación (26)  exceptio sunt strictisimae interpretationis ”).

(…)

De las citas doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, resulta nítido —en opinión del tribunal— que las irregularidades en materia presupuestal que hayan podido presentarse dentro del proceso de celebración de un contrato como el contenido en el convenio C-018 de 1996, no constituyen vicios que alcancen a determinar la nulidad absoluta del mismo, ni siquiera por la vía de invocar un supuesto objeto ilícito estructurado sobre la idea del desconocimiento de disposiciones imperativas o de orden público, como en el presente proceso ha sido planteado por el señor apoderado de la empresa convocada y demandante en reconvención, puesto que del principio de la autonomía del derecho presupuestal ha de deducirse que las sanciones que en su ordenamiento se contemplen para el caso de violación de sus disposiciones, son las que deben ser aplicadas por el operador jurídico, sin que este tenga posibilidad de recurrir a otras distintas, contempladas en ordenamientos diferentes.

(…)

De las citas doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, resulta nítido —en opinión del tribunal— que las irregularidades en materia presupuestal que hayan podido presentarse dentro del proceso de celebración de un contrato como el contenido en el convenio C-018 de 1996, no constituyen vicios que alcancen a determinar la nulidad absoluta del mismo, ni siquiera por la vía de invocar un supuesto objeto ilícito estructurado sobre la idea del desconocimiento de disposiciones imperativas o de orden público, como en el presente proceso ha sido planteado por el señor apoderado de la empresa convocada y demandante en reconvención, puesto que del principio de la autonomía del derecho presupuestal ha de deducirse que las sanciones que en su ordenamiento se contemplen para el caso de violación de sus disposiciones, son las que deben ser aplicadas por el operador jurídico, sin que este tenga posibilidad de recurrir a otras distintas, contempladas en ordenamientos diferentes.

(…)

Además de las consideraciones que anteceden, ha de resaltar también el tribunal que tanto el artículo 71 del estatuto orgánico del presupuesto como su texto homólogo del Decreto 115 de 1996 (art. 21) se refieren, en términos por demás claros, a “actos administrativos”, locución que en el derecho colombiano distingue, específicamente, dos tipos de actuaciones de la administración pública. De una parte, al acto unilateral proferido por esta en ejercicio de las atribuciones que la Constitución Política, la ley o el reglamento le confieren, y que crean, modifican o extinguen una determinada situación jurídica, particular y concreta (acto administrativo individual), y de otra parte, al acto, también unilateralmente expedido por la administración pública en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales o reglamentarias, que se refiere no ya a una determinada y concreta situación jurídica, para crearla, modificarla o extinguirla, sino a un conjunto indeterminado de personas (acto regla (38) o acto administrativo creador de situaciones jurídicas generales, objetivas, impersonales y abstractas). Ambas clases de actos administrativos deben ser dados a conocer por la autoridad que los emite, bien a través del mecanismo de la notificación para los primeros, ora mediante su publicación, para los segundos, como requisito indispensable para su oponibilidad, ejecución y ejecutoriedad.


Estas nociones son bien distintas y no equiparables a la de contrato, convenio, o convención, que es el acto creador de obligaciones, fruto de la negociación de sus términos y condiciones entre dos partes que acceden a ella en un plano de igualdad jurídica que, por definición, excluye “toda noción de imposiciones provenientes del querer unilateral de alguna de ellas y que no requiere de publicación ni de notificación para que sus estipulaciones cobren efectos jurídicos vinculantes. Por ello, con razón, la doctrina nacional ha dicho, por ejemplo, que “cuando el Estado celebra un contrato con un particular no impone unilateralmente una decisión, sino que está reconociendo unos derechos y unas obligaciones que surgen para las partes contratantes” (39) , concepto que el tribunal comparte en cuanto que, según lo enseña el Código Civil, “las obligaciones nacen (...) del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones...” (art. 1494). (...)»

Regla

Una empresa industrial y comercial del Estado puede establecer en un convenio que celebró con una sociedad  que el mismo queda perfeccionado por el solo hecho de su firma, cuando los artículos 49 de la Ley 179 de 1994 y 71 del Decreto 111 de 1996 establece que actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar previamente con certificados de disponibilidad presupuestal y los respectivos registros presupuestales, sin que el convenio adolezca de nulidad absoluta, porque:
  1. El  artículo 71 del Decreto 111 de 1996 no menciona expresamente, en parte alguna, a las empresas industriales y comerciales del Estado, requisito que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 3º del Decreto 111 de 1996, es absolutamente imprescindible para entender que la disposición contenida en el artículo 71 pueda considerarse aplicable a una empresa industrial y comercial del Estado. Aún si esta norma fuera aplicable para este tipo de empresas, ella misma se encarga de consagrar que la vulneración a su  preceptiva compromete la responsabilidad personal y pecuniaria de quien la inobserve, sin que haga alusión a la nulidad del acto o contrato.  
  2. Este tipo de irregularidades en materia presupuestal dentro de la celebración de un contrato no constituyen vicios que alcancen a determinar la nulidad absoluta del mismo, puesto que del principio de la autonomía del derecho presupuestal ha de deducirse que las sanciones que en su ordenamiento se contemplen, sin que este tenga posibilidad de recurrir a otras distintas.
  3. Las normas que se aducen infringidas se refieren a actos administrativos los cuales son bien distintos y no equiparables a la noción de contrato, convenio, o convención, que son actos creadores de obligaciones, fruto de la negociación de sus términos y condiciones entre dos partes que acceden a ella en un plano de igualdad jurídica.

Decisión

PRIMERO. Declarar la no prosperidad de las objeciones por error grave formuladas por las partes contra el dictamen pericial de planta externa. SEGUNDO. Declarar la prosperidad de la oposición formulada por Telecom a la exhibición del documento “Apoyo y soporte en los procesos de renegociación de los convenios de riesgo compartido suscritos por Telecom”. Ordenar por secretaría su devolución a Telecom. TERCERO. Declarar que entre Nissho Iwai Corporation y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, se suscribió válidamente el 25 de julio de 1996 el convenio C-0018-96, parte A, el anexo financiero y los anexos técnicos; el convenio fue modificado mediante el convenio adicional 1 de 3 de julio de 1997 (parte B) y mediante el convenio adicional 2 de 24 de febrero de 1998 (parte C), los cuales también fueron suscritos válidamente. CUARTO. No declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito del convenio C-018-96 parte A y de sus adicionales 1 (parte B) y 2 (parte C). QUINTO. Declarar que el total de líneas del convenio, parte A, quedó acordado en 94.800 líneas.

Marco jurídico

Artículo 49 de la Ley 179 de 1994 Artículo 71 del Decreto 111 de 1996

Conceptualizaciones

Conservación del contrato. «(...) No cabe duda alguna de que el ordenamiento jurídico colombiano privilegia el principio de la autonomía de la voluntad como fuente principalísima del contrato. Siendo este el producto del acuerdo de la autónoma voluntad de quienes lo convienen, y siendo esa voluntad soberana para regular las relaciones que entre las partes se establecen en virtud de tal acuerdo, en tanto no contravenga leyes imperativas y derechos ajenos, se reconoce por la más autorizada doctrina que el postulado de la autonomía de la voluntad, en el campo del derecho privado, tiene las siguientes connotaciones: (i) en primer término, que las partes son libres de decidir si contratan o no; (ii) en segundo lugar, que ellas tienen libertad para escoger con quién han de contraer el vínculo obligatorio; (iii) que en caso de que resuelvan contratar, pueden escoger libremente qué clase o tipo de contrato desean celebrar y (iv) que las partes pueden modular, según sus conveniencias y particulares necesidades, el contenido y el alcance de los pactos o estipulaciones que resuelvan acordar, rodeándolos de las condiciones, términos y modalidades que consideren más convenientes para el logro de las finalidades económicas que persiguen con la celebración del contrato, siempre y cuando —se reitera— que con tales pactos y estipulaciones no contravengan normas imperativas y no lesionen derechos ajenos. (...)»

 

Laudo

TA-CCB-20051220

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Las irregularidades en materia presupuestal dentro de la celebración de un contrato no constituyen..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Nulidad del contrato
  • Registro presupuestal
  • Certificado de disponibilidad presupuestal
  • Contratación estatal
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Nulidad del contrato
  • Registro presupuestal
  • Certificado de disponibilidad presupuestal
  • Contratación estatal
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
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