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El embargo judicial no produce un daño patrimonial indemnizable cuando se obra con la observancia plena de las normas legales

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20081217

Identificadores

Contratación estatal
Daño antijurídico
Responsabilidad patrimonial
Embargo judicial
Etapa contractual
Contratación estatal
Daño antijurídico
Responsabilidad patrimonial
Embargo judicial
Etapa contractual
Contratación estatal
Daño antijurídico
Responsabilidad patrimonial
Embargo judicial
Etapa contractual

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN VS. BANCO DE BOGOTÁ S.A.

Hechos relevantes

Una entidad pública, cuyo objeto era administrar los aportes en pensión y las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dividió la operación contable de las dos actividades, manejando de un lado la administración y aportes a pensiones, y por otra parte, como EPS autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud para el recaudo y administración de los aportes al sistema obligatorio de salud.

 

De esta forma, para la administración de los recursos celebró un convenio con un banco para regular los mecanismos que utilizaría para el recaudo de las cotizaciones a cargo de sus aportantes.

 

En una de las cláusulas del convenio, cuyo objeto era "la prestación de servicios de recaudo depósito de aportes", la entidad bancaria se comprometió a responder ante la entidad pública por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes y se obligó, ante la eventualidad de un embargo de sus cuentas, a informar al juzgado correspondiente que los recursos pertenecen al Tesoro Público, comunicando además a la entidad pública inmediatamente sobre tal circunstancia.

 

Adicionalmente, en virtud del convenio celebrado, la entidad bancaria se obligó a trasladar los recursos de forma directa y automática una vez vencido el término de 8 días, a otras cuentas bancarias rentables de la entidad pública administradora en el banco,  para que generen rendimientos a tasas del mercado de acuerdo con lo establecido en los anexos del convenio.

 

La entidad pública solicitó a la entidad bancaria, mediante derecho de petición, certificar los montos de las comisiones y cuentas pagadas y debitadas mensualmente en desarrollo del convenio de "prestación de servicios de recaudo depósito de aportes" y mediante comunicación suscrita por el Oficial de Operaciones de la Gerencia del banco dieron respuesta al mismo,  en las que surgieron algunas diferencias.

 

A través de comunicación de la entidad pública, que se encontraba en proceso de Liquidación, se solicitó al banco cancelar las cuentas y expedir cheques de gerencia por cada una de ellas e información sobre algunos embargos que se habían realizado.

 

Tras varias comunicaciones entre las partes el banco atendió las solicitudes de cancelar las cuentas y los rendimientos, salvo de aquellas cuentas que se encontraban embargadas.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad bancaria dar cumplimiento a una orden de embargo judicial a una entidad pública inobservando las normas contractuales pactadas entre ellas, sin causarle un daño patrimonial?

Razones de la decisión

«(...)Con fundamento en las pruebas, el Tribunal de una parte, ha determinado que en los casos en que se procedió con sujeción a la ley, los recursos fueron embargados: a) en desarrollo de procesos tendientes a cancelar créditos a cargo de Cajanal, b) que se definieron mediante aplicación de los mismos a los respectivos créditos o fueron entregados, o se ordenó su devolución a la convocante y c) o se encuentran a órdenes de los despachos judiciales que adelantan dichos procesos.


En cualquiera de estos casos, los recursos no han salido del patrimonio de la convocante y por tanto no se estructura el daño como elemento integrante de la responsabilidad civil contractual. El Tribunal no puede ordenar el resarcimiento de un daño que carece del carácter de definitivo, porque en ese caso no se ha realizado este elemento esencial de la responsabilidad. La cancelación de un crédito es el cumplimiento de una finalidad propia del patrimonio, como prenda general de los acreedores. Si el destino de los recursos está pendiente de una decisión judicial, el resultado será la citada cancelación de un crédito, o la devolución, o sea que los recursos nunca salieron de ese patrimonio. Por tanto no se consolida el daño patrimonial y no hay fundamento para decretar indemnizaciones por daño emergente.


De otra parte también se evidenció en el acervo probatorio la retención de recursos por causa de un embargo indebidamente ejecutado que configura un daño, representado jurídicamente según el caso, bien por la no restitución de los recursos indebidamente retenidos, bien por concepto de lucro cesante, desde el momento en que se retuvieron, hasta el momento en que se reintegren o se hayan reintegrado. Dentro de este término se configura un daño al patrimonio de la convocante, por cuanto el incumplimiento legal y contractual, no le permitió obtener la ganancia o provecho derivado de los recursos injustificadamente debitados. (...)»

Regla

Una entidad bancaria puede dar cumplimiento a una orden de embargo judicial a una entidad pública inobservando las normas contractuales pactadas entre ellas, sin causarle un daño patrimonial, porque:

  1. En los casos en que se procedió al embargo de los recursos se procedió con sujeción a la ley: a) en desarrollo de procesos tendientes a cancelar créditos a cargo de la entidad contratante b) que se definieron mediante aplicación de los mismos a los respectivos créditos o fueron entregados, o se ordenó su devolución a la entidad pública y c) o se encuentran a órdenes de los despachos judiciales que adelantan dichos procesos.
  2. Los recursos no han salido del patrimonio de la entidad pública y por tanto no se estructura el daño como elemento integrante de la responsabilidad civil contractual.
  3. Adicionalmente, no se puede ordenar el resarcimiento de un daño que carece del carácter de definitivo, porque en ese caso no se ha realizado éste elemento esencial de la responsabilidad. La cancelación de un crédito es el cumplimiento de una finalidad propia del patrimonio, como prenda general de los acreedores. Si el destino de los recursos está pendiente de una decisión judicial, el resultado será la citada cancelación de un crédito, o la devolución, o sea que los recursos nunca salieron de ese patrimonio. Por tanto, no se consolida el daño patrimonial y no hay fundamento para decretar indemnizaciones por daño emergente.
  4. Sin embargo, cuando se  evidencie en el acervo probatorio que la retención de recursos por causa de un embargo indebidamente ejecutado que configura un daño, representado jurídicamente según el caso, bien por la no restitución de los recursos indebidamente retenidos, bien por concepto de lucro cesante, desde el momento en que se retuvieron, hasta el momento en que se reintegren o se hayan reintegrado hay lugar a la responsabilidad patrimonial. Así, si se configura un daño al patrimonio de la entidad pública, por el incumplimiento legal y contractual, que no le permite obtener la ganancia o provecho derivado de los recursos injustificadamente debitados hay lugar a la responsabilidad civil contractual. 

Decisión

PRIMERO. Declarar que el Tribunal carece de competencia para conocer de las diferencias surgidas entre las partes con relación a la Cuenta Nº 002-06076-2.

 

SEGUNDO. Declarar parcialmente probadas las excepciones denominadas: i) Incompetencia del Tribunal para juzgar la responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, en relación con cuentas que no hicieron parte del Convenio Nº 03 de 2000; ii) Cumplimiento contractual por parte del Banco de Bogotá e incumplimiento de la entidad convocante; iii) Fuerza Mayor, Cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial. iv) Diligencia debida y buena fe del Banco; v) Inexistencia del daño, enriquecimiento injusto y sin causa de Cajanal; vi) Ausencia de relación de causalidad entre el supuesto daño sufrido por Cajanal y la Conducta del Banco de Bogotá.

 

TERCERO. Desestimar las demás excepciones formuladas por el Banco de Bogotá.

 

CUARTO. Declarar que no prosperan las pretensiones primera a quinta de la demanda principal.

 

QUINTO. Declarar que respecto de los débitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 y 14 del Grupo Cero; 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16 y 17 del Grupo uno, y 3 del Grupo 4, el Banco de Bogotá S.A. es civilmente responsable por las acciones y omisiones en que incurrió, con lo cual prospera parcialmente la pretensión séptima subsidiaria, totalmente la pretensión sexta literal a), y parcialmente la pretensión sexta literales b), ii), iv) v) y vii) de la demanda.

 

SEXTO. Declarar que respecto de los restantes débitos no prosperan las pretensiones contenidas en el numeral sexto del capítulo del petitum de la demanda.

 

SÉPTIMO. En consecuencia de lo dispuesto en el numeral quinto anterior, condenar al BANCO DE BOGOTÁ S.A. a pagar a favor de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN por concepto de indemnización por las acciones y omisiones en que incurrió respecto de los débitos que se enuncian a continuación, las cuantías especificadas respecto de cada uno de ellos así:

 

Grupo 0 Restituciones Intereses Total
Débito 1 - 2.935.020,06 2.935.020,06
Débito 2 - 11.777.667,36 11.777.667,36
Débito 3 - 23.411.932,71 23.411.932,71
Debito 4 Reintegro 1 - 1.182.319,56 1.182.319,56
Debito 4 Reintegro 2 - 349.677,46 349.677,46
Debito 4 Reintegro 3 - 8.954.286,20 8.954.286,20
Debito 4 Reintegro 4 - 9.601.934,48 9.601.934,48
Debito 4 Reintegro 5 - 4.869.748,30 4.869.748,30
Debito5 Reintegro 6 - 2.126.771,62 2.126.771,62
Débito 4 Reintegro 7 - 1.147.783.536,08 1.147.783.536,08
Débito 4 Restitución 684.203.875,73 570.337.213,69 1.254.541.089,42
Débito 5 - 10.463.887,85 10.463.887,85
Débito 6 - 48.669.245,83 48.669.245,83
Débito 7 - 100.842.880,96 100.842.880,96
Débito 8 - 114.900.486,23 114.900.486,23
Débito 9 - 3.841.906,96 3.841.906,96
Débito 10 - 2.470.269,42 2.470.269,42
Débito 11 - 7.260.468,89 7.260.468,89
Débito 12 - 20.911.790,09 20.911.790,09
Débito 13 - - -
Débito 14 - 8.119.891,56 8.119.891,56
TOTALES 684.203.875,73 2.100.810.935,30 2.785.014.811,03

 

Grupo 1 Restituciones Intereses Total
Débito 1 5.942.000,00 4.953.119,74 10.895.119,74
Débito 2 - 4.880.843,41 4.880.843,41
Débito 3 - 10.407.056,76 10.407.056,76
Débito 4 - 18.065.423,71 18.065.423,71
Débito 5 8.000.000,00 6.628.193,73 14.628.193,73
Débito 6 - 45.121.928,35 45.121.928,35
Débito 7 - 2.881.042,38 2.881.042,38
Débito 8 - 36.013.029,71 36.013.029,71
Débito 9 - 65.297.164,95 65.297.164,95
Débito 10 - 406.063,69 406.063,69
Débito 11 - 1.134.166,20 1.134.166,20
Débito 12 - 81.212,74 81.212,74
Débito 14 - 593.609,95 593.609,95
Débito 16 - 84.110,48 84.110,48
Débito 17 - 783.227,25 783.227,25
TOTALES 13.942.000,00 197.330.193,06 211.272.193,06

 

Grupo 4 Restituciones Intereses Total
Débito 3 - 69.520.815,17 69.520.815,17
TOTALES - 69.520.815,17 69.520.815,17

 

TOTALES - - -
Gran Total 698.145.875,73 2.367.661.943,53 3.065.807.819,26

 

 

OCTAVO. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por la parte convocada respecto del dictamen pericial rendido dentro del presente trámite arbitral, y en consecuencia ordenar que se proceda al pago de los honorarios fijados en un plazo no mayor de tres días contados a partir de la fecha de este Laudo.

 

NOVENO. Sobre las sumas señaladas en el numeral quinto anterior, se pagarán intereses a la tasa moratoria máxima legal a partir de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo.

 

DÉCIMO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de la presente providencia con destino a las partes con las constancias de ley y copia simple para el archivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

 

DÉCIMO PRIMERO. En los términos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por Secretaría procédase a la entrega del expediente a dicho Centro para efectos de su archivo. 

Conceptualizaciones

Elementos de la responsabilidad civil. «(...) “el daño o perjuicio, el hecho perjudicial o hecho generador de la responsabilidad y la relación de causa efecto”(32) . Estos elementos, aceptados por la jurisprudencia y por la doctrina, orientan el desarrollo de las acciones tendientes a una declaratoria de responsabilidad civil contractual.(...)»   Intereses remuneratorios y moratorios. «(...)“los intereses remuneratorios son los causados por un crédito de capital durante el plazo que se le ha otorgado al deudor para pagarlo, y los moratorios los que corresponden a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida”(...)»   Intereses moratorios. «(...) se causan desde la fecha en que el deudor se ha constituido en mora. Para constituirse en mora la obligación debe ser cierta y tener también una fecha cierta de exigibilidad, para determinar a partir de cuándo se incurre en mora. La acción ejercida en este proceso, busca el reconocimiento de la obligación, la cual se hace exigible, a partir de la fecha de dicho reconocimiento, o sea del laudo que admite la pretensión. Por tanto la mora se causa, una vez transcurrido el término fijado por el tribunal para el pago de la obligación y no durante el periodo procesal, porque durante el mismo la obligación carecía del carácter de exigible.(...)»

Laudo

TA-CCB-20081217

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: El embargo judicial no produce un daño patrimonial indemnizable cuando se obra con la observancia..
Síntesis
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  • Contratación estatal
  • Daño antijurídico
  • Responsabilidad patrimonial
  • Embargo judicial
  • Etapa contractual
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  • Daño antijurídico
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