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El embargo judicial constituye fuerza mayor y una excepción válida al incumplimiento de obligaciones contractuales

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20081217

Identificadores

Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Embargo judicial
Fuerza mayor y caso fortuito
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Embargo judicial
Fuerza mayor y caso fortuito
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Embargo judicial
Fuerza mayor y caso fortuito

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN VS. BANCO DE BOGOTÁ S.A.

Hechos relevantes

Una entidad pública, cuyo objeto era administrar los aportes en pensión y las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dividió la operación contable de las dos actividades, manejando de un lado la administración y aportes a pensiones, y por otra parte, como EPS autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud para el recaudo y administración de los aportes al sistema obligatorio de salud.

 

De esta forma, para la administración de los recursos celebró un convenio con un banco para regular los mecanismo que utilizaría para el recaudo de las cotizaciones a cargo de sus aportantes.

 

En una de las cláusulas del convenio, cuyo objeto era "la prestación de servicios de recaudo depósito de aportes", la entidad bancaria se comprometió a responder ante la entidad pública por la totalidad de los valores que recibiera en pago de los aportes y se obligó, ante la eventualidad de un embargo de sus cuentas, a informar al juzgado correspondiente que los recursos pertenecen al Tesoro Público, comunicando además a la entidad pública inmediatamente sobre tal circunstancia.

 

Adicionalmente, en virtud del convenio celebrado, la entidad bancaria se obligó a trasladar los recursos de forma directa y automática una vez vencido el término de 8 días, a otras cuentas bancarias rentables de la entidad pública administradora en el banco,  para que generen rendimientos a tasas del mercado de acuerdo con lo establecido en los anexos del convenio.

 

La entidad pública solicitó a la entidad bancaria, mediante derecho de petición, certificar los montos de las comisiones y cuentas pagadas y debitadas mensualmente en desarrollo del convenio de "prestación de servicios de recaudo depósito de aportes" y mediante comunicación suscrita por el Oficial de Operaciones de la Gerencia del banco dieron respuesta al mismo,  en las que surgieron algunas diferencias.

 

A través de comunicación de la entidad pública, que se encontraba en proceso de Liquidación, se solicitó al banco cancelar las cuentas y expedir cheques de gerencia por cada una de ellas e información sobre algunos embargos que se habían realizado.

 

Tras varias comunicaciones entre las partes el banco atendió las solicitudes de cancelar las cuentas y los rendimientos, salvo de aquellas cuentas que se encontraban embargadas.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública exigir a un banco contratista que se abstenga de realizar los depósitos judiciales en el término de tres días que dispone la ley, aunque conforme lo señalado en el contrato de cuenta corriente bancaria y lo estipulado en el convenio celebrado con la entidad bancaria, ésta debía informar al juzgado que se trata de recursos inembargables por pertenecer a recursos públicos del Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones?

Razones de la decisión

«(...)Resulta así que las interpretaciones que han hecho, de un lado el órgano de supervisión y control de las entidades financieras y de otro los de cierre tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional de Colombia, coinciden plenamente en las siguientes conclusiones:


a. Es obligación de toda persona, incluidas las entidades financieras y sus administradores o representantes legales, acatar debida y oportunamente las órdenes judiciales, porque el estado de derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas, o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios, ya que éstos no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que conduce determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir en contra.


b. En desarrollo de lo dicho, los establecimientos de crédito no son competentes para establecer si la respectiva decisión judicial recae sobre rentas y recursos que por ley tengan el carácter de inembargables para, con base en ello, abstenerse de darle cumplimiento en atención a su carácter de tales. No pueden los establecimientos financieros examinar si el embargo procede o no, si la orden judicial se ajusta a la ley o la desborda; ante tal medida, no les es dable realizar juicios propios para escoger o elegir si cumplen la orden o la aplicabilidad de las normas que establecen los límites de inembargabilidad, así éstas últimas sean del conocimiento y aplicación de las instituciones financieras. La institución financiera simplemente está cumpliendo, como destinataria, una orden librada por autoridad competente, dictada dentro de un debido proceso y con las formalidades que el asunto demanda.


c. Son los Jueces de la República quienes al emitir las órdenes de embargo determinan los bienes sobre los cuales recae la medida, si los mismos tienen o no el carácter de inembargables, así como los límites de inembargabilidad de los recursos señalados en la ley, en tanto que los depositarios (establecimientos de crédito) sólo les corresponde darles curso y acatar la medida.


d. El establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención al carácter de inembargables de los fondos, debe informar inmediatamente a la Contraloría General de la República, para lo de su cargo, pero sin que ello implique que pueda dejar de cumplir inmediatamente con la orden recibida.


e. En razón a que las entidades financieras no ostentan la calidad de partes procesales no tienen posibilidad alguna de oponerse o de controvertir las órdenes judiciales. Su actuación debe limitarse a ejecutarlas en forma diligente, de manera que, por ser meros ejecutores de las mismas no les es dado, así sea incluso por causa justificada o por razones jurídicamente sustentables, deliberar, opinar o cuestionar su validez o ejecutoriedad.

(...)


Con base en todo lo que se deja expuesto, el Tribunal encuentra que, como principio general, la razón asiste a la Parte Convocada en cuanto a que lo que ella denomina “Fuerza mayor, cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial” constituye una excepción frente a acciones como la instaurada en el presente proceso. No obstante lo dicho, considera también el Tribunal que tal excepción no puede aplicarse de manera genérica e indiscriminada a todos los embargos que se afirme son producto de una orden judicial, sino única y exclusivamente a aquéllos que se hayan efectuado dando estricto cumplimiento a aquélla en todos sus aspectos, pues son éstos últimos los que delimitan con exactitud el alcance de lo que es la voluntad de quien imparte la orden, razón por la cual siempre resulta indispensable, en estos casos, analizar en detalle tanto la orden impartida como la forma en que el destinatario de la misma la hizo efectiva, a fin de evitar que bajo el amparo de una presunta fuerza mayor consistente en una orden judicial se pretenda cobijar situaciones que pueden no ser otra cosa que consecuencia de errores, descuidos o falta de la debida diligencia por parte de la destinataria misma.


(...)


Es claro para el Tribunal que ante órdenes de embargo provenientes de despachos judiciales, la única alternativa que tenía la parte convocada era dar preciso y estricto cumplimiento a la normatividad legal que regula la materia. De evidenciarse que en los débitos a que hace referencia la demanda, el Banco se apartó del estricto procedimiento establecido en la ley, se tendría que incurrió en acciones y omisiones antijurídicas que lo llevarían a la obligación de reparar las consecuencias dañinas que ello haya generado en la parte convocante. Sin embargo tal conclusión depende del análisis minucioso de las pruebas aportadas al expediente respecto de cada uno de los mencionados débitos (...)»

Regla

Una entidad pública no puede exigir a un banco contratista que se abstenga de realizar los depósitos judiciales en el término de tres días que dispone la ley, aunque conforme lo señalado en el contrato de cuenta corriente bancaria y lo estipulado en el convenio celebrado con la entidad bancaria, ésta debía informar al juzgado que se trata de recursos inembargables por pertenecer a recursos públicos del Fosyga de salud y del tesoro público de pensiones, porque:
  1. Al desentrañar el sentido real de la expresión “tener en cuenta esta condición”, que se incluye en una cláusula del convenio, ésta no puede entenderse en el sentido de que ella signifique que las partes hubieran convenido que el banco debía dejar de cumplir las órdenes judiciales que afectaran los recursos, pues no encuentra en el texto de la cláusula base alguna para tal interpretación.
  2. Ante órdenes de embargo provenientes de despachos judiciales, la única alternativa que tiene la entidad bancaria es dar preciso y estricto cumplimiento a la normatividad que regula la materia.
  3. Los establecimientos de crédito no son competentes para establecer si una decisión judicial recae sobre rentas y recursos que por ley tengan el carácter de inembargables para, con base en ello, abstenerse de darle cumplimiento a las órdenes judiciales.
  4. Son los Jueces de la República quienes al emitir las órdenes de embargo determinan los bienes sobre los cuales recae la medida, si los mismos tienen o no el carácter de inembargables, así como los límites de inembargabilidad de los recursos señalados en la ley.
  5. El establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención al carácter de inembargables de los fondos, debe informar inmediatamente a la Contraloría General de la República, para lo de su cargo, pero sin que ello implique que pueda dejar de cumplir inmediatamente con la orden recibida.
  6. En razón a que las entidades financieras no ostentan la calidad de partes procesales no tienen posibilidad alguna de oponerse o de controvertir las órdenes judiciales.
  7. En este sentido opera la Fuerza mayor frente al cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial, lo que constituye una excepción al cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante, tal excepción no puede aplicarse de manera genérica e indiscriminada a todos los embargos que se afirme son producto de una orden judicial, sino única y exclusivamente a aquéllos que se hayan efectuado dando estricto cumplimiento a la ley en todos sus aspectos.
  8. Adicionalmente, de evidenciarse que la entidad bancaria en los débitos del contratante se aparte del estricto procedimiento establecido en la ley, se tendría que incurrió en acciones y omisiones antijurídicas que lo llevarían a la obligación de reparar las consecuencias dañinas que ello haya generado al contratante, lo que dependerá del análisis probatorio de cada uno de los casos.

Decisión

PRIMERO. Declarar que el Tribunal carece de competencia para conocer de las diferencias surgidas entre las partes con relación a la Cuenta Nº 002-06076-2.

 

SEGUNDO. Declarar parcialmente probadas las excepciones denominadas: i) Incompetencia del Tribunal para juzgar la responsabilidad contractual del Banco de Bogotá, en relación con cuentas que no hicieron parte del Convenio Nº 03 de 2000; ii) Cumplimiento contractual por parte del Banco de Bogotá e incumplimiento de la entidad convocante; iii) Fuerza Mayor, Cumplimiento de órdenes emanadas de autoridad judicial. iv) Diligencia debida y buena fe del Banco; v) Inexistencia del daño, enriquecimiento injusto y sin causa de Cajanal; vi) Ausencia de relación de causalidad entre el supuesto daño sufrido por Cajanal y la Conducta del Banco de Bogotá.

 

TERCERO. Desestimar las demás excepciones formuladas por el Banco de Bogotá.

 

CUARTO. Declarar que no prosperan las pretensiones primera a quinta de la demanda principal.

 

QUINTO. Declarar que respecto de los débitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 y 14 del Grupo Cero; 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16 y 17 del Grupo uno, y 3 del Grupo 4, el Banco de Bogotá S.A. es civilmente responsable por las acciones y omisiones en que incurrió, con lo cual prospera parcialmente la pretensión séptima subsidiaria, totalmente la pretensión sexta literal a), y parcialmente la pretensión sexta literales b), ii), iv) v) y vii) de la demanda.

 

SEXTO. Declarar que respecto de los restantes débitos no prosperan las pretensiones contenidas en el numeral sexto del capítulo del petitum de la demanda.

 

SÉPTIMO. En consecuencia de lo dispuesto en el numeral quinto anterior, condenar al BANCO DE BOGOTÁ S.A. a pagar a favor de CAJANAL S.A. EPS EN LIQUIDACIÓN por concepto de indemnización por las acciones y omisiones en que incurrió respecto de los débitos que se enuncian a continuación, las cuantías especificadas respecto de cada uno de ellos así:

 

Grupo 0 Restituciones Intereses Total
Débito 1 - 2.935.020,06 2.935.020,06
Débito 2 - 11.777.667,36 11.777.667,36
Débito 3 - 23.411.932,71 23.411.932,71
Debito 4 Reintegro 1 - 1.182.319,56 1.182.319,56
Debito 4 Reintegro 2 - 349.677,46 349.677,46
Debito 4 Reintegro 3 - 8.954.286,20 8.954.286,20
Debito 4 Reintegro 4 - 9.601.934,48 9.601.934,48
Debito 4 Reintegro 5 - 4.869.748,30 4.869.748,30
Debito5 Reintegro 6 - 2.126.771,62 2.126.771,62
Débito 4 Reintegro 7 - 1.147.783.536,08 1.147.783.536,08
Débito 4 Restitución 684.203.875,73 570.337.213,69 1.254.541.089,42
Débito 5 - 10.463.887,85 10.463.887,85
Débito 6 - 48.669.245,83 48.669.245,83
Débito 7 - 100.842.880,96 100.842.880,96
Débito 8 - 114.900.486,23 114.900.486,23
Débito 9 - 3.841.906,96 3.841.906,96
Débito 10 - 2.470.269,42 2.470.269,42
Débito 11 - 7.260.468,89 7.260.468,89
Débito 12 - 20.911.790,09 20.911.790,09
Débito 13 - - -
Débito 14 - 8.119.891,56 8.119.891,56
TOTALES 684.203.875,73 2.100.810.935,30 2.785.014.811,03

 

Grupo 1 Restituciones Intereses Total
Débito 1 5.942.000,00 4.953.119,74 10.895.119,74
Débito 2 - 4.880.843,41 4.880.843,41
Débito 3 - 10.407.056,76 10.407.056,76
Débito 4 - 18.065.423,71 18.065.423,71
Débito 5 8.000.000,00 6.628.193,73 14.628.193,73
Débito 6 - 45.121.928,35 45.121.928,35
Débito 7 - 2.881.042,38 2.881.042,38
Débito 8 - 36.013.029,71 36.013.029,71
Débito 9 - 65.297.164,95 65.297.164,95
Débito 10 - 406.063,69 406.063,69
Débito 11 - 1.134.166,20 1.134.166,20
Débito 12 - 81.212,74 81.212,74
Débito 14 - 593.609,95 593.609,95
Débito 16 - 84.110,48 84.110,48
Débito 17 - 783.227,25 783.227,25
TOTALES 13.942.000,00 197.330.193,06 211.272.193,06

 

Grupo 4 Restituciones Intereses Total
Débito 3 - 69.520.815,17 69.520.815,17
TOTALES - 69.520.815,17 69.520.815,17

 

TOTALES - - -
Gran Total 698.145.875,73 2.367.661.943,53 3.065.807.819,26

 

 

OCTAVO. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por la parte convocada respecto del dictamen pericial rendido dentro del presente trámite arbitral, y en consecuencia ordenar que se proceda al pago de los honorarios fijados en un plazo no mayor de tres días contados a partir de la fecha de este Laudo.

 

NOVENO. Sobre las sumas señaladas en el numeral quinto anterior, se pagarán intereses a la tasa moratoria máxima legal a partir de los cinco días siguientes a la ejecutoria del laudo.

 

DÉCIMO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de la presente providencia con destino a las partes con las constancias de ley y copia simple para el archivo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

 

DÉCIMO PRIMERO. En los términos de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, por Secretaría procédase a la entrega del expediente a dicho Centro para efectos de su archivo. 

Citas de precedentes en obiter dictum

T-262-1997, T-329-1994

Conceptualizaciones

Fuerza mayor o caso fortuito. «(...) Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Dos, son entonces los elementos que, unidos, hacen que un hecho determinado tenga el carácter de caso fortuito o fuerza mayor: En primer lugar, debe tratarse de un imprevisto; y en segundo lugar que quien lo enfrenta no esté en posibilidad de resistirlo.(...)»   Características de la fuerza mayor y el caso fortuito. «(...) Al definir la ley como caso fortuito o fuerza mayor el imprevisto a que no es posible resistir, lo imprevisto de que trata esta disposición no significa que el hecho al que se atribuye aquél carácter sea desconocido, sino que, por ser inopinado u ocasional, no se sabe o no puede preverse cuándo ni en qué circunstancia podrá acontecer (...)»   Diligencia debida y buena fe. «(...) La diligencia debida es la conducta que legalmente se exige y se espera de las partes contratantes y la buena fe es la presunción de que las partes contratantes obrarán dentro del contrato, con arreglo a los mejores principios de honestidad y eficiencia. Como bien lo recuerda la parte convocada, la buena fe es ya un principio constitucional de conducta, consagrado en el artículo 83 de la C. N. (...)»

Laudo

TA-CCB-20081217

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Embargo judicial
  • Fuerza mayor y caso fortuito
  • Incumplimiento
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  • Contratación estatal
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