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El incumplimiento por parte de la entidad contratante de las adiciones pactadas con posterioridad a la iniciación de las actividades contractuales rompe el equilibrio económico.

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-19991102

Identificadores

Ecuación contractual
Adiciones contractuales
Etapa precontractual
Equilibrio económico
Etapa postcontractual
Ejecución del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Ecuación contractual
Adiciones contractuales
Etapa precontractual
Equilibrio económico
Etapa postcontractual
Ejecución del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Ecuación contractual
Adiciones contractuales
Etapa precontractual
Equilibrio económico
Etapa postcontractual
Ejecución del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

SEPÚLVEDA LOZANO CÍA. LTDA. VS. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

Hechos relevantes

Entre una sociedad particular y el municipio de Villavicencio se celebró un contrato para la ejecución de los trabajos correspondientes al diseño detallado, gestión de compra, suministro de tubería, equipos, materiales, transporte, colocación, construcción, prueba y puesta en marcha de una la línea de conducción y obras complementarias para el acueducto por gravedad, desde el desarenador de la quebrada La Honda hasta la planta de la estación de bombeo de Bavaria, para la ciudad de Villavicencio.

 

En el contrato se estableció un plazo original de 240 días para la entrega de los trabajos, contratados a partir de la fecha del acta de iniciación de obras (suscrita el 1º de noviembre de 1994) pero posteriormente se pactaron prórrogas hasta acordar el día 30 de marzo de 1996, como fecha última de terminación del contrato.

 

Por lo cambios acordados en las adiciones se estipuló un incremento del valor del contrato de $ 1.674.947.745 sobre el valor inicial del mismo, convenido en $ 6.100.000.000; se previó que los trabajos se ejecutarían de acuerdo con un cronograma conforme al nuevo plazo para la ejecución de las obras, y que de las cuentas de cobro sucesivas que presentara la contratista, se deduciría el 40% a título de amortización del anticipo.

 

No obstante el 22 de marzo de 1996 el Alcalde del municipio de Villavicencio mediante resolución declaró la caducidad del contrato y sus adiciones, y dispuso la liquidación del mismo. El Contratista recurrió la resolución, sin embargo ésta fue confirmada. 

Problema Jurídico

¿Debe la Administración Municipal restablecer el equilibrio económico de un contrato en razón de la ejecución por parte del contratista de unas adiciones pactadas con posterioridad a la iniciación de las actividades contractuales?

Regla ampliada

El principio res perit domino (las cosas perecen para su dueño) en la ejecución contractual.  «(...)Ha sido reconocido desde tiempo atrás en nuestro derecho. Por ello, los riesgos ?imprevisibles?, ?anormales? o ?no conocidos?, que generan mayores costos de ejecución de las obras, no pueden correr por cuenta del contratista; deben serlo por el dueño de la obra.


Es de común inclusión en los pliegos y en los contratos de la administración, cláusulas que hacen suponer que el contratista lo sabe todo. Con una visita física al lugar donde la obra va a construirse, debe quedar enterado del comportamiento de los suelos, de la estabilidad de la cordillera, debe detectar errores de los estudios técnicos y de factibilidad, (los cuales en muchas ocasiones requirieron de varios años), etc., y se supone que al contratista no se le puede pasar? ?lo que el estudio no dijo? o ?no señaló?.


Este tipo de cláusulas que pretenden desconocer la teoría de la onerosidad sobreviniente en cualquiera de sus modalidades, tiene consecuencias graves: si el contratista tiende a cubrirse de ?lo imprevisible? o ?no conocido? que pueda llegar a ocurrir en el desarrollo de la obra o de la ejecución del contrato, el precio de su propuesta será exagerado si nada de lo supuesto llega a ocurrir; pero, si solamente incluye en el precio ofrecido lo que resulte razonablemente (previsible, corre el riesgo de sufrir graves consecuencias económicas en caso de que se presente un acontecimiento excepcional o anormal, además de que la entidad, a su vez, corre el riesgo de que la obra no pueda ser concluida.


Por ello, el alcance de cláusulas como las que se comentan, ha de interpretarse en el sentido de que solo puede involucrar una manifestación respecto de aquello que resulte ?razonablemente previsible?; como expresamente lo describe la misma cláusula decimoprimera, cuando afirma que ?...y en general todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma debieron ser tenidos en cuenta por el contratista al preparar su propuesta...?. (...)»

 

El carácter antijurídico del daño en la contratación estatal. «(...) La simple lectura de la norma muestra que el título para poder imputar al Estado la responsabilidad por un daño en materia contractual es el carácter antijurídico, no del daño en sí mismo considerado, sino de las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones de las entidades. Ahora bien, ninguna objeción constitucional se puede hacer a que el Estado deba responder por un daño derivado de una conducta antijurídica que le sea imputable. Sin embargo, el problema reside en que el intérprete puede considerar que este es el único fundamento de la responsabilidad contractual del Estado, lo cual genera interrogantes pues, como bien lo plantea la actora, ello implica potencialmente una reducción del alcance del artículo 90 de la Carta en el ámbito contractual, ya que si bien toda actuación antijurídica del Estado que provoca un perjuicio a un particular implica la existencia de un daño antijurídico indemnizable, lo cierto es que, como ya se mostró, no todo daño antijurídico supone una conducta antijurídica de la administración pues esta puede ser legítima.


A pesar de lo anterior, según los intervinientes y la vista fiscal, esta regulación es lógica y es un desarrollo razonable del artículo 90 de la Carta en materia contractual, siempre y cuando se interprete en armonía con el resto de las disposiciones del estatuto de contratación del cual hace parte. En efecto, según estos intervinientes, la propia Ley 80 de 1993 señala en sus artículos 4º y 5º que es un deber de las autoridades el respeto de los derechos de los contratistas, de suerte que estas normas incorporan legalmente los fundamentos tradicionales de la responsabilidad contractual. Por ejemplo, allí se encuentra explícitamente señalado el derecho del contratista al equilibrio de la ecuación económica del contrato (art. 5º, ord. 1º) y el deber de las entidades públicas no solo de mantener y restablecer tal equilibrio (art. 4º, ords. 8º y 9º) sino también de actuar de tal modo que por su causa ?no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista?. Por ende, si la entidad incumple con estos deberes y desconoce los derechos del contratista entonces estaría efectuando una actuación antijurídica que, si genera un daño al particular, compromete la responsabilidad patrimonial de la administración. En tales circunstancias, sugieren estos intervinientes, la expresión impugnada es un desarrollo natural del artículo 90 de la Carta, pues en materia contractual, y teniendo en cuenta la amplia regulación del estatuto contractual de los derechos del contratista y los deberes de la administración, todo daño antijurídico supone, como lo indica la expresión acusada, una actuación, una abstención, un hecho o una omisión antijurídicos de las entidades públicas. 


(...)

Con todo, la Corte considera que puede haber casos en materia contractual que implican un daño antijurídico sin que se pueda establecer la existencia de una conducta antijurídica de la administración. Así, sin que medie una conducta contraria a derecho de la administración, puede ocurrir que se incremente el patrimonio de la entidad pública y se empobrezca correlativamente el del contratista, en virtud de una mayor cantidad de obra que la pactada por razones de interés general. En ese caso, en función de la teoría de la imprevisión (C.C., art. 2060, ord. 2º), habría un enriquecimiento de la administración sin causa que implica un deber indemnizatorio, pues el contratista no tiene porqué soportar ese perjuicio. Así, si en tales eventos se aplicara el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 como fundamento único de la responsabilidad contractual del Estado, se estaría admitiendo que este daño no fuese reparado, lo cual vulnera el artículo 90 de la Carta. (...)»


Razones de la decisión

(...)

En virtud de las consideraciones precedentes, apoyadas en las citas legales y jurisprudenciales que se han transcrito, el tribunal considera que en el caso sub judice sí ocurrió el fenómeno del desequilibrio contractual, lo que implicó una mayor onerosidad para el contratista, razón por la cual el municipio tiene el deber de indemnizarlo, reconociéndole el valor del mayor volumen de obras que resulte probado, como se ordenará en el aparte pertinente del presente laudo.

 

(...)

El contrato por los continuos cambios quo sufrió, así como por la geología diferente encontrada, rompió el presupuesto básico, margen de tolerancia y riesgo que había asumido Sepúlveda Lozano en su oferta, de tal suerte que si el proyecto se hubiera cumplido, el contratista tenía un riesgo calculado, pero al desvirtuarse por causas ajenas a su voluntad, este riesgo de oferta ya no tiene porqué asumirlo el contratista y en todo caso debe pagársele el mayor volumen de obra establecido por los peritos en su dictamen.

Regla

La Administración Municipal debe restablecer el equilibrio económico de un contrato en razón de la ejecución por parte del contratista de unas adiciones pactadas con posterioridad a la iniciación de las actividades contractuales, porque los cambios efectuados en el proyecto, no contemplados en la oferta presentada en la licitación, produjeron mayores costos que rompieron el presupuesto básico, margen de tolerancia y riesgo que había asumido el contratista en su oferta, de tal suerte que si el proyecto se hubiera cumplido, el contratista tenía un riesgo calculado, pero al desvirtuarse por causas ajenas a su voluntad, este riesgo de oferta ya no tiene porqué asumirlo el contratista. 

Decisión

  1. Condénase al municipio de Villavicencio a pagar a favor de Sepúlveda Lozano Cía. Ltda., por concepto de mayores volúmenes de obra originados en la diferencia entre el valor de las preactas y las actas del contrato 434 la suma de quinientos cuarenta y tres millones doscientos veintiún mil quinientos sesenta pesos ($ 543.221.560) m/l.; así mismo a cancelar el valor del reajuste de esta cantidad, que corresponde a la suma de ciento cuarenta y dos millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos ($ 142.286.888) m/l; de igual manera se le condena a cancelar el valor de los intereses que corresponda hasta cuando se efectúe el pago, los cuales liquidados al 31 de octubre de 1999, en este laudo valen dos mil ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 2.154.806.434) m/l. Por tanto el valor total de la condena por este concepto es la cantidad de dos mil ochocientos cuarenta millones trescientos catorce mil ochocientos ochenta y dos pesos ($ 2.840.314.882) m/l. Deniéganse el reconocimiento y pago solicitados por concepto del valor de las ?otras obras ejecutadas? u obras adicionales, y todas las demás sumas pedidas por mayores volúmenes de obra. 2. Condénase al municipio de Villavicencio a pagar a favor de Sepúlveda Lozano Cía. Ltda., por concepto del valor de la denominada acta 12 la suma de doscientos diecisiete millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y tres pesos ($ 217.352.293) m/l; de igual manera se le condena a cancelar el valor de los intereses que corresponda hasta cuando se efectúe el pago, los cuales liquidados al 31 de octubre de 1999, valen quinientos treinta y cuatro millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos noventa y cuatro pesos ($ 534.837.894) m/l. Por consiguiente, el valor total de la condena por este concepto es la cantidad de setecientos cincuenta y dos millones ciento noventa mil ciento ochenta y siete pesos ($ 752.190.187) m/l. Deniéganse el reconocimiento y pago de la llamada acta 13.Ç
  2. Condénase al municipio de Villavicencio a pagar a favor de Sepúlveda Lozano Cía. Ltda., por concepto de mayor permanencia en obra por causa de cambio en las especificaciones, la suma de trescientos sesenta y cinco millones cuatrocientos diez mil ciento veintiún pesos ($ 365.410.121) m/l; así mismo se le condena a cancelar el valor de los intereses que corresponda hasta cuando se efectúe el pago, los cuales liquidados al 31 de octubre de 1999, valen ochocientos noventa y nueve millones ciento sesenta y tres mil doscientos veintidós pesos ($ 899.163.222). Por tanto el valor total de la condena por esta causa es la suma de mil doscientos sesenta y cuatro millones quinientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos ($ 1.264.573.343) m/l. Deniéganse las demás sumas solicitadas por este concepto. 
  3. Condénase al municipio de Villavicencio a pagar a favor de Sepúlveda Lozano Cía Ltda., por concepto de mayor permanencia en obra por causa del invierno, la suma de trescientos ochenta y cinco millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 385.631.454) m/l; de igual manera se le condena a cancelar el valor de los intereses que corresponda hasta cuando se efectúe el pago, los cuales liquidados al 31 de octubre de 1999 valen novecientos cuarenta y ocho millones novecientos veintiún mil setecientos treinta y cinco pesos ($ 948.921.735) m/l. Por consiguiente el valor total de la condena por este concepto es la suma de mil trescientos treinta y cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y nueve pesos ($ 1.334.553.189) m/l. Deniéganse las demás sumas solicitadas por este concepto.
  4. Condénase al municipio de Villavicencio a pagar a favor de Sepúlveda Lozano Cía Ltda., por concepto del reajuste del valor de las actas 1 a 11, inclusive, la suma de mil trescientos setenta y seis millones seiscientos nueve mil cincuenta y seis pesos ($ 1.376.609.056) m/l.; así mismo se le condena a cancelar el valor de los intereses que corresponda hasta cuando se efectúe el pago, los cuales liquidados al 31 de octubre de 1999, en este laudo valen cuatro mil setecientos ochenta millones ciento cuatro mil cincuenta y tres pesos ($ 4.780.104.053) m/l. Por tanto el valor total de la condena por este concepto es la cantidad de seis mil ciento cincuenta y seis millones setecientos trece mil ciento nueve pesos ($ 6.156.713.109) m/l. Deniéganse las demás sumas solicitadas por este concepto.
  5. Deniégase la indemnización por declaratoria de caducidad, solicitada en el punto cuarto del petitum de la demanda.
  6. Deniéganse todas las demás pretensiones de la demanda. No hay lugar a condena en costas.
  7. Declárase no probada la objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial por la parte convocante.
  8. Protocolícese el expediente en una Notaría del Círculo de Santafé Bogotá. 
  9. Entréguese a cada una de las partes copia auténtica del presente laudo arbitral. 

Conceptualizaciones

Daño antijurídico. «(...) Lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, por lo cual se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo. Por consiguiente, concluye esa corporación, el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva. (...)»

Laudo

TA-CCB-19991102

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: El incumplimiento por parte de la entidad contratante de las adiciones pactadas con posterioridad a..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Ecuación contractual
  • Adiciones contractuales
  • Etapa precontractual
  • Equilibrio económico
  • Etapa postcontractual
  • Ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
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  • Adiciones contractuales
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  • Ejecución del contrato
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  • Documentos
    Tribunal de Arbitramento. Árbitros: Jaime Rohenes Mathieu; Carlos Betancur Jaramillo y César Góme
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