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No debe restablecerse el equilibrio económico del contrato por el cumplimiento de obligaciones contractuales que no eran imprevistas, ni extraordinarias  

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20031205

Identificadores

Etapa contractual
Equilibrio económico
Hechos imprevisibles
Hecho sobreviniente
Contratación estatal
Etapa contractual
Equilibrio económico
Hechos imprevisibles
Hecho sobreviniente
Contratación estatal
Etapa contractual
Equilibrio económico
Hechos imprevisibles
Hecho sobreviniente
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

UNIÓN TEMPORAL COMFAMA-MASSALUD-CLÍNICA MEDELLÍN S.A. VS. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, REPRESENTADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con una Unión Temporal un contrato cuyo objeto era garantizar la prestación de servicios de salud de los docentes, pensionados y beneficiarios del departamento de Antioquia.

 

Para la continuidad en la prestación de los servicios, era necesario un empalme entre la Unión Temporal y la anterior prestadora del servicio, para que se pudiese contar con la información del personal que demandaría los servicios.

 

La Unión Temporal se dirigió a la entidad pública informándole sobre los problemas de empalme que se tuvieron con la anterior prestadora del servicio y que no se había recibido a satisfacción las bases de datos de los usuarios para la administración del programa. El contratista pidió que se aplazará la entrega de los datos a la entidad pública para la carnetización de los afiliados al programa y comunicó los mayores gastos en los que incurrió para la elaboración de las bases de datos a la entidad pública.

 

Por otra parte, el contratista debía elaborar el vademécum, consistente en un listado de los medicamentos cubiertos por la entidad prestadora del servicio, el cual debía ser aprobado por el comité regional. Sin embargo, ya que no se tenía la información necesaria para proceder a hacer el listado y que la entidad pública se negó a aceptar el antiguo listado, elaborado por el anterior prestador del servicio de salud en el magisterio, la Unión Temporal tuvo que suministrar todos los medicamentos aprobados en Colombia y no solo los debían incluirse en la lista, lo cual aumento sus costos. 

 

Finalmente, el contratista no contaba con un perfil epidemiológico de la población a la cual debía atender, lo cual era necesario para trazar políticas de manejo de los afiliados y las patologías que sufren. Esto dificultó la prestación del servicio e hizo que la Unión Temporal incurriera en mayores costos.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública restablecer el equilibrio económico del contrato, cuando en virtud del mismo se le exigió al contratista el cumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato como la entrega de base de datos de los afiliados, el sistema de carnetización, la elaboración del listado o vademécum de medicamentos y un perfil epidemiológico de los afiliados, que le implicaron una mayor onerosidad?

Regla ampliada

El equilibrio económico del contrato y las deficiencias del contrato. «(...)la institución del equilibrio económico de los contratos no puede ser utilizada para subsanar deficiencias en que hubiere podido incurrir el contratista al proponer o aceptar una licitación o invitación, por cuanto ello significaría cambiar en su favor el alea con que corrió en el momento de contratar. La teoría del equilibrio financiero no se encuentra establecida para obtener unos precios más favorables, luego de obtener una adjudicación en posición ventajosa, frente a otras reales o eventuales propuestas.(...)»

Razones de la decisión

«(...)En este orden de ideas, cuando la contratista —Unión Temporal— se comprometió, conforme a las cláusulas primera y tercera del contrato, a “Garantizar y asegurar” el servicio médico-asistencial de la población que integraba el magisterio activo y pensionado de Antioquia y sus beneficiarios, la obligación que adquirió fue tan amplia que corrió con todos los riesgos derivados de la actividad que garantizó, es precisamente por esto que era también de su incumbencia racionalizar los servicios, desde luego, sin causar perjuicio o detrimento a los derechos de los usuarios. Pero, en todo caso, en el precio acordado, quedaron cubiertas las consecuencias previstas o que debieron preverse al celebrar el contrato. Es más, ni siquiera es dable incluir en esta clase de obligaciones —las de garantía/seguridad— elementos volitivos alegables cuando la prestación es de diligencia, o errores de conducta, como la falta de prudencia, diligencia o cuidado, los que resultan extraños cuando se ha garantizado o asegurado la prestación desde la misma celebración del contrato, por cuanto ello implica que el acreedor queda exonerado de la incertidumbre que dejan otros tipos de contratación.


(...)


Si bien es cierto, tanto este testigo como la Unión Temporal manifestaron desde el inicio de la ejecución del contrato, inconformidad por las falencias que tenía la base de datos entregada por Comfenalco, la verdad es, conforme al contrato, que fue la contratista quien adquirió la obligación de elaborar la mencionada base, compromiso que no puede quedar desvirtuado por el hecho de que en contratos como este deba existir mutua colaboración entre las partes.

 

(...)

 

Ahora bien, como en la cláusula tercera del contrato se estableció que la contratista garantizaría el proceso de carnetización de la población usuaria, y de acuerdo con lo expresado en el hecho 10 de la demanda, mediante oficio 509925004 de 30 de noviembre de 2000, Comfama le pidió a la fiduciaria que le aplazara la entrega de información para la carnetización, en razón de que no había recibido a satisfacción la base de datos fácil es inferir que era requisito para la carnetización disponer de la base de datos, que a riesgo de repetir en demasía, era obligación de la contratista. Se agrega este planteamiento a las razones acabadas de exponer, para concluir que tampoco el factor carnetización sirve de fundamento para que se reconozca el desequilibrio impetrado.


(...)


4. Igualmente, la contratista se obligó a adelantar los estudios para obtener el perfil epidemiológico de la población y la identificación de los riesgos, desde los puntos de vista geográfico, demográfico, así como la situación social y cultural de la región. Lo anterior, le permitiría realizar ajustes a la oferta de servicios y diseñar los programas de promoción y prevención (fls. 644 y 645, cdno. de pbas. 2).

 

Es claro, pues, que el trabajo para lograr el perfil epidemiológico correspondía realizarlo a la Unión Temporal, quien, además, debía entregarlo a la finalización del contrato.


(...)


La obligación de prestar atención integral, unida a la de garantizar y asegurar la prestación del servicio debían cumplirse, por la forma de contratación, independientemente de que se generaran mayores costos, los que no deberían presentarse, pues, la oferta —que hace parte del contrato—- fue lo suficientemente clara, específica y concreta en la determinación de los compromisos y actividades que debería asumir la entidad a quien se le adjudicara el contrato.


(...)


6. Otra obligación contraída por el contratista, fue la de suministrar los medicamentos necesarios para el tratamiento integral del usuario. En relación con este importante aspecto es oportuno dejar sentado que la contratista asumió “sin restricción alguna”, los eventos, tratamientos y procedimientos que no se excluyeron explícitamente (términos de referencia, anexo 3, fl. 697, cdno. de pbas. 2).


Si bien es cierto que en la invitación pública 63 de 2000, se consagró que se establecería “un vademécum por parte del comité regional y el contratista [...] avalado por Fiduciaria La Previsora”, también es verdad que a folio 668 cuaderno de pruebas 2, se estableció que “el oferente a quien le sea adjudicado el contrato deberá suministrar los medicamentos necesarios para el tratamiento integral” e igualmente, que “el afiliado tendrá acceso a los medicamentos del mercado nacional necesarios para su adecuado tratamiento, y que el oferente dispondrá de mecanismos para la autorización de entrega de medicamentos especiales y los no incluidos en la guía terapéutica [...]”


(...)

 

Las pretensiones anteriores carecen de fundamento o respaldo jurídico, habida cuenta que la Fiduciaria La Previsora S.A. cumplió con el contrato y, en consecuencia, no se pueden endilgar como actuaciones imputables a la convocada, los hechos que, según la demanda, generaron la mayor onerosidad que reclama la Unión Temporal. Lo anterior, en virtud de que, si en este tipo de contratos es procedente reclamar por desequilibrio contractual, lo cierto es que no se probaron los hechos sobrevivientes (14) e imprevistos no imputables al contratista, por lo cual no procede acceder a la petición de restablecimiento del equilibrio. En este orden de ideas, carece de soporte toda controversia sobre el equilibrio económico del contrato, tanto durante la etapa de la ejecución de este, como ahora.


Fiduciaria La Previsora S.A., por las razones anteriores y porque en el evento de que hubiere sobrevenido una mayor onerosidad, la causa de esta no le es imputable a ella, no estaba obligada a acordar mecanismos o procedimientos tendientes a corregir los desajustes a que se refiere el artículo 4° [9] de la Ley 80 de 1993.


En razón de que los hechos expuestos por la Unión Temporal, como quedó analizado, de un lado, no fueron extraordinarios, porque no tuvieron las características de ser excepcionales o haberse presentado fuera de lo que comúnmente ocurre en estos contratos; de otro lado, tampoco fueron imprevistos e imprevisibles ni posteriores a la celebración del contrato, amén que la contratista se obligó a prestar los servicios médico asistenciales “integralmente” a los usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Antioquia y la convocante tuvo o debió tener conocimiento completo de las prestaciones que debía cumplir, en razón de su profesionalismo y experiencia en la materia; y que, además, asumió una obligación de garantía y seguridad, se negarán las pretensiones cuarta y quinta de la demanda.(...)»

Regla

La entidad pública no debe restablecer el equilibrio económico del contrato, cuando en virtud del mismo se le exigió al contratista el cumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato como la entrega de base de datos de los afiliados, el sistema de carnetización, la elaboración del listado o vademécum de medicamentos y un perfil epidemiológico de los afiliados, que le implicaron una mayor onerosidad, porque:

  1. Los hechos alegados por el contratista, que le implicaron una mayor onerosidad, eran obligaciones que debía realizar conforme lo pactado en el contrato.
  2. Los hechos que constituyen la reclamación no fueron extraordinarios, debido a que no tuvieron las características de ser excepcionales o haberse presentado fuera de lo que comúnmente ocurre en los contratos de prestación de servicios de salud.
  3.  Los hechos no fueron imprevistos e imprevisibles ni posteriores a la celebración del contrato, además el contratista se obligó a prestar los servicios médico asistenciales “integralmente” a los usuarios de la entidad y la convocante tuvo o debió tener conocimiento completo de las prestaciones que debía cumplir, en razón de su profesionalismo y experiencia en la materia; y que, además, asumió una obligación de garantía y seguridad. 

Decisión

1. Niéganse las pretensiones cuarta, quinta y sexta de la demanda. 2. Niégase parcialmente la pretensión séptima. Y accédese parcialmente la misma pretensión en el siguiente sentido: 2.1. Condénase a la demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, representado por Fiduciaria La Previsora S.A. a pagar a la Unión Temporal Comfama-Massalud- Clínica Medellín S.A, la suma de ciento treinta y cinco millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y dos pesos moneda legal colombiana ($ 135.885.182), por concepto del saldo adeudado de la factura 422313. Condénase a la misma demandada a pagar a la demandante, sobre la suma anterior intereses de mora al doce por ciento (12%) anual, desde el 27 de marzo de 2003 hasta la fecha en que se realice el pago. 2.2. Condénase a la demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio representado por Fiduciaria La Previsora S.A. a pagar a la Unión Temporal Comfama-Massalud- Clínica Medellín S.A, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la ejecutoria de este laudo, la suma de mil doscientos noventa y seis millones de pesos moneda legal colombiana ($ 1.296.000.000), previo el cumplimiento, por parte de la Unión Temporal Comfama-Massalud-Clínica Medellín S.A., de las obligaciones pactadas en la cláusula tercera del contrato. Si acreditado que la contratista cumplió con las obligaciones anteriores, la contratante no le hiciere el pago en el término señalado, a partir del vencimiento de este, pagará intereses moratorios a la demandante, a la tasa del doce por ciento (12%) anual, hasta el día en que realice el pago. 3. Niégase parcialmente la pretensión octava. Declárase que la misma pretensión prospera parcialmente en el sentido de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio representado por Fiduciaria La Previsora S.A. es responsable por el no pago oportuno de parte de la factura 422313. 4. Niégase la primera parte de la pretensión novena. En cuanto a la segunda parte, que tiene que ver con las facturas 422313 y 422528, estése a lo resuelto en las pretensiones séptima y octava. 5. En relación con la pretensión décima estése a lo resuelto en las peticiones séptima, octava y novena. 6. Accédese a la undécima pretensión. En consecuencia, declárase liquidado el contrato 1122-1008/2000 y su otrosí, celebrado entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales representado por Fiduciaria La Previsora S.A. y la Unión Temporal Comfama-Massalud-Clínica Medellín. 7. Accédase parcialmente a la décima segunda pretensión, en consecuencia, ordénase al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio representado por Fiduciaria La Previsora S.A. que las sumas que debe pagar a las sociedades que integran la Unión Temporal, deberá cancelarlas en las siguientes proporciones: el 90% a favor de Comfama, el 5% a favor de Massalud y el 5% a favor de la Clínica Medellín. 8. Declárase no probada la excepción de “improcedencia del aprovechamiento del dolo propio”, propuesta por la demandada. 9. Declárase probada la excepción de inexistencia del desequilibrio económico y, consecuencialmente, la de cobro de lo no debido propuestas por la demandada. 10. Declárase que no hay lugar a condena en costas para ninguna de las partes. 11. Ordénase la devolución a las partes del dinero correspondiente a la partida de “protocolización y otros”, si a ello hubiere lugar. En caso de que la suma disponible no sea suficiente para cubrir los gastos de protocolización del expediente, el valor que falte deberá ser sufragado por partes iguales por la convocante y la convocada, sin perjuicio de que cualquiera haga el pago total y pueda cobrar a la otra lo que hubiere pagado por ella. El pago de las sumas que eventualmente haga la convocante, por este concepto, será en la siguiente proporción: Comfama 90%, Massalud 5% y Clínica Medellín S.A. 5%. 12. Entréguese a cada uno de los árbitros y al secretario el saldo restante de sus honorarios. 13. Por secretaría expídase copia auténtica de esta providencia, con la constancia de que es la primera y que presta mérito ejecutivo, con destino a cada una de las partes. 14. Por secretaría, de conformidad con el artículo 173 del Código Contencioso Administrativo, en firme el presente laudo, comuníquese y envíese copia íntegra de su texto a la Procuraduría General de la Nación. 15. Expídase copia auténtica de este laudo con destino a cada una de las partes. 16. En firme este laudo, protocolícese el expediente en el cual obra la actuación surtida en este proceso, en una notaría del círculo de Bogotá.

Conceptualizaciones

Equilibrio económico del contrato. «(...)en los contratos estatales se mantendrá la equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, de tal suerte que si por causas no imputables a quien lo alegue, dicha igualdad se quebranta, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su recuperación. (...)»

 

Desequilibrio económico del contrato. «(...) El desequilibrio económico y financiero del contrato, puede presentarse en varios eventos: cuando una de las partes incumple el contrato o cuando es resultado de un hecho del contratante (teoría del hecho del príncipe) o cuando acaece un hecho imprevisible (teoría de la imprevisión) o bien, cuando las sujeciones materiales son imprevistas, es decir, cuando se presentan dificultades de orden material vinculadas directamente con la ejecución del contrato, que a pesar de que hubiesen podido ser previstas por la administración, aparecen de manera imprevista para el contratista. (...)»

 

Finalidad del equilibrio económico del contrato. «(...) El propósito del equilibrio económico es el de que las partes mantengan la reciprocidad y conmutatividad de las prestaciones acordadas en el momento de la celebración del contrato, durante todo el desarrollo del mismo. Empero, lo anterior no quiere decir que el mecanismo del equilibrio económico o financiero se convierta en un medio para obtener mejores precios, en relación con los que fueron voluntaria y libremente calculados y determinados en el contrato. El restablecimiento económico del contrato no puede convertirse en un argumento del contratista para que, ante cualquier déficit real o eventual en la explotación o ejecución del contrato, sin más, reclame al contratante, pues no pueden perderse de vista los conceptos de alea normal y alea anormal. (...)»

Laudo

TA-CCB-20031205

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: No debe restablecerse el equilibrio económico del contrato por el cumplimiento de obligaciones..
Síntesis
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  • Etapa contractual
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