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Entidades públicas no pueden incluir dentro del contrato estatal cláusulas que limiten el derecho de los contratistas a solicitar el equilibrio económico del contrato

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20080407

Identificadores

Etapa precontractual
Actos previos
Equilibrio económico
Perjuicios
Contratación estatal
Contratista
Igualdad
Aplicación ilegal de la norma
Etapa precontractual
Actos previos
Equilibrio económico
Perjuicios
Contratación estatal
Contratista
Igualdad
Aplicación ilegal de la norma
Etapa precontractual
Actos previos
Equilibrio económico
Perjuicios
Contratación estatal
Contratista
Igualdad
Aplicación ilegal de la norma

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

UNIÓN TEMPORAL ODINCA VS. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVÍAS

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró un contrato de obra pública con un particular para el mejoramiento y mantenimiento de una carretera. En el contrato la entidad estatal incluyó dos clausulas en las que manifestó que no reconocería costos adicionales en la ejecución y en la otra que no aceptaría reclamo alguno por concepto de costos o escasez de materiales.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública incluir dentro de un contrato de obra pública clausulas en las que establece que no reconocerá costos adicionales en el contrato por concepto de mayor costo o escasez de los materiales o costos adicionales en la ejecución del contrato?

Regla ampliada

Causas que generan la obligación de restaurar el equilibrio económico del contrato.«(…)Se trata, pues, de situaciones extraordinarias ajenas a las partes, imprevisibles, que siendo posteriores a la celebración del contrato, alteran la ecuación contractual en forma notoria pero que no imposibilitan su ejecución. De modo que también tendría que de ellas predicarse su temporalidad o tránsitoriedad. (…)»


Obligaciones de las entidades públicas frente al desequilibrio económico del contrato.«(…)Frente a una situación de desequilibrio financiero del contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad el compromiso de colocar a su colaborador contratista en un punto de no pérdida, y aún más, en una situación económica tal, que sus expectativas de lucro vigentes a la celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia voluntad. Por tanto, cuando los factores que generan ese desequilibrio económico del contrato son extraños, ajenos al propio contratista, la única forma de mantener la ecuación financiera consiste en que la administración asuma los costos necesarios para que su cocontratante no solo obtenga el monto de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún extraordinario de la ejecución del contrato, sino que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros, o ganancias, desde luego razonables y ceñidos a las condiciones iniciales de contratación”.(…)».

 

Teoría de la imprevisión de los contratos..«(…)Se presenta cuando situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la celebración del contrato alteran la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución.

 (...)

Resulta, entonces, procedente su aplicación cuando se cumplen las siguientes condiciones: 1) La existencia de un hecho exógeno a las partes que se presente con posterioridad a la celebración del contrato, 2) Que el hecho altere en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato. 3) Que no fuese razonablemente previsible por los cocontratantes al momento de la celebración del contrato.(…)».

 

Alteración del equilibrio económico del contrato. «(…)La responsabilidad contractual del Estado por el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones que nacen del contrato estatal; el ejercicio de cualquiera de las potestades o derechos que se reviste a la administración en el contrato y cuya aplicación resulte fundada por razones de conveniencia y por ende, ajena a la conducta contractual del particular, y por último la expedición de una decisión administrativa que ocasione una verdadera ‘alteración o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante en la contratación y que en este sentido fue decisiva para el contratante’(…)».

 

Razones de la decisión

«(…)Ab initio, menester es para este Tribunal, advertir que las cláusulas transcritas indudablemente son ineficaces como se reconocerá, en razón de contener disposiciones declarativas y prohibitivas de conductas, que quebrantan normas de orden público contenidas en nuestra Constitución Política y específicamente en la Ley 80 de 1993. (…) En efecto, las partes en el contrato, a través de la primera cláusula descrita, convienen dos cosas: primero, declaran estar de acuerdo en que el valor del contrato permanece inalterable y, segundo, la renuncia expresa de cualquier tipo de reclamación circunscrita a la prórroga del tiempo acordada por parte del contratista. La primera parte de esta cláusula, lleva implícita la proscripción de cualquier tipo de reclamación con el fin de recuperar el eventual mayor valor del contrato que pueda generarse en las vicisitudes mismas de su desarrollo y en la segunda parte, de manera explícita, se renuncia a las reclamaciones de cualquier tipo circunscritas a la prórroga de tiempo que ha acordado, por parte del contratista. En la segunda cláusula, esto es, la contenida en el acta de suspensión de 3 de junio de 2004, en forma idéntica el contratista renuncia a reclamar sobrecostos al INVÍAS, por mayor permanencia en la obra y por lucro cesante de la maquinaria o equipo. (…) Todas estas renuncias limitan expresamente el derecho del contratista a buscar por cualquier medio la manera de subsanar o reivindicar un posible daño que pudiera ser causado por mayores valores o por la prórroga. Dicho de otra manera, el derecho que tiene el contratista a que se le restablezca integralmente el equilibrio económico del contrato, no es renunciable de forma anticipada, ni son renunciables los perjuicios futuros que se le pudieren ocasionar al contratista como consecuencia de la ocurrencia de hechos ajenos y no imputables a este. (…)
En aras de preservar y someterse a las disposiciones contractuales de manera que lo decidido aquí, imponga recuperar el equilibrio y la justicia contractual, indefectiblemente se debe concluir que las disposiciones contractuales mencionadas no pueden generar efecto alguno pues, al hacerlo contravendría principios de superior jerarquía al acuerdo de la voluntad y que buscan proteger un orden jurídico público que no en vano, resguarda no solamente los fines de la contratación estatal que desembocan en los fines del Estado, sino además los derechos del contratista y las facultades que a estos les otorga la ley, para de manera legítima, buscar la reivindicación o resarcimiento de un eventual daño causado por la administración en su papel de contratante. (…) Independientemente de lo anterior y adicionalmente este Tribunal reconoce que la cláusula bajo examen vulnera principios de carácter constitucional al desconocer, por ejemplo, derechos fundamentales como el debido proceso, al restringir de antemano y en forma total la posibilidad de accionar o siquiera realizar una reclamación, pudiendo llevar ello a que la administración desborde sin ningún tipo de control los derechos que esta cláusula le otorga en la relación contractual. (…)».

Regla

Una entidad pública no puede incluir dentro de un contrato de obra pública cláusulas en las que establece que no reconocerá costos adicionales por concepto de mayor costo o escasez de los materiales o costos adicionales en la ejecución del contrato, porque

  1. Estas cláusulas limitan el derecho al contratista de poder exigir la reparación de daños que pudieran generarse por la prórroga del contrato.
  2. El derecho al restablecimiento económico del contrato no es renunciable como tampoco lo es el derecho al pago de los perjuicios futuros que pudieren generarse como ocurrencia de hechos ajenos y no imputables a este.
  3. En virtud del orden jurídico público no solo se debe proteger los fines de la contratación estatal sino también los derechos del contratista y las facultades que a éstos les otorga la Ley.

Decisión

Reconocer la operancia de la ineficacia que de pleno derecho establece la Ley 80 respecto de los parágrafos de las cláusulas primera de los contratos adicionales Nos. 1, 3, 4, 5, 6 y 7 al contrato principal 551 de 2003 y la cláusula contenida en el numeral 5.23 sobre “daños o retardos debidos a fuerza mayor”, del pliego de condiciones, de acuerdo con el estudio y entendimiento que del contenido hizo este Tribunal.

Marco jurídico

Artículos 4 numerales 3, 8, y 9, 5 numerales 1 y 14, 25 numerales 13 y 14, 26 numeral 2, 27 numeral 1,  28 y 50 de la Ley 80 de 1993. 

Laudo

TA-CCB-20080407

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Entidades públicas no pueden incluir dentro del contrato estatal cláusulas que limiten el derecho..
Síntesis
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
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