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El incumplimiento del contratista causado por culpa de la entidad contratante genera la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20080312_(1)

Identificadores

Responsabilidad contractual
Perjuicios
Contratación estatal
Actos imputables a la administración
Ejecución del contrato
Etapa contractual
Responsabilidad contractual
Perjuicios
Contratación estatal
Actos imputables a la administración
Ejecución del contrato
Etapa contractual
Responsabilidad contractual
Perjuicios
Contratación estatal
Actos imputables a la administración
Ejecución del contrato
Etapa contractual

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

DRAGADOS HIDRÁULICOS S.A. VS. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVÍAS

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró contrato de obra pública con un particular con el objeto de desarrollar el dragado y el mantenimiento de un puerto en varias etapas. La entidad pública y el contratista suscribieron el acta de iniciación de obras de la primera etapa del contrato, la cual fue entregada a satisfacción a la entidad contratante.

 

 Por parte de la entidad pública se dio un retraso en la suscripción del acta de iniciación de obras de la segunda etapa del contrato como consecuencia de los retrasos en la expedición de la licencia ambiental por no haberla tramitado en debida forma, lo cual generó  retrasos en la iniciación de la obra.

 

La entidad pública negó el restablecimiento del equilibrio económico del contrato alegando un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública dejar restablecer el equilibrio económico de un contrato alegando el incumplimiento del contratista causado en el retraso en la expedición de una licencia ambiental a  cargo de la entidad pública contratante? 

Regla ampliada

Ecuación financiera del contrato.«(…)es una figura de imperativo legal, que se aplica con independencia de que las partes la hubieren pactado o no”, por lo que a su juicio “es el propio legislador quien fija reglas tendientes a procurar el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato conmutativo cuando este se rompa en aquellos casos no imputables al contratista, por distintas circunstancias. Frente al mandato legal, mal podría el juez de dicho contrato desconocer, sin razón, tales preceptos normativos.

(…) 

En términos generales, ha dicho la jurisprudencia, lo que ejecuta el contratista debe ser equivalente a lo que percibe por su trabajo, con un margen prudencial de ganancia o lucro. El equilibrio de la ecuación económica o financiera de los contratos estatales se reduce a la equivalencia entre lo que recibe la entidad de derecho público y lo que esta paga por ello.(…)».

 

Factores que determinan el rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal.«(…)la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar” se rompe por actos o hechos de la entidad contratante, o imputables a la organización estatal, o simplemente por factores ajenos a las partes y que excede la previsión normal. En ningún momento el colaborador de la administración, estará obligado a soportar una mayor onerosidad en detrimento de la ecuación económica del contrato, cuyo fundamento sea un hecho extraordinario que exceda la previsión que pudieron tener las partes al momento de suscribir el contrato.(…)».

 

En caso de desequilibrio económico del contrato la administración pública deberá asumir los costos para colocar al contratista en un punto de no perdida.«(…)frente a una situación de desequilibrio financiero del contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad el compromiso de colocar a su colaborador-contratista en un punto de no pérdida, y aún más, en una situación económica tal, que sus expectativas de lucro vigentes a la celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia voluntad. Por tanto, cuando los factores que generan ese desequilibrio económico del contrato son extraños, ajenos al propio contratista, la única forma de mantener la ecuación financiera, consiste en que la administración asuma los costos necesarios para que su co-contratante no solo obtenga el monto de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún extraordinario de la ejecución del contrato, sino que además deberá reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros y ganancias, desde luego razonables y ceñidos a las condiciones iniciales de contratación.(…)».

 

 

El interés público en la contratación estatal no puede ir en contra de los derechos de quienes contratan con ella.«(…)las potestades excepcionales que posee la administración para adecuar la ejecución de los contratos a los interese públicas, no pueden significar el desconocimiento de los derechos de quienes han contratado con ella. Esto se logra protegiendo el resultado económico que perseguía el contratante, es decir, usando la denominación generalizada en el derecho francés, la ecuación financiera del contrato... Dicho objetivo se alcanza de diversas maneras... En todos los casos la situación del contratante (sic) debe ser finalmente tal que pueda lograr las ganancias razonables que habría obtenido de cumplirse el contrato en las condiciones originarias.

(…)

todo contratista con el Estado, asume la obligación de soportar un riesgo contractual de carácter normal y si se quiere inherente a todo tipo de contratación pública. Pero tampoco podría admitirse que en una relación contractual de derecho público el contratista deba asumir riesgos anormales o extraordinarios, de suficiente entidad como para afectar la estructura económica del contrato, hasta el punto de impedirle obtener los beneficios, utilidades o provechos pecuniarios contractualmente presupuestados. Aquellas contingencias implicarían en su contra un indebido sacrificio frente a la satisfacción de un interés general, cuya beneficiaria si bien directamente lo es la comunidad, viene a serlo pero por gestión de la propia administración, pero con clara desproporción económica del contrato, como consecuencia inmediata de la pérdida del equilibrio financiero del mismo, cuyo restablecimiento en últimas corresponde disponerlo al juzgador a falta de acuerdo conciliatorio entre las partes.(…)». 

 

La responsabilidad estatal en la ocurrencia de un daño debe contener además de la antijuridicidad un juicio de imputabilidad.«(…)no basta que el daño sea antijurídico sino que este debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública. Esta imputación está ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto a veces, como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, se produce una disociación entre tales conceptos. Por ello, la Corte coincide con el Consejo de Estado en que para imponer al Estado la obligación de reparar un daño ‘es menester, que además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ‘título jurídico’ distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ‘ imputatio jurís ’ además de la imputatio facti.(…)».

 

Aplicación de la teoría del equilibrio financiero del contrato.«(…)la teoría del equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, solo se aplica cuando el contratista demuestre que el evento ocurrido corresponde al alea anormal del contrato, porque es externo, extraordinario e imprevisible y porque alteró gravemente la ecuación económica del contrato, en su perjuicio.(…)».


Obligaciones reciprocas en los contratos sinalagmáticos.«(…)La esencia de los contratos sinalagmáticos es la interdependencia de las obligaciones recíprocas. Esto es, ‘la obligación asumida por uno de los contratantes constituye la causa de la obligación impuesta al otro contratante, de donde se deduce que uno está obligado con el otro porque este está obligado con el primero’. Y es la existencia de obligaciones recíprocas e interdependientes las que permiten contemplar sanciones distintas de la condena a daños y perjuicios en caso de inejecución de sus obligaciones por uno de los contratantes. ‘Admitir que uno de los contratantes está obligado a ejecutar, mientras que el otro no ejecuta, sería romper la interdependencia de las obligaciones que es la esencia del contrato sinalagmático’ y por ello se autoriza la aplicación de prerrogativas como la de la resolución del contrato o la exceptio non adimpleti contractus(…)». 

 

El retraso en el pago una suma de dinero no genera obligación de indemnizar. «(…)Por tratarse de una suma de dinero que se entrega anticipadamente al contratista, no constituye una suma debida a título de pago, razón por cual su falta de entrega oportuna no produce los mismos efectos que el no pago oportuno de las actas parciales de obra, esto es, no determina la indemnización de perjuicios propia de la privación del pago de una suma de dinero, los intereses moratorios(…)».

 

En contratación estatal la excepción de contrato no cumplido debe reunir. «(…)a) La existencia de un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas, b) El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de cada una de las partes contratantes y c) Que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en el contratista (…)». 


Razones de la decisión

«(…)Entonces, de acuerdo con las precedentes consideraciones, está probado que la entidad convocada —cesionaria de las obligaciones del Ministerio de Transporte— incumplió el contrato celebrado con la sociedad contratista en tal forma que se constituyó en la causa de la imposibilidad del cumplimiento contractual de esta, que si fue debidamente acreditado en el proceso; es decir, se probó por la convocante que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones a partir del 12 de julio de 2002, le fue imputable a la entidad convocada, hecho indispensable para la prosperidad de sus pretensiones indemnizatorias.

(…)

Ello significa que desde el 12 de julio de 2002 y hasta el 5 de agosto del mismo año, se produjo de manera directa un daño antijurídico, el cual a su vez generó igualmente efectos en el resto de la programación y en la estructura financiera del contrato, el cual debe precisarse y liquidarse igualmente conforme al acervo probatorio decretado y practicado en legal forma.

(…)

“Sobre el particular, resulta necesario observar que conforme a lo dispuesto en el artículo 1609 del Código Civil, que consagra la exceptio non adimpleti contractus, es decir la excepción de contrato no cumplido, en los contratos bilaterales “ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”, figura sobre la cual la jurisprudencia de la Sala sostuvo que:

“(...) es una regla de equidad, que orienta los contratos conmutativos y que permite a la parte contratista no ejecutar su obligación mientras su co contratante no ejecute la suya. Y ha condicionado su aplicación respecto de los contratos estatales, al cumplimiento de los siguientes supuestos:

“a) La existencia de un contrato sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas.

b)       El no cumplimiento actual de obligaciones a cargo de cada una de las partes contratantes ; porque, indicó la Sala(95) : ‘A nadie le es permitido escudarse en la excepción de contrato no cumplido, con base en el supuesto de que la otra parte, posible o eventualmente, le va a incumplir en el futuro, porque esta forma de incumplimiento no podría producir sino un daño futuro meramente hipotético y por ende, no indemnizable’.

c)     Que el incumplimiento de la Administración sea grave, de entidad y gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en el contratista (Sentencia del 17 de octubre de 1995, Exp. 8790).

Este presupuesto fue planteado por la Sala así:

‘es legalmente procedente que el contratista alegue la excepción de contrato no cumplido y suspenda el cumplimiento de sus obligaciones, siempre y cuando se configuren hechos graves imputables a la administración que le impidan razonablemente la ejecución del contrato. La doctrina ha considerado que estos casos pueden darse cuando no se paga oportunamente el anticipo al contratista para la iniciación de los trabajos, o se presenta un retardo injustificado y serio en el pago de las cuentas, o no se entregan los terrenos o materiales necesarios para ejecutar los trabajos. En cada caso concreto se deben valorar las circunstancias particulares para determinar si el contratista tiene derecho a suspender el cumplimiento de su obligaciones y si su conducta se ajusta al principio general de la buena fe (art. 83 C.P.), atendiendo la naturaleza de las obligaciones recíprocas y la incidencia de la falta de la administración en la posibilidad de ejecutar el objeto contractual’(…)».

Regla

Una entidad pública no puede dejar restablecer el equilibrio económico de un contrato alegando el incumplimiento del contratista causado en el retraso en la expedición de una licencia ambiental a  cargo de la entidad pública contratante, porque

  1. El incumplimiento por parte de la entidad pública en sus obligaciones genera un retraso en la ejecución del contrato y en su estructura financiera.
  2. El contratista no se constituye en mora hasta que la entidad contratante no cumpla con sus obligaciones.

Decisión

Declarar que durante la ejecución del Contrato de Obra N° 059 de 2001, celebrado entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la Sociedad DRAGADOS HIDRÁULICOS LTDA., hoy S.A., posteriormente cedido al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS —INVÍAS—, mediante la Resolución 7866 de 2003 expedida con fundamento en el artículo 21 del Decreto 2053 del 23 de julio de 2003, se afectó el equilibrio económico y financiero del contrato en contra del contratista, por razón del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante en el período comprendido entre el 12 de julio y el 5 de agosto del año 2002. En consecuencia, con el alcance precisado en la parte motiva de esta providencia, prospera la Segunda Pretensión de la demanda y no prosperan las excepciones específicas contra ella.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SIII E 8790 DE 1995

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia C-333 de 1996

Marco jurídico

Artículos 4 numerales 3°, 8° y 9° , 5, 14 Numeral 1º, 27, 50 de la Ley 80 de 1993

Laudo

TA-CCB-20080312_(1)

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: El incumplimiento del contratista causado por culpa de la entidad contratante genera la obligación..
Síntesis
SÍNTESIS LAUDOS - ETAPA CONTRACTUAL
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