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 La carencia de medios probatorios para determinar si el actuar de la entidad demandada fue contraria a los fines y principios de la administración, es razón suficiente para que el Consejo de Estado se abstenga de emitir un pronunciamiento de fondo

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP00455 DE 2007

Identificadores

Contrato de compraventa
Etapa postcontractual
Patrimonio estatal
Etapa contractual
Etapa precontractual
Moralidad pública
Contratación estatal
Contrato de compraventa
Etapa postcontractual
Patrimonio estatal
Etapa contractual
Etapa precontractual
Moralidad pública
Contratación estatal
Contrato de compraventa
Etapa postcontractual
Patrimonio estatal
Etapa contractual
Etapa precontractual
Moralidad pública
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP00455 DE 2007

Caso

EDUARDO ALFONSO CORREA Y OTRO VS. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO. 

Hechos relevantes

El demandante considera que la Industria de Licores del Valle del Cauca (Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden departamental) transgredió los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio publico, debido que el contrato de compraventa que dicha empresa suscribió con la sociedad importadora Dana Wine & Spirits Importes Inc., - al cual con posterioridad se le declaró  la caducidad y la terminación unilateral debido que la contratista no renovó la garantía bancaria solicitada-, se celebró y ejecutó con irregularidades que pusieron en peligro el erario público, situación que se agravó por el actuar negligente de los funcionarios por no realizar el seguimiento técnico, administrativo y jurídico del contrato.

Problema Jurídico

¿Debe una Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden departamental responder por la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público al suscribir un contrato de compraventa con un particular en el que aparentemente se puso en peligro el erario público por las irregularidades en la celebración y ejecución del mencionado contrato, pese a la carencia de pruebas que logren demostrar la transgresión?

Razones de la decisión

«(...) Los cargos que se imputen en la demanda deben ser fundados en conductas que no solo se alejen de la ley, sino que deben ser acompañados de señalamientos de contenido subjetivo contrarios a los fines y principios de la administración como lo serían la deshonestidad o la corrupción, cargos que deben ser serios, fundados y soportados en medios probatorios allegados oportunamente al proceso, dado que cualquier imputación sobre inmoralidad administrativa en la que estén ausentes las acusaciones de tal aspecto, no tiene vocación de prosperidad.

 

En el sub lite, no se deduce de los medios probatorios allegados al proceso una conducta por acción u omisión que implique un comportamiento contrario a los fines y principios de la administración (deshonestidad o corrupción, e tc.).

(…)

En cuanto al derecho colectivo al patrimonio público hay lugar a concluir, como se hizo al analizar el derecho a la moralidad administrativa que tampoco fue vulnerado, habida consideración a que la Sala no verificó la existencia de una conducta vulnerante por parte de la entidad demandada. El acervo probatorio recaudado no demostró detrimento al patrimonio público.

(…)

de conformidad con el artículo 30 de la ley 472 (en perfecta consonancia con la regla general contenida en el artículo 177 del CPC[1]), la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la vulneración de los derechos colectivos incumbe al actor.

 

(…)

Carga de la prueba sustentada, como también ha precisado la Sala[4]. (...)»


[1] “(…) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”

 

[2] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Sentencia de abril 16 de 2007, Rad. AP-44001-23-31-000-2005-00483-01, Actor: Carmen Alicia Barliza Rosado Y Otros, Demandado: Ministerio de Desarrollo Económico y Otros, C. P.: Ruth Stella Correa Palacio

 

[3] PARRA QUIJANO Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional, 2004, p. 242.

[4] BETANCUR JARAMILLO, Carlos, De la Prueba Judicial, Ed. Dike. 1982, pág 147.

Regla

Una Empresa Industrial y Comercial del Estado de orden departamental no debe responder por la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público al suscribir un contrato de compraventa con un particular en el que aparentemente se puso en peligro el erario público por las irregularidades en la celebración y ejecución del mencionado contrato, porque:

  1.  Los cargos formulados por el demandante carecen de medio probatorios necesarios para determinar si el actuar de la entidad demandada fue contraria a los fines y principios de la administración
  2. De conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 (en perfecta consonancia con la regla general contenida en el artículo 177 del CPC[1]),  y el principio de autoresponsabilidad, la prueba de los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la vulneración de los derechos colectivos incumbe al actor.
    Nota del editor: En la presente sentencia el Consejo de Estado se abstiene de emitir un pronunciamiento de fondo por la carencia de material probatorio. 
[1] “(…) incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”

Decisión

CONFÍRMASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 15 de diciembre de 2005, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

 

REMÍTASE por Secretaría a la Defensoría del Pueblo, copia del presente fallo, para que sea incluido en el Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo previsto en el artículo 80 de la ley 472 de 1998.

Conceptualizaciones

Moralidad administrativa. «(...) Derecho colectivo que puede ser defendido por cualquier persona, del cual se destacan estas características: “a) es un principio que debe ser concretado en cada caso; b) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza.”[1](...)»    Patrimonio público. «(...)El concepto de patrimonio público es un concepto genérico que involucra todos los bienes del Estado, y que comprende en ellos los de todas sus entidades, a nivel central, o descentralizado territorialmente o por servicios. Habrá detrimento de ese patrimonio, cuando se produzca su mengua en él como consecuencia de una actividad no autorizada en la norma, pero no se presenta el detrimento, cuando una entidad estatal deja de hacer a otra de la misma naturaleza, una transferencia de sus recursos en los términos dispuestos en el ordenamiento jurídico, porque en ese caso, no habrá habido mengua en el patrimonio estatal.”[2](...)»  


[1] Ídem. [2] Sentencia de 4 de noviembre de 2004, Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad. AP-2305.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha:  La carencia de medios probatorios para determinar si el actuar de la entidad demandada fue..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contrato de compraventa
  • Etapa postcontractual
  • Patrimonio estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Contrato de compraventa
  • Etapa postcontractual
  • Patrimonio estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Contrato de compraventa
  • Etapa postcontractual
  • Patrimonio estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Ruth Stella Correa
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