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Una entidad pública debe restablecer el equilibrio económico teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se suspendió como consecuencia de la demora en el otorgamiento de una licencia de construcción

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20031120

Identificadores

Ejecución del contrato
Licencia
Contratación estatal
Equilibrio económico
Obra pública
Incumplimiento
Etapa contractual
Suspensión del contrato
Contrato de concesión
Ejecución del contrato
Licencia
Contratación estatal
Equilibrio económico
Obra pública
Incumplimiento
Etapa contractual
Suspensión del contrato
Contrato de concesión
Ejecución del contrato
Licencia
Contratación estatal
Equilibrio económico
Obra pública
Incumplimiento
Etapa contractual
Suspensión del contrato
Contrato de concesión

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONCESIÓN PARQUEADERO CALLE 90 S.A. VS. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Hechos relevantes

Una entidad pública y un particular celebraron un contrato de concesión y obra  para la realización de estudios previos, diseño, construcción, operación y mantenimiento de un parqueadero público. El particular reclamo a la entidad que se restableciera el equilibrio económico como consecuencia de los atrasos que se presentaron en la ejecución del contrato como consecuencia de la demora en el otorgamiento de una licencia de construcción por la impugnación que de la misma hicieron unos vecinos.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública restablecer el equilibrio económico teniendo en cuenta que la ejecución del contrato se suspendió como consecuencia de la demora en el otorgamiento de una licencia de construcción por la impugnación que de la misma hicieron unos vecinos?

Regla ampliada

Obligación de restablecer el equilibrio económico. « (…) Este tribunal considera que, en primer lugar, es indispensable hacer una aclaración, en el sentido de que el incumplimiento se configura no solamente por la no realización de las prestaciones pactadas en el contrato, sino también por no ajustar su comportamiento a las exigencias impuestas por el ordenamiento jurídico en el ejercicio de sus potestades o por abstenerse de atender los deberes que la ley le atribuye en la satisfacción del interés público. Se trata en el fondo de dos formas de incumplimiento en el que existe un ejercicio ilegítimo de las potestades públicas en el contrato administrativo y la omisión de restablecer la equivalencia económica de las prestaciones recíprocas(32) . Entre esos deberes que le impone la ley a la administración pública está precisamente el mantener el equilibrio económico y financiero del contrato o la ecuación contractual y restablecerlo cuando se modifique por causas no imputables al contratista.

 

Es la lógica consecuencia del desequilibrio que existe ab initio en los contratos estatales en contra del contratista, el cual es apenas un simple colaborador de la administración para la prestación de un servicio público o la realización de una obra a cambio de un precio o una remuneración previamente convenida.

 

El deber que tiene la administración pública de restablecer la ecuación contractual es la única garantía que tiene el Estado o las entidades estatales de asegurar la prestación, regular continua y eficientemente de los servicios públicos a lo que está obligado. Si al contratista se le obligara a tener que soportar las cargas que sobrevienen como consecuencia de una alea imprevisible y extraordinaria, se le avocaría a una situación en la que tendría que incumplir o paralizar las obras en detrimento del interés público. De ahí que la administración deba cumplir sus obligaciones en los términos establecidos en la ley y, de modo principal, la del restablecimiento de la equivalencia económica cuando esta sea alterada, colocando al contratista en la posibilidad de cumplir las suyas, como una exigencia básica para asegurar la realización del fin del contrato

(…)

La administración o el contratante tiene, por consiguiente, la obligación de restablecer la equivalencia económica del contrato cuando resulte alterada por las áleas extraordinarias y se lesione el interés patrimonial del contratista. La entidad estatal correspondiente debe por lo tanto resarcir los perjuicios como ocurre también cuando se incumple una obligación derivada del contrato. La Corte Constitucional ha declarado que si la administración no cumple con el deber “de restablecer el equilibrio económico del contrato su conducta es antijurídica pues el contratista tiene derecho a que tal equilibrio sea mantenido, por lo cual debe ser indemnizado de conformidad con la norma impugnada” (L. 80/93, art. 50).


Es decir, que cuando no se cumple con el deber de restablecer la ecuación contractual se configura un acto antijurídico que da lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado bajo cualquier modalidad (responsabilidad contractual o extra contractual) a luz de lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución Política que exige la existencia de un daño antijurídico en el patrimonio de un particular. (…) En ese daño patrimonial del contratista se incluye tanto el daño emergente (damnum emergens) como el lucro cesante (lucrum cessans). Es decir, la pérdida efectiva sufrida en los bienes del patrimonio de la víctimas al momento de ocurrir el evento lesivo y las ganancias dejadas de obtener o los aumentos patrimoniales que se pudieron realizar como consecuencia del hecho dañoso. Es lo que establece el artículo 1613 del Código Civil cuando dice que, “la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o haberse retardado el cumplimiento. (…) » 

 

Razones de la decisión

« (…) Este tribunal considera que el Instituto de Desarrollo Urbano o la parte convocada, incumplió con la obligación legal de resarcir el perjuicio patrimonial que le causó un alea anormal o imprevisible que no es imputable al concesionario, como es en efecto el hecho social de los vecinos de impugnar la licencia de construcción debidamente obtenida por la sociedad convocante y cuya motivación se explica en detalle en el acápite siguiente.

(…)

Tal y como lo exponemos más a espacio al referirnos a las excepciones presentadas por el IDU, este tribunal encuentra que la suspensión del contrato por el término de nueve meses produjo un desequilibrio en la ecuación contractual que no es imputable al contratista, como que el hecho que la produjo no podría ser considerado como un alea que es normal o previsible y que hiciera parte de los riesgos contractuales que normalmente debe asumir el contratista.

(…)

Para este tribunal sí existe una obligación legal de proceder al restablecimiento del equilibrio contractual en razón de no haber cumplido con los deberes y obligaciones que le impone la ley como entidad estatal y contratante, de mantener y restablecer la ecuación económica del contrato cuando no existen, como en este caso, causas imputables al contratista. Tal y como tuvimos oportunidad de señalarlo al responder a la primera pretensión del demandante o concesionario, no existe ninguna prueba de que el IDU hubiera adoptado alguna medida y menos “en el menor tiempo” como se lo impone el artículo 27 de Ley 80 de 1993 para solucionar las diferencias existentes sobre la interpretación del contrato y particularmente de su artículo 10.2 utilizando los mecanismos de solución previstos en la disposición citada. Su actitud fue siempre la de rechazar la posición del contratista y reiterar la suya sin que nunca hubiera existido ningún ánimo conciliatorio con el fin de restablecer el equilibrio económico del contrato como lo exige la ley. (…) »

Regla

Una entidad pública debe restablecer el equilibrio económico si la ejecución del contrato se suspendió como consecuencia de la demora en el otorgamiento de una licencia de construcción por la impugnación que de la misma hicieron unos vecinos, porque:

  1.  La suspensión del contrato produjo un desequilibrio en la ecuación contractual que no es imputable al contratista, como que el hecho que la produjo no podría ser considerado como un alea que es normal o previsible y que hiciera parte de los riesgos contractuales que normalmente debe asumir el contratista.
  2. Existe una obligación legal de proceder al restablecimiento del equilibrio contractual porque la entidad no cumplió con los deberes que le impone la ley como entidad estatal y contratante, de mantener y restablecer la ecuación económica del contrato cuando no existen, como en este caso, causas imputables al contratista. 

Decisión

1. Declarar que prospera la PRETENSIÓN PRIMERA de la demanda y en consecuencia se declara que el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, incumplió sus obligaciones derivadas del contrato de concesión 385 de 1999, celebrado entre dicho instituto y la sociedad Concesión Parqueadero Calle 90 S.A

Laudo

TA-CCB-20031120

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública debe restablecer el equilibrio económico teniendo en cuenta que la ejecución..
Síntesis
SÍNTESIS LAUDOS - ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Ejecución del contrato
  • Licencia
  • Contratación estatal
  • Equilibrio económico
  • Obra pública
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Suspensión del contrato
  • Contrato de concesión
  • Ejecución del contrato
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  • Ejecución del contrato
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    Tribunal de Arbitramento. Árbitros: Enrique Gaviria Liévano; Marco Tulio Gutiérrez Morad y Carlos
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