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Verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias para la evaluación de la propuesta

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 17103 DE 2005

Identificadores

Principio de selección objetiva
Criterios de evaluación de las propuestas
Contratación estatal
Etapa precontractual
Competencia
Tributaria
Principio de selección objetiva
Criterios de evaluación de las propuestas
Contratación estatal
Etapa precontractual
Competencia
Tributaria
Principio de selección objetiva
Criterios de evaluación de las propuestas
Contratación estatal
Etapa precontractual
Competencia
Tributaria

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 17103 DE 2005

Caso

ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA LA CIRCULAR 0134 DEL 21 DE JUNIO DE 1999 DE LA DIAN

Disposición Jurídica

CIRCULAR 0134 DEL 21 DE JUNIO DE 1999

 

“ASUNTO: VERIFICACIÓN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA EFECTOS DE CONTRATACIÓN. Con el fin de que los procesos de contratación que adelantan todas las entidades públicas en los diferentes órdenes territoriales, garanticen la seriedad de los proponentes e involucren como objetivo primordial la defensa de los intereses de la Nación, se hace necesario que dentro del llamado de ofertas, pliegos de condiciones, o términos de referencia, según sea el caso, se incluya como requisito de orden jurídico para efectuar la evaluación de la propuesta, a que se refiere en numeral 7 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias, contenidas o resultantes de los estados financieros que se allegan como soporte económico.

 

Para el efecto la Entidad pública correspondiente, deberá solicitar no sólo el estado de las obligaciones tributarias a cada proponente, sino también la presentación de la correspondiente declaración tributaria del impuesto sobre la renta y complementarios, que soporte la información financiera allegada, para lo cual se mantendrá la reserva a que se refiere el artículo 583 del Estatuto Tributario, y efectuar los cruces de información con la Administración tributaria respectiva, con el fin de calificar integralmente al proponente.

 

Así mismo, corresponde a las entidades públicas, como entes evaluadores y contratantes, exigir y constatar, de conformidad con la misma disposición citada, que cuando el contrato de que se trate, implique la adquisición de bienes o activos que deban ser importados, debe acreditarse el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que permitan precisar la debida legalización de los mismos, a través de las correspondientes declaraciones de importación.”

Problema Jurídico

¿Puede la DIAN exigirles a las entidades públicas verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias a los interesados que pretendan contratar con el Estado para efectuar la evaluación de la propuesta, sin violar el principio de selección objetiva ni transgredir sus funciones?

Razones de la decisión

«(...) El art. 29 de la ley 80 de 1993, al definir la selección objetiva, partió de factores de escogencia "tales como cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo, precio", que si bien es cierto no son factores taxativos, si obedecen a un propósito común que lo es la escogencia del mejor proponente, sin que en el logro de tal fin sea relevante el pago oportuno de impuestos por parte del contratista, tema éste que escapa a la órbita propia del desarrollo de la actividad contractual. Es dentro de este marco donde cabe cuestionar que si el ofrecimiento más favorable resulta de la ponderación de esos factores, resulta acorde con el texto de la ley contractual el que se pretenda a través de una circular del servicio, incluir otros factores de evaluación como lo es "la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias", para a través de ella calificar los estados financieros, como soporte económico de las propuestas, cuando los factores que deben concurrir a la evaluación de la oferta, podrán ser todos los establecidos por la ley o los que la entidad contratante discrecionalmente establezca, en conformidad con el objeto del contrato y las necesidades del servicio.

(…)

En estas condiciones, reitera la sala que está por fuera de las atribuciones del Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", fijar reglas de carácter obligatorio para que sean cumplidas por las entidades públicas en los procesos de contratación,  así versen sobre las obligaciones de índole tributario que los proponentes tengan con el Estado.

 

Son estas razones las que impiden que pueda predicarse la legalidad de la circular enjuiciada como lo pretende la entidad demandada, dado que la ilegalidad por incompetencia no puede ser purgada. Este es precisamente el vicio de que adolece la circular 0134 de 1999, como quiera que a través de ella la DIAN se arrogó una competencia que no le corresponde, al establecer requisitos para la selección del contratista, cuando tal competencia es privativa de la ley y de la entidad encargada del respectivo proceso de selección. Puede predicarse que el vicio que afecta a la circular demandada, es el mas grave de todos y por ende insaneable, lo cual impide aplicar la tesis de la purga de ilegalidad predicada fundamentalmente frente a la desaparición del mundo jurídico de la norma superior que se dice vulnerada por el acto administrativo, pero que no tiene el alcance de sanear una situación que nació viciada de nulidad absoluta por incompetencia, dado que ello conlleva violación directa de la norma constitucional que ha establecido como sistema de atribución de competencias a las autoridades públicas, aquel que en doctrina internacional se conoce como el de competencias expresas, y conforme al cual las autoridades sólo pueden ejercer aquellas funciones que expresamente les han sido atribuidas por la constitución y la ley (artículo 121), responsabilizándolas cuando actúan por fuera de ellas, esto es, cuando incurren en extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6 C. N)(...)»  


)Este planteamiento ha sido el desarrollado por la jurisprudencia de la Corporación, en la sentencia de 12 de septiembre de 1996, Exp. 3552. Consideró la sección primera: "El saneamiento de actos anulables es factible cuando "el vicio del acto no es muy grave" (Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, tomo 3, El acto administrativo, Ed. Macci, Buenos Aires, 1979, pág. XII-11) o se trata de "irregularidades menos graves" (Enrique Sayagués Laso, Tratado de derecho administrativo, Montevideo 1974, tomo I, pág. 512)."Tal convalidación, por el contrario, no es posible en los eventos de "falta de alguno de sus elementos esenciales", por tratarse de actos radicalmente nulos. A esta categoría pertenecen los actos viciados por falta de competencia, por afectación esencial de la voluntad, por no ajustarse a las normas jurídicas vigentes y por inexistencia absoluta de motivos (Sayagués Laso, ibídem, págs. 513 y 514).De otra parte, esa sección también ha considerado que 'dicha institución no es de recibo en el Derecho Colombiano, pues la ilegalidad del acto administrativo acusado debe analizarse, conforme al artículo 84 del C.C.A. y a  reiterada jurisprudencia de la Corporación, en el momento en que el acto administrativo se produce y no en un momento posterior a su nacimiento. De manera que si un acto administrativo nace a la vida jurídica con vicios de ilegalidad, es necesario que el órgano de control se pronuncie sobre dichos vicios, ya que aún cuando el acto haya perdido vigencia, pudo haber producido efectos jurídicos. El hecho de que se haya producido un nuevo acto administrativo, cuya legalidad no se discute, no le impide al juez decidir sobre la legalidad del acto controvertido, porque así lo exige la armonía del ordenamiento jurídico. (sentencia de 19 de marzo de 1998. Exp. 2842).

Regla

La DIAN no puede exigirles a las entidades públicas verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias a los interesados que pretendan contratar con el Estado para efectuar la evaluación de la propuesta, sin violar el principio de selección objetiva ni transgredir sus funciones, porque: 

  1. Solamente se pueden incluir factores adicionales de evaluación de la propuesta, como lo es la información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias, cuando estén previstos por la ley o aquellos que la entidad contratante discrecionalmente establezca, en conformidad con el objeto del contrato y las necesidades del servicio. Por tanto, la DIAN se arroga una competencia que no le corresponde, al establecer requisitos para la selección del contratista, pues tal competencia es privativa de la ley y de la entidad encargada del respectivo proceso de selección.
  2. Está por fuera de las atribuciones del Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales "DIAN", fijar reglas de carácter obligatorio para que sean cumplidas por las entidades públicas en los procesos de contratación,  así versen sobre las obligaciones de índole tributario que los proponentes tengan con el Estado.

Decisión

 Declárese la nulidad de la circular 0134 de 21 de junio de 1999 expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SI E 3552 DE 1996 CE SI E 2842 DE 1998

Marco jurídico

 Artículo 25 numeral 15 de la Ley 80 de 1993.  Artículos 6 y 121 de la Constitución Política. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias para la evaluación de la propuesta..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Principio de selección objetiva
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Competencia
  • Tributaria
  • Principio de selección objetiva
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Competencia
  • Tributaria
  • Principio de selección objetiva
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Competencia
  • Tributaria
  • Normativa
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