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Una entidad pública debe reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en la obra ocasionada por hechos no imputables al contratista

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20040331

Identificadores

Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
Contratación estatal
Sobrecostos
Equilibrio económico
Etapa contractual
Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
Contratación estatal
Sobrecostos
Equilibrio económico
Etapa contractual
Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
Contratación estatal
Sobrecostos
Equilibrio económico
Etapa contractual

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO PROCAM LTDA. Y OSSA CÍA. S. EN C.VS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un  particular un contrato de obra para la construcción de un centro educativo. Durante la ejecución del contrato este se tuvo que suspender y estuvo paralizado debido a la falta de presupuesto de la entidad pública. 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en obra ocasionada por hechos no imputables al contratista? 

Regla ampliada

La Administración no está eximida de pagar sobrecostos imputables a su conducta, cuando existe acuerdo entre las partes sobre la suspensión del contrato. «(...)En consonancia con lo anterior, la celebración de un acuerdo entre el contratista y la entidad estatal sobre la suspensión o la prórroga del contrato, no la exime del deber de indemnizar los posibles sobrecostos imputables a su conducta e incurridos por el contratista ni priva a este del derecho a reclamarlos cuando haya lugar a los mismos y se demuestren dentro del proceso. Luego, el acuerdo de las partes sobre la suspensión del contrato o la extensión de su plazo, simplemente constituye una herramienta para regular los efectos de la suspensión, pero no supone una renuncia tácita del derecho que le asiste al contratista respecto del reconocimiento de los sobrecostos en que haya podido incurrir como consecuencia de su mayor permanencia en obra. Cualquier renuncia en este sentido deberá ser clara y expresa (...)»

 

Requisitos que debe probar el contratista para que proceda la declaratoria de incumplimiento. «(...) Son entonces dos las condiciones que debe probar el contratista para que procedan tanto la declaratoria de incumplimiento fundada en la suspensión del contrato como la consecuente reparación de los perjuicios: La existencia de perjuicios derivados de la suspensión y El hecho determinante de la suspensión es imputable a la entidad pública, contratante (...)»

Razones de la decisión

«(...) Así las cosas, resulta claro que esta parálisis tuvo como causa la imposibilidad del contratista de proseguir la ejecución del contrato ante la falta de recursos económicos. En efecto, debido a la inyección de recursos propios para el desarrollo de las obras, al atraso de la Secretaría de Educación en el pago de las actas parciales de obra y finalmente, a las inversiones para el desarrollo y ejecución del plan de contingencia, el contratista debió suspender las obras por no disponer de los recursos económicos necesarios para la ejecución de las mismas.


Esta parálisis de las obras no resulta imputable al contratista, como quiera que ella no derivó de su conducta ni de hechos por los cuales deba responder. Por el contrario, las causas son atribuibles a la entidad estatal, específicamente en lo referente a la mora en el pago de las actas parciales de obra y al alcance y pago oportuno y completo de las obras relativas al plan de contingencia. Por lo demás, es importante resaltar que en ninguna oportunidad dicha parálisis fue vista como un incumplimiento del contrato, prueba de ello es que el contratista no fue multado ni sancionado por razón o con ocasión de la parálisis de la obra y de las demás actividades a su cargo.


(...)


La causa de esta suspensión consistió en el agotamiento del presupuesto destinado a la obra, según el testimonio rendido por el Dr. Jairo Briceño ( 121)  (  122)

Entre el 17 de enero de 2001 y el 11 de marzo de 2001, por un total de 54 días calendario, se suspendió el contrato de común acuerdo conforme consta en el acta de suspensión de enero 15 a febrero 15 de 2001 y la prórroga a dicha suspensión de febrero 14 a marzo 16 de 2001 ( 123)


La causa de esta suspensión está vinculada a la carencia del presupuesto destinado a la obra, según el testimonio rendido por el Dr. Jairo Briceño ( 124)  ( 125)  ( 126)  ( 127)

Estas dos suspensiones, tuvieron como causa la falta de recursos de la Secretaría de Educación para adelantar las mayores cantidades de obra requeridas para la terminación efectiva de la obra. Al igual que en el caso anterior, estas suspensiones no pueden ser imputables al contratista como quiera que es de cargo de la entidad estatal (Secretaría de Educación) en desarrollo del principio de planeación (L. 80/93, art. 23) prever el alcance de las obras a su cargo, así como realizar los estudios técnicos necesarios tendientes a establecer las cantidades de obra y en concordancia con ello, realizar los trámites presupuestales necesarios para disponer de los recursos económicos requeridos para la ejecución del contrato.


En efecto, la provisión suficiente de las apropiaciones presupuestales constituye un deber de la entidad estatal y no puede invocarse para justificar un pago tardío ni excluir la indemnización correspondiente (  128)
(...)

Como consecuencia de la parálisis de la obra y de las suspensiones del contrato, se generaron para el contratista sobrecostos por la mayor permanencia en obra vinculada a las deficiencias del diseño, agotamiento de los recursos y de disponibilidad presupuestal, esto es, por causas extrañas no imputables al consorcio contratista que escapan al alea o riesgo normal que se encontraba a su cargo en razón de la celebración del contrato y, que por tanto deben serle resarcidos por la Secretaría de Educación (...)»


Regla

Una entidad pública debe reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en la obra ocasionada por hechos no imputables al contratista, porque:  

1. La parálisis de la obra tuvo como causa la imposibilidad del contratista de proseguir la ejecución del contrato debido a la falta de recursos económicos de la entidad pública. De hecho,  la provisión de las apropiaciones constituye un deber de la entidad estatal y no puede invocarse para justificar un pago tardío ni evadir la indemnización correspondiente.

2. La parálisis de la obra y las suspensiones del contrato generaron para el contratista sobrecostos por mayor permanencia en obra vinculada a las deficiencias del diseño, agotamiento de los recursos y de disponibilidad presupuestal. Ésta representa causas extrañas no imputables al contratista y por lo tanto deben serle resarcidos por parte de la entidad pública. 

Decisión

Tercero. Declarar, que, por razones ajenas al contratista, y por las que debe responder el Distrito Capital - Secretaría de Educación, el contrato de obra 234 del 3 de noviembre de 1999 celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito Capital, como entidad contratante, y el Consorcio conformado por las sociedades Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., como contratista, duró varios meses más de lo previsto originalmente por las partes, generándose un daño antijurídico para el contratista por concepto de mayor permanencia en la obra, según lo expuesto en la parte motiva.   Cuarto. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase al Distrito Capital de Bogotá --Secretaría de Educación a pagar al Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., la suma de doscientos diez y ocho millones, trescientos noventa y siete mil, doscientos treinta y seis pesos con ocho centavos, ($ 218.397.236,08) por tal concepto, que contiene su actualización y el costo de oportunidad de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.

Conceptualizaciones

Imprevistos. «(...)Tal y como se ha señalado tanto la doctrina como la jurisprudencia, el rubro de Imprevistos que hace parte de lo que se ha denominado AIU corresponde a la cuantificación realizada por el contratista dentro de su oferta, de los riesgos e imprevistos que hacen parte del alea normal de ejecución de un contrato y no a aquellos que al ser extraordinarios escapan de la órbita de riesgo a cargo del contratista; en otros términos, los “Imprevistos” contemplados o presupuestados por el contratista dentro del AIU de su oferta, incorporan los riesgos y costos que hacen parte del alea normal de ejecución contractual pero no los anormales.  

(...)
Por consiguiente, el AIU no excluye el derecho a los sobrecostos generados por una mayor permanencia en obra ni la reparación del daño antijurídico por incumplimiento de las obligaciones contractuales (...)»   Daño antijurídico. «(....) a)      La concepción del daño antijurídico consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, fundamenta la responsabilidad patrimonial del Estado, cualquiera fuere la causa de imputación, sea contractual, sea extracontractual o de otra naturaleza. b)      La estructura nocional del “daño antijurídico” concierne al quebranto inmotivado de un derecho, interés o valor jurídicamente tutelado que no se está en deber de soportar. c)      Tratándose de la responsabilidad contractual es menester la plena demostración del “daño antijurídico” reparable, su imputabilidad y relación de causalidad y, por tanto, de sus elementos estructurales conforme a las normas jurídicas que la gobiernan. d)      En particular, el contratista deberá probar el daño generado por la celebración, ejecución o terminación del contrato estatal, que no tiene el deber constitucional, legal, negocial o extracontractual de soportarlo ( 37) , que es imputable a la esfera normativa del Estado y tiene una relación de causalidad con la acción u omisión   (....)   En conclusión, y como marco teórico de la controversia que se somete a consideración de este tribunal arbitral:

a)      El daño antijurídico, como fuente de reparación patrimonial, comporta la demostración por el actor de su existencia, el nexo de causalidad entre este y la conducta de la administración, así como el título por cuya inteligencia deviene antijurídico o lo que es lo mismo que no debe soportar ni asumir.

b)      El incumplimiento de un contrato es fuente de reparación patrimonial, una de las causas de ruptura del equilibrio económico y título de imputación del daño antijurídico, por mandato legal.

c)      Tanto el daño antijurídico, cuanto el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico consecuente, requieren que el demandante demuestre la existencia o configuración del título de imputación.

d)      El juicio del daño en cuanto antijurídico no se predica, en rigor, de la conducta de la administración. Se trata de un juicio que lleva al juzgador a considerar que el daño no debe ser asumido por el demandante, con independencia de la calificación en lícita o ilícita de la conducta de la administración.

e)      La demostración de cada título de imputación, está sujeta a las reglas legales (...)»

Laudo

TA-CCB-20040331

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública debe reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en la obra ocasionada..
Síntesis
SÍNTESIS LAUDOS - ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Equilibrio económico
  • Etapa contractual
  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Equilibrio económico
  • Etapa contractual
  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Equilibrio económico
  • Etapa contractual
  • Documentos
    Laudo Arbitral, 31 de marzo de 2004, Arbitros: Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, Carlos Educardo Manr
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