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Las entidades públicas pueden declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro a pesar de que el contrato contenía una cláusula compromisoria 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 16369 DE 2009

Identificadores

Contratación estatal
Incumplimiento
Póliza
Contratación estatal
Incumplimiento
Póliza
Contratación estatal
Incumplimiento
Póliza

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 16369 DE 2009

Caso

SOCIEDAD SEGUROS CARIBE S.A. VS. CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO

Hechos relevantes

Una entidad pública contrató con una sociedad privada para el trasporte de remesas y valores. Al trasportar unos valores, un helicóptero de la contratista tuvo problemas en un aterrizaje. Al verificar el contenido de las tulas transportadas se halló un faltante de dinero. Como consecuencia la entidad pública declaró configurado el incumplimiento del contrato e hizo efectiva la póliza de seguro de cumplimiento. La compañía aseguradora impugnó la decisión argumentando incompetencia de la entidad para declarar ocurrido el siniestro porque la ley 80 de 1993 no consagró la facultad de declarar unilateralmente el incumplimiento y el contrato contenía una cláusula compromisoria.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro a pesar de que el contrato contenía una cláusula compromisoria? 

Razones de la decisión

« (…) Ahora, en cuanto a lo expuesto por la parte actora para sustentar la incompetencia material de la entidad, la Sala advierte que la circunstancia de que el contrato estatal contenga una cláusula compromisoria, no conduce a considerar excluidas las competencias y facultades que la ley le atribuye a una entidad pública contratante.

 La cláusula arbitral produce el efecto de que, en el evento de suscitarse un litigio que deba dirimirse ante un juez, las partes ejerciten la correspondiente acción ante un tribunal de arbitramento legalmente constituido, a menos que se renuncie tácita o expresamente a ella.

 En el caso concreto, como pasa a explicarse en el capítulo siguiente, la entidad pública, al considerar incumplido el contrato de transporte por el faltante de unos valores, no tenía que acudir ante el juez del contrato estatal para hacer efectiva la póliza, pues contaba con facultades previstas en la ley, para declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza respectiva.

 Se precisa además que, como el presente litigio gira entorno a la legalidad del acto administrativo por medio del cual la entidad declaró ocurrido el incumplimiento del contratista e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento, no resultaba procedente adelantar este proceso ante un Tribunal de arbitramento, porque, conforme lo ha manifestado reiteradamente la Sala, los árbitros carecen de competencia para juzgar la legalidad de un acto administrativo, por tratarse de una materia que no es transigible[1]. 

(…)

Mediante la lectura del precitado artículo se deduce claramente que las entidades públicas pueden hacer efectivas las garantías constituidas a su favor por el contratista, mediante un acto administrativo que bien puede ser aquel en el que previamente se declare el incumplimiento. 

(…)

Se tiene por tanto que, como las obligaciones del asegurador provienen del acaecimiento del riesgo asegurado, una vez en firme el acto que declara su ocurrencia, surge a la vida jurídica una obligación clara, expresa y exigible en contra del primero. Y la exigibilidad de la obligación está ligada al carácter ejecutorio y ejecutable del correspondiente acto administrativo, entendido el primero como la posibilidad de que el acto produzca efectos jurídicos y el segundo como la ejecutividad originada tanto en la presunción legal que cobija la decisión unilateral - no desvirtuada - como en la firmeza, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, 48, 62, 64, 66 y 152 del Código Contencioso Administrativo[2].

 

En el presente caso, la alegada incompetencia de la entidad fundada en que la ley 80 de 1993 no consagró la facultad de declarar unilateralmente el incumplimiento, no es de recibo por la Sala. Conforme a lo afirmado por la Sección en variadas providencias, se puede concluir que la Caja Agraria contaba con las facultades previstas en el artículo 68, numerales 4 y 5 para declarar el incumplimiento del contrato suscrito con Helitaxi Ltda. y para hacer efectiva la correspondiente póliza.(…)»

   


[1] A efecto cabe consultar entre otras, sentencia del 23 de febrero del 2000, Exp. 16394,; sentencia proferida el 1 de agosto de 2002, expediente 21.041 y sentencia 32486 del 6 de junio de 2007.

[2] En este sentido se pronunció la Sala en sentencia de 25 de septiembre de 2003. Actor: Distrito Capital de Bogota. Ejecutado: Compañía de Seguros Cóndor S. A.

Regla

Una entidad pública puede declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro a pesar de que el contrato contenía una cláusula compromisoria, porque:

  1.  De conformidad con el artículo 18 de la ley 80 de 1993 las entidades públicas pueden hacer efectivas las garantías constituidas a su favor por el contratista, mediante un acto administrativo.
  2.  Como las obligaciones del asegurador provienen del acaecimiento del riesgo asegurado, una vez en firme el acto que declara su ocurrencia, surge a la vida jurídica una obligación clara, expresa y exigible en contra del primero. Y la exigibilidad de la obligación está ligada al carácter ejecutorio y ejecutable del correspondiente acto administrativo, entendido el primero como la posibilidad de que el acto produzca efectos jurídicos y el segundo como la ejecutividad originada tanto en la presunción legal que cobija la decisión unilateral como en la firmeza
  3.  La existencia de una cláusula compromisoria no conduce a considerar excluidas las competencias y facultades que la ley le atribuye a una entidad pública contratante. La cláusula arbitral produce el efecto de que, en el evento de suscitarse un litigio que deba dirimirse ante un juez, las partes ejerciten la correspondiente acción ante un tribunal de arbitramento legalmente constituido, a menos que se renuncie tácita o expresamente a ella. De esta manera, la entidad pública, al considerar incumplido el contrato de transporte por el faltante de unos valores, no debe acudir ante el juez para hacer efectiva la póliza, pues contaba con facultades previstas en la ley, para declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza respectiva.
  4.  En los casos en que litigio gira entorno a la legalidad del acto administrativo por medio del cual la entidad declaró ocurrido el incumplimiento del contratista e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento, no resulta procedente adelantar este proceso ante un Tribunal de arbitramento, porque los árbitros carecen de competencia para juzgar la legalidad de un acto administrativo, por tratarse de una materia que no es transigible.

 

Decisión

CONFÍRMASE la sentencia proferida el 18 de Julio de 1998, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SIII E 16394 DE 2000

CE SIII E 21041 DE 2002

CE SIII E 32486 DE 2007

Marco jurídico

Artículo 18 de la ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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Síntesis
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