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Una entidad pública no debe reconocer prestaciones sociales en virtud de un contrato de prestación de servicios 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SP E 00039 DE 2003

Identificadores

Primacía de la realidad sobre las formas
Obra pública
Relación laboral
Modalidad de contratación
Contratación estatal
Igualdad
Indemnización
Etapa postcontractual
Perjuicios
Contrato de prestación de servicios
Primacía de la realidad sobre las formas
Obra pública
Relación laboral
Modalidad de contratación
Contratación estatal
Igualdad
Indemnización
Etapa postcontractual
Perjuicios
Contrato de prestación de servicios
Primacía de la realidad sobre las formas
Obra pública
Relación laboral
Modalidad de contratación
Contratación estatal
Igualdad
Indemnización
Etapa postcontractual
Perjuicios
Contrato de prestación de servicios

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SP E 00039 DE 2003

Caso

MARÍA ZULAY RAMÍREZ OROZCO VS. DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Hechos relevantes

Una persona natural suscribió contrato de prestación de servicios con una entidad pública, la contratista se comprometió, por virtud de éste a prestar servicios de mantenimiento y generales en inmuebles, de aseo y cafetería y a desarrollar otras actividades acordes con la naturaleza del referido vínculo contractual, las cuales se llevaron a cabo bajo las pautas fijadas por la demandada y bajo la dirección de la persona encomendada por ésta para ello. El contrato se prorrogó de manera sucesiva e ininterrumpida hasta el 30 de noviembre de 1996, fecha en la cual la persona presentó renuncia y fue aceptada por la entidad. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública omitir el pago de las prestaciones sociales a una persona que fue contratada mediante contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades de mantenimiento de inmuebles, aseo y cafetería, cuando el vínculo contractual se llevó a cabo bajo las pautas fijadas por la entidad, sin violar el principio de igualdad y desconocer una relación de naturaleza legal y reglamentaria?

Regla ampliada

Principio de la primacía de la realidad sobre formalidades en contratos de prestación de servicios. «(…) en el evento de que la administración deforme la esencia y contenido natural del contrato de prestación de servicios y se dé paso al nacimiento disfrazado de una relación laboral en una especie de transformación sin sustento jurídico con interpretaciones y aplicaciones erradas, y con lo cual se vulneren derechos de los particulares “se estará frente a un litigio ordinario cuya resolución corresponderá a la jurisdicción competente con la debida protección y prevalencia de los derechos y garantías más favorables del contratista convertido en trabajador en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”.  (…)» 

 

Razones para celebra contratos de prestación de servicios con personas naturales. «(…). Son las necesidades de la administración las que imponen la celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales cuando se presente una de dos razones: a.) que la actividad no pueda llevarse a cabo con personal de planta; b.) que requiera de conocimientos especializados la labor (art. 32 L. 80/93). (…)»  

 

Exigencias ad-sustantiam para que se adquiera la condición de empleado público y se dé una situación legal y reglamentaria. «(…) el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir “el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario: El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal” (sent C-555/94).

 

Como lo ha explicado la H. Corte Constitucional son los que se acaban de señalar elementos esenciales o sustanciales sin los cuales no es posible que se de (sic) la situación legal y reglamentaria, ni es factible que se puedan pagar prestaciones sociales a quienes desarrollan la labor ni tampoco sumas equivalentes a ellas, porque, como se indicó, no se reúnen las exigencias ad-sustantiam para que se adquiera la condición de empleado público. (…)»  

Razones de la decisión

«(…) Es factible, sí, que por medio de un contrato de prestación de servicios se pretenda desnaturalizar un contrato de trabajo referente a la construcción y sostenimiento de obras públicas, únicos que pueden darse bajo esta forma contractual con la administración. Si ello ocurre, porque la administración pretende ocultar bajo aquella forma contractual una relación de trabajo subordinada y dependiente, relativa, como se dijo, a la construcción y sostenimiento de obras públicas, la que puede fluir del examen atento de la convención o de las pruebas que evidencien el modo como se ha ejecutado ésta, carecerían, como lo han enseñado al unísono jurisprudencia y doctrina, de jurisdicción para conocer del litigio que se suscite entre las partes de la relación jurídica sustancial los jueces administrativos. Si la demanda se ha incoado ante uno de estos, habría de procederse de conformidad con el mandato que contiene el inciso 3º del artículo 26 del decreto 2304/89, modificado por el 45 de la ley 446 de 1.998, según el cual “En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”. En eventos tales no se requiere de la previa impugnación del contrato sino que basta el entendimiento que de este tenga el correspondiente funcionario judicial.

 

Pero en el caso a que se contrae la litis no se alegó por la parte actora que el contrato de prestación de servicios a que alude en su libelo incoativo de la acción se refiera a la construcción y mantenimiento de obras públicas, ni las pruebas practicadas evidencian ese hecho. En otras palabras: tal punto no constituyó materia de debate litigioso.

(…)

En ninguno de los pedimentos formulados se busca el pago de indemnización alguna sino el de prestaciones sociales y remuneración debida, que no es, al decir de la demanda, la señalada en el contrato de prestación de servicios, sino la que se reconoce a los empleados de igual categoría.

 

Así las cosas, no habiéndose deprecado resarcimiento o indemnización, mal podría decretarse ésta por el juez administrativo, y mucho menos partir de la base, para llegar a tal consecuencia, de que el contrato celebrado constituyó un acto que encubrió una relación laboral de derecho público, pues este argumento sería más armónico con una pretensión encaminada a que se desate una controversia mediante el ejercicio de acción contractual, la cual podría servir, además, para que se condene al resarcimiento de perjuicios y para que se hagan otras declaraciones y condenas.

(…)

Despréndese de lo anterior que se incurre en una confusión manifiesta al pretender el actor que de la existencia de un contrato de trabajo se desprenda una situación legal y reglamentaria, lo que resulta, a todas luces, un imposible jurídico, pues los empleos públicos son creados en ejercicio de una función reglada como corresponde en un estado de derecho como el colombiano; y así, el Presidente de la República debe obrar dentro del marco de las normas constitucionales y legales con respecto a la creación, clasificación, nomeclatura de cargos y sistema salarial. Lo propio puede afirmarse de las superintendencias, establecimientos públicos etc. Y la rama judicial por medio de su autoridad competente, no está exenta de someterse a los mandatos contenidos en la constitución y la ley. De modo que el empleo público (situación legal y reglamentaria) no puede surgir de cualquier modo, ni mucho menos a virtud de una relación contractual, pues, como lo ha explicado la jurisprudencia colombiana, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede llevar a desconocer los elementos esenciales que se exigen para que una persona acceda a la función pública en la modalidad estatutaria (sent. C. 555 de 1.994). Sostener lo contrario, como lo pretende el actor, conduce a desconocer mandatos positivos de ineludible cumplimiento.

 

Además, se reitera que en relación con la labor desplegada por el actor con motivo del contrato de prestación de servicios, no es posible afirmar que éste oculte una relación contractual de trabajo con la administración, pues no es atañedera a la construcción y sostenimiento de obras públicas.

(…)

Finalmente, fluye de lo expuesto que no se vislumbra el quebranto al principio de la igualdad, ya que, como se precisó con anterioridad, una es la situación del empleado público, la cual se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales aquélla no adquiere vida jurídica; elementos que se encuentran consagrados en el art. 122 de la C.P., que dan origen al pago de las prestaciones que corresponden a este tipo de servidores públicos; otra, muy distinta, la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios, que no genera relación laboral ni prestaciones sociales; y otra, finalmente, a la que da lugar el contrato de trabajo, que con la administración no tiene ocurrencia sino sólo cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas.

 

No puede aspirarse a que los efectos de una figura sean idénticos a los de otra, so pretexto del principio de la igualdad, porque cada realidad es fuente de obligaciones bien diferenciadas por el derecho positivo, por haberse regulado por ordenamientos distintos; razón por la cual surge como corolario obligado que los conflictos de interés que aparezcan deben medirse de conformidad con la normatividad pertinente, que no por un mismo rasero, pretendiendo una inexistente semejanza que, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, resulta imposible. (…)» 

Regla

Una entidad pública puede omitir el pago de las prestaciones sociales a una persona que fue contratada mediante contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades de mantenimiento de inmuebles, aseo y cafetería, cuando el vínculo contractual se llevó a cabo bajo las pautas fijadas por la entidad, sin violar el principio de igualdad y desconocer una relación de naturaleza legal y reglamentaria, porque:
  1. De la labor desplegada por la persona con motivo del contrato de prestación de servicios, no es posible afirmar que éste oculte una relación contractual de trabajo con la administración o se desprenda una situación legal y reglamentaria, pues el empleo público no puede surgir de una relación contractual. De este modo, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales no se puede desconocer los elementos esenciales que se exigen para que una persona acceda a la función pública en la modalidad estatutaria.
  2. No es posible afirmar que se está ocultando una relación contractual de trabajo con la administración, pues no es atañedera a la construcción y sostenimiento de obras públicas. En tanto que la desnaturalización de un contrato de trabajo mediante la figura del contrato de prestación de servicios sólo aplica para la construcción y mantenimiento de obras públicas.
  3. En virtud de la acción contractual no hay lugar al reconocimiento de prestaciones sociales sino al resarcimiento de perjuicios o pago de  una indemnización y para que se hagan otras declaraciones y condenas.
  4. No se quebranta al principio de la igualdad, ya que una es la situación del empleado público, la cual se estructura por la concurrencia de los elementos consagrados en el art. 122 de la Constitución Política; otra, muy distinta, la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios, que no genera relación laboral ni prestaciones sociales; y otra, finalmente, a la que da lugar el contrato de trabajo, que con la administración no tiene ocurrencia sino sólo cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas. Por tanto, no puede aspirarse a que los efectos de una figura sean idénticos a los de otra, so pretexto del principio de la igualdad, porque cada realidad es fuente de obligaciones bien diferenciadas, por haberse regulado por ordenamientos distintos.

Decisión

REVÓCASE el fallo apelado.   En consecuencia, deniéganse las súplicas de la demanda instaurada.

Marco jurídico

Artículo 122 de la Constitución Política.   Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Conceptualizaciones

Contrato de prestación de servicios. «(…) propósito de dicho vínculo contractual, cual es el de que se ejecuten actos que tengan conexión con la actividad que cumple la entidad administrativa; además, que dicha relación jurídica se establezca con personas naturales, bien sea cuando lo contratado no pueda realizarse con personal de planta, lo que a juicio de la Sala acontece, por ejemplo, cuando el número de empleados no sea suficiente para ello; bien sea cuando la actividad por desarrollarse requiera de conocimientos especializados. (…)» 

 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad pública no debe reconocer prestaciones sociales en virtud de un contrato de prestación..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
SÍNTESIS ETAPA POSTCONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Primacía de la realidad sobre las formas
  • Obra pública
  • Relación laboral
  • Modalidad de contratación
  • Contratación estatal
  • Igualdad
  • Indemnización
  • Etapa postcontractual
  • Perjuicios
  • Contrato de prestación de servicios
  • Primacía de la realidad sobre las formas
  • Obra pública
  • Relación laboral
  • Modalidad de contratación
  • Contratación estatal
  • Igualdad
  • Indemnización
  • Etapa postcontractual
  • Perjuicios
  • Contrato de prestación de servicios
  • Primacía de la realidad sobre las formas
  • Obra pública
  • Relación laboral
  • Modalidad de contratación
  • Contratación estatal
  • Igualdad
  • Indemnización
  • Etapa postcontractual
  • Perjuicios
  • Contrato de prestación de servicios
  • Documentos
    Consejo de Estado 
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