A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

El Estado es responsable patrimonialmente por falla en el servicio como consecuencia de los daños producidos en los bienes de los ciudadanos por obras públicas

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22464 DE 2012

Identificadores

Responsabilidad patrimonial
Daño antijurídico
Ejecución del contrato
Bien inmueble
Contratación estatal
Acción de reparación directa
Etapa contractual
Responsabilidad patrimonial
Daño antijurídico
Ejecución del contrato
Bien inmueble
Contratación estatal
Acción de reparación directa
Etapa contractual
Responsabilidad patrimonial
Daño antijurídico
Ejecución del contrato
Bien inmueble
Contratación estatal
Acción de reparación directa
Etapa contractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22464 DE 2012

Caso

DOMINGO BARRAGAN URUEÑA VS. FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

Hechos relevantes

Una entidad pública construyó una carretera en el camino de una vereda. Como consecuencia de la obra, los predios de un ciudadano sufrieron daños. El ciudadano demandó mediante acción de reparación directa al Estado para que se declarara su responsabilidad por daño antijurídico. 

Problema Jurídico

¿Es responsable patrimonialmente el Estado por falla en el servicio debido a los daños producidos en un predio de propiedad de un ciudadano como consecuencia de la ejecución de un contrato estatal de obra?

Regla ampliada

Regla general de responsabilidad del Estado. «(…) La responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico). (…)»

 

Falla en el servicio. «(…) Frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. (…)»

 

Principio de planeación. «(…)El principio de la planeación o de la planificación aplicado a los procesos de contratación y a las actuaciones relacionadas con los contratos del Estado guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la legalidad, procurando recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la improvisación. La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal, desconociendo en consecuencia fundamentales reglas y requisitos previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en violación del principio de legalidad.  

(…)

En esta perspectiva, la planeación y, en este sentido, la totalidad de sus exigencias constituyen sin lugar a dudas un precioso marco jurídico que puede catalogarse como requisito para la actividad contractual. Es decir, que los presupuestos establecidos por el legislador, tendientes a la racionalización, organización y coherencia de las decisiones contractuales, hacen parte de la legalidad del contrato y no pueden ser desconocidos por los operadores del derecho contractual del Estado. (…)» 

 

Principio de previsibilidad. «(…)El principio en cuestión implica la sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las partes intervinientes, de los riesgos o contingencias del contrato[2].

(…) [T]odos los contratos del Estado a partir de su entrada en vigencia se incorporan bajo el concepto de previsibilidad o de contingencias plenas como los denomina la doctrina. (…) Debemos entender, no obstante la generalidad de la norma, todos aquellos por esencia sinalagmáticos y conmutativos, no así los de efectos estrictamente unilaterales, que como advertimos constituyen una clara excepción al concepto propuesto de contrato estatal.

(…)

Lo anterior implica, para efectos de consolidar la previsibilidad y en consecuencia darle un tratamiento proporcional al riesgo o contingencia en los contratos estatales,  efectuar entre otras las siguientes tareas administrativas: Identificación de factores que pueden frustrar los resultados previstos de un negocio; identificación de variables que influyan de alguna manera en la afectación a los resultados esperados en todos sus aspectos; utilización de la mejor información posible, la más confiable y de mejor calidad en torno al correspondiente negocio, incluso la surgida de antecedentes históricos contractuales de la entidad; manejo y evaluación de información conocida, procesada y alta calidad; evaluación de diferentes escenarios en torno a la probabilidad de ocurrencia de contingencias; identificación de las particularidades de cada riesgo para determinar los mecanismos tendientes a mitigar su impacto[3].

(…)

Identificada la contingencia o riesgo, la previsibilidad ordena su asignación a una de las partes del negocio, para lo cual la administración en aras de la proporcionalidad deberá entre otras cosas efectuar: La evaluación de que parte del contrato tiene la mejor capacidad para sopórtalos, gestionarlo, administrarlo en virtud de su experiencia, manejo de información, disposición para controlarlo y analizar cada riesgo en particular para determinar la causa que lo puede originar y en consecuencia quien podría mejor soportarlo y asumirlo responsablemente.

 

Con esta exigencia, se introduce al sistema de la contratación pública colombiana uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de la planeación y consistente en reconducir la actividad de las autoridades con responsabilidades en materia contractual, al estudio en detalle de la relación jurídica que se aspira a construir, de manera tal que se visualicen todos las posibles consecuencias del mismo, no solo en la perspectiva de la administración, sino también y fundamentalmente del futuro contratista, y ante este escenario, plenamente identificado, se adopte la decisión de mayor trascendencia para el futuro contrato, consistente, en que de manera discrecional y sobre todo fundamentada, esto es motivada, se distribuyan las cargas de responsabilidades que surjan de este análisis, de manera tal que hagan viable el negocio, respetando en todo caso los intereses estatales y el patrimonio público[4].(…)» 

 

 

 


[1]GASPAR ARIÑO ORTIZ. Teoría del Equivalente Económico en los Contratos Administrativos, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1968, pp 127 y ss. 

[2] De manera general puede consultarse en torno a los riesgos en los contratos públicos: MARCOS AUGUSTO PEREZ. O risco no Contrato de Concessão de Serviço Público, Editora Forum, Belo Horizonte, 2006; MARÍA JOSÉ VAÑÓ VAÑÓ. El Contrato de “Project Finance”. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002; RAÚL ENRIQUE GRANADILLO OCAMPO. Distribución de los Riesgos en la Contratación Administrativa, Astrea, Buenos Aires, 2000; JOSÉ LUIS BENAVIDES. Riesgos Contractuales, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2009. ALBERTO RUIZ OJEDA. La Concesión de Obra Pública, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006; FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ DE CISNEROS CID. Obras Públicas e Iniciativa Privada, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1998. PATRICIA VALCÁRCEL FERNÁNDEZ. Ejecución y Financiación de Obras Públicas, Fundación Caixagalicia, Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006.  J. LUIS GUASCH. Concesiones en Infraestructura. Como Hacerlas Bien. The World Bank – Antoni Bosh Editor, Barcelona, 2004. JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA. La Construcción y Financiación de las Infraestructuras Públicas, Revista del Derecho de la Telecomunicaciones e Infraestructuras en Red, Redeti, No 10, 2001. 

[3] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Sentencia de 2004, febrero 26. Exp 14043. “…La entidad regula la distribución de riesgos cuando prepara los documentos formativos del contrato, según sus necesidades y la naturaleza del contrato, diseñado para satisfacerlas. Y es el contratista el que libremente se acoge a esa distribución cuando decide participar en el proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado. Como se indicó precedentemente, los riesgos externos, extraordinarios o anormales, configuran la teoría de la imprevisión y, por tanto, deben ser asumidos, con las limitaciones indicadas, por la entidad. De manera que la teoría del equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, sólo se aplica cuando el contratista demuestre que el evento ocurrido corresponde al alea anormal del contrato, porque es externo, extraordinario e imprevisible y porque alteró gravemente la ecuación económica del contrato, en su perjuicio. Es por lo anterior que deben precisarse las obligaciones asumidas por el contratista en cada caso para definir el alea normal del contrato, esto es, los riesgos normales que asumió…”.

[4] ROGER TOMAS. Experiencias internacionales en la asignación de riesgos en los esquemas de concesión y propuesta para Colombia, Concesiones en Infraestructura, Ministerio de Hacienda, Coinvertir, CAF, Bogotá, 1996,  Pg 43.

Razones de la decisión

«(...)Para el caso concreto, se encuentra plenamente demostrado el daño antijurídico irrogado al actor consistente en la destrucción parcial de los bienes inmuebles construidos en la finca denominada “Buenavista” situada en la facción de Abeima, jurisdicción municipal de Chaparral – Tolima, como consecuencia de la construcción de la obra pública denominada Carretera Veredal del Bosque – el Moral, municipio de Chaparral, según contrato de obra pública No. 73-0384-0-98. 

(…)

 Sin embargo, no le asiste razón a la demandada, Fondo Nacional de Caminos Vecinales, respecto a que “…es el municipio de Chaparral quien debe asumir en forma exclusiva los perjuicios causados al demandante…”[1], pues su responsabilidad se ve directamente comprometida en la ocurrencia del daño, de una parte, i) por la omisión del Fondo en el ejercicio de inspección y vigilancia, manifiesta y evidente, en que incurrió respecto de su contratista por la inobservancia de las obligaciones legales que le competía referidas a la correcta, oportuna y adecuada construcción de la obra pública denominada Carretera Veredal del Bosque – el Moral, Municipio de Chaparral, según contrato de obra pública No. 73-0384-0-98.  

(…)

Y de otra, ii) en razón a que el Fondo de Caminos Vecinales no observó o lo hizo de forma deficiente, un deber que legalmente le correspondía, esto es, se sustrajo, por omisión, de la recta observancia de las funciones que el ordenamiento jurídico le impuso.

(…)

Asimismo, iii) la demandada omitió el deber de observar las obligaciones que le imponía la Resolución 0142 de 1996 proferida por ella misma, al tiempo que vulneró los principios de planeación y previsibilidad contractual, en especial aquella en la se demandaba a la entidad territorial a que “…Cuando se trate de proyectos de construcción o mejoramiento de caminos, deberá solicitar a las autoridades de control de los recursos naturales renovables, el estudio previo de impacto ambiental o certificado en el que conste que el área favorecida con la obra no lo requiere(…) .» 

 

 


[1] En virtud de la Cláusula Tercera del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 73-0115-0-98 celebrado entre el FNCV y el Municipio de Chaparral el cual establece que: INDEMNIZACIONES: Serán a cargo del municipio las indemnizaciones derivadas de la destrucción de mejoras o de la ocupación permanente o transitoria de los predios requeridos para la ejecución de la obra, accesos, campamentos, extracción y depósito de materiales.

Regla

El Estado es responsable patrimonialmente por falla en el servicio debido a los daños producidos en un predio de propiedad de un ciudadano como consecuencia de la ejecución de un contrato estatal de obra, porque:

  1. Los daños en los bienes inmuebles del ciudadano constituyen un daño antijurídico.
  2. La entidad estatal omitió el ejercicio de inspección y vigilancia respecto de la actuación del contratista en la realización de la obra.
  3.  La entidad estatal no dio cumplimiento al principio de previsibilidad pues no solicitó a las autoridades de control de los recursos naturales renovables, el estudio previo de impacto ambiental o certificado en el que conste que el área favorecida con la obra no lo requiere.

Decisión

CONDÉNASE al Ministerio de Transporte como sucesor procesal del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, a pagar al señor Domingo Barragán Urueña la suma de noventa millones trescientos seis mil setecientos trece pesos ($90.306.713,oo), por concepto de perjuicios materiales. 

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 14043 DE 2004

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: El Estado es responsable patrimonialmente por falla en el servicio como consecuencia de los daños..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Responsabilidad patrimonial
  • Daño antijurídico
  • Ejecución del contrato
  • Bien inmueble
  • Contratación estatal
  • Acción de reparación directa
  • Etapa contractual
  • Responsabilidad patrimonial
  • Daño antijurídico
  • Ejecución del contrato
  • Bien inmueble
  • Contratación estatal
  • Acción de reparación directa
  • Etapa contractual
  • Responsabilidad patrimonial
  • Daño antijurídico
  • Ejecución del contrato
  • Bien inmueble
  • Contratación estatal
  • Acción de reparación directa
  • Etapa contractual
  • Documentos
    Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
    Normativa
    S2 - Agente Virtual
    + - x
    Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

    Recomendaciones

    En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

    Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

    Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

    Términos y condiciones

    Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

    a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

    b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
    escribiendo

    Accesos directos

    Compra Pública Innovadora
    Indicadores
    Manuales, Guías y Pliegos Tipo
    Mesa de Servicio
    SECOP
    Síntesis
    Tienda Virtual del Estado Colombiano

    Cargando...