Jurisdicción coactiva derogada

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Caso

ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 19 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 679 DE 1984

Disposición Jurídica

Artículo 19: “De la ejecución de la garantía única. Cuando no se paguen voluntariamente las garantías únicas continuaran haciéndose efectivas a través de la jurisdicción coactiva con sujeción a las disposiciones legales.”

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la República mediante facultad reglamentaria revivir la jurisdicción coactiva en relación con la ejecución de garantías dentro de los contratos de seguros, aún cuando ésta había sido eliminada por la Ley 80 de 1993, sin exceder la potestad conferida por la Constitución Política?

Razones de la decisión

«(…)El inciso primero del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, fijó competencia  en esta jurisdicción para los procesos de ejecución, bien sea a instancias de la administración como del particular contratista, en consecuencia  no es aplicable la Ley 6ª de 1992. Esta legislación, lo que hizo fue expedir una reforma tributaria y otorgó facultades al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna,  dispuso un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictaron otras disposiciones.

 No obstante en su artículo 112 otorgara facultades a las entidades nacionales para el cobró coactivo, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo; así, las entidades públicas del orden nacional tales como Ministerios, Departamentos Administrativos, Organismos Adscritos y Vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría general de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el trámite de  jurisdicción coactiva podrán hacer efectivos los créditos exigibles a favor de aquellas; sin embargo, esta disposición no se hace extensiva a los títulos ejecutivos derivados de los contratos estatales, aún en el caso que la administración declare la ocurrencia del riesgo y ordene hacer efectiva la garantía única de cumplimiento en contra de la compañía aseguradora, pues en modo alguno, esta circunstancia constituye una excepción a dicha disposición especial regulada por el artículo 75.

 La Sala precisa que si bien es cierto la Ley 80 no derogó en su totalidad el artículo 68 del C.C.A., el cual prevé el trámite de la jurisdicción coactiva en favor de la administración pública, si derogó el numeral 4º de la norma, puesto que esta disposición facultaba a las entidades estatales para aplicar el procedimiento coactivo en contra de los contratistas, siempre que los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorgaran a favor de las entidades públicas,  integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución  ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso. El artículo 75 derogó dicha prerrogativa de la administración y fijó la competencia únicamente en el juez contencioso para el trámite de los procesos de ejecución, cuya fuente de la obligación la configure un contrato estatal. (…)»

Regla

El Presidente de la República mediante facultad reglamentaria no puede  revivir la jurisdicción coactiva en relación con la ejecución de garantías dentro de los contratos de seguros, aún cuando ésta había sido eliminada por la Ley 80 de 1993, sin exceder la potestad conferida por la Constitución Política porque el legislador lo que hizo fue expedir una reforma tributaria y otorgó facultades al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna,  dispuso un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictaron otras disposiciones no para otorgar una nueva vigencia a una jurisdicción ya derogada.

Decisión

DECLÁRASE la nulidad del artículo 19 del Decreto 679 de 1994.

Marco jurídico

Artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

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