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Una entidad pública puede adjudicar un contrato a una sociedad cuyo representante legal estaba limitado en sus facultades para comprometerla

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 20688 DE 2012

Identificadores

Principio de selección objetiva
Ratificación
Capacidad de contratación
Subsanación
Validez
Jefes o representantes de las entidades estatales
Autorización previa
Rechazo de la oferta
Certificado de existencia y representación legal
Oferta
Etapa precontractual
Adjudicación del contrato
Requisitos habilitantes
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Ratificación
Capacidad de contratación
Subsanación
Validez
Jefes o representantes de las entidades estatales
Autorización previa
Rechazo de la oferta
Certificado de existencia y representación legal
Oferta
Etapa precontractual
Adjudicación del contrato
Requisitos habilitantes
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Ratificación
Capacidad de contratación
Subsanación
Validez
Jefes o representantes de las entidades estatales
Autorización previa
Rechazo de la oferta
Certificado de existencia y representación legal
Oferta
Etapa precontractual
Adjudicación del contrato
Requisitos habilitantes
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 20688 DE 2012

Caso

CONSORCIO HENAO-RODRÍGUEZ VS MUNICIPIO DE LA DORADA

Hechos relevantes

Una entidad pública ordenó la apertura de una licitación  pública cuyo objeto era la ejecución de obras civiles de la  tercera etapa del proyecto centro comercial de abastos. La entidad pública  evaluó la propuesta de la sociedad Obras y Diseños, a pesar de que el representante no tenía facultad de obligarla y debía estar autorizado por su junta, en tanto el valor de aquélla para los dos grupos fue de $800.000.000 y sólo podía obligarla hasta por el monto de $300.000.000.    

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública adjudicar un contrato a una sociedad cuyo representante legal estaba limitado en sus facultades para comprometerla por el valor de la oferta, sin violar los criterios de validez de los contratos?

Razones de la decisión

«(…) En el primer caso, ya se anotó, la falta de capacidad del proponente es un defecto de carácter insubsanable, en tanto se trata de un requisito habilitante para participar en el proceso de selección, que debe demostrarse al momento de presentar la propuesta, so pena de rechazo de la misma; mientras que en el segundo, esto es, en el evento en que el representante legal tenga alguna limitación para contratar, la autorización del órgano competente (junta de socios, junta directiva, asamblea general) para comprometer a la sociedad en la presentación de propuestas y en la firma del contrato posible que se derive de la correspondiente convocatoria pública, es subsanable y no implica el rechazo de la propuesta.   En otros términos, la no acreditación al comienzo del proceso de las autorizaciones que de conformidad con los estatutos sociales se requieran para representar y comprometer válidamente a la persona jurídica, según consta en el certificado de existencia y representación, será subsanable, siempre que el proponente hubiere contado con las mismas antes de la presentación de la oferta o le hubiese sido ratificado el respectivo acto (art. 884 C. Co.)[3]. (…)»  
[1] C. Co. “Artículo 844. La ratificación del interesado, si se hace con las mismas formalidades que la ley exige para el negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo, salvo en cuanto lesione derechos de terceros.”   [2] Esta tesis fue acogida por la Sección Tercera, la cual consideró que la norma citada de la Ley 80, según la exposición de motivos del proyecto de ley que dio lugar a su creación se refería a documentos o requisitos superfluos que no permitían a la administración desestimar la oferta, pero no la facultaba para solicitarlos y subsanar omisiones. Por eso, consideró que si el Estatuto General no establecía esta facultad para la administración, la omisión de estos requisitos no necesarios para la comparación, es decir, requisitos que no impiden la evaluación de las ofertas por versar sobre aspectos esenciales, no requeriría de subsanación dentro del proceso, sino simplemente daría lugar a no desestimar la propuesta, pues no todos los preceptos del pliego ostentan la misma categoría. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 24.715 y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Y sobre la distinción de los requisitos y los factores de evaluación en otra oportunidad esta Sección señaló: “[L]os pliegos de condiciones están llamados a establecer los requisitos de participación de los oferentes y los criterios o factores de evaluación o calificación de sus ofertas; unos y otros, deben llevar como única impronta el fin general perseguido con la contratación propuesta. /Los primeros, permiten la participación de los sujetos, esto es, habilitan jurídica, financiera o técnicamente la concurrencia de los interesados al proceso y, por ende, conciernen a la idoneidad de los oferentes; y los segundos, posibilitan la selección de la propuesta, esto es, están referidos a calificar la oferta, a darle un puntaje, para establecer el mérito de la misma frente al objeto a contratar y, por ende, tienen una conexión directa con la particular necesidad, esto es, una connotación sustancial para la escogencia de la oferta más favorable a los intereses de la entidad.” Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2006, exp. 16.041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.   [3] Advertencia que se hace toda vez que actualmente el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 –que derogó el inciso 2° del numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 en el artículo 32 ibídem- reguló este aspecto con un sentido similar, más no igual, así: “La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, La capacidad legal o de ejercicio. «(...) [D]ebe ostentarse al momento de presentar la correspondiente oferta, pues si “quien carece de capacidad jurídica no está habilitado para intervenir en ese derrotero negocial, es evidente que ella debe tenerse al momento de realizar la propuesta para poder ser tenido en cuenta” [2] (...)»

 

La representación. «(...) (del latín representato[1]) se puede definir como la facultad que tiene una persona (natural o jurídica) de actuar, obligar y obrar en nombre o por cuenta de otra. De esta sencilla noción se colige que la naturaleza de la representación estriba en el ejercicio por el representante de los derechos del representado, declarando su voluntad y radicando los efectos jurídicos de los actos que celebre con terceros en éste, dentro del límite de sus poderes. La representación puede ser legal, voluntaria o judicial:

 

(i) La representación legal es aquella que emana directamente de ley, cuando por mandato de esta se le confía a otra persona la gestión de los intereses de una persona incapaz o que no puede o no debe vincularse por sí misma, por ejemplo, el caso de los padres, tutores o curadores respecto de los menores de edad, las personas con medida de interdicción, los ausentes, respectivamente.

 

(ii) La representación voluntaria o convencional es aquella que surge de la autonomía privada de las partes, esto es, de un negocio jurídico celebrado entre el representado y el representante, en el que el primero autoriza al segundo para actuar en su nombre y representación, facultándolo para el ejercicio de los derechos de uso, goce o disposición en su caso, sobre los bienes (corporales o incorporales), o derechos cuyo ejercicio versa el acto de la representación (como en la modalidad de mandato con representación, prevista en los art. 1262 C.Co.). En este caso, los actos jurídicos pueden ser realizados por medio de representante, salvo que la ley disponga lo contrario, como ocurre para las personas naturales en materia testamentaria o en el ejercicio de derechos políticos. Los artículos 832 y ss. del Código de Comercio, definen este tipo de representación como la que se confiere por una persona mediante acto de apoderamiento en el que faculta a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos, que propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste.

 

(iii) La representación judicial es aquella que confiere el juez al designar, en ciertos casos previstos en la ley, un representante denominado curador, con el fin de que defienda los intereses de quien no comparezca en juicio o esté ausente (...)»  


[1] Según las definiciones que de la palabra trae el Diccionario de la Lengua Española representación es la acción y efecto de representar, hacer presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público.  
[1] Así lo ha señalado al estudiar lo preceptuado por el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, que señala que la capacidad jurídica es un requisito habilitante para participar en el proceso de selección, y en la que agregó: “como quiera que las circunstancias inherentes a la capacidad jurídica del proponente son materia del Registro Único de Proponentes y de verificación documental por parte de la correspondiente Cámara de Comercio, resulta que se prueba plena y exclusivamente con el correspondiente certificado del RUP y que las entidades estatales no podrán exigir, ni los proponentes aportar, ninguna otra documentación relacionada con ella, tal como se desprende de lo previsto por el inciso segundo del numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007.” Y añadió que, “aún en estos casos excepcionales en que las entidades estatales son las llamadas a verificar documentalmente las condiciones de los proponentes,  la capacidad jurídica del proponente debe existir y se debe demostrar al momento de presentar la oferta porque es un requisito habilitante para poder participar en el proceso de selección y por ende tampoco puede postergarse en este caso, hasta el momento de la adjudicación, la existencia y la prueba de esa calidad.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2011, exp. 36.408, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.   [2] Ídem.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad pública puede adjudicar un contrato a una sociedad cuyo representante legal estaba..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Principio de selección objetiva
  • Ratificación
  • Capacidad de contratación
  • Subsanación
  • Validez
  • Jefes o representantes de las entidades estatales
  • Autorización previa
  • Rechazo de la oferta
  • Certificado de existencia y representación legal
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Adjudicación del contrato
  • Requisitos habilitantes
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Ratificación
  • Capacidad de contratación
  • Subsanación
  • Validez
  • Jefes o representantes de las entidades estatales
  • Autorización previa
  • Rechazo de la oferta
  • Certificado de existencia y representación legal
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Adjudicación del contrato
  • Requisitos habilitantes
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Ratificación
  • Capacidad de contratación
  • Subsanación
  • Validez
  • Jefes o representantes de las entidades estatales
  • Autorización previa
  • Rechazo de la oferta
  • Certificado de existencia y representación legal
  • Oferta
  • Etapa precontractual
  • Adjudicación del contrato
  • Requisitos habilitantes
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrtaivo. Sección Tercera. Subsección B. C.P.
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