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El contrato estatal de prestación de servicios permite ejercer actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la Entidad.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19083 DE 2013

Identificadores

Particular
Objeto ilícito
Jurisdicción coactiva
Contrato de prestación de servicios
Municipio
Nulidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Particular
Objeto ilícito
Jurisdicción coactiva
Contrato de prestación de servicios
Municipio
Nulidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Particular
Objeto ilícito
Jurisdicción coactiva
Contrato de prestación de servicios
Municipio
Nulidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19083 DE 2013

Caso

SANDRA ROSA ACUÑA PAEZ VS. MUNICIPIO DE LA CALERA

Hechos relevantes

Un municipio declara la nulidad de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto consistía en la gestión de cobros coactivos por parte de un particular, por considerar que el objeto del contrato es ilícito. La contratista demanda la nulidad del acto administrativo que declara la nulidad del contrato de prestación de servicios, por considerar que no fue debidamente motivado.

Problema Jurídico

¿Puede un municipio declarar la nulidad absoluta de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto consistía en la gestión de cobros coactivos por parte de un particular, por considerar que el objeto del contrato es ilícito?

Regla ampliada

Funciones que la Administración puede ceder en los particulares. «(…) La Corte Constitucional precisó que “…no todo tipo de funciones pueden ser atribuidas a los particulares” [1]. Básicamente, señaló que las funciones que pueden serlo son aquellas propiamente administrativas y no las de contenido político, gubernamental, legislativo o jurisdiccional.

Pero, la atribución de funciones a particulares no puede llegar al punto de vaciar de contenido la competencia que se ha otorgado al funcionario, de modo tal que este último sea reemplazado totalmente en sus funciones por un  particular, y menos a través de un contrato. (…)»

 

De qué manera el Estado puede confiar en un particular funciones administrativas. «(…) En efecto, una de las maneras como el Estado puede confiar en un particular funciones administrativas está dada por la figura del contrato estatal, particularmente, a través del contrato de prestación de servicios, cuya propia noción legal rechaza que por esa vía se transmitan de forma irrestricta a un contratista las funciones administrativas propias de la entidad Estatal, o la representación de la misma frente a terceros; al respecto, recuérdese que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 dispone que:

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

“…

“3o. Contrato de Prestación de Servicios.

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades requieran conocimientos especializados.

“Estos contratos se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. (…)»


[1] Corte Constitucional, Sentencia C-866/99, M.P. Vladimiro Naranjo; Sentencia C-776/03, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia C-866/99, M.P. Vladimiro Naranjo;  y Sentencia C-702/99, M.P. Fabio Morón Díaz.

Razones de la decisión

«(…) Lo anterior implica que, con la celebración del contrato, no se transfirieron competencias de la administración a un particular, relativas a la recaudación de impuestos a través del ejercicio de la jurisdicción coactiva, pues, si ello hubiese sido así, ninguna posibilidad de apoderamiento judicial posterior habría tenido que contemplarse en el clausulado. Resulta obvio que, de haberse siquiera admitido o contemplado la posibilidad de adelantar cobros coactivos o de jurisdicción coactiva, por parte del municipio, a través de su contratista, no habría sido necesario incluir una previsión encaminada a que éste acudiera, ante los jueces de la República con la finalidad de obtener, por la vía de la acción ejecutiva, el recaudo de las sumas adeudadas.

 

No cualquier actividad ejecutada por un contratista relacionada con el cobro de sumas generadas en obligaciones tributarias resulta  - per se -  viciada de nulidad (contrato celebrado contra expresa prohibición legal), como lo resolvió la entidad demandada en el caso que se analiza. Para que el vicio se materialice se requiere que, efectivamente, a ese particular se la transfieran labores o actividades que deban ser ejercitadas exclusivamente por la administración y que pueda, sin duda alguna y en virtud del contrato, proferir actos o adelantar actuaciones de competencia exclusiva de los funcionarios públicos encargados por la ley para  recaudar los impuestos e ingresarlos a las arcas municipales, situación que no se presentó en este asunto. 

 

De esta manera, el contrato terminado unilateralmente no entregó, en realidad, ninguna función administrativa de cobro coactivo a la contratista, pues la tarea desarrollada por el particular no sustituyó la actividad del servidor público que tenía la competencia para efectuar el cobro coactivo, cuestión que la Corte Constitucional calificó claramente como uno de los límites a la atribución[1]. De lo anterior puede concluirse que, realmente, el objeto del contrato no era ilícito, en la medida en que nada impedía que se encomendaran una tareas como las señaladas allí a un particular, en relación con lo cual debe ponerse de presente que, según las pruebas obrantes en el proceso, en las misivas que la contratista enviaba a los deudores del municipio se hacía alusión a la iniciación del trámite del cobro coactivo cuando en realidad no existía tal, pues lo único que se proponía la contratista era persuadir el pago de las obligaciones de quienes se hallaban en mora, como mecanismo previo a la iniciación de las acción ejecutiva por vía judicial, para lo cual debería solicitar el poder respectivo. (…)»


[1] Corte Constitucional, Sentencia C-776/03, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Regla

Un municipio no puede declarar la nulidad absoluta de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto consistía en la gestión de cobros coactivos por parte de un particular, por considerar que el objeto del contrato es ilícito, porque si a dicho particular se la transfieren labores o actividades que deban ser ejercitadas exclusivamente por la administración y que pueda, sin duda alguna y en virtud del contrato, proferir actos o adelantar actuaciones de competencia exclusiva de los funcionarios públicos encargados por la ley para  recaudar los impuestos e ingresarlos a las arcas municipales. 

Decisión

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia del trece (13) de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de apelación.   SEGUNDO. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 011 de 1 de marzo y 114 de 5 de mayo de 2012, proferidas por el señor Alcalde Municipal de La Calera,, por  medio de las cuales decidió y confirmó en reposición, respectivamente, dar por terminado el contrato de prestación de servicios 015 -56 de 12 de diciembre de 1994 celebrado con la señora Sandra Rosa Acuña Páez.   TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE en abstracto al Municipio de La Calera a pagar a la demandante, indemnización por perjuicios materiales como consecuencia del incumplimiento del contrato celebrado.   Para dar cumplimiento a lo anterior, la interesada deberá promover el respectivo incidente de liquidación de condena ante el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad prevista por el artículo 172 del C.C.A.   CUARTO.- Para el cumplimiento del fallo, se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del C.C.A.   QUINTO.- EXPÍDASE copia de la sentencia, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.   SEXTO.- Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.    SÉPTIMO.- Sin costas.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Sentencia C-776 de 2003.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia C-866 de 1999. Sentencia C-702 de 1999. Sentencia C-776 de 2003.

Órdenes

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia del trece (13) de julio de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de apelación. SEGUNDO. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 011 de 1 de marzo y 114 de 5 de mayo de 2012, proferidas por el señor Alcalde Municipal de La Calera,, por  medio de las cuales decidió y confirmó en reposición, respectivamente, dar por terminado el contrato de prestación de servicios 015 -56 de 12 de diciembre de 1994 celebrado con la señora Sandra Rosa Acuña Páez.

Marco jurídico

Artículos 13, 32, 44 de Ley 80 de 1993. Artículo 1742 del Código Civil. Artículo 141, literal d, numeral 6 del Decreto 2626 de 1994.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: El contrato estatal de prestación de servicios permite ejercer actividades relacionadas con la..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Particular
  • Objeto ilícito
  • Jurisdicción coactiva
  • Contrato de prestación de servicios
  • Municipio
  • Nulidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Particular
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  • Documentos
    Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrtaivo, C.P. Carlos Alberto Za
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