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Las entidades del estado deben garantizar la eficiente y continua prestación de los servicios públicos

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

T-454-2007

Identificadores

Legalización del contrato
Eficiencia
Servicios Públicos
Etapa precontractual
Contratación estatal
Educación
Gobernación
Continuidad
Legalización del contrato
Eficiencia
Servicios Públicos
Etapa precontractual
Contratación estatal
Educación
Gobernación
Continuidad
Eficiencia
Legalización del contrato
Gobernación
Servicios Públicos
Continuidad
Educación
Etapa precontractual
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

T-454-2007

Caso

MARTHA CECILIA BELLO VARGAS EN REPRESENTACIÓN DE  SU HIJA MENOR ÁNGELA JOHANA TORRES BELLO VS. GOBERNACIÓN DE CASANARE

Hechos relevantes

Una madre actuando en representación de su hija sorda menor interpuso acción de tutela contra una Gobernación, debido a la terminación de los contratos de los traductores de lenguaje de señas. Dicho hecho estancó el proceso educativo de la menor, pues a causa de su enfermedad le era difícil comprender las clases.

 

La Gobernación informó que el proyecto Implementación del programa de educación regular a grupos poblacionales especiales en el Departamento seguía en su curso normal, pero estaba a la espera de que se legalizaran los nuevos contratos conforme al trámite dispuesto en la Ley 80 de 1993.

Problema Jurídico

¿Puede una Gobernación suspender la contratación de los intérpretes de señas, mientras se legalizan los nuevos contratos, sin contrariar los fines de la contratación estatal y el derecho a la educación? 

Regla ampliada

Alcance del principio de continuidad en los servicios públicos. «(…)no debe interrumpirse la prestación salvo que exista una causa legal justificable constitucionalmente”[1], ya que, de este modo, se asegura la prestación oportuna del servicio, y por lo tanto su efectividad. Así pues, no es dable que las entidades encargadas de su cubrimiento afecten la continuidad, dado que un comportamiento en tal sentido implica  una disminución de la calidad y la eficiencia y una desviación de los fines sociales del Estado. (…)»

 Procedencia de la acción de tutela en casos específicos sobre afectación a los derechos colectivos  «(…)  la Corte considera pertinente aclarar que, a pesar de que el principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos tiene como fin garantizar derechos colectivos de los usuarios siendo en principio la acción popular la vía adecuada para su protección, en aquellas ocasiones en las que se logre concretar la afectación de los derechos fundamentales de una persona determinada o determinable, como en el caso que se revisa, la acción de tutela se torna procedente (…)»

   


[1]  Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Razones de la decisión

«(…) En estas circunstancias, es deber del Estado, tomar las medidas pertinentes para lograr que el acceso al servicio publico (sic) de educación sea real y efectivo y se lleve a cabo sin interrupciones.

 

Es claro, que las entidades territoriales se encuentran facultadas para contratar con personas jurídicas y naturales para la materialización de sus políticas sociales y que dicha contratación se encuentra reglada por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Por consiguiente, el trámite señalado debe cumplirse a cabalidad para garantizar una correcta utilización de los recursos, así como el respeto de los derechos de quienes intervienen en los procesos de contratación. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece:

 

Artículo 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)”. (Subraya fuera de texto).

 

De este modo, aunque el proceso y los trámites señalados para la contratación del Estado con las distintas entidades debe ser respetado, el fin primordial de ésta es la eficiencia y continuidad en la prestación del servicio al igual que la efectividad de los derechos de los ciudadanos y por tal motivo, la actuación desplegada por la Gobernación de Casanare no se ajusta a la Constitución ni a la teleología plasmada en la Ley 80 de 1993, ya que de lo expuesto por las partes dentro de la demanda de tutela, se concluye que , dada su discapacidad auditiva, la menor Ángela Torres vio interrumpida su formación académica durante un mes, lo cual va en contravía del  principio de continuidad y al mismo tiempo la excluye, así sea sólo de forma temporal e implícita, del sistema educativo. (…)»

Regla

 Una Gobernación no puede suspender la contratación de los intérpretes de señas, mientras se legalizan los nuevos contratos, sin contrariar los fines de la contratación estatal y el derecho a la educación, porque no se tomaron las medidas pertinentes para evitar la interrupción del acceso al servicio público de educación, con lo cual incumplió lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, que establece como un fin de la contratación estatal la continua y eficiente prestación de los servicios públicos. De este modo, aunque el proceso y los trámites señalados para contratar con las distintas entidades del Estado deben ser respetados, también debe garantizarse la eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio al igual que la efectividad de los derechos de los ciudadanos. 

Decisión

LEVANTAR la suspensión de términos en este proceso, ordenada mediante auto de fecha veintiocho (28) de marzo de 2007.

 

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal, por las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto, por existir un hecho superado.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia T-457 de 2001.

Órdenes

EXHORTAR a la Gobernación de Casanare y a la Secretaría de Educación Departamental para que adecuen el proceso de renovación de órdenes de prestación de servicios con el calendario académico del Colegio Braulio González de forma que los menores discapacitados no vean entorpecido el desarrollo de sus clases.

Marco jurídico

Artículo 67 de la Constitución Política. Artículo 3 de la Ley 80 de 1993. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Las entidades del estado deben garantizar la eficiente y continua prestación de los servicios..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Legalización del contrato
  • Eficiencia
  • Servicios Públicos
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Educación
  • Gobernación
  • Continuidad
  • Legalización del contrato
  • Eficiencia
  • Servicios Públicos
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Educación
  • Gobernación
  • Continuidad
  • Eficiencia
  • Legalización del contrato
  • Gobernación
  • Servicios Públicos
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  • Educación
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
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