A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Los organismos de control y vigilancia sólo ejercen un control posterior en los procesos de contratación estatal 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-113-1999

Identificadores

Control
Audiencia pública
Licitación pública
Separación de poderes
Adjudicación del contrato
Patrimonio estatal
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la República
Órganos de control
Contratación estatal
Etapa precontractual
Control
Audiencia pública
Licitación pública
Separación de poderes
Adjudicación del contrato
Patrimonio estatal
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la República
Órganos de control
Contratación estatal
Etapa precontractual
Control
Audiencia pública
Licitación pública
Separación de poderes
Adjudicación del contrato
Patrimonio estatal
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la República
Órganos de control
Contratación estatal
Etapa precontractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-113-1999

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

ARTICULO 25.- Del principio de Economía. En virtud de este principio:

(...)

11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación.

(...)".

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que los organismos de control y vigilancia no intervengan en los procesos de contratación estatal, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación, sin violar los artículos 118, 284, 267 y 277, numeral 7, de la Constitución Política, que señalan las facultades de la Procuraduría General de la Nación y la función fiscal de la Contraloría General de la República? 

Razones de la decisión

«(…) Estima la Corte que la expresión acusada, mediante la cual se prohíbe (sic) a los órganos de control y vigilancia intervenir en los procesos de contratación, no es inconstitucional, si tal disposición se aprecia en concordancia con el principio establecido en el artículo 113 de la Carta. Este, sin perjuicio de la armónica colaboración entre las ramas y órganos del Poder Público, sigue preservando la independencia entre ellos, con el propósito de impedir que, en desarrollo de su acción, se interfieran mutuamente.

 (…)

En ese orden de ideas, la tarea de entes como las contralorías no es la de actuar dentro de los procesos internos de la Administración cual si fueran parte de ella, sino precisamente la de ejercer el control y la vigilancia sobre la actividad estatal, a partir de su propia independencia, que supone también la del ente vigilado, sin que les sea permitido participar en las labores que cumplen los órganos y funcionarios competentes para conducir los procesos que después habrán de ser examinados desde la perspectiva del control. De lo contrario, él no podría ejercerse objetivamente, pues en la medida en que los entes controladores resultaran involucrados en el proceso administrativo específico, objeto de su escrutinio, y en la toma de decisiones, perderían toda legitimidad para cumplir fiel e imparcialmente su función.

 

Así, pues, en tratándose de la Contraloría General de la República, el control a ella asignado es de carácter posterior, por expresa disposición del artículo 267 de la Constitución, motivo por el cual resulta evidente que a dicho órgano le está vedado participar en el proceso de contratación. Su función empieza justamente cuando la Administración culmina la suya, esto es, cuando ha adoptado ya sus decisiones. 

 

En cuanto atañe a la Procuraduría General de la Nación y demás entes integrantes del Ministerio Público, el análisis de la preceptiva constitucional permite sostener también el carácter posterior de la actividad de control y vigilancia, aunque tal criterio no es exactamente igual que el expuesto, relativo al control fiscal.

 

En efecto, la Corte considera que, si bien la Carta Política ha conferido a los órganos del Ministerio Público la facultad de "intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario" para defender el orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales -lo cual significa que están habilitados para establecer si en los procesos administrativos o en las actuaciones de los servidores públicos se han presentado actos indebidos o contrarios al ordenamiento jurídico, o irregulares, y para deducir, por consiguiente, las responsabilidades a que haya lugar-, tal intervención debe darse normalmente una vez que dichos procesos y actuaciones han culminado. Pero este principio encuentra su salvedad, como lo contempla la Carta, en los casos en que la intervención, observación o confrontación se hagan menester de manera urgente y evidente, con miras a la defensa efectiva de derechos fundamentales en peligro o por un inminente riesgo del patrimonio público. (…)»

Regla

El Congreso de la República puede establecer que los organismos de control y vigilancia no intervengan en los procesos de contratación estatalsalvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la adjudicación en caso de licitación, sin violar los artículos 118, 284, 267 y 277, numeral 7, de la Constitución Política, que señalan las facultades de la Procuraduría General de la Nación y la función fiscal de la Contraloría General de la República, porque: 

  1. La disposición acusada busca preservar la independencia y evitar la interferencia entre las ramas y órganos del Poder Público.
  2. La Contraloría no deben actuar dentro de los procesos internos de la Administración ni participar en el proceso de contratación, sino ejercer control y vigilancia sobre la actividad estatal. Así, pues, el control asignado por la Constitución Política es de carácter posterior. Su función empieza justamente cuando la Administración culmina la suya, esto es, cuando ha adoptado ya sus decisiones. 
  3. El control que ejerce la Procuraduría es posterior. Su intervención se da  cuando se presentan actos indebidos o contrarios al ordenamiento jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales. Sin embargo, esta regla encuentra su salvedad en los casos en que la intervención, observación o confrontación se requieran de manera urgente y evidente, con miras a la defensa efectiva de derechos fundamentales en peligro o por un inminente riesgo del patrimonio público. 

Decisión

Declárense EXEQUIBLES las palabras "y los organismos de control y vigilancia", pertenecientes al numeral 11 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Marco jurídico

Artículos 113, 118, 209, 267, 277 y 284  de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Los organismos de control y vigilancia sólo ejercen un control posterior en los procesos de..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Control
  • Audiencia pública
  • Licitación pública
  • Separación de poderes
  • Adjudicación del contrato
  • Patrimonio estatal
  • Procuraduría General de la Nación
  • Contraloría General de la República
  • Órganos de control
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Control
  • Audiencia pública
  • Licitación pública
  • Separación de poderes
  • Adjudicación del contrato
  • Patrimonio estatal
  • Procuraduría General de la Nación
  • Contraloría General de la República
  • Órganos de control
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Control
  • Audiencia pública
  • Licitación pública
  • Separación de poderes
  • Adjudicación del contrato
  • Patrimonio estatal
  • Procuraduría General de la Nación
  • Contraloría General de la República
  • Órganos de control
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
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