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Inhabilidades e incompatibilidades de ex servidores públicos para contratar con el Estado

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-257-2013

Identificadores

Servicios Públicos
Configuración legislativa
Inhabilidades
Contratación estatal
Nivel directivo
Actos de corrupción
Proporcionalidad
Principio de selección objetiva
Incompatibilidades
Etapa precontractual
Servicios Públicos
Configuración legislativa
Inhabilidades
Contratación estatal
Nivel directivo
Actos de corrupción
Proporcionalidad
Principio de selección objetiva
Incompatibilidades
Etapa precontractual
Etapa precontractual
Proporcionalidad
Principio de selección objetiva
Actos de corrupción
Servicios Públicos
Configuración legislativa
Nivel directivo
Incompatibilidades
Inhabilidades
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-257-2013

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 1474 DE 2011

Disposición Jurídica

LEY 1474 DE 2011 

"ARTÍCULO 4o. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO. Adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.

Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público. (…)”

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República incluir en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a quienes hayan ejercicio cargos directivos en las  entidades del Estado, a sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil y a las sociedades en las cuales dichos ex directivos – a sus parientes próximos -hagan parte o estén vinculados a cualquier título a esa sociedad, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios, y establecer que dicha inhabilidad rige  durante los dos años siguientes a su retiro, sin vulnerar los principios de necesidad y proporcionalidad?

Regla ampliada

 
Límites a la libertad de configuración legislativa en inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio de funciones publicas. «(...). .- La Corte Constitucional ha señalado sistemáticamente que el artículo 123 de la Carta Política prescribe que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento .En esa dirección, el numeral 23 del artículo 150establece que el legislador expedirá las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.
 
.- De acuerdo con las normas citadas, es competencia del legisladorregular la función pública y establecer los requisitos, exigencias, condiciones o calidades que deben reunir las personas que aspiran a ejercerla, así como el régimen disciplinario y el de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones  a que ellas están sujetas.
.- El ejercicio de esta potestad del legislador tiene como misión proteger el interés general, garantizar el cumplimiento de la función administrativa en los términos del artículo 209 Superior, y buscar el aseguramiento de los fines esenciales del Estado, establecidos en el artículo 2 de las Constitución. En concreto, el artículo 209 precitado establece una serie de principios que irradian el ejercicio de la función administrativa: los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos principios, el Constituyente permitió que el legislador definiera estrictas reglas de conducta dirigidas a garantizar la moralidad pública y el ejercicio de las funciones atribuidas a los servidores públicos, bajo el parámetro de la defensa del interés general y el cumplimiento de los fines del Estado (Arts. 122, 124 a 129 C.P.). (...)»

Límites a la libertad de configuración legislativa en inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en el ejercicio de funciones publicas. «(...). .- La Corte Constitucional ha señalado sistemáticamente que el artículo 123 de la Carta Política prescribe que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento .En esa dirección, el numeral 23 del artículo 150establece que el legislador expedirá las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. .- De acuerdo con las normas citadas, es competencia del legisladorregular la función pública y establecer los requisitos, exigencias, condiciones o calidades que deben reunir las personas que aspiran a ejercerla, así como el régimen disciplinario y el de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones  a que ellas están sujetas.
.- El ejercicio de esta potestad del legislador tiene como misión proteger el interés general, garantizar el cumplimiento de la función administrativa en los términos del artículo 209 Superior, y buscar el aseguramiento de los fines esenciales del Estado, establecidos en el artículo 2 de las Constitución. En concreto, el artículo 209 precitado establece una serie de principios que irradian el ejercicio de la función administrativa: los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de estos principios, el Constituyente permitió que el legislador definiera estrictas reglas de conducta dirigidas a garantizar la moralidad pública y el ejercicio de las funciones atribuidas a los servidores públicos, bajo el parámetro de la defensa del interés general y el cumplimiento de los fines del Estado (Arts. 122, 124 a 129 C.P.). (...)»
 

Razones de la decisión

«(…)En los términos ya señalados, se reitera que el legislador goza en esta materia de una amplia libertad de configuración para establecer un régimen estricto de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y por un tiempo razonable a partir de su retiro, especialmente en el ámbito de la contratación pública. En este caso las medidas legislativas se han adoptado como parte esencial de una  política pública cuyo fin  es la de erradicar y prevenir no solo posibles actos  corrupción, sino la de proscribir ventajas y privilegios que entrañan grave desconocimiento de los fines del estado, de  los principios de la función pública y de los derechos de los ciudadanos en materia de contratación estatal. Política pública que, como ya se anotó, responde a una continuidad histórica, desde su consagración en el artículo 8 de la ley 80 de 1993 y que se ha ordenado a establecer rigurosos mecanismos de prevención de prácticas indeseables en la contratación pública. Por ello resulta constitucionalmente admisible  establecer una inhabilidad para contratar con el Estado a  los ex servidores públicos que ejercieron funciones directivas y a las sociedades en que en estos o sus parientes hagan parte y la entidad del estado a la cual estuvo vinculado como directivo.

 

No puede perderse de vista que la norma acusada establece la inhabilidad para contratar,  directa o indirectamente, a quienes  hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado, o sus parientes,  y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título. Es claro que la norma  señala que la inhabilidad se aplica  en relación con aquellos servidores públicos que  desempeñaron funciones de dirección para  evitar  que puedan utilizarlos vínculos, influencia y ascendencia que estos ex directivos – o sus familiares cercanos - puedan tener con la entidad y sus funcionarios encargados de los procesos de selección,  precisamente por el rol de jerarquía y mando que ejerció, con lo cual se trata de poner a salvo los principios constitucionales de la administración pública ya referidos.

 

Sin embargo, como lo plantea el demandante y algunos intervinientes, tratándose de sociedades anónimas por acciones, dadas sus características esenciales, la restricción no podría aplicarse, pues en estos casos no existe posibilidad  de control sobre los accionistas que puedan acceder a la compra de acciones, y que lo  pueden hacer con plena libertad, incluso en el mercado bursátil abierto, en razón de la capacidad económica y voluntad del inversionista y no por sus condiciones personales y de manera particular por  su condición de ex servidor público. Esta circunstancia de suyo no implica que  la norma deba ser declarada inconstitucional o la necesidad de que la Corte profiera una sentencia condicionada, pues de lo que se trata en este caso es  de fijar el alcance material de la proposición normativa objeto de control.

 

Para la Corte es claro que la prohibición establecida en el  artículo 4 de la ley 1474 de 2011, que adiciona el literal F al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993,  no aplica respecto de aquellos tipos societarios en donde la forma de vinculación de los socios hace imposible un control directo y efectivo sobre su ingreso y sobre las calidades personales de los mismos.(…)»

Regla

El Congreso de la República puede incluir en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a quienes hayan ejercicio cargos directivos en las  entidades del Estado, a sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil y a las sociedades en las cuales dichos ex directivos – a sus parientes próximos -hagan parte o estén vinculados a cualquier título a esa sociedad, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios, y establecer que dicha inhabilidad rige  durante los dos años siguientes a su retiro, sin vulnerar los principios de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a lo siguiente:   

  1. El legislador goza de una amplia libertad de configuración para establecer un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y por un plazo razonable a partir de su retiro, especialmente en el ámbito de la contratación estatal. Por esto, la medida adoptada es ajustada al ordenamiento jurídico porque su fin es erradicar y prevenir actos de corrupción y además proscribir ventajas y privilegios.
  2. Esta inhabilidad se aplica  en relación con aquellos servidores públicos que  desempeñaron funciones de dirección y así   evitar  que puedan utilizar los vínculos, influencia y ascendencia que estos ex directivos – o sus familiares cercanos - puedan tener con la entidad y los funcionarios encargados de los procesos de selección, con lo cual se trata de poner a salvo los principios constitucionales de la administración pública.
  3. Esta inhabilidad no aplica para sociedades donde la forma de vinculación de los socios hace imposible un control directo y efectivo sobre su ingreso y sobre las calidades personales de los mismos.

Decisión

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, frente al cargo analizado, el artículo 4 de la ley 1474 de 2011, que adiciona el literal F al numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

Marco jurídico

Artículos 13, 25 y 26 de la Constitución Política 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Inhabilidades e incompatibilidades de ex servidores públicos para contratar con el Estado..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Servicios Públicos
  • Configuración legislativa
  • Inhabilidades
  • Contratación estatal
  • Nivel directivo
  • Actos de corrupción
  • Proporcionalidad
  • Principio de selección objetiva
  • Incompatibilidades
  • Etapa precontractual
  • Servicios Públicos
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  • Contratación estatal
  • Nivel directivo
  • Actos de corrupción
  • Proporcionalidad
  • Principio de selección objetiva
  • Incompatibilidades
  • Etapa precontractual
  • Etapa precontractual
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  • Actos de corrupción
  • Servicios Públicos
  • Configuración legislativa
  • Nivel directivo
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  • Inhabilidades
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Corte Constitucional, M.P Jaime Córdoba Triviño, Bogotá D.C. 7 de mayo de 2013.
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