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Exoneración de la inscripción, calificación y clasificación del registro de proponentes

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-949-2001

Identificadores

Contrato de prestación de servicios
Registro único de proponentes
Menor cuantía
Principios de la función administrativa
Contrato de concesión
Principio de transparencia
Principio de selección objetiva
Urgencia manifiesta
Contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
Contratación estatal
Etapa precontractual
Contrato de prestación de servicios
Registro único de proponentes
Menor cuantía
Principios de la función administrativa
Contrato de concesión
Principio de transparencia
Principio de selección objetiva
Urgencia manifiesta
Contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
Contratación estatal
Etapa precontractual
Contrato de prestación de servicios
Registro único de proponentes
Menor cuantía
Principios de la función administrativa
Contrato de concesión
Principio de transparencia
Principio de selección objetiva
Urgencia manifiesta
Contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
Contratación estatal
Etapa precontractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-949-2001

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 22 INCISO 6 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

“Articulo 22. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES. Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en este artículo.

 

El gobierno nacional adoptará un formulario único y determinará los documentos estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio podrán exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato de certificación que deberán utilizar las Cámaras de Comercio.

 

Con base en los formularios y en los documentos presentados, las Cámaras de Comercio conformarán un registro especial de inscritos clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos, y expedirán las certificaciones o informaciones que en relación con el mismo se les solicite.

 

La certificación servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá la información relacionada con la clasificación y calificación del inscrito.

 

En relación con los contratos ejecutados, incluirá la cuantía, expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos plazos y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, los datos e informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.

 

No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni clasificación, en los casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el gobierno nacional.

 

El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones, calificaciones y clasificaciones que contenga.”

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República exonerar de la inscripción, calificación y clasificación en el registro de proponentes a los contratos de menor cuantía, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de prestación de servicios, los contratos de concesión de cualquier índole, la adquisición de bienes cuyo precio sea regulado por el Gobierno Nacional y aquellos contratos suscritos previa declaración de urgencia manifiesta, sin violar los principios constitucionales que regulan la función administrativa?  

Razones de la decisión

«(…) Ahora, la exclusión de la inscripción, clasificación y calificación en el registro de proponentes se justifica en razón de la naturaleza de ciertos contratos, para cuya celebración no se requiere de la información que allí se exige para seleccionar al contratista, toda  vez que la escogencia se hace en razón de otras características a saber:

 

?   Los contratos de menor cuantía, dada su menor entidad tanto en precio como en cantidad, se celebran teniendo en cuenta los precios en el mercado y en otros la mejor propuesta presentada por los oferentes invitados.

 

?   Los contratos que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas y tecnológicas, el contratista se selecciona en atención a sus calidades, de tal manera que la administración pueda determinar que los objetivos propuestos se ha (sic) de conseguir con el contratista seleccionado.

 

?   En los contratos de prestación de servicios, la adjudicación se hace en razón de las especiales condiciones del contratista, su prestigio profesional, experiencia en el área, y tales circunstancias no son cuantificables materialmente como para que la ley pueda exigir su inscripción en el registro de proponentes.

 

?   Así mismo, los contratos de concesión de cualquier índole están excluidos de dicha exigencia en reconocimiento a una realidad de orden objetivo, puesto  que no tendría sentido exigir el registro de proponentes si en la mayoría de los casos estos contratos son suscritos por sociedades con objeto único, consorcios o uniones temporales, que se constituyen en forma accidental, precisamente para prestar el servicio que el Estado está dando en concesión.

?   En aquellos contratos para la adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional,  no se justifica el registro pues todas las personas que pretendan adquirir los bienes ofrecidos lo hacen en igualdad de condiciones, de modo que  el precio será el mismo para todos los compradores que suscriben el respectivo contrato de compraventa.

 

De modo, que en estos eventos la exoneración del registro no acarrea desconocimiento del principio de transparencia y de selección objetiva en la escogencia del contratista, pues para todos los contratos suscritos por el Estado la selección del contratista, con exigencia o no de su inscripción en el registro de proponentes, en licitación o concurso público o mediante el mecanismo de la contratación directa, debe someterse a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 Constitucional, en especial al de transparencia, de donde se deduce el principio de selección objetiva contenido en la Ley 80 de 1993.

 

Lo anterior permite concluir que la mayor amplitud que tiene la administración, para valorar las ofertas o seleccionar al contratista en aquellos negocios jurídicos excluidos del requisito del registro de proponentes, no constituye una autorización para que se seleccione al contratista de manera arbitraria o con discrecionalidad, pues cualquier inobservancia a los procedimientos establecidos por la ley o reglamento contractual dará lugar a las respectivas sanciones penal, disciplinaria y fiscal.(…)»

Regla

El Congreso de la República puede exonerar de la inscripción, calificación y clasificación en el registro de proponentes a los contratos de menor cuantía, los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, los contratos de prestación de servicios, los contratos de concesión de cualquier índole, la adquisición de bienes cuyo precio sea regulado por el Gobierno Nacional y aquellos contratos suscritos previa declaración de urgencia manifiesta, sin violar los principios constitucionales que regulan la función administrativa, porque: 

  1. La exclusión del registro de proponentes se justifica en razón a la naturaleza de ciertos contratos, para cuya celebración no se requiere de la información que allí se exige, toda vez que la escogencia se hace en razón de otras características.
  2. En los contratos de menos cuantía, se tienen en cuenta los precios en el mercado y en otros la mejor propuesta presentada por los oferentes invitados. En la contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, el contratista se selecciona en atención a sus calidades. En los contratos de prestación de servicios, la adjudicación se hace en razón de las especiales condiciones del contratista. Igualmente, no se exige el registro de proponentes en los contratos de concesión de cualquier índole, debido a que la mayoría de los casos estos contratos son suscritos por consorcios o uniones temporales, que se constituyen en forma accidental. Finalmente, en aquellos contratos para la adquisición de bienes cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional,  no se justifica el registro pues todas las personas que pretendan adquirir los bienes ofrecidos lo hacen en igualdad de condiciones. 
  3. La exoneración del registro no acarrea desconocimiento del principio de transparencia y de selección objetiva, pues la escogencia del contratista debe someterse a los principios de la función administrativa.

Decisión

 Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993:   El artículo 22, en su inciso sexto.

Marco jurídico

Artículo 209 de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Exoneración de la inscripción, calificación y clasificación del registro de proponentes..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Contrato de prestación de servicios
  • Registro único de proponentes
  • Menor cuantía
  • Principios de la función administrativa
  • Contrato de concesión
  • Principio de transparencia
  • Principio de selección objetiva
  • Urgencia manifiesta
  • Contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Contrato de prestación de servicios
  • Registro único de proponentes
  • Menor cuantía
  • Principios de la función administrativa
  • Contrato de concesión
  • Principio de transparencia
  • Principio de selección objetiva
  • Urgencia manifiesta
  • Contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Contrato de prestación de servicios
  • Registro único de proponentes
  • Menor cuantía
  • Principios de la función administrativa
  • Contrato de concesión
  • Principio de transparencia
  • Principio de selección objetiva
  • Urgencia manifiesta
  • Contrato para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Documentos
    Corte Constitucional - MP Clara Inés Vargas - Septiembre 5 de 2011
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