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Los representantes legales o los funcionarios autorizados para suscribir contratos a nombre de las asociaciones y fundaciones mixtas tienen la calidad de servidores públicos 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-949-2001

Identificadores

Descentralización
Capacidad de contratación
Contratación estatal
Función administrativa
Corporaciones y fundaciones de participación mixta
Servidor público
Etapa precontractual
Descentralización
Capacidad de contratación
Contratación estatal
Función administrativa
Corporaciones y fundaciones de participación mixta
Servidor público
Etapa precontractual
Descentralización
Capacidad de contratación
Contratación estatal
Función administrativa
Corporaciones y fundaciones de participación mixta
Servidor público
Etapa precontractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-949-2001

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 2°, ORDINAL 2°, LITERAL A) DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

"Artículo 2. DE LA DEFINICION DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PUBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: (...)

 

2° Se denominan servidores públicos.

 

a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas. 

 

b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas."

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República disponer que para efectos de la contratación estatal se consideran como servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas que tienen capacidad para celebrar contratos en representación de esas entidades y los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, sin violar el artículo 123 de la Constitución Política, que establece quiénes tienen la denominación de servidores públicos? 

Razones de la decisión

«(…) En las asociaciones y fundaciones de participación mixta, dado que están conformadas por capital público y privado, existen dos tipos de empleados: unos que son trabajadores particulares, y otros, que por ser representantes legales, adquieren la calidad de servidores públicos para efectos de la gestión contractual de dichos organismos. [1]

 

La ley permite a las asociaciones y fundaciones de participación mixta, someterse a la Ley 80 de 1993, con la precisión de que los funcionarios autorizados para suscribir contratos en su nombre, tienen la calidad de servidores públicos para esos efectos, pero para adelantar otras actividades ajenas a los procesos contractuales se someten al régimen de los particulares. Significa esto, que dichos funcionarios responden como servidores públicos en materia penal, disciplinaria y fiscal en el evento en que incurran en irregularidades en la gestión contractual.

(…)

 

Por lo tanto, es razonable que tratándose de las asociaciones y fundaciones de participación mixta se le atribuya la calidad de servidor público a los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas, pues es obvio que en virtud del acto de delegación estas personas comprometen contractualmente la respectiva entidad.      

(…)

la referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del manejo, control y responsabilidad de la inversión de los recursos públicos mediante la contratación. 

 

No hay nada de extraño en la asimilación de dichas personas a servidores públicos, porque la asignación de funciones públicas a los particulares y su sometimiento a las normas especiales en lo relativo al desarrollo de tales funciones es hoy, por designio constitucional y técnica de administración -denominada descentralización por colaboración, que implica el ejercicio privado de una función administrativa- una posibilidad jurídica corriente, como igualmente lo es la sujeción de quienes manejan recursos del Estado a un régimen derecho especial...”

(…)

En tal virtud se concluye, que estando vinculadas dichas fundaciones o corporaciones de alguna manera al cumplimiento directo o indirecto de funciones públicas y teniendo a su cargo el manejo de recursos o dineros públicos, podía el legislador a efectos de controlar su inversión, mediante el sistema de la contratación, asimilar a servidores públicos a sus representantes o delegados para la contratación, con el fin de hacerles aplicable el estatuto de contratación”. Se subraya

(…)

Obviamente lo anterior no quiere significar que en una corporación pública los únicos que ostenten la calidad de servidores públicos sean los miembros a quienes se les reconoce la capacidad de suscribir contratos en nombre de aquéllas, pues es bien sabido que todos los miembros de las corporaciones públicas con o sin capacidad de suscribir contratos, tienen la calidad de servidores públicos en virtud del artículo 123 Superior, que expresamente les atribuye esta condición.

 

La asignación de la calidad de servidores públicos a los miembros de las corporaciones públicas que tienen la capacidad de suscribir contratos en nombre de la entidad a la que pertenecen, equivale a entregarles la titularidad de la función administrativa en virtud de la cual pueden comprometer la responsabilidad de la corporación en materia contractual. Por su parte, los miembros de estas corporaciones individualmente considerados no son titulares de la función administrativa, pero por ello no dejan de ser servidores públicos, porque lo son para otros efectos, y como tal deben responder penal, disciplinaria y fiscalmente. (…)»  


[1] El artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dispone: CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209190 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355191 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuestales y fiscales, para el caso de las públicas; c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas y de los particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución. Nota:_ Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-671 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra

Regla

El Congreso de la República puede disponer que para efectos de la contratación estatal se consideran como servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas que tienen capacidad para celebrar contratos en representación de esas entidades y los representantes legales y funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, sin violar el artículo 123 de la Constitución Política, que establece quiénes tienen la denominación de servidores públicos, porque: 

  1. Los representantes legales o los funcionarios autorizados para suscribir contratos a nombre de las asociaciones y fundaciones mixtas sólo adquieren la calidad de servidores públicos para efectos de la gestión contractual de dichos organismos, pero para adelantar actividades ajenas a los procesos contractuales se someten al régimen de los particulares.
  2. La clasificación de dichos funcionarios como servidores públicos se da en virtud de la figura jurídica de la descentralización por colaboración, que implica el ejercicio privado de una función administrativa. Por consiguiente, debido a que tienen a su cargo el manejo de recursos o dineros públicos, se requiere que sus representantes o delegados sean asimilados a servidores públicos a fin de controlar su inversión, mediante la aplicación del estatuto de contratación.
  3.  En relación a las corporaciones públicas, es claro que todos sus miembros ostentan la calidad de servidores públicos en virtud del artículo 123 de la Constitución Política. La asignación de la calidad de servidores públicos a los miembros de las corporaciones públicas que tienen la capacidad de suscribir contratos, equivale a entregarles la titularidad de la función administrativa en virtud de la cual pueden comprometer la responsabilidad de la corporación en materia contractual.

Decisión

Declarar EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 80 de 1993:

 

El artículo 2°, ordinal 2°, literal a), de la Ley 80 de 1993, en lo relacionado con la expresión: “Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación” y el literal b) de la misma norma.

Marco jurídico

Artículos 123 de la Constitución Política.

Doctrina relacionada

Sentencia C-671 de 1999

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Los representantes legales o los funcionarios autorizados para suscribir contratos a nombre de las..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Descentralización
  • Capacidad de contratación
  • Contratación estatal
  • Función administrativa
  • Corporaciones y fundaciones de participación mixta
  • Servidor público
  • Etapa precontractual
  • Descentralización
  • Capacidad de contratación
  • Contratación estatal
  • Función administrativa
  • Corporaciones y fundaciones de participación mixta
  • Servidor público
  • Etapa precontractual
  • Descentralización
  • Capacidad de contratación
  • Contratación estatal
  • Función administrativa
  • Corporaciones y fundaciones de participación mixta
  • Servidor público
  • Etapa precontractual
  • Documentos
    Corte Constitucional - MP Clara Inés Vargas - Septiembre 5 de 2011
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