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Delegación en la celebración de contratos de prestación de servicios.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 00240 DE 2008

Identificadores

Contrato de prestación de servicios
Contratación estatal
Delegación
Etapa contractual
Moralidad pública
Actos administrativos
Contrato de prestación de servicios
Contratación estatal
Etapa contractual
Moralidad pública
Actos administrativos
Delegación
Contrato de prestación de servicios
Contratación estatal
Etapa contractual
Moralidad pública
Actos administrativos
Delegación

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 00240 DE 2008

Caso

MARCELIANO RAFAEL CORRALES LARRARTE VS. NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTROS

Hechos relevantes

Una entidad pública contrató a un abogado para que conceptuara sobre la liquidación de unos contratos. Un ciudadano demandó dicho contrato por violación a la moralidad administrativa argumentando que para la suscripción del contrato la entidad delegó de forma indebida a la secretaría general de la misma entidad  la facultad de contratar.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal delegar en la secretaria general de la misma entidad la realización de un contrato de prestación de servicios profesionales, sin violar el derecho a la moralidad administrativa?

Regla ampliada

Procedencia de la acción popular contra contratos estatales. «(…) A jurisprudencia tiene establecida la procedencia de la acción popular cuando la conducta vulnerante del derecho o interés colectivo sea un contrato estatal, toda vez que(…) se trata de un instrumento procesal principal y autónomo que sin duda se constituye en instituto idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos, con independencia de la naturaleza de la conducta vulnerante. (…)»


Caracterización del derecho a la moralidad administrativa. «(…) Desde esta perspectiva, ha de considerarse como contrario a la moralidad administrativa toda actuación que no responda al interés de la colectividad y específicamente, al desarrollo de los fines que se buscan con las facultades concedidas al funcionario que lo ejecuta. Se advierte, por tanto, una estrecha vinculación entre este principio y la desviación de poder.

La jurisprudencia de la Corporación ha ido precisando el concepto de moralidad administrativa, como derecho colectivo que puede ser defendido por cualquier persona, del cual se destacan estas características: “a) es un principio que debe ser concretado en cada caso; b) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza.”[1] Igualmente ha hecho énfasis la Sala en la utilidad del principio de legalidad a la hora de determinar la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, en tanto la conclusión de su vulneración no depende del concepto personal del juez sobre lo que considera moral, sino de la justificación que la actuación cuestionada encuentre en el ordenamiento jurídico, eliminando de esa forma cualquier consideración de carácter subjetivo en la inferencia que encuentre el juez en torno ó no de ese derecho[2].(…)»


[1] Sentencia proferida por la Sección Tercera el 31 de octubre de 2002, Exp. AP-059. En el mismo sentido ver sentencias AP-166 y Ap-170 de 2001.

 

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de junio de 2005. Exp. No. AP-720.

Razones de la decisión

«(…)  En el sub judice, quedó establecido en el plenario que según Resolución No. 264 de 2006 el Ministro de Defensa Nacional delegó en la Directora Administrativa la suscripción de contratos cuya cuantía vaya de 0 a 5.000 SMLMV. También está acreditado que la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional y el abogado Edmundo del Castillo Restrepo el 7 de junio de 2004 suscribieron la orden de servicios No. 046, por un valor de cinco millones de pesos  “que equivale a 13.97 SMLMV”.

 

La transferencia de la función de celebrar contratos hasta la cuantía indicada la hizo el Ministro Delegante a una funcionaria del nivel directivo del organismo correspondiente: La Directora Administrativa, con objeto precisamente de racionalizar la función administrativa contractual, en orden a un mejor funcionamiento de la entidad.

 

Igualmente aparece demostrado con la probanza documental allegada que el acto administrativo de delegación reunió todos los presupuestos que exige el artículo 10 de la ley 489: i) presupuesto de forma (la Resolución No. 264 de 2006 es un acto administrativo motivado y por escrito); ii) presupuesto subjetivo (se determinó con precisión la autoridad delegataria: el Director Administrativo del Ministerio) y iii) presupuesto objetivo o material (se señaló la función contractual cuya atención y decisión fueron transferidas: la suscripción de contratos cuya cuantía vaya de 0 a 5.000 SMLMV).

 

La prueba también revela que la delegación efectuada no recae sobre algunas de las materias vedadas según lo previsto por el artículo 11 de la ley 489, en particular no se trata de una función recibida por un delegatario, pues justamente la dirección de los Ministerios corresponde al Ministro (art. 60 ley 489) en tanto jefe de la administración en su respectiva dependencia (art. 208 CN). (…)»

Regla

Una entidad estatal puede delegar en la secretaria general y esta a su vez en la dirección administrativa para la realización de un contrato de prestación de servicios profesionales, sin violar el derecho a la moralidad administrativa, porque:

  1. Se cumplió el  presupuesto de forma toda vez que la delegación se hizo mediante un acto administrativo motivado y por escrito
  2. Se cumplió el presupuesto subjetivo toda vez que se determinó con precisión la autoridad delegataria
  3. Se cumplió el presupuesto objetivo o material porque se señaló la función contractual cuya atención y decisión fueron transferidas.

Por último, la delegación no recae sobre materias vedadas según lo previsto por el artículo 11 de la ley 489, en particular no se trata de una función recibida por un delegatario. 

Decisión

PRIMERO. ADICIÓNASE la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de mayo de 2006, y en consecuencia DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada respecto de las imputaciones relacionadas con el contrato celebrado por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional el 20 de junio de 1980 con las compañías alemanas Ferrostaal AG de Essen y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und Kiel, para la construcción de las cuatro (4) corbetas misileras y el suministro de dos (2) helicópteros navales

SEGUNDO. CONFÍRMASE en sus demás partes la decisión adoptada por el a quo

Marco jurídico

Artículo 11 de la Ley 489 de 1998

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

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Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Delegación
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Actos administrativos
  • Contrato de prestación de servicios
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