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Sometimiento a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-040-2000

Identificadores

Entidades territoriales
Aplicación ilegal de la norma
Contrato interadministrativo
Igualdad
Publicidad
Patrimonio estatal
Imparcialidad
Principios de la función administrativa
Celebración de contrato
Principio de selección objetiva
Etapa contractual
Contratación estatal
Entidades territoriales
Aplicación ilegal de la norma
Contrato interadministrativo
Igualdad
Publicidad
Patrimonio estatal
Imparcialidad
Principios de la función administrativa
Celebración de contrato
Principio de selección objetiva
Etapa contractual
Contratación estatal
Entidades territoriales
Contrato interadministrativo
Publicidad
Imparcialidad
Igualdad
Principios de la función administrativa
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Patrimonio estatal
Aplicación ilegal de la norma
Celebración de contrato
Etapa contractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-040-2000

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DEL PARÁGRAFO ÚNICO DEL ARTÍCULO 2º. DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

"Artículo 2º.-   De la definición de entidades, servidores y servicios públicos.-  Para los solos efectos de esta ley:

 

1º  Se denominan entidades estatales:

 

a)  La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital  y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales  del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas  indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

 

b)  El Senado de la República, la Cámara de Representantes,  el Consejo Superior de la Judicatura, LA Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las  superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general  los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue  capacidad para celebrar contratos.

 

2º  Se denominan servidores públicos:

 

a)  Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas.

 

b)  Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas.

 

3º    Se denominan servicios públicos:

 

Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y contínua, bajo la dirección, regulación  y control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.

 

PARAGRAFO.-  Para los  solos efectos de esta ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades.  

Problema Jurídico

Cuando en la práctica se da una aplicación ilegal de la norma por parte de los responsables de la contratación pública de las entidades estatales, quienes se valen de la celebración de contratos interadministrativos para eludir el régimen de escogencia objetiva del contratista.   ¿Puede el Congreso de la República someter a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin violar los principios de la función administrativa, especialmente los de  igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad en la contratación pública?

Regla ampliada

Regulación específica en los  negocios jurídicos denominados "encargos fiduciarios y fiducia pública  «(…)Ahora bien, la Ley 80 de 1993 introdujo en el numeral 5o. del artículo 32, una regulación específica de una serie de negocios jurídicos denominados "encargos fiduciarios y fiducia pública". Sin entrar a definirlos, señaló que dichos contratos de fiducia pública sólo podrán ser celebrados previa autorización de ley, de la ordenanza o del acuerdo, según el caso. De igual forma, determinó que los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán únicamente por objeto la administración y manejo de recursos vinculados a contratos que tales entidades celebren. Asimismo, como se advirtió, esa normatividad prohibió pactar la remuneración con cargo a rendimientos del fideicomiso, así como la posibilidad de delegar en las sociedades fiduciarias los contratos que las entidades estatales celebren. No sobra reiterar que la Ley 80 estableció también que la escogencia de la sociedad fiduciaria debería hacerse por licitación o concurso y que ese contrato de fiducia "nunca implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo de la respectiva entidad oficial". (…)»

Razones de la decisión

«(…) Ciertamente, en sentir de la Corte, los esquemas contractuales que vinculen cooperativas formadas por las entidades territoriales o a las asociaciones conformadas por las entidades territoriales, son prístina expresión de la autonomía  de gestión que les es propia dentro del esquema definido por el artículo 1º. de la Constitución Política. Ciertamente, unas y otras constituyen manifestaciones claras de las acciones conjuntas que deben acometer en desarrollo de los principios de coordinación y concurrencia,  que al tenor de lo preceptuado por el artículo 288 de la misma, han de guiar las relaciones entre los distintos niveles territoriales.

(…)

De igual modo, respecto de la crítica del demandante que tacha la contratación directa de exclusionista y, por esa vía, de contraria a la igualdad de oportunidades, tampoco encuentra la Corte que haya un principio de razón suficiente en ese argumento pues, no es cierto que dicha clase de contratación  implique que la entidad estatal contratante pueda inobservar los principios de economía, transparencia y de selección objetiva. Por el contrario, en ella también rigen, para asegurar que en esta modalidad de contratación también se haga realidad la igualdad de oportunidades.

(…)

Con todo, no es la acción pública de inconstitucionalidad el mecanismo apropiado para combatir dichas prácticas, contrarrestar sus devastadores efectos  o responsabilizar a quienes incurren en tan  repudiables conductas de apropiación del patrimonio público.

 

Para ello, existen y se han fortalecido las instancias de fiscalización y de control, y el ordenamiento jurídico ha previsto otras herramientas y acciones que deben adelantarse ante los organismos de control, que son los  llamados a investigar y recriminar  anomalías como las que refiere el demandante. (…)»

Regla

A pesar que en la práctica se da una aplicación ilegal de la norma por parte de los responsables de la contratación pública de las entidades estatales, quienes se valen de la celebración de contratos interadministrativos para eludir el régimen de escogencia objetiva del contratista, el Congreso de la República puede someter a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin violar los principios de la función administrativa, especialmente los de  igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad en la contratación pública, porque:

  1. Este tipo de contratación están dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Política, que confiere autonomía de gestión, coordinación y concurrencia entre los distintos niveles territoriales.
  2. Las entidades estatales no pueden desconocer los principios de la función administrativa que deben regir los procesos de selección objetiva.
  3. No es la acción pública de inconstitucionalidad el mecanismo apropiado para referirse a las distorsiones que sufra una norma en su aplicación. Las instancias de fiscalización y control son las apropiadas para debatir aquellas conductas que afecten el patrimonio público.

Decisión

Declárese EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 2º de la Ley 80 de 1993.

Marco jurídico

Artículos 1, 13, 209, 286 y 288 de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Sometimiento a las cooperativas y a las asociaciones que conforman las entidades territoriales al..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Entidades territoriales
  • Aplicación ilegal de la norma
  • Contrato interadministrativo
  • Igualdad
  • Publicidad
  • Patrimonio estatal
  • Imparcialidad
  • Principios de la función administrativa
  • Celebración de contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Entidades territoriales
  • Aplicación ilegal de la norma
  • Contrato interadministrativo
  • Igualdad
  • Publicidad
  • Patrimonio estatal
  • Imparcialidad
  • Principios de la función administrativa
  • Celebración de contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Entidades territoriales
  • Contrato interadministrativo
  • Publicidad
  • Imparcialidad
  • Igualdad
  • Principios de la función administrativa
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Patrimonio estatal
  • Aplicación ilegal de la norma
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
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    Corte Constitucional
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