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Las multas que se acuerden bajo la Ley 80 de 1993 se pueden interpretar como clausulas penales y por tanto pueden ser pactadas como tales por las partes.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SC E 1748 DE 2006

Identificadores

Poder sancionatorio
Multas
Ley 80 de 1993
Etapa contractual
Poder sancionatorio
Multas
Ley 80 de 1993
Etapa contractual
Poder sancionatorio
Multas
Ley 80 de 1993
Etapa contractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SC E 1748 DE 2006

Caso

CONSULTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Hechos relevantes

Una entidad pública consultó ante el Consejo de Estado si en un contrato celebrado en vigencia de la Ley 80 de 1993, se puede establecer que la entidad tiene la potestad de imponer multas al contratista.

Problema Jurídico

Bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, ¿puede una entidad pública acordar con un contratista la potestad de imponer multas en un contrato, a pesar de que esta ley no le otorgue a las entidades la facultad de imponer multas?

Razones de la decisión

«(...) El Estatuto General de Contratación de la Administración[1] no incluyó regulación alguna sobre las multas y la cláusula penal pecuniaria.  De aquí se han desprendido dos consecuencias, la primera consiste en que si en un contrato se estipulan cláusulas con estas denominaciones, no existe una referencia legislativa para su interpretación y la definición de sus efectos, de suerte que es necesario aplicar las normas del código Civil sobre interpretación de los contratos para establecer su verdadero significado; y la segunda, que es lícito acordar las cláusulas penales propias del derecho privado, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, que se encuentra consagrado en forma expresa en ese estatuto. (…) Por el peso de la tradición en la práctica cuotidiana de los contratos estatales, se siguen estipulando cláusulas que se denominan multas o penal pecuniaria que, al no tener referente legal vigente, en lo posible deben ser tenidas como válidas e interpretadas bajo la regulación de las cláusulas penales, pues, se reitera, conforme al mandato del artículo 1620 del Código Civil, “El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno.” La validez de éstas estipulaciones se fundamenta en los principios de la autonomía de la voluntad y de la buena fe contractual, pues si bien los contratos estatales son por lo general de adhesión, los contratistas tienen la posibilidad de discutir su clausulado durante la etapa precontractual, solicitando las modificaciones al mismo en las oportunidades previstas al efecto,[2] de manera que no pueden luego alegar la nulidad o la ineficacia de las estipulaciones penales para eludir el pago de las sanciones que voluntariamente convinieron. En consecuencia, debe primar la verdadera intención de las partes que, a pesar de su inadecuada titulación, decidieron acordar un apremio, una garantía o una valoración de perjuicios, y éste es el efecto legal que debe prevalecer al interpretar el contrato en el que se incluyeron. Hecha la correspondiente interpretación, se les deben dar los efectos que correspondan según las reglas antes reseñadas. (…) Considera la Sala que debe detenerse en el tema de la exigibilidad de las cláusulas penales, pues según se desprende de la consulta formulada por el Sr. Ministro, al desaparecer las cláusulas de multas y la penal pecuniaria como consecuencia del cambio de legislación, no es posible “imponer” ninguna de las anteriores. Como se advirtió el verbo “imponer” se encontraba en el derogado artículo 71 del decreto ley 222 de 1983, y se entendió como característico de una relación jurídica de subordinación, exclusiva del derecho público. La Sala considera que al desaparecer la legislación anterior y al tener que interpretarse las cláusulas de multas y la penal pecuniaria bajo el régimen de las cláusulas penales del código civil, no puede hablarse en estricto sentido de “imponer multas” sino de la “exigibilidad” de las penas estipuladas en los contratos, que como se dijo, son obligatorias a partir de la mora del deudor, y si no las paga voluntariamente, prestan mérito ejecutivo.(...)»   


[1] Se anota que en dos artículos, el   22 y el 75 de la ley 80 de 1993 se utiliza la palabra multa. En otras normas se habla de sanciones pecuniarias, sin que sean reguladas. [2] Ver artículos  1° y 2° del decreto 2170 de 2002, y el numeral 4° del artículo 30 de la ley 80 de 1993.

Regla

Bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, una entidad pública sí puede acordar con un contratista  la potestad de imponer multas en un contrato, a pesar de que esta ley no le otorgue a las entidades la facultad de imponer multas, debido a que este acuerdo se puede interpretar como una cláusula penal, ya que cumple con el mismo propósito de la multa y se configura por acuerdo entre las partes.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Las multas que se acuerden bajo la Ley 80 de 1993 se pueden interpretar como clausulas penales y por..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Poder sancionatorio
  • Multas
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
  • Multas
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
  • Poder sancionatorio
  • Multas
  • Ley 80 de 1993
  • Etapa contractual
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Enrique José Arboleda. 25 de M
    Normativa
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