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En los contratos que celebran entidades públicas y que se rigen por derecho privado, no se pueden imponer multas por el principio de legalidad

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24639 DE 2009

Identificadores

Contratos de Derecho Privado
Etapa contractual
Régimen de derecho privado
Cláusulas excepcionales
Multas
Contratación estatal
Contratos de Derecho Privado
Etapa contractual
Régimen de derecho privado
Cláusulas excepcionales
Multas
Contratación estatal
Contratos de Derecho Privado
Etapa contractual
Régimen de derecho privado
Cláusulas excepcionales
Multas
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 24639 DE 2009

Caso

BANCO GRANAHORRAR Vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISSS- 

Hechos relevantes

Una entidad pública (contratante) celebró un contrato interadministrativo con una entidad bancaria de carácter estatal (contratista). En una clausula del contrato se pactó la posibilidad de impone sanciones al contratista cuando se generara incumplimiento o retraso de algunas obligaciones. Durante la ejecución del contrato, la entidad contratista se retrasó en la entrega de unos reportes, por lo que la entidad contratante decidió imponerle una multa ya que se trataba de un contrato de derecho público. La entidad multada afirmó que no podía aplicarse esa multa, debido a que el contrato se regía por derecho privado.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública aplicar una multa en un contrato que se rige por normas de derecho privado? 

Razones de la decisión

«(...) En virtud del principio de legalidad[1], principio básico en un Estado de derecho, las competencias de cada uno de los órganos y autoridades de la Administración Pública deben encontrarse asignadas por la Constitución Política o la ley de manera expresa, tal como lo ordena la Carta en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de dichos órganos se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.[2]

 

La jurisprudencia de la Sección Tercera[5], consagrados en la Constitución Política, esenciales en un estado de derecho.  

 

(…)

 

La actividad en materia contractual desplegada por la Administración también se encuentra supeditada al principio de legalidad en cuanto que sus decisiones deben encontrarse sometidas a las atribuciones y competencias determinadas expresamente por la ley, normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, más aún cuando se trata del ejercicio de prerrogativas que son propias del ente estatal en su calidad de contratante. Ello significa que cuando las entidades del Estado se relacionan con los particulares, mediante el vínculo contractual, el ejercicio de facultades requiere de definición legal previa y expresa, en tanto que es la propia ley la que establece límites a la autonomía de la voluntad.

 

 Significa que cuando el ISS decidió imponer la sanción de multa a la Corporación GRANAHORRAR, mediante la expedición de la Resolución 0400 de 15 de febrero de 2000, debía encontrarse autorizada por la ley, pero como las normas del derecho privado no consagran competencia alguna a las entidades del Estado para imponer multas mediante acto administrativo unilateral y la Ley 80 de 1993, Estatuto Contractual vigente para la época en que se celebró el contrato, tampoco atribuía dicha competencia a las entidades públicas, resulta claro que actuó sin competencia funcional y, por lo tanto, el acto administrativo que impuso la sanción y aquel que confirmó la decisión, se encuentran afectados de nulidad por vicio de incompetencia, la cual será declarada; en consecuencia, se revocará el numeral segundo de la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.(...)» 

 


[1] Georges Vedel define la legalidad como “la cualidad de lo que es conforme a la ley. La legalidad expresa así la conformidad al derecho y es sinónimo de regularidad jurídica” (Derecho Administrativo, .Biblioteca Jurídica Aguilar Traducción de la sexta edición francesa, 1980, Madrid, Pág. 219.

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, Exp. 15324.

[3] Sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 13414.

[4] Artículo 29 de la Constitución Política.

[5] Artículo 121 constitucional.

Regla

Una entidad pública no puede aplicar una multa en un contrato que se rige por normas de derecho privado, debido a que en estas no se encuentra una autorización expresa que faculte la entidad para ello. Las facultades de las entidades públicas se rigen estrictamente bajo el principio de legalidad, de forma que estas solamente están facultadas a hacer  lo que la Constitución y las leyes de manera expresa dicten. Por lo que a falta de autorización expresa, las entidades públicas no pueden imponer multas en contratos que se rigen por derecho privado.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: En los contratos que celebran entidades públicas y que se rigen por derecho privado, no se pueden..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Cláusulas excepcionales
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Cláusulas excepcionales
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  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Cláusulas excepcionales
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Myriam Guerrer
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