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En el proceso de selección de un contrato, los proponentes no pueden presentar dos propuestas diferentes

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 15324 DE 2007

Identificadores

Igualdad
Contratación estatal
Principio de transparencia
Etapa precontractual
Oferta
Licitación pública
Principios de la contratación pública
Principio de selección objetiva
Adjudicación del contrato
Principio de transparencia
Adjudicación del contrato
Principio de selección objetiva
Contratación estatal
Oferta
Igualdad
Etapa precontractual
Licitación pública
Principios de la contratación pública
Principio de transparencia
Adjudicación del contrato
Principio de selección objetiva
Contratación estatal
Oferta
Igualdad
Etapa precontractual
Licitación pública
Principios de la contratación pública

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 15324 DE 2007

Caso

RUBÉN PÉREZ ROMERO VS. DEPARTAMENTO DE CASANARE

Hechos relevantes

Un departamento inició un proceso de selección para la adjudicación de un contrato de obras públicas por la modalidad de contratación directa. En el proceso participó un proponente que presentó dos propuestas en tiempos diferentes, de las cuales la segunda tenía un valor menor. Terminado el proceso de selección, el municipio decidió adjudicarle el contrato a ese proponente, con base a la segunda propuesta.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública adjudicar un contrato a una persona que presenta dos propuestas, sin vulnerar el principio de transparencia?

Razones de la decisión

«(...) En materia de contratación pública, la principal aplicación del principio de transparencia tiene cabida en el área propia de la selección de los contratistas, en la cual se ubican los procedimientos administrativos que, en todos los casos, deben edificarse sobre las bases de. i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración.

 

(…)

 

Bajo estos lineamientos resulta claro que las entidades públicas, cuando requieran contratar la ejecución de obras, la adquisición o suministro de bienes o la prestación de servicios, en forma directa, están en la obligación de fijar, en cada caso concreto, las bases para la participación de los posibles oferentes y los parámetros de evaluación de las propuestas con fundamento en los principios de transparencia, de economía, de selección objetiva, de igualdad, de imparcialidad, de publicidad, de libre concurrencia y de planeación, entre otros, previstos en la Constitución Política y la ley, con el fin de escoger, en igualdad de condiciones, la propuesta más favorable para los intereses de la entidad.

 

(…)

 

Las anteriores circunstancias indudablemente evidencian que la Administración Departamental adelantó un procedimiento irregular para la adjudicación del contrato No. 459 de 1996, con abierta violación de los principios de transparencia, planeación, publicidad, libre concurrencia, igualdad y selección objetiva, establecidos en la Ley 80, y, como si fuera poco, le dio una segunda oportunidad al mismo proponente para que presentara una nueva oferta que se adecuara al monto del presupuesto reservado, con el único fin de adjudicarle el contrato, convirtiendo en este caso el procedimiento de la contratación directa en una verdadera parodia.

 

El contrato así celebrado, violó ostensiblemente la Ley 80, norma de orden público y de obligatorio cumplimiento que consagra el procedimiento de selección y los principios que rigen la actividad contractual del Estado, hecho que da lugar a la nulidad absoluta del contrato al haberse configurado abuso o desviación de poder por parte de la autoridad administrativa, causal prevista en el numeral 3º del artículo 44 de la Ley 80, como fue analizado en esta providencia. (...)» 

Regla

Una entidad pública no puede adjudicar un contrato a una persona que presenta dos propuestas, sin vulnerar el principio de transparencia, ya que con esta conducta se le estaría permitiendo al contratista adecuarse a las condiciones de competencia del proceso de selección, transgrediendo las reglas que rigen por igual sobre todos los proponentes.

Conceptualizaciones

Licitación pública. «(...) procedimiento administrativo, conformado por una serie de actuaciones armonizadas entre sí, que provienen tanto de la Administración como de los oferentes, las cuales son de público conocimiento, con el fin de seleccionar, en condiciones de igualdad, la mejor propuesta que satisfaga el interés público.

 

También se ha definido la licitación pública como un procedimiento administrativo, preparatorio de la voluntad contractual[2] el cual tiene como finalidad escoger al contratista más idóneo y que ofrezca las condiciones más favorables para la Administración, dentro de los límites y formalidades fijados por la ley, en protección de la legitimidad de la contratación y del interés público. (...)»

 

Características de la licitación pública. «(...) 1. Es un procedimiento previo a través del cual se regula la forma de celebración de los contratos administrativos o estatales, con la finalidad de seleccionar a quien ofrece las mejores condiciones. 2. Consiste en una invitación pública para que los interesados hagan propuestas, ciñéndose a las bases previstas, esto es, al pliego de condiciones. 3) De las propuestas la Administración selecciona la más favorable y a ella le adjudica el contrato. 4) El procedimiento se funda, para lograr la finalidad que busca la Administración, entre otros, en los principios de igualdad, transparencia, economía y cumplimiento del pliego de condiciones. ” [1](...)»

 

Principio de transparencia. «(...) Tiene cabida en el área propia de la selección de los contratistas, en la cual se ubican los procedimientos administrativos que, en todos los casos, deben edificarse sobre las bases de. i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración. (...)»

 

Principio de economía. «(...) Tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal.

En desarrollo de este principio, la norma legal en cita busca asegurar la selección objetiva del contratista mediante procedimientos y etapas estrictamente necesarios, que se cumplan dentro de términos preclusivos y perentorios, bajo el impulso oficioso de la Administración, con el fin de evitar dilaciones en la escogencia; bajo esta misma orientación, la propia normatividad señala que la interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos contractuales no debe dar lugar a trámites diferentes o adicionales y proscribe la falta de decisión de la Administración cuando ella se fundamenta en defectos formales o inobservancia de requisitos; ordena que las reglas del procedimiento se pongan al servicio de los fines estatales y la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos, al tiempo que propende por la adopción de procedimientos que solucionen prontamente las controversias. (...)» 

 

Principio de selección objetiva. «(...) Se entiende por ofrecimiento más favorable, aquel que resulte ser el mejor a la luz de los factores o criterios de selección contenidos en los pliegos de condiciones que sirven de fundamento para la comparación de ofertas y la selección del contratista; entre ellos se enuncian, el cumplimiento, la experiencia, la organización, los equipos ofrecidos, los plazos propuestos, el precio y la ponderación detallada y concreta de los mismos, sin que la favorabilidad pueda resultar de factores no previstos en los pliegos. Estos aspectos, al tenor de la citada norma, deberán tenerse en cuenta no solo cuando la selección se hace mediante el procedimiento de la licitación o el concurso públicos, sino también cuando ésta se adelanta mediante contratación directa. (...)» 

 

Principio de buena fe. «(...) El principio de la buena fe, como elemento normativo de imputación, no supone, en consecuencia, una actitud de ignorancia o creencia de no causar daño al derecho ajeno, ni implica una valoración subjetiva de la conducta o del fuero interno del sujeto. En realidad, tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Por ello, tal como sucede con el principio de reciprocidad, el desconocimiento por parte de la Administración de los postulados de la buena fe en la ejecución del contrato, conlleva el surgimiento de la obligación a cargo de ésta de responder por los daños antijurídicos que le haya ocasionado al contratista. Estos efectos jurídicos de la buena fe en materia contractual... son una clara consecuencia de la regla según la cual todo comportamiento contrario a la misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación de pagar perjuicios(...)»

 

Principio de publicidad. «(...) Las actuaciones de la Administración deben ser puestas en conocimiento de los administrados con lo cual ha de garantizarse su transparencia; con mayor razón cuando se trata de adelantar alguno de los procedimientos de selección de contratistas, puesto que de su efectiva aplicación se ha de derivar la posibilidad real de asegurar y permitir amplia participación de todas las personas que estén interesadas en presentar sus ofertas para la ejecución de proyectos de interés público.(...)»

 

Principio de igualdad. «(...) el artículo 13 de la Carta consagra con el linaje de fundamental, el derecho a la igualdad, en virtud del cual todas las personas deben tenerse como iguales ante la ley y merecen recibir el mismo trato y protección de las autoridades, así como tienen derecho a gozar de las mismas libertades y oportunidades, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen, idioma, religión o pensamiento político o filosófico. (...)»

 

Libre concurrencia. «(...) Permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés público impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del contrato y a la capacidad e idoneidad del oferente.”[1](...)»

 

Principio de planeación «(...)Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. (...)» 

 

Diferencia entre terminación unilateral y nulidad absoluta. «(...) Tiene como propósito y efecto la finalización anticipada de un determinado contrato estatal, sin que ello signifique ni pretenda desconocer y mucho menos deshacer todo lo que hasta ese momento se hubiere ejecutado con base en dicho contrato, amén de que tal decisión de terminación anticipada tampoco comporta reproche alguno para las partes o al menos para una de ellas, así sea implícito, respecto de los elementos existentes al momento del perfeccionamiento del respectivo contrato.


Muy por el contrario, la nulidad absoluta refleja la existencia de un vicio muy grave que afecta el contrato y que dice relación con la ausencia, al momento de su celebración, de aquellos requisitos que el ordenamiento jurídico reclama y exige para que el respectivo contrato, en cuanto se ajuste a dicho ordenamiento, merezca su tutela y protección.

 

Es por ello que la declaratoria de nulidad absoluta se fundamenta en un examen detallado acerca de las condiciones, los requisitos y los elementos de validez existentes al momento de la celebración del contrato; su propósito principal es el de eliminar o expulsar, del mundo jurídico, el contrato estatal que hubiere surgido en contra del ordenamiento al cual debe ajustarse, con el fin de privarlo de la totalidad de sus efectos, sin importar lo que en desarrollo del mismo se hubiere ejecutado y, por eso mismo, por regla general, busca devolver las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo (artículo 1746 C.C.).  (...)» 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: En el proceso de selección de un contrato, los proponentes no pueden presentar dos propuestas..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Igualdad
  • Contratación estatal
  • Principio de transparencia
  • Etapa precontractual
  • Oferta
  • Licitación pública
  • Principios de la contratación pública
  • Principio de selección objetiva
  • Adjudicación del contrato
  • Principio de transparencia
  • Adjudicación del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Contratación estatal
  • Oferta
  • Igualdad
  • Etapa precontractual
  • Licitación pública
  • Principios de la contratación pública
  • Principio de transparencia
  • Adjudicación del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Contratación estatal
  • Oferta
  • Igualdad
  • Etapa precontractual
  • Licitación pública
  • Principios de la contratación pública
  • Documentos
    Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
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