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Bajo el principio de buena fe contractual, los entes públicos deben buscar solucionar los problemas contractuales que puedan afectar los intereses del Estado y del contratista

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 17935 DE 2010

Identificadores

Etapa contractual
Incumplimiento
Contratación estatal
Buena fe
Error
Etapa contractual
Incumplimiento
Contratación estatal
Buena fe
Error
Etapa contractual
Incumplimiento
Contratación estatal
Buena fe
Error

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 17935 DE 2010

Caso

DANELFI PEÑARANDA MEDINA VS. MUNICIPIO DE MAICAO

Hechos relevantes

Un municipio celebró un contrato de suministro con una persona natural. En el contrato se estableció una cláusula en la que el municipio se obligaba a pagar como anticipo el 75% del valor del contrato, mientras que la contratista se obligaba a constituir unas pólizas por concepto de este pago. Luego de haberse celebrado el contrato, se realiza un ”otro sí”  por medio del cual se modificaron aspectos relacionados con las pólizas, ya que la entidad encontró anomalías en el contrato.

Debido a que el ente público encuentra que la estipulación del anticipo va en contra del tope que establece la Ley 80 de 1993, éste decide no realizar el pago del mismo. Sin embargo, la contratista inicia la ejecución del contrato, obtiene las pólizas y solicita el pago de un anticipo acorde al tope legal. Como respuesta la entidad niega el pago de ese anticipo, y no reembolsa los gastos realizados por la contratista en ejecución del contrato, incumpliendo con las obligaciones del contrato.

Problema Jurídico

¿Puede un ente público incumplir con las obligaciones que adquiere en un contrato, por haberse establecido en éste una cláusula en contra de la ley, a pesar de contar con medios para corregir dicho error?

Razones de la decisión

«(...) Estas últimas conclusiones, aunadas a las anteriores –consistentes en que la contratista cumplió con las exigencias para la ejecución del contrato; que inició efectivamente su ejecución; que solicitó un pago de anticipo de acuerdo con el límite legal y, por tanto, se allanó a ajustar sus derechos contractuales a las prescripciones normativas; que estuvo pronta a suscribir un otrosí modificatorio de la cláusula sexta para lograr que el contrato siguiera su marcha–, hacen que la Sala deba reprochar la actuación de la entidad estatal demandada y que la califique como una falta a la buena fe contractual, por no haber utilizado las herramientas con las cuales contaba para la adecuación del contrato a las prescripciones legales, como era la de haber elaborado y/o promovido la celebración de un acuerdo adicional para la modificación del porcentaje acordado a título de anticipo, tal como sí lo hizo para la modificación de las garantías mediante el otrosí del 1 de noviembre de 1996, más aun cuando de acuerdo con lo dicho en la contestación de la demanda esa habría sido supuestamente la intención de la entidad estatal.

(…)

En ese orden de ideas, entre otros principios referidos, la Sala considera necesario, para dar solución al asunto sub judice, recurrir al principio jurídico de la buena fe contractual, el cual impone a las partes hacer todo lo que se requiera, incluso más allá del texto específicamente convenido en procura de proteger los intereses propios y los de la contraparte y, en tratándose de la contratación estatal, el interés que atañe a la comunidad en general y al Estado respecto de la celebración y ejecución de negocios jurídico para el cumplimento de las finalidades públicas. El Código Civil y el Código de Comercio, en normas que son de recibo en la contratación estatal[1], indican claramente sobre el particular, respectivamente:

 

De acuerdo con lo anterior, la buena fe cumple una función integradora del contrato en la medida en que constituye una “causa o fuente de creación de especiales deberes de conducta, exigibles, en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes”[3]. Obviamente, si llega a ocurrir que el incumplimiento de los deberes u obligaciones que impone el principio de buena fe genera perjuicios, habrá lugar al reconocimiento y pago de las indemnizaciones correspondientes. (...)» 

 


[1] “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley...”

[2] L. Diez-Picazo, Prólogo a la obra: F. Wieacker. El principio general de buena fe. Madrid: Cívitas, 1982, p. 19

[3] K. Larenz, Derecho de obligaciones. Tomo I, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1958, p. 143

Regla

Un ente público no puede incumplir con las obligaciones que adquiere en un contrato, por haberse establecido en éste una clausula en contra de la ley, cuando cuenta con medios para corregir dicho error, porque estaría vulnerando el principio de buena fe contractual, por medio del cual la administración adquiere deberes de conducta para la protección de los intereses del Estado y del contratista. De tal forma que si hay formas de corregir los errores del contrato y el ente público no lo hace, atentando en contra de los derechos del contratista, este incumple con el principio de buena fe.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Bajo el principio de buena fe contractual, los entes públicos deben buscar solucionar los problemas..
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Error
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Error
  • Etapa contractual
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Buena fe
  • Error
  • Documentos
    sala de lo contenccioso administrativo, sección tercera
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