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El Congreso no puede establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza  funciones de asesoramiento y consejo al ejecutivo

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-246-2004

Identificadores

Enajenación de bienes
Separación de poderes
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
Control político
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Contrato de empréstito
Autorización previa para celebrar contratos
Celebración de contrato
Rama ejecutiva
Contratación estatal
Etapa contractual
Enajenación de bienes
Separación de poderes
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
Control político
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Contrato de empréstito
Autorización previa para celebrar contratos
Celebración de contrato
Rama ejecutiva
Contratación estatal
Etapa contractual
Enajenación de bienes
Separación de poderes
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
Control político
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Contrato de empréstito
Autorización previa para celebrar contratos
Celebración de contrato
Rama ejecutiva
Contratación estatal
Etapa contractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-246-2004

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 4° Y 6° (PARCIALES) DE LA LEY 18 DE 1970;  PARÁGRAFO 2° (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993; PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 7° Y ARTÍCULO 24 (PARCIAL) DE LA LEY 185 DE 1995; Y ARTÍCULO 38 DE LA LEY 344 DE 1996

Disposición Jurídica

“Ley 18 de 1970 (Diciembre 22)   Por la cual se amplían unas autorizaciones al Gobierno para celebrar operaciones de crédito externo, se reglamenta la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y se dictan otras disposiciones   Artículo 4°. La Comisión Interparlamentaria de que habla el artículo segundo, en su condición de asesora del Gobierno, deberá ser reunida por éste, aún estando en receso el Congreso, con el fin  de obtener su consejo sobre los empréstitos que el Gobierno esté gestionando.   (…)   Artículo 6°. La Comisión Interparlamentaria se denominará Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Esta Comisión deberá dar cuenta al Congreso, por intermedio de las Comisiones Tercera de Senado y Cámara, sobre el cumplimiento de las disposiciones anteriores. Asimismo, cuando a su juicio el Gobierno esté comprometiendo la capacidad del país para atender el servicio de la deuda exterior más allá de límites razonables, o cuando las condiciones de los empréstitos resulten gravosas o inaceptables para el país, deberá expresarlo formalmente al Gobierno e informar al Congreso para que se tomen los correctivos necesarios, salvo el caso del artículo 3° en el cual el concepto desfavorable de la Comisión Interparlamentaria obliga al Gobierno y en consecuencia la respectiva operación crediticia no podrá celebrarse mientras subsistan las circunstancias allí contempladas.      “LEY 80 DE 1993  (octubre 28)   por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública   EL CONGRESO DE COLOMBIA,   DECRETA:   Articulo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.   Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.   Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante.   En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.   A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito designado por las partes.   Parágrafo 1o. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la autoridad administrativa directamente realizará los ajustes o modificaciones presupuestales a que haya lugar de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.   Parágrafo 2o. Operaciones de crédito publico. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales.   Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias para el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como las de capitalización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para efectos del desarrollo de procesos de titularización de activos e inversiones se podrán constituir patrimonios autónomos con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando estén destinados al pago de pasivos laborales.   Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a operaciones de crédito público externo o asimiladas, se requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que podrá otorgarse en forma general o individual, dependiendo de la cuantía y modalidad de la operación.   Para la gestión y celebración de toda operación de crédito externo y operaciones asimiladas a éstas de las entidades estatales y para las operaciones de crédito público interno y operaciones asimiladas a estas por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, así como para el otorgamiento de la garantía de la Nación se requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables del CONPES y del Departamento Nacional de Planeación.   El Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más tardar el 31 de diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de las operaciones, su incidencia en el manejo ordenado de la economía y en los principios orgánicos de este Estatuto de Contratación, podrá determinar los casos en que no se requieran los conceptos mencionados, así como impartir autorizaciones de carácter general para dichas operaciones. En todo caso, las operaciones de crédito público externo de la Nación y las garantizadas por ésta, con plazo mayor de un año, requerirán concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.   Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 1222 y 1333 de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta Ley. En todo caso, con antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones, éstas deberán registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad monetaria, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de las entidades territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y concepto previo favorable de los organismos departamentales o distritales de planeación, según el caso. Cada uno de los conceptos y autorizaciones requeridos deberá producirse dentro del término de dos meses, contados a partir de la fecha en que los organismos que deban expedirlos reciban la documentación requerida en forma completa. Transcurrido este término para cada organismo, se entenderá otorgado el concepto o autorización respectiva.   En ningún caso se otorgará la garantía de la Nación a las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, ni a operaciones de particulares.   Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas se contratarán en forma directa. Su publicación, si a ello hubiere lugar, se cumplirá en el Diario Oficial cuando se trate de operaciones de la Nación y sus entidades descentralizadas. Para operaciones de la Nación este requisito se entenderá cumplido en la fecha de la orden de publicación impartida por el Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en las entidades descentralizadas del orden nacional en la fecha del pago de los derechos correspondientes por parte de la entidad contratante.   Salvo lo que determine el Consejo de Ministros, queda prohibida cualquier estipulación que obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas en materia de precios, tarifas y en general, el compromiso de asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva competencia, en virtud de su carácter público. Así mismo, en los contratos de garantía la Nación sólo podrá garantizar obligaciones de pago.   Las operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser ejecutadas en el exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en los contratos.   Parágrafo 3o. Salvo lo previsto en el parágrafo anterior, perfeccionado el contrato, se solicitará su publicación en el Diario Oficial o Gaceta Oficial correspondiente a la respectiva entidad territorial, o a falta de dicho medio, por algún mecanismo determinado en forma general por la autoridad administrativa territorial, que permita a los habitantes conocer su contenido. Cuando se utilice un medio de divulgación oficial, éste requisito se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.”     “Ley 185 de 1995  (enero 27)   por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación, se autorizan operaciones para el saneamiento de obligaciones crediticias del sector público, se otorgan facultades y se dictan otras disposiciones.   EL Congreso de Colombia,   DECRETA:   Artículo 7°. Las operaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 51 de 1990 podrán efectuarse entre la Nación y las entidades públicas y entre éstas entre sí. De igual forma, el Gobierno Nacional podrá ordenar que se efectúen novaciones de obligaciones entre las entidades antes señaladas.   Parágrafo. Las autorizaciones de que trata el presente artículo requieren concepto previo de la Comisión de Crédito Público.   (…)   Artículo 24. Para todos los efectos previsto en el inciso 5° del Parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la Comisión de Crédito Público emitirá un concepto preliminar que permita iniciar las gestiones pertinentes para las operaciones de crédito público y un concepto definitivo que haga posible la ejecución de las mismas en cada caso particular.   Se exceptúan de lo anterior las operaciones relacionadas con la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, para los cuales la Comisión de Crédito Público, emitirá su concepto por una sola vez.     “LEY 344 DE 1996 (diciembre 27)   por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.   El Congreso de Colombia,   DECRETA:   Artículo 38. Contabilización de las garantías de la Nación. Las garantías otorgadas por la Nación a las obligaciones de pago de otras entidades estatales se contabilizarán en un cupo separado cuyo monto se establece inicialmente en la suma de cuatro mil quinientos millones de dólares (US$4.500.000.000), tanto para operaciones internas como externas.   Para la utilización del cupo de garantías se requerirá la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo concepto del CONPES y el de la Comisión de Crédito Público.   Este cupo se afectará inicialmente con las garantías otorgadas por la Nación con cargo al cupo de endeudamiento de la Ley 185 de 1995. Los montos liberados en razón de la aplicación de esta ley incrementarán en igual cuantía el cupo de crédito.”

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza  funciones se asesoramiento y consejo al ejecutivo, sin vulnerar el principio de la  separación de poderes ni desnaturalizar la función del control político? 

Regla ampliada

Las funciones conceptuales que cumple la Comisión Interparlamentaria son trasunto de la colaboración armónica de poderes. «(...)Desde otro ángulo de análisis, también encuentra la Corte que la funciones conceptuales que cumple la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público son trasunto de la colaboración armónica entre los poderes públicos prevista en el artículo 113 Superior. Efectivamente, cuando el Congreso a través de dicha Comisión emite concepto en relación con operaciones de crédito que previamente han sido autorizadas por la ley, no está actuando como si fuera un simple tercero, sino que interviene en su condición de regulador de la economía para dar su opinión respecto de asuntos que tienen importante repercusión en la economía nacional, si se tiene en cuenta que los recursos provenientes de las operaciones crediticias inciden en la ejecución de  planes y programas estatales.

 

En efecto, el Congreso no es un ente ajeno a la regulación de materias económicas puesto que constitucionalmente, y a la par que el Ejecutivo, desempeña importantes funciones en este campo. Piénsese, por ejemplo, en las facultades de que goza el órgano legislativo para aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas (CP art.150 num.3°); establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración (ibid. num. 11); crear contribuciones fiscales y parafiscales (ibid. Num. 12);  determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio; y arreglar el sistema de pesas y medidas (ibid. num. 13); dictar normas generales en materia de crédito público, comercio exterior, aranceles y tarifas, regulación de las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (ibid. num. 19 literales a, b, c y d); expedir leyes de intervención económica (ibid. num. 21); dictar leyes relacionadas con el Banco de la República (ibid. num 22); y dictar leyes que rigen la prestación de los servicios públicos (ibid. num. 23), entre sus más destacadas facultades. (...)»

  Así pues, queda establecido que a través de su función conceptual la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público el Congreso desempeña en forma plena su rol coprotagónico en el manejo de la economía, brindando su criterio a fin de hacer realidad el mandato superior de la colaboración armónica entre las ramas del poder (CP art. 113), ya que de esta forma contribuye a que el Ejecutivo pueda ejecutar cabalmente las autorizaciones legales en materia de crédito público, sin menoscabo de los intereses nacionales

Razones de la decisión

«(...) Ciertamente, si bien nada se opone a la Carta el que la aludida Comisión sea convocada por el Gobierno, aún estando en receso el Congreso, con el fin  de informarla acerca del ejercicio de las autorizaciones legalmente otorgadas para la celebración de empréstitos - ya que  de esta forma se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150-9 de la Constitución, que obliga al Ejecutivo a rendir periódicamente informes en este sentido -, sin embargo, lo que sí resulta contrario a la Carta es que dicha Comisión cumpla funciones de asesoramiento y consejo, pues al ejercer éstas atribuciones no sólo desconoce el principio de separación de poderes sino que también desnaturaliza la función de control político en cabeza del Congreso de la República.

 

Para la Corte, mediante las funciones de asesoramiento y consejo el órgano legislativo se inmiscuye en asuntos propios de la órbita del  Ejecutivo,  pues al cumplir tareas de orientación acerca del ejercicio de la actividad administrativa en materia de celebración de empréstitos, impide que el Gobierno pueda desarrollar  la competencia que le reconoce el artículo 150-9 Superior para vincularse autónomamente en el campo contractual, situación que evidentemente resulta contraria al principio de la separación funcional de las ramas del poder público consagrado en el artículo 113 Superior.  

 

Además, al dar su consejo acerca de la gestión de empréstitos por parte del Gobierno  la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público compromete la imparcialidad que caracteriza la función de control político, pues si a través de la función asesora ha sentado pautas sobre la forma como debe ser desarrollada la actividad contractual por parte del Gobierno, dicho organismo pierde toda ecuanimidad y neutralidad para vigilar efectivamente el desarrollo de las autorizaciones conferidas al Ejecutivo en este ámbito. (...)»

Regla

El Congreso no puede establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza  funciones se asesoramiento y consejo al ejecutivo, sin vulnerar el principio de la  separación de poderes  ni desnaturalizar la función del control político. Al ejercer éstas funciones el legislativo se inmiscuye en los asuntos propios del Ejecutivo, por las siguientes razones:
  1. La Comisión se inmiscuye en la órbita funcional del ejecutivo al ejercer funciones de orientación sobre la actividad administrativa en cuanto a la celebración de empréstitos. Ello le impide al Gobierno desarrollar las competencias atribuidas por la Constitución política referente a las autorizaciones que hace el Congreso al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales.
  2. La Comisión al dar consejos sobre la celebración de empréstitos compromete la imparcialidad que caracteriza la función del control político. 

Decisión

Se declaró la exequibilidad del artículo 4° de la Ley 18 de 1970 salvo las expresiones “en su condición de asesora del Gobierno” y “con el fin de obtener su consejo”, de ésta disposición, que son inexequibles

Marco jurídico

Se declaró la exequibilidad del artículo 4° de la Ley 18 de 1970 salvo las expresiones “en su condición de asesora del Gobierno” y “con el fin de obtener su consejo”, de ésta disposición, que son inexequibles.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: El Congreso no puede establecer que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público ejerza ..
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Enajenación de bienes
  • Separación de poderes
  • Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
  • Control político
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Contrato de empréstito
  • Autorización previa para celebrar contratos
  • Celebración de contrato
  • Rama ejecutiva
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Enajenación de bienes
  • Separación de poderes
  • Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
  • Control político
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Contrato de empréstito
  • Autorización previa para celebrar contratos
  • Celebración de contrato
  • Rama ejecutiva
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Enajenación de bienes
  • Separación de poderes
  • Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
  • Control político
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Contrato de empréstito
  • Autorización previa para celebrar contratos
  • Celebración de contrato
  • Rama ejecutiva
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Documentos
    Corte Constitucional- MP Clara Inés Vargas. 16 de Marzo de 2004. C-246 de 2004
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