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Los criterios de evaluación no pueden cambiarse después de que los proponentes presentaron sus propuestas

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 16041 DE 2006

Identificadores

Criterios de evaluación de las propuestas
Oferta
Licitación pública
Principios de la contratación pública
Debido proceso
Contratación estatal
Etapa precontractual
Modificación al pliego de condiciones
Pliego de condiciones
Criterios de evaluación de las propuestas
Oferta
Licitación pública
Principios de la contratación pública
Debido proceso
Contratación estatal
Etapa precontractual
Modificación al pliego de condiciones
Pliego de condiciones
Criterios de evaluación de las propuestas
Oferta
Licitación pública
Principios de la contratación pública
Debido proceso
Contratación estatal
Etapa precontractual
Modificación al pliego de condiciones
Pliego de condiciones

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 16041 DE 2006

Caso

MIGUEL ANTONIO CASA GARZÓN VS. DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Hechos relevantes

Una gobernación abrió una licitación pública de obra civil. Una persona natural, se presentó al proceso de selección junto a 26 participantes más, quedando en segundo lugar con 992 puntos. A esta persona se le restaron puntos en su propuesta, entre otras razones, porque un ítem de la propuesta fue evaluado por la entidad de manera diferente a lo establecido en el pliego de condiciones. Ese cambio de evaluación se hizo con el propósito de corregir un aspecto técnico del pliego. El primer puesto en el proceso de selección obtuvo 993 puntos.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública cambiar los criterios de evaluación de las propuestas de una licitación, después de que estas hayan sido entregadas por los proponentes, con el propósito de corregir errores en los pliegos de condiciones?

Razones de la decisión

«(...) Así las cosas, y una vez fijados los criterios de selección y sus mecanismos de ponderación ellos no sólo vinculan a los participantes, sino a la propia entidad estatal, quien viene así a autorregular, entre otros aspectos, su actividad de estudio y evaluación de las propuestas para determinar aquella que sea más favorable para los fines de la contratación que persigue en determinado proceso, lo cual excluye, de suyo, cualquier discrecionalidad en la aplicación o no de los mismos o en la asignación de los puntajes y las fórmulas o en la manera o forma que para este efecto ella misma consagró, conducta que pugna con el deber de selección objetiva de que trata el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. 

 

(…)

 

De manera que, luego que el pliego de condiciones ha tenido la publicidad correspondiente y  transcurrido los plazos establecidos para realizar alguna modificación o adición[2]

 

Vale decir, para no atentar y debilitar los principios y derechos al debido proceso administrativo y sus corolarios de defensa y contradicción (art. 29 de la C.P.), así como los de planeación, transparencia, igualdad, publicidad, responsabilidad y el deber de selección objetiva de que trata la Ley 80 de 1993 (artículos 24 No. 5 , 25 No. 1, y 2, 26 y 29), en los procesos de selección de la contratación estatal está vedado cualquier cambio sobre la marcha a las reglas de juego previamente establecidas en la ley del mismo, o sea en el pliego de condiciones, y una vez precluída la etapa respectiva de precisión, aclaración, adición o modificación de los mismos, de manera unilateral, subrepticia y oculta, que tome por sorpresa a los participantes y genere incertidumbre en la etapa de evaluación y estudio del mérito de la mejor propuesta. Con ello, a la postre, se compromete la legalidad del proceso precontractual y la adjudicación o declaratoria de desierta de la licitación o concurso, según el caso,[3] siempre y cuando constituya una irregularidad que incida sustancialmente en la selección objetiva de la mejor propuesta, esto es, en la escogencia de la oferta más favorable a la entidad de conformidad con la totalidad de los criterios que rigen el proceso correspondiente y en atención a lo preceptuado por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.  

 

(…)


La Sala advierte que este tipo de actuaciones resultan extrañas a los principios de la contratación estatal que han quedado expuestos, en tanto los participantes no pueden conocer o entender a ciencia cierta cómo a algunas propuestas se les asigna tal o cual puntaje y a otras se les rebaja o no el mismo, es decir, invita a la inseguridad jurídica. Aquí, y de acuerdo con lo arriba expuesto, es importante puntualizar sobre la obligación que tiene la Administración de respetar los criterios establecidos en los pliegos de condiciones. Esta Sala ha dicho que el pliego de condiciones establece las reglas de juego para la participación de los interesados y para la evaluación de sus ofrecimientos, constituyéndose en norma fundamental que rige el proceso de selección y del contrato que surja con ocasión del mismo. No puede, entonces, la Administración so pretexto de vacíos o deficiencias en el Pliego de Condiciones cambiar los criterios o fórmulas para evaluar contenidos en los mismos, después de presentadas las ofertas e inventarse reglas a posteriori, por cuanto, el pliego de condiciones como es sabido es ley del proceso de selección, y, si bien éste puede ser interpretado por la Administración, no puede ser modificado o adicionado al momento de evaluar [4], como ocurrió en el presente caso, en el que comité calificador aplicó una formula de asignación de puntaje que éste no establecía.(...)» 

 


[1] El numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, 4. establece esta posibilidad en la Licitación Pública y la regula así: “Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles. Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación o concurso, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, copia de la cual enviará a todos y cada una de las personas que retiraron pliegos o términos de referencia.”

 

[2] “…debe observarse la carga de claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza jurídica de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo para los participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse  las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad  licitante, modificar inconsulta y arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de selección”. Cfr. Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de mayo 3 de 1999, Exp 12344, C.P. Daniel Suárez Hernández.

 

[3]  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de abril de 2002, Exp. 12.294. C.P. Alier Hernández Enríquez.

 

[4] Lo que se ha denominado como “inalterabilidad o intangibilidad de los pliegos de condiciones”, como garantía del debido proceso contractual en los procesos de selección pública, luego de haber surtido las etapas que permiten sus modificaciones por parte de la Administración. 

Regla

Una entidad pública no puede realizar cambios a los criterios de evaluación de las propuestas de una licitación después de presentadas las propuestas bajo ningún pretexto, ya que esto atenta con el derecho al debido proceso administrativo de los proponentes, así como con los principios del Estatuto de Contratación Pública.

Decisión

CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 5 de noviembre de 1998.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Los criterios de evaluación no pueden cambiarse después de que los proponentes presentaron sus..
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Oferta
  • Licitación pública
  • Principios de la contratación pública
  • Debido proceso
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Modificación al pliego de condiciones
  • Pliego de condiciones
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Oferta
  • Licitación pública
  • Principios de la contratación pública
  • Debido proceso
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Modificación al pliego de condiciones
  • Pliego de condiciones
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Oferta
  • Licitación pública
  • Principios de la contratación pública
  • Debido proceso
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Modificación al pliego de condiciones
  • Pliego de condiciones
  • Documentos
    sala de lo contencioso administrativo, sección tercera
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