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Derecho al debido proceso en la expedición de actos administrativos como la liquidación unilateral

Persona

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII S C 53839 DE 2017

Identificadores

Cláusula penal
Contrato de seguro
Debido proceso
Garantía
Liquidación
Multas

Entidad

Consejo de Estado

Consejo de Estado, Sección Tercera

Sentencia

CE SIII S C 53839 DE 2017  

Caso

SEGUROS COLPATRIA S.A. VS MINISTERIO DE TRANSPORTE

Magistrado Ponente

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Hechos relevantes

1.     El 7 de junio de 2007 el Ministerio de Transporte celebró el contrato de concesión No. 033 de 2007 para la prestación del servicio público de Registro Nacional de Tránsito R.U.N.T. incluyendo la planificación, diseño, implementación, administración, operación, actualización, mantenimiento, inscripción e ingreso de datos, expedición de certificados de información y todos los servicios relacionados con los registros, en el que éste se obligó a ejercer la vigilancia en la ejecución y cumplimiento a través de la celebración de un contrato de interventoría.

2.     El 9 de octubre de 2007 se celebró entre el demandado y el Consorcio PAI – RUNT, conformado por las Sociedades Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores el contrato de interventoría No. 082 de 2007, respecto del contrato de concesión No. 033 del 7 de junio de 2007., con un plazo de vigencia de doce (12) años y seis (6) meses más contados a partir de la suscripción del acta de inicio de ejecución de las obras, esto es, desde el 31 de octubre de 2007. Como valor total del contrato se fijó la suma equivalente a $9.400´000.000,00, con cargo a la “subcuenta 3 de interventoría” del contrato de fiducia, pagaderos así: la suma de $88´996.928,00 mensualmente, durante los dos años de ejecución del contrato y una vez cumplido ese término la suma de $51´914.874,00, mensualmente durante el término restante.  Adicionalmente, se pactó que el contrato se liquidaría de mutuo acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación y que ante la falta de acuerdo entre las partes, el Ministerio procedería a liquidarlo unilateralmente.

3.     El Consorcio PAI-RUNT constituyó una garantía única de cumplimiento ante la Compañía Aseguradora Seguros Colpatria S.A. quién expidió la Póliza de seguro No. 8001014299 el 18 de octubre de 2007, la cual fue aprobada por el Ministerio el 29 de octubre de 2007.

4.     El 9 de diciembre de 2010 el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución No. 005427 de le impuso una multa al Consorcio PAI – RUNT por una suma equivalente a $999´818.380 y declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento. Luego, el 15 de diciembre de 2011 a través de la Resolución No. 05641 el Ministerio de transporte nuevamente le impuso una multa al consorcio contratista y declaró la ocurrencia del siniestro con el objeto de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.  

5.     El 16 de diciembre de 2011 el consorcio PAI-RUNT y el Ministerio de Transporte suscribieron un acta para dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato No. 082 de 2007 desde el 30 de enero de 2012.

6.     El 16 de mayo de 2012 la Coordinadora del Grupo Runt requirió al consorcio PAI – RUNT para que acudiera el 23 de mayo de 2012 a las instalaciones de la Entidad con el fin de analizar la liquidación del contrato No. 082; no obstante, la Compañía Aseguradora Seguros Colpatria S.A. no fue requerida para acudir a dicha reunión, ni a las reuniones llevadas a cabo para liquidar bilateralmente el contrato.

7. El 8 de octubre de 2012 el Ministerio de Transporte ordenó la liquidación unilateral del contrato No. 082 de 2007 y le ordenó al contratista pagar la suma equivalente a $999´818.380 por concepto de las multas y la cláusula penal que le habían sido impuestas y que no había cancelado sin tener en cuenta que los actos administrativos por medio de los cuales el demandado le impuso esas sanciones, se encontraban demandados.  

Problema Jurídico

¿Es violatorio del derecho al debido proceso que la aseguradora no haya sido citada para la expedición del acto administrativo que liquida unilateralmente el contrato?

Regla ampliada

N/A

Razones de la decisión

Tal como lo ha reconocido la Sección Tercera de ésta Corporación el derecho al debido proceso no sólo debe regir toda actuación judicial sino también todas las actuaciones administrativas contractuales ya sean éstas de carácter sancionatorio o no, incluyéndose entonces dentro de ellas no sólo aquellas actuaciones o procedimientos desplegados por la administración para imponer multas o cláusulas penales en ejercicio de la actividad contractual, sino también aquellas tendientes a declarar la caducidad administrativa de un contrato estatal o a declarar la ocurrencia de un siniestro, entre otras.

“si bien en tratándose de contratos de seguro celebrados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con ocasión de la celebración de un contrato estatal no le son aplicables las reglas previstas en el artículo 1053 del Código de Comercio, sí debe garantizarse el derecho al debido proceso dentro del procedimiento de expedición de los actos administrativos por medio de los cuales la administración declara la ocurrencia del siniestro, ordena la efectividad de las garantías constituidas a su favor, impone multas o hace efectivas las cláusulas penales convenidas.”

Así las cosas, teniendo en cuenta que en materia de contratos de seguro que se celebran para garantizar contratos estatales es la compañía aseguradora la que debe acudir ante la administración a presentar su posición frente a los aspectos que involucran la declaratoria del siniestro, es frente a ésta que se debe garantizar el derecho al debido proceso.

Ahora, si bien es claro que ese derecho debe ser garantizado a las aseguradoras en todos los procedimientos de expedición de actos administrativos a través de los cuales se declara la ocurrencia del siniestro, se impone una multa o se hace efectiva una cláusula penal, entre otros, no ocurre lo mismo en los procedimientos de expedición de actos administrativos por medio de los cuales se ordena la liquidación unilateral y se exterioriza el monto de unas sanciones previamente impuestas por otros actos administrativos, pues se entiende que ya en esas oportunidades se le ha otorgado la posibilidad a la aseguradora de que presente sus argumentos de defensa, allegue las pruebas que estime necesarias y controvierta las que se arrimen en su contra.”

“resulta totalmente contrario al principio de prevalencia del interés general sobre el particular que se le garantice el debido proceso a la aseguradora en un procedimiento de expedición de unos actos administrativos a través de los cuales se liquida unilateralmente el contrato, se reproduce el contenido de otros que declararon la ocurrencia del siniestro y se exterioriza el monto de unas sanciones ya impuestas mediante otros, pues se entiende que ya en el procedimiento de expedición de esos actos administrativos se le otorgó la posibilidad a la aseguradora de verificar la ocurrencia del siniestro que se declaró, que el monto del daño se ajustó a lo convenido en el contrato de seguro y en general de que ejerciera sus derechos a la defensa y a la contradicción.”

“teniendo en cuenta que los actos administrativos que ahora se impugnan se limitan a exteriorizar el monto de unas multas y una cláusula que ya habían sido impuestas mediante otros actos administrativos, se concluye que el actor en realidad funda sus pretensiones de nulidad en las presunta ilegalidad en la imposición de dichas sanciones y que para sacar avante sus pretensiones también debía demandar la nulidad de las Resoluciones Nos. 005427 del 9 de diciembre de 2010 y 0899 del 30 de marzo de 2010; y las Nos. 05641 del 15 de diciembre de 2011 y la No. 00129 del 30 de marzo de 2011 en el curso de éste proceso.

Por último, no es cierto que dentro de los actos administrativos que ahora se impugnan, no se pudieran incluir las sumas que el contratista adeuda a la administración por concepto de multas, pues si se entiende que la liquidación unilateral es una actuación administrativa posterior a la terminación normal o anormal del contrato que se materializa en un acto administrativo motivado, mediante el cual la administración decide unilateralmente realizar el balance final o corte final de las cuentas del contrato estatal ya terminado, precisando quién le debe a quien y cuanto, es evidente que la administración sí podía incluir en ellos lo que el contratista le adeudaba pro concepto de unas sanciones previamente impuestas.

Regla

No, ya que a través de la liquidación unilateral lo único que se hace es exteriorizar el monto de una multa y una cláusula penal impuestas por otros actos administrativos expedidos previamente, a partir de lo cual se entiende que en el procedimiento de expedición de esos actos ya se le garantizó a la Compañía Aseguradora la defensa de los derechos que ahora estima vulnerados.

Decisión

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, pero por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en ratio decidendi

  • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 23 de junio de 2010, Exp. 16.367.
  • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 19 de febrero de 2009, Exp. 24.609

 

Citas de precedentes en obiter dictum

N/A

Salvamento de voto - sentido

No. 

Aclaración de voto - sentido

No. 

Marco jurídico

  • Artículos 5º No. 4º, 18 inciso final, 25 No. 198, 41 inciso segundo y 60 último inciso de la ley 80 de 1993
  • Artículos 17 a 19 del Decreto 679 de 1994
 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: CE SIII S C 53839 DE 2017
Síntesis
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Identificadores
  • Cláusula penal
  • Contrato de seguro
  • Debido proceso
  • Garantía
  • Liquidación
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  • Documentos
    Derecho al debido proceso en la expedición de actos administrativos como la liquidación unilateral
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