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Facultad de terminación unilateral de un contrato que no se encuentra vigente

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

SENTENCIA CE SIII S A 39536 DE 2017

Identificadores

Cláusulas excepcionales
Plazo
Terminación del contrato
Terminación unilateral

Entidad

CONSEJO DE ESTADO

Sentencia

CE SIII S A 39536 DE 2017

Caso

LUZ AMPARO PINEDA STAPPER VS DANE 

Magistrado Ponente

Carlos Alberto Zambrano Barrera

Hechos relevantes

1.     El 3 de julio de 2002, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 030 del 3 de julio de 2002, cuyo objeto era la prestación de los servicios profesionales, de la señora Luz Amparo Stapper, para “…supervisar el trabajo de verificación y complementación en campo en los grupos y zonas asignadas de acuerdo con la programación de los regionales”, cuyo plazo de ejecución vencía el 27 de septiembre de 2002. 2.     El 18 de noviembre de 2002, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas profirió la Resolución No. 264, por medio de la cual, terminó y liquidó unilateralmente el contrato No. 030 del 3 de julio de 2002. 3.     El 10 de junio de 2003, la señora Luz Amparo Pineda Stapper, por intermedio de apoderado judicial, solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 264 de 18 de noviembre de 2002, por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) terminó y liquidó unilateralmente el contrato 030 del 3 de julio de 2002, toda vez que, la demandada no tenía competencia para declarar la terminación unilateral del contrato, pues, para el momento en que tal determinación se produjo, el plazo de ejecución contractual ya había fenecido y, por tanto, la Administración no podía ejercer ninguna facultad excepcional. 4. A título de restablecimiento del derecho, la demandante solicitó la indemnización de todos los “daños ocasionados con los actos administrativos anulados, en los cuales se estimaron en la suma de $130.270.800, por concepto de perjuicios morales; además, se solicitó que se pagará “… el resto del tiempo certificado “por concepto de perjuicios materiales”

Problema Jurídico

¿El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas tiene la facultad declarar la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios No. 030 del 3 de julio de 2002 aun cuando éste ya no se encontraba vigente?

Razones de la decisión

“Las entidades estatales pueden pactar a su favor, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, algunas cláusulas excepcionales al derecho común, entre estas, las de interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato. Tales clausulas poseen la característica esencial de que pueden ser ejecutadas de manera unilateral por la entidad que las pactó a su favor, lo que significa que no debe acudir a instancias judiciales para obtener el cumplimiento de la decisión” “Cada vez que un organismo o entidad estatal ejerce la potestad excepcional de terminación unilateral del contrato, debe proceder el reconocimiento y pago de las compensaciones “… e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. Lo anterior pone de manifiesto que esta especie o modalidad de terminación unilateral de los contratos no comporta ninguna sanción, y, por tanto, tampoco genera inhabilidad alguna para el contratista afectado.” “Ahora, como aspectos comunes a las tres formas de terminación unilateral del contrato (esto es, la caducidad administrativa, la terminación por nulidad absoluta y la terminación unilateral propiamente dicha) se pueden señalar los siguientes: a) el hecho de que en las tres modalidades es la ley la que consagra, de manera expresa, la facultad para que la entidad estatal contratante pueda realizar la declaración respectiva, b) producen el mismo efecto en la relación negocial, consistente en poner fin -de manera anticipada- al respectivo contrato estatal, c) la declaratoria correspondiente constituye un verdadero acto administrativo de naturaleza contractual y, por ende, sujeto a control jurisdiccional, d) es necesario que se proceda a la liquidación del contrato estatal, una vez quede ejecutoriada la decisión correspondiente y f) la terminación unilateral, en cualquiera de sus modalidades, sólo es posible aplicarla en relación con contratos vigentes” “La etapa y el plazo de liquidación del contrato no están consagrados para ejercer esta potestad exorbitante, pues la ley no señaló que pudiera aplicarse durante ésta, sino dentro de la etapa y plazo fijado en el contrato para su ejecución; y, además, se reitera, no se trata de solucionar un problema exclusivamente económico o sancionatorio.” “Desde esta perspectiva y de cara al presente asunto, para la Sala es claro que el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE) no podía terminar unilateralmente el contrato 030 de 2002 cuando lo hizo, pues, para entonces, el término de ejecución del mismo ya había fenecido y, por  tanto, no tenía competencia temporal para ello; en efecto, recuérdese que  el plazo de ejecución vencía "... el 27 de septiembre de 2002 mientras  que la terminación unilateral se produjo el 18 de noviembre de ese año, esto es, con posterioridad a la terminación de la vigencia del contrato” “Sumado a lo anterior, la Sala encuentra que la Resolución 264 de 2002 estableció unos efectos retroactivos respecto de la terminación unilateral del mencionado contrato, pues dispuso que ésta -la terminación unilateral- se entendía "... a partir del 20 de agosto de 2002 ..." Con lo anterior se desconoció que dicho acto no podía incidir en situaciones jurídicas pretéritas ni, mucho menos, surtir efectos con anterioridad a su expedición o vigencia, teniendo en cuenta que, en principio, los efectos retroactivos están proscritos en nuestro ordenamiento jurídico. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la irretroactividad es uno de los principios sobre los cuales se edifica un Estado de Derecho y, por tanto, solo en forma excepcional un acto administrativo puede tener efectos hacia el pasado y siempre con base en una autorización legal” Dando aplicación al criterio sostenido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en supuestos análogos al asunto sub lite, la indemnización que se ordenará pagar al accionante por los perjuicios que le fueron ocasionados con la expedición de los actos administrativos demandados se calculará con base en los honorarios que dejó de percibir el contratista durante el lapso que le restaba del plazo convenido en el contrato de prestación de servicios irregularmente terminado, de manera unilateral, por la entidad contratante. 

Regla

Así las cosas, para el ejercicio de los poderes exorbitantes constituye un requisito legal el hecho de que el contrato no haya expirado, puesto que, de lo contrario -si ya expiró-, la facultad excepcional de que se trate no lograría satisfacer su finalidad; en otros términos, existe un plazo dentro del  cual se puede hacer uso de las facultades excepcionales que llevan a la  terminación del contrato por parte del organismo o entidad contratante y éste se encuentra determinado, precisamente, por el plazo de vigencia o ejecución del mismo. Los organismos y entidades estatales no deben esperar a que venza el plazo de ejecución del contrato para comprobar si se configuró alguna de las causales para que lo de por terminado; todo lo contrario, las normas que consagran esa facultad exigen que el plazo no haya expirado, pues de ser así resultaría inane la figura por la sencilla razón que no se puede declarar terminado algo que ya alcanzó su fin. 

Decisión

 PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 12 de febrero de 2010, dictara por el Tribunal Administrativo de Santander, y en su lugar: a)    DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 264 del 18 de noviembre de 2002, expedida por la Regional Centro-Oriente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. b)    CÓNDENESE al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a pagar la suma de $11.138.780 por concepto de perjuicios materiales, en favor de la señora Luz Amparo Pineda Stapper. c)    NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda SEGUNDO: Sin costas TERCERO: EXPÍDANSE al apoderado de la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO:EJECUTORIADA esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento 

Citas de precedentes en ratio decidendi

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, Expediente 17031 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección cuarta, sentencia del 25 de julio de 1997. Expediente 8323 Consejo de Estado, sentencia del 13 de agosto de 2008. Radicado No. 69001-2315-000-1995-00782-01

Aclaración de voto - sentido

Si. Marta Nubia Velásquez Rico.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993, artículo 14 numeral 1, 17

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Ficha: SENTENCIA CE SIII S A 39536 DE 2017
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