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Declaratoria de caducidad a un contrato suspendido por el no reinicio por parte del contratista; Formas para recuperar el anticipo entregado a un contratista

Tipo de Documento

Concepto

Documento

4201814000007500 - Declaratoria de caducidad a un contrato suspendido

Organización

Identificadores

Anticipo
Caducidad del contrato
Contratista
Suspensión del contrato

Concepto

▪ PRIMER PROBLEMA PLANTEADO
¿Es procedente caducar -excepcional- un contrato suspendido por el no reinicio por parte del contratista, a pesar de haberse superado las causas de la suspensión?
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la caducidad es una facultad de las Entidades Estatales en el marco de su actividad contractual, en virtud de la cual, por medio de un acto administrativo debidamente motivado, pueden dar por terminado y ordenar la liquidación de un contrato, independientemente del estado en que se encuentre, cuando se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave la ejecución del negocio y que pueda conducir a su paralización.
La aclaramos que cuando se conviene la suspensión de un contrato estatal no se puede declarar su caducidad a partir del incumplimiento de obligaciones que se encuentran suspendidas, toda vez que en virtud de la suspensión del contrato dichas obligaciones no son exigibles durante el periodo en el cual aquel se encuentre suspendido. En cambio, si el deber contractual omitido corresponde a aquellas obligaciones que se debieron ejecutar a cabalidad antes de la suspensión del contrato, sí procederá el ejercicio del poder exorbitante, incluso cuando el incumplimiento se advierta en curso del convenio que lo suspendió.
Además, la facultad exorbitante otorgada a la Administración de declarar la caducidad de un contrato permite extinguirlo aun cuando se encuentre suspendido en razón a que el contrato en dicha condición continúa vigente, con el fin de asegurar la primacía de los intereses públicos y sociales que están vinculados a la realización del objeto contractual. La suspensión no implica la extinción de las obligaciones ni la terminación del vínculo contractual, y si durante dicha etapa la Entidad contratante advierte que un incumplimiento puede ser calificado como una afectación “grave y directa” a la ejecución del contrato que evidencia su probable paralización, nada impide que
ejecute las facultades que la ley le ha conferido para vigilarlo y controlarlo, como la caducidad del contrato.
En este sentido, en el evento que de forma previa las partes establecieron la fecha cierta o la condición para dar reinicio al contrato suspendido, o que se hayan superado las causas que dieron origen a la suspensión, la renuencia del contratista para reiniciar el contrato podrá configurar un incumplimiento de las obligaciones del contratista, que en caso de afectar de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización se podrá declarar su caducidad.
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
1. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las Entidades Estatales al celebrar un contrato tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de su ejecución. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, pactar las cláusulas excepcionales al derecho común de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. De igual manera, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
2. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyó que “al no existir un referente legal vigente sobre la suspensión de la ejecución del contrato, conforme a la jurisprudencia y a juicio de la Sala, las cláusulas pactadas al respecto en los contratos y las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la contratación estatal debe estar orientada a la consecución de los fines estatales”.
3. A su vez recuerda: “(…) teniendo en cuenta que la suspensión temporal de la ejecución del contrato se establece mediante cláusulas estipuladas en el contrato o en acuerdos que convienen las partes durante su desarrollo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que, al igual que el contrato, la suspensión debe atender al principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, según el cual los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y sólo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. Al efecto señaló: “En ese orden de ideas, la suspensión de común acuerdo constituye una convención que altera o impide de manera temporal la ejecución de las obligaciones que se derivan del contrato y, por lo tanto, al igual que este último es ley para las partes en los términos fijados por el artículo 1602 del Código Civil. En ese orden de ideas, si de la
suspensión se desencadena un incumplimiento de las obligaciones pendientes a cargo de una de las partes, esta queda compelida a cubrir y cancelar los perjuicios que se derivan del mismo” (…)”
4. Resalta la Sala de Consulta y Servicio Civil: “(i) la suspensión temporal de la ejecución del contrato como un mecanismo al que pueden válidamente recurrir los contratantes cuando ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito deben consignar el hecho y los efectos de la suspensión, o cuando por razones de interés público acuerdan suspender algunas de las obligaciones del contrato; y (ii) la suspensión que ocurre como simple contingencia contractual que al margen de su origen inmediato también tiene por efecto la parálisis del contrato y la imposibilidad de cumplimiento de algunas de las obligaciones.”
5. Es así, como la Sección Tercera del Consejo de Estado, entiende “La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo.”
6. A su vez, se estableció que, la caducidad del contrato sólo puede declararse durante el plazo de ejecución y mientras se encuentre vigente y no durante en la etapa de liquidación, habida cuenta que una vez fenecido el plazo convenido no se acompasa con la finalidad y sentido de esta medida excepcional que debe ser de interpretación restrictiva
7. Por su parte, el Alto Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa indicó que la suspensión no afecta la vigencia del contrato. Así lo determinó en los siguientes términos: “Sea pues lo primero advertir que, en estricto sentido, el contrato no cesa con la suspensión, sino que sigue vigente, en estado potencial o de latencia, pues mientras la terminación de un contrato afecta como es obvio su subsistencia misma, la suspensión afecta las obligaciones que a las partes les resulta temporalmente imposible de cumplir”
▪ SEGUNDO PROBLEMA PLANTEADO
“Para recuperar el anticipo que se desembolsó al contratista ¿Es procedente aplicar la cláusula penal- anticipo más rendimientos financieros? ¿Siniestrar el amparo de cumplimiento o buen manejo e inversión del anticipo?”
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
Le informamos que esta pregunta ya fue respondida a través del radicado No. 4201814000006319 con radicado de salida No. 2201813000008089 del 5 de septiembre de 2018.
 

Marco jurídico

Ley 80 de 1993, artículos 14 y 18.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2278 de julio 05 de 2016, Consejero Ponente Germán Bula Escobar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, radicado: 16.431. En el mismo sentido v.et. Sentencia del 19 de octubre de 2011, radicado: 18.082 y Sentencia del 24 de enero de 2011, radicado: 16.492.
Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección tercera, Bogotá, D.C., 11 de abril de 2012, Consejero Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 17434.
Ley 80 de 1993, artículos 14 y 18.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente: 26705. Fecha: 26 de junio de 2014. MP: Ramiro Pazos Guerrero
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente: 2278. Fecha: 05 de julio de 2016. MP: Germán Bula Escobar.

Fecha ejemplo

2019-01-31 20:30:00

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: 4201814000007500 - Declaratoria de caducidad a un contrato suspendido
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Anticipo
  • Caducidad del contrato
  • Contratista
  • Suspensión del contrato
  • Documentos
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