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Obligación de realizar reportes sobre multas. Configuración de la inhabilidad consagrada en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.

Tipo de Documento

Concepto

Documento

4201814000008238

Organización

Identificadores

Cámaras de Comercio
Contrato de concesión
Incumplimiento contractual
Multas
Registro único de proponentes
Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades

Concepto

▪ PRIMER PROBLEMA PLANTEADO
 
“1. Teniendo en cuenta que las entidades públicas se encuentran en la obligación de reportar a las cámaras de comercio las multas y/o incumplimientos contractuales impuestos a sus contratistas, para que sean registradas en el RUP de estos últimos; es necesario para nosotros consultar ¿cómo se debe proceder por parte de la Unidad frente a la obligación referida, cuando se evidencia que los contratistas que ejecutan contratos de concesión no cuentan con Registro Único de Proponentes debido a la excepción consagrada en la Ley 1150 de 2007?”
 
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
 
La normativa del Sistema de Compra Pública establece la obligación que tienen las Entidades Estatales de reportar a las Cámaras de Comercio la información correspondiente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones de los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados, incluida la información relacionada con los contratistas que no están inscritos en el RUP, pues la ley no establece ninguna excepción en este sentido.
 
Así mismo, el artículo 218 del Decreto 019 de 2012, además de establecer la obligación de publicar la parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez queden ejecutoriados, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- reiteró el deber legal que tienen las Entidades Estatales de comunicar los actos y sentencias sancionatorias a las Cámaras de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación.
 
En este contexto, todas las Entidades Estatales tienen el deber legal de reportar las multas y/o incumplimientos contractuales impuestos a los contratistas aun cuando estos no estén inscritos en el Registro Único de Proponentes, para que las cámaras de comercio adelanten el trámite que de acuerdo con sus procedimientos internos corresponda. Adicionalmente, las Entidades Estatales deberán publicar los actos administrativos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento en la plataforma de SECOP I o II. Para tal efecto, en el SECOP I se realizará el cargue del acto administrativo que impone multas, sanciones o inhabilidades tal como se publican los demás Documentos del Proceso; en el SECOP II el cargue del documento se deberá realizar en el módulo Gestión Contractual.
 
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
 
1. El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 establece: “Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal. No se requerirá de este registro, ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes
 
2. El mismo artículo señala que las Entidades Estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados.
 
3. Así mismo, el Decreto 1082 de 2015 prevé que “las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las Cámaras de Comercio de su domicilio copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes en los contratos que haya suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la misma.”
 
4. En consecuencia, la obligación de las Entidades Estatales de reportar a la Cámara de Comercio la información establecida en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, no hace distinción, ni excluye la información relacionada con proponentes o contratistas inscritos y no inscritos en el RUP.
 
5. A su vez, el artículo 218 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, establece “La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación”.
 
6. De acuerdo con lo anterior, las Entidades Estatales deben publicar en el SECOP los actos administrativos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, y para ello, la plataforma ofrece la posibilidad a los usuarios del Sistema de Compras y Contratación Pública de dar a conocer la parte resolutiva de los actos administrativos que imponen multas, sanciones, o declaran incumplimientos a un contratista en el marco de la actividad contractual del Estado.
 
7. En síntesis, si bien la Ley 1150 de 2011 exceptúa del registro en el RUP determinados contratos, como el de concesión, entre otros; la normativa del Sistema de Compra Pública no establece una excepción al deber legal de reportar la información correspondiente a la imposición de multas o declaratoria de incumplimiento.
 
▪ SEGUNDO PROBLEMA PLANTEADO
 
”2. Ante el eventual acaecimiento de las hipótesis establecidas en el artículo 90 literales (a) y/o (c) de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los contratos de concesión celebrados por la Unidad, en los cuales se ha evidenciado que los concesionarios no cuentan RUP, se entendería configurada la inhabilidad sobreviniente contemplada en la norma citada en precedencia pese a la no existencia de la inscripción de estas sanciones en el mencionado documento (RUP)?”
 
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
 
Las inhabilidades son una limitación a la capacidad para contratar con el Estado, o ejecutar un contrato Estatal, las cuales se encuentran consagradas en la Constitución y la ley. En este sentido, el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 establece unos supuestos de hecho para su configuración; de modo que el hecho generador de la inhabilidad lo constituye la firmeza del acto administrativo en el cual se imponen las multas o se declara el incumplimiento, según corresponda; y no la publicación de estos en el Registro Único de Proponentes.
 
En este sentido, se debe tener en cuenta que el RUP tiene como finalidad suministrar a las entidades del Estado, y en general a todas las personas interesadas en celebrar contratos, la información relacionada con los contratistas, por lo que es el instrumento idóneo para dar publicidad a los requisitos que habilitan a los proponentes y, en general, a la información que allí se encuentra; sin embargo, el RUP no es un documento que constituya la inhabilidad consagrada en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, ya que sus efectos son de mera publicidad. En ese orden, la inhabilidad por incumplimiento reiterado establecido en la Ley 1474 de 2011 se configura una vez se cumplan con los supuestos del artículo 90 de la ley en mención, de modo que, la norma surge como una herramienta de protección de los intereses de la administración, que tiene por finalidad garantizar la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la transparencia, la probidad, la honestidad y la moralidad en la contratación estatal.
 
Así las cosas, el RUP actúa como medio de publicidad de las sanciones impuestas o incumplimientos declarados a los contratistas que están obligados a tener RUP; para el caso de los contratistas que están exceptuados de tener RUP, el medio de publicidad de las sanciones impuestas o incumplimientos declarados será el SECOP, más aun tratándose de una inhabilidad que surge de sanciones impuestas por la misma entidad contratante, publicidad que se reafirma con la comunicación a la Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio.
 
Además de lo anterior, es necesario señalar que el artículo en mención no prevé excepción en cuanto a su aplicación a los contratistas que no cuenten con RUP, toda vez que dispone que el contratista quedará inhabilitado cuando incurra en alguna de las conductas descritas en los tres literales, sin hacer distinción alguna. El artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 sólo se refiere al RUP para efectos de determinar el momento a partir del cual se contarán los tres años de la inhabilidad configurada, mas no para el surgimiento de esta. En el caso de un contratista que está exceptuado de estar inscrito en el RUP, los tres años de la inhabilidad se contarán a partir de la firmeza del acto administrativo que imponga la quinta multa, o que declare el incumplimiento o imponga la segunda multa habiéndose declarado previamente el incumplimiento, según el caso, en razón a que estas situaciones constituyen el hecho generador de la inhabilidad.
 
Por lo anterior, en el evento en que el contratista no esté obligado a inscribirse en el RUP y, por ende, no sea posible que la cámara de comercio realice la inscripción en dicho registro de las sanciones o incumplimientos reportadas por las entidades, esto no implica que no se genere la inhabilidad, toda vez que las inhabilidades se configuran en tanto se cumpla con los supuestos de hecho establecidos en los literales del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.
En ese orden de ideas, debe diferenciarse la exigibilidad del Registro Único de Proponentes, del deber de las Entidades Estatales de comunicar a las Cámaras de Comercio los actos administrativos que declaran un incumplimiento o imponen una multa; así como diferenciar la configuración de una inhabilidad, de la publicidad en el RUP del acto administrativo que impone multas, sanciones o declara el incumplimiento, y del momento a partir del cual se cuenta el término por el cual se extiende dicha inhabilidad.
 
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
 
1. Ver argumentos de la respuesta anterior.
 
2. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado es de aplicación restrictiva, ya que comporta una excepción a la regla general de libertad. Así mismo, éstas se encuentran reguladas, entre otras normas, en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.
 
3. Respecto a las inhabilidades, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-489 de 1996 ha manifestado: “Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los altos intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Es por ello, que se prohíbe que accedan a la contratación estatal las personas que tengan intereses contrarios a los de las entidades públicas con las cuales contrata o que carezcan de los requisitos o condiciones que puedan repercutir en el correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del contrato. En este orden de ideas, la consagración de las inhabilidades e incompatibilidades obedecen unas, primordialmente a razones éticas, y otras se vinculan con la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad administrativa, pues, se busca asegurar una adecuada selección del contratista, que redunde en beneficio de los fines de interés público o social ínsitos en la contratación. No se pueden desconocer los altos intereses públicos que entran en juego cuando el Estado contrata, porque por este medio "las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines"
 
4. Ahora, la ley 1474 de 2011 establece en su artículo 90 las conductas que dan lugar a la configuración de la inhabilidad del contratista cuando incurra en las mismas: “a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado. PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria”.
 
5. Conforme con lo anterior, la inhabilidad surge a la vida jurídica o se configura, por infringirse normas de comportamiento reprochables a la luz del derecho, razón por la cual, el hecho generador de la inhabilidad lo constituye el acto de la administración que sanciona dicha infracción y no la publicación en el RUP de dicho acto.
 
6. De esta manera, la finalidad de la inhabilidad del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 es restringir la contratación de quien incurra en las conductas allí descritas con el objetivo de garantizar los intereses de la administración, sin que tenga ningún sentido entender que esta restricción sólo se establece para los contratistas inscritos en el RUP y que, en consecuencia, sí se permita incurrir en dichas conductas nocivas para el interés general a quienes no cuentan con dicho registro.
 
7. Esta interpretación se fundamenta en el principio constitucional “del efecto útil de las normas” según el cual debe considerarse, de entre varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias.
 
8. Se concluye entonces que el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011 no diferencia entre los contratistas inscritos y no inscritos en el RUP, ni establece excepción alguna para el surgimiento de la inhabilidad por incumplimiento reiterado respecto de unos u otros, ni condiciona la configuración de la inhabilidad al registro en el RUP de los actos administrativos que impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento.
 
 
 

Marco jurídico

 
Constitución Política de 1991, artículo 119, 277 y 250
Ley 1150 de 2007, artículo 6
Decreto 019 de 2012, artículo 218
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.5.7.
Ley 1474 de 2011, artículos 86 y 90
Ley 1437 de 2011, artículo 87.
Corte Constitucional, sentencia C-489 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Uprimny Yepes.
 

Fecha ejemplo

2019-01-24 21:00:00

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: 4201814000008238
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Cámaras de Comercio
  • Contrato de concesión
  • Incumplimiento contractual
  • Multas
  • Registro único de proponentes
  • Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
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