A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés para contratar con el Estado por parte de una persona que ostenta la calidad de conjuez.

Tipo de Documento

Concepto

Documento

4201813000009060 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Organización

Identificadores

Conflicto de intereses
Contratación estatal
Incompatibilidades
Inhabilidades
Servidor público

Concepto

▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:
Las inhabilidades y las incompatibilidades son de aplicación estricta y restrictiva al supuesto fáctico que la norma prevé, por lo que no hay lugar a extensiones o analogías interpretativas. La Ley 80 de 1993, al regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, estableció como prohibición la celebración de contratos con Entidades Estatales para aquellas personas que ostentaran la calidad de servidor público.
En este orden de ideas, se observa que los conjueces al participar del ejercicio de la función judicial asumen esa función no como particulares sino como servidores públicos transitorios, por lo que, asumen las atribuciones propias de todo juez, y les son aplicables las mismas responsabilidades, deberes y régimen de impedimentos y recusaciones de los jueces.
El conflicto de intereses, por su parte, se configura cuando el interés general, propio de la función pública, entra en conflicto con un interés particular y directo del servidor público, razón por la que deberá declararse impedido. En este orden de ideas, la Entidad Estatal deberá determinar si en el contratista concurren intereses contradictorios que den origen a un conflicto de interés.
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
1. De conformidad con la Ley 80 de 1993, las inhabilidades o incompatibilidades son impedimentos que restringen el acceso a la función pública o al derecho a contratar con el Estado.
2. La diferencia entre unas y otras, radica en que las inhabilidades son de carácter general y son imputables al contratista, en otras palabras, se predica la imposibilidad de presentar oferta y celebrar y ejecutar un contrato estatal con cualquier Entidad pública. En cambio, las incompatibilidades se refieren a la imposibilidad de que concurran dos distintas condiciones en un mismo sujeto, esto es, impide que el sujeto ostente una calidad porque ya posee otra.
3. El Consejo de Estado, sobre las diferencias entre estas dos figuras indicó: “(…) Por inhabilidad debe entenderse aquella circunstancia que impide a una persona celebrar algún contrato, la cual ha sido establecida por la Constitución o la ley la incompatibilidad hace referencia a lo que no puede poseerse o ejercerse a un tiempo por una misma persona. Se parte, por ejemplo, de la investidura o cargo que hace que determinadas actividades, negocios, etc. no puedan ser realizados o efectuados por su titular, por considerar que riñen con las funciones inherentes a ese cargo o investidura. En otras palabras, por inhabilidad se entiende la imposibilidad de llegar a ser o de tener una determinada condición jurídica y ésta en materia contractual puede ser general o especial. Se dice que es general, cuando no se puede contratar con ninguna de las personas de derecho público o privado y es especial cuando aquélla se reduce a personas de derecho público o privadas específicas, como cuando se está inhabilitado para participar en determinada licitación. La incompatibilidad, en cambio, se refiere a la prohibición de que concurran dos distintas condiciones, esto es, impide tener una condición porque ya se posee otra y existirá mientras se tenga alguna de las condiciones.”
4. El conflicto de intereses, por su parte, se configura cuando en el servidor público o en sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o socios, concurre un interés particular y directo en un asunto del dominio de la administración pública, el cual tiene a su cargo para definir, conceptuar, evaluar, controlar o gestionar, y que por tanto afecta su imparcialidad o neutralidad, exigiendo que se declare impedido para conocer del asunto.
5. Frente a la naturaleza y función transitoria de los conjueces, la Sala de Consulta y Servicio Civil advirtió: “los conjueces cumplen un triple propósito: a) suplir las faltas de los Magistrados titulares cuando sean separados del conocimiento de un asunto por razón de impedimento o recusación; b) dirimir los empates en las corporaciones judiciales y c) completar el quórum decisorio cuando ello sea necesario. (…) En cualquiera de estas hipótesis en que los conjueces son llamados a integrarse transitoriamente a los cuerpos judiciales colegiados, es claro que participan del ejercicio de la función judicial. En ese sentido, al hacer la revisión previa de constitucionalidad de la ley estatutaria de administración de justicia, la Corte Constitucional aclaró que cuando los conjueces asumen esa función no actúan como particulares (v.gr. los árbitros y conciliadores referidos en el artículo 116 C.P.), sino como servidores públicos transitorios, sui generis, sujetos al mismo régimen jurídico de los funcionarios judiciales a los cuales remplazan. (…) De este modo, al ejercer transitoriamente función judicial, los conjueces (i) asumen las atribuciones propias de todo juez; (ii) quedan sujetos a las mismas responsabilidades, deberes y régimen de impedimentos y recusaciones de los jueces; y (iii) tienen derecho a una remuneración (…).”
6. Concluye la Sala que “Los conjueces son servidores públicos transitorios sujetos a un régimen especial. Ejercen transitoriamente función judicial, asumen las atribuciones propias de los jueces y quedan sujetos a su mismo régimen de responsabilidades, deberes, impedimentos y recusaciones. Según los artículos 61 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 115 de la Ley 1437 de 2011, sus servicios serán remunerados.”
7. En este orden de ideas, quien ostente la calidad de servidor público en sus diferentes categorías, bien como empleado público de libre nombramiento y remoción, empleado de carrera administrativa o trabajador oficial vinculado con un contrato de trabajo, le será aplicable el régimen de inhabilidades y por lo tanto estará impedido para celebrar contratos con Entidades Estatales mientras permanezca esa condición.

Problema Jurídico

¿A un Contratista de Prestación de Servicios Profesionales del ICETEX le sobrevienen inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, al posesionarse como Conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

Marco jurídico

Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1°, literal f.
Ley 734 de 2002, artículo 40 y numeral 17 del artículo 48.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, número de radicado 08001-23-31-000-1995-5451-01(10989), del 20 de septiembre de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto con número de radicado 11001-03-06-000-2016-00113-00(2303) del 9 de noviembre de 2016, Consejero Ponente Álvaro Namén Vargas.

Fecha ejemplo

2019-01-17 20:30:00

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: 4201813000009060 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Conflicto de intereses
  • Contratación estatal
  • Incompatibilidades
  • Inhabilidades
  • Servidor público
  • Documentos
    4201813000009060 Régimen de inhabilidades e incompatibilidades
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