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CE SIII E 37485 DE 2018 Cumplimiento de los pliegos de condiciones. Objeto social del proponente en los Procesos de Contratación. Representación legal de la persona jurídica

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 37485 DE 2018

Identificadores

Acción de controversias contractuales
Adjudicación del contrato
Causales de descalificación
Concurso de méritos
Objeto contractual
Oferta
Pliego de condiciones
Resolución
Unión temporal

Entidad

Consejo de Estado 

Sentencia

SENTENCIA: CE SIII E 37485 DE 2018  

Caso

Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. VS Departamento de Caldas.   

Magistrado Ponente

Ramiro Pazos Guerrero

Hechos relevantes

1.     El 3 de abril de 2003, mediante resolución N° 961, el departamento de Caldas abrió el concurso público de méritos N° S.l. 001-2003 para la restauración arquitectónica del Palacio departamental de la Gobernación de Caldas, declarado monumento nacional, a través del sistema de administración delegada.   2.     El 9 de abril siguiente se llevó a cabo la visita a la obra programada en el numeral 12 de los términos de referencia.   3.     Con posterioridad a la visita de la obra, en los términos de referencia definitivos y en dirección diferente a la versión preliminar de ese documento, la demandada modificó el numeral 12 para exigir que cuando se tratara de personas jurídicas debía asistir el representante legal si era ingeniero o arquitecto, de no ser así, debía asistir la persona que avalara la propuesta.   4.     A esa visita asistió una persona autorizada por el representante legal de la sociedad actora.   5.     El 13 de mayo siguiente, el comité evaluador de la demandada calificó las propuestas y la sociedad actora obtuvo el primer lugar de elegibilidad con 993.36 puntos.   6.     Una vez formuladas las observaciones a la evaluación, el comité decidió descalificar la propuesta de la sociedad actora, en tanto la visita a la obra no se efectuó según lo exigido en los términos de referencia y, además, dentro de su objeto social no tenía la restauración de obras.   7.     Como consecuencia de lo anterior, mediante resolución N° 1691 del 3 de junio de 2003, el departamento de Caldas adjudicó el concurso al consorcio Alfa, que era la tercera propuesta en el orden de elegibilidad.   Mediante sentencia del 16 de julio de 2009, el a quo declaró infundadas las excepciones de falta de estimación razonada de la cuantía e inexistencia de la obligación y negó las pretensiones de la demanda. 

Problema Jurídico

¿Es viable jurídicamente que el Departamento de Caldas haya decidió descalificar la propuesta de la sociedad actora, en tanto la visita a la obra no se efectuó según lo exigido en los pliegos de condiciones y, además, dentro de su objeto social no tenía la restauración de obras?  

Regla ampliada

Frente a la caducidad de la acción se tiene que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, con la reforma introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que una vez celebrado el contrato derivado del acto previo demandado la única acción procedente era la contractual. De lo que se sigue que quedaba suprimida la posibilidad de demandar a través de la acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento de manera independiente, de manera que se imponía su acumulación con la acción contractual; ahora, frente al cómputo de la caducidad de esa acción, la Sección advirtió que era necesario demandar el restablecimiento del derecho dentro de los treinta días iniciales contemplados en el citado artículo, so pena de perderlo, en tanto esa pretensión no era propia de la acción contractual

Razones de la decisión

  De lo expuesto se tiene que dentro del objeto social de las sociedades están comprendidos (i) los actos y actividades propias que permiten el desarrollo del mismo, en palabras de la Corte Suprema de Justicia “los actos expresivos del objeto social", (ii) los indispensables para que la sociedad pueda existir y (iii) los que estén conectados con la actividad social.   Como se observa la doctrina nacional, a través de la distinción del objeto principal y secundario, coincide con la idea de la jurisprudencia citada y que aquí se recoge. Igualmente, esta Corporación, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, al resolver una consulta que giraba en torno al alcance del concepto de los contratos conexos que integran el giro de los negocios de las entidades financieras de carácter estatal, precisó:   • Para que un acto o contrato celebrado por una persona jurídica sea válido debe encontrase comprendido dentro del objeto señalado bien por la ley o por los estatutos, según el tipo de entidad de que se trate.   • El objeto social o de la empresa, se compone, a su vez, de: i) actos que están comprendidos en la noción de la actividad; ii) actos que están directamente relacionados con esa actividad; y iii) otros actos que tienen como finalidad "(...) ejercer los derechos y las obligaciones, legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad".   Precisado lo anterior y al descender el presente asunto, la Sala recuerda que dentro del objeto social de la actora quedaron incluidas todas las labores inherentes al ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura, sus diferentes aspectos y modalidades. Igualmente, se incorporó la participación en licitaciones, invitaciones y concursos públicos y derivados; presentar ofertas en ellos, bien sea a título individual o en consorcio, en uniones temporales o en cualquier otra modalidad de asociación, y celebrar contratos con entidades públicas y privadas tales como consultoría, construcción, concesión, de diseño arquitectónico y demás relacionados con el ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura.   Ahora, con relación a la persona que debía asistir a la visita de la obra, la Sala recuerda que el numeral 12 en estudio, para el caso de las personas jurídicas, exigió que debía ser el representante legal, claro está, siempre que este fuera ingeniero civil o arquitecto. En caso contrario, debía asistir la persona que avalara la propuesta, que también debía tener alguna de las dos profesiones anunciadas (fl. 574, c. ppal, numeral 14.2.4., literal h).   De la anterior exigencia se desprende una clara intención de que la persona que asistiera a la visita fuera una persona experta y, por consiguiente, capaz de comprender el alcance de la obra a realizar. Esa finalidad resulta proporcionada y razonable; sin embargo, el entendimiento que le dio la demandada en el acto administrativo enjuiciado al considerar que sólo podían acudir el representante legal o el avalista de la propuesta, limitaba de forma excesiva la posibilidad con que cuenta la sociedad y el representante legal de actuar a través de un mandato o una representación, con los cuales bien se pudo satisfacer la finalidad de la exigencia, que no era otra que la comparecencia de personas expertas al sitio de la obra.   En tal sentido, se tiene que el artículo 832 del Código de Comercio regula la representación voluntaria como el acto a través del cual una persona faculta a otra para celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. Igualmente, el citado artículo define que el acto a través del cual s e otorga dicha facultad se denomina "apoderar", el cual podrá ir acompañado de otros negocios jurídicos2 1 . En ese orden, los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con el último en mención (artículo 833 del Código de Comercio). Vale precisar que el ordenamiento jurídico habilita al representante a ejecutar los actos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios cuya gestión se le haya encomendado, pero requerirá de poder especial para aquellos que la ley así lo exija (artículo 840 ejusdem). Ahora, si el representante concluye un negocio en manifiesta contraposición con los intereses del representado, podrá ser rescindido a petición de este, cuando tal contraposición sea o pueda ser conocida por el tercero con mediana diligencia y cuidado (artículo 838 ejusdem).
 

Regla

Sí. La Sala recuerda que dentro del objeto social de la actora quedaron incluidas todas las labores inherentes al ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura, sus diferentes aspectos y modalidades. Igualmente, se incorporó la participación en licitaciones, invitaciones y concursos públicos y derivados; presentar ofertas en ellos, bien sea a título individual o en consorcio, en uniones temporales o en cualquier otra modalidad de asociación, y celebrar contratos con entidades públicas y privadas tales como consultoría, construcción, concesión, de diseño arquitectónico y demás relacionados con el ejercicio de la ingeniería y de la arquitectura. Ahora, es claro que el objeto social de la sociedad actora quedó genéricamente determinado por el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura, situación que podría suponer una ineficacia en e s a estipulación dada su indeterminación; sin embargo, se trata de una cuestión aparente, en tanto el artículo 1 de la Ley 435 de 1998 complementa el alcance de esa estipulación, así: DEFINICIONES. (…) El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desarrollada por los arquitectos en materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o restauración de un edificio o de un grupo de edificios.   De lo expuesto, es claro que el objeto social de la actora le permitía ejecutar labores de restauración de edificaciones. En esa línea, la exigencia del numeral 5 del ítem 14.2.3.1. (fl. 571, c. ppal) debía interpretarse en la forma aquí explicada, esto es, en un entendimiento integral del objeto social, el cual incorpora dentro del mismo los "i) actos que están comprendidos en la noción de la actividad; ii) actos que están directamente relacionados con esa actividad; y iii) otros actos que tienen como finalidad "(...) ejercer los derechos y las obligaciones, legal y convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad" ; sin embargo, en el acto administrativo demandado se incurrió en un exceso ritual manifiesto al exigir que expresamente se incorporara la labor de restauración de edificaciones en el objeto social de la sociedad actora, cuando un ejercicio interpretativo integrador bastaba para  superar esa objeción. Debe recordarse que el rechazo de un proponente se justifica en la imposibilidad de la comparación de las propuestas por cuestiones sustanciales, más no formales (numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993).   Además, según las pruebas, resulta contradictorio, por decir lo menos, que la demandada le evaluara a la actora la experiencia específica en trabajos restauración, para después terminar diciendo que su objeto social no le permitía el desarrollo de ese tipo de trabajos.   Ahora bien, frente al segundo cargo, “la visita de la obra” es claro que el motivo del rechazo de la propuesta de la actora se centró en que su representante legal, dada su condición de ingeniero civil, debió comparecer a la visita de la obra, según se interpretó lo imponía el numeral 12 de los términos de referencia tantas veces citado. Siendo ese el único motivo de rechazo, la Sala reitera que es un entendimiento inadmisible y desproporcionado, en tanto cercena de forma clara la posibilidad legal de comparecer a través del apoderamiento o representación, figuras a través de las cuales la finalidad buscada con la exigencia también se podía cumplir. En esos términos, como los fundamentos del rechazo resultan ilegales, se impone anular el acto administrativo cuestionado. La Sala revocará parcialmente la sentencia de primera instancia para declarar la nulidad de la resolución n.° 1691 del 3 de junio de 2003, por medio de la cual el departamento de Caldas adjudicó el Concurso de Méritos n.° SI-001-2003 al consorcio Alfa. Como consecuencia de lo anterior se declarará la nulidad absoluta del n.° 004-2003 del 5 de junio de 2003 suscrito entre el departamento de Caldas y el consorcio Alfa. Las demás pretensiones se denegarán

Decisión

PRIMERO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia, la cual quedará así:   PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la resolución n.° 1691 del 3 de junio de 2003, por medio de la cual el departamento de Caldas adjudicó el Concurso de Méritos n. ° SI-001-2003 al consorcio Alfa. TERCERO: DECLARAR la nulidad absoluta del contrato n.° 004-2003 del 5 de junio de   2003 suscrito entre el departamento de Caldas y el consorcio Alfa. CUARTO: Negarlas demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Sin costas.   SEGUNDO: SIN COSTAS, toda vez que en la presente instancia no aparecen probadas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Corte Constitucional dentro de la sentencia C-190 del 27 de febrero de 2008, exp. D-6967, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de noviembre de 1998, exp. 4.826, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.   Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 29 de mayo de 2003, rad. 1.488, M.P. Susana Montes de Echeverri.   Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 22.088 y 39.109 (acumulados), M.P. Enrique Gil Botero.   Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de septiembre de 1994. Exp. 8071.   Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 10 de 2005, exp. 14.198.

Citas de precedentes en obiter dictum

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022,M.P. Enrique Gil Botero.   Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 16.540, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.  

Marco jurídico

  • Código Contencioso Administrativo, artículos 87, 119 y 171.
  • Ley 435 de 1998.
  • Ley 446 de 1998, artículo 37 y 55.
  • Ley 80 de 1993 artículo 2, numeral 1, artículo 30, numeral 11 y artículo 25, numeral 15, inciso segundo, artículo 81
  • Decreto 2090 de 1989.
  • Decreto reglamentario 1436 de 1998.
  • Decreto 2170 de 2002.
  • Código de Comercio: artículos 99, numeral 4 del artículo 110, 832 y 833.
  • Ley 435 de 1998, artículo 1.
  • Decreto 597 de 1988, artículo 2.
  • Decreto 1260 de 1970
 

Doctrina relacionada

Narváez García, José Ignacio, Teoría General de las Sociedades, Ediciones Doctrina y Ley, 7a Edición, Bogotá, 1996, pp. 119 y 120.   Arrubla Paucar, Jaime Alberto, El contrato mercantil, contratos típicos, Legis, 14ª Edición, 2012, Bogotá, p. 202.  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: CE SIII 37485 DE 2018 Cumplimiento de los pliegos de condiciones
Síntesis
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Identificadores
  • Acción de controversias contractuales
  • Adjudicación del contrato
  • Causales de descalificación
  • Concurso de méritos
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