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Una entidad estatal, en los contratos de prestación de servicios, debe tener en cuenta el tiempo necesario para el desarrollo de la obra al momento de liquidar unilateralmente el contrato

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 30251 DE 2014

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 30251 DE 2014

Caso

JUAN MANUEL CARREÑO BOSHELL VS DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA

Hechos relevantes

Por invitación de la Alcaldía Mayor del Distrito Capital Juan Manuel Carreño Boshell presentó propuesta para atender diferentes procesos judiciales que cursaban en contra de esa entidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ante los Juzgados Laborales del Circuito. Las partes suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios mediante el cual el contratista se obligó a obrar como apoderado judicial del Distrito Capital de Bogotá. En desarrollo del contrato, el objeto del mandato consistió en ejercer la “representación judicial del DISTRITO CAPITAL”. Aun así, sin notificación alguna, le fueron revocados los poderes y retirados los expedientes.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal, habiendo celebrado un contrato de prestación de servicios con un profesional, terminar el mismo de manera unilateral, cuando el tiempo del mismo es pactado por la duración de la obra sin que se considere una terminación sin justa causa?

Regla ampliada

Contrato de prestación de servicios- Elementos: «(…)Siguiendo los planteamientos de la Corte Constitucional , el contrato de prestación de servicios podría caracterizarse por tres grandes rasgos: (i) versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, la capacitación y la formación profesional o técnica o de otro tipo de una persona en determinada materia, persona con la cual se conviene la realización de las respectivas labores; (ii) la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado, según las estipulaciones acordadas; y (iii) la vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado, esto es apenas el período indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido, pues en caso de que las actividades atendidas a través de contratistas vinculados a través de esta modalidad negocial demanden de una permanencia mayor e indefinida, más allá del anotado carácter excepcional y temporal para convertirse en exigencias o necesidades ordinarias y permanentes, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes con el fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. (…)»

 

Terminación Unilateral del Contrato: “«(…)2.4.2.1 La terminación unilateral propiamente dicha encuentra su regulación básica y fundamental en los artículos 14 y 17 de la Ley 80.

 

De conformidad con dichas disposiciones legales, es posible precisar que la misma se encuentra consagrada como una institución a la cual pueden acudir las entidades estatales para efectos de desarrollar las funciones que expresamente les consagra la ley (artículo 14-1, Ley 80), consistentes en tener ‘... la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato’.

Según los explícitos dictados de la referida Ley 80, es claro que dicha forma de terminación unilateral tiene ‘… el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo [se refiere a la entidad estatal contratante] y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación…’ de los mismos.

 

Esta modalidad de terminación unilateral únicamente puede tener aplicación respecto de aquellos específicos contratos estatales señalados en el numeral 2º del artículo 14 de la Ley 80, esto es: a) ‘en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal’; b) en los contratos que tengan por objeto ‘la prestación de servicios públicos’; c) en los contratos que tengan por objeto ‘la explotación y concesión de bienes del Estado’ y d) ‘en los contratos de obra’, en cuanto en todos ellos resulta imperativa la inclusión de la cláusula excepcional de terminación unilateral; así mismo podría aplicarse en aquellos f) ‘contratos de suministro’ y g) contratos ‘de prestación de servicios’, en los cuales se hubiere incluido expresamente esa cláusula excepcional, comoquiera que en estos dos (2) últimos dicha estipulación resulta facultativa.

 

Tal como lo ordena el inciso 2º del numeral 1º del citado artículo 14 de la Ley 80, cada vez que una entidad estatal ejerza esta potestad excepcional de terminación unilateral ‘… deberá procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensación e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial’.

 

El aspecto que se acaba de destacar pone de manifiesto que esta especie o modalidad de terminación unilateral de los contratos estatales no comporta la imposición de sanción alguna y, por tanto, a partir de su ejecutoria no se genera inhabilidad alguna en relación con el contratista afectado, lo cual, además, encuentra explicación suficiente en las causales, expresamente consagradas en la ley, que dan lugar a su aplicación.

 

Tales causales, recogidas en el también citado artículo 17 de la Ley 80, son las siguientes:

 

‘1º Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga.

 

‘2º Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.

 

‘3º Por interdicción judicial o declaratoria de quiebra del contratista.

 

‘4º Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

 

‘Sin embargo, en los casos a que se refieren los numeral 2º y 3º de este artículo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación’.” (…)»

Razones de la decisión

« (…)En lo que a los procesos nuevos concierne, se tiene que mediante comunicaciones del 27 de mayo, del 10 de junio y del 23 de julio de 1998, el Director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “en cumplimiento del otrosí suscrito en el mes de diciembre” entregó al señor Juan Manuel Carreño Boshell 16 demandas con el fin de remplazar las que habían sido archivadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hechos a partir de los cuales es posible concluir que se cumplió la condición pactada por las partes en relación con los eventos en que no pudieran contestarse las doscientas demandas inicialmente asignadas y, por ese motivo, respecto de los procesos que las remplazaron el plazo del contrato se amplió en 12 meses.   Ahora bien, dado que la ampliación del plazo, según lo estipulado por las partes, se daría siempre que se cumpliera la condición pactada, esto es, que no pudieran contestarse algunas de las doscientas demandas asignadas, y que dicha ampliación únicamente aplica para los nuevos procesos; para efectos de establecer el momento a partir del cual empezó a correr la ampliación del término, la Sala tendrá en cuenta la primera fecha en la que se tiene prueba de la entrega al contratista de unas demandas para remplazar aquellas que fueron archivadas por el Tribunal, de donde emerge que el plazo del contrato, en relación con estos nuevos procesos, inició el 27 de mayo de 1998 y venció el 27 de mayo de 1999.   En ese orden de ideas, si bien no se conoce con certeza la fecha en la cual fueron revocados los poderes, lo cierto es que para cuando se le comunicó al demandante acerca de esa decisión, esto es 3 de febrero de 1999, el contrato en relación con los nuevos procesos aún se encontraba vigente y, por ese motivo, concluye la Sala que en relación con éstos sí se presentó una terminación sin justa causa del mandato, pues, según lo dicho por el Distrito Capital en la comunicación No. 3020 – 1660, la revocatoria de los poderes habría obedecido al vencimiento del contrato de prestación de servicios No. 141 de 1997. (…)»

Regla

Una entidad estatal no puede, habiendo celebrado un contrato de prestación de servicios con un profesional, terminar el mismo de manera unilateral, cuando el tiempo del mismo es pactado por la duración de la obra sin que se considere una terminación sin justa causa, dado que si bien no se conoce con certeza la fecha en la cual fueron revocados los poderes, lo cierto es que para cuando se le comunicó al demandante acerca de esa decisión, el contrato en relación con los nuevos procesos aún se encontraba vigente y, por ese motivo que en relación con éstos sí se presentó una terminación sin justa causa del mandato, pues, según lo dicho por el Distrito Capital la revocatoria de los poderes habría obedecido al vencimiento del contrato de prestación de servicios.

Decisión

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

 

TERCERO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Artículos 14, 17, 60 y 61. Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Una entidad estatal, en los contratos de prestación de servicios, debe tener en cuenta el tiempo..
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Contrato de prestación de servicios
  • Acción de controversias contractuales
  • Alcalde
  • Debido proceso
  • Normativa
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