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Una entidad pública no puede sujetar el término de duración de un contrato a prórroga automática frente al silencio de las partes, porque es ilegal y es violatorio de varios principios constitucionales y legales, quedando viciado el contrato por objeto ilícito. 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 30834 DE 2015

Identificadores

Contratación estatal
Etapa contractual
Licitación pública
Terminación del contrato
Objeto ilícito
Prórroga del contrato

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 30834 DE 2015

Caso

MARIA ANGELA MUÑOZ DE CADENA Y OTROS VS MUNICIPIO DE ARMENIA

Hechos relevantes

Se relató en la demanda que en un lote de las Empresas Públicas de Armenia, que se dio en arrendamiento desde el 10 de marzo de 1972, funcionaba una planta procesadora de asfalto. Desde esa época, el contrato se ha venido renovando, cambiando sus condiciones y personas, más no la empresa de asfalto para cuyo funcionamiento se arrendó el inmueble.   El último contrato que se suscribió entre el Municipio de Armenia y el señor “Jorge Cadena Corrales y la Planta de Asfalto y Triturado de Materiales” y en su cláusula segunda se pactó “la renovación automática ante el silencio de las partes que no hicieran manifestación de renovación o terminación con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de su vencimiento”.   El 10 de mayo de 1999 falleció el señor Jorge Cadena Corrales, la empresa de asfalto continuó en cabeza de sus herederos. Tres días antes del deceso del arrendatario, el entonces alcalde de Armenia autorizó una cesión de un contrato de obra que el señor Cadena Corrales había suscrito con el ente territorial, para que el mismo pudiera seguirse desarrollando con la sociedad Cadena Muñoz Asfaltos y Triturados, para lo cual se siguió utilizando la planta de triturados ubicada en el lote que había sido dado en arrendamiento al hoy occiso.   Mediante oficio AM-2461 del 6 de octubre de 1999, el entonces alcalde de Armenia informó que el ente territorial requería el lote y que el día 11 de ese mismo mes y año en reunión con la familia Cadena Muñoz, se les exigió la entrega del lote sin ninguna contraprestación o indemnización a cambio.   A pesar de que se le había solicitado a la Administración que se llegaran a acuerdos conciliatorios para evitar un conflicto judicial, el 29 de octubre de 1999, se profirió la Resolución 2180 del 29 de octubre de 1999, por medio de la cual se declaró la caducidad administrativa del contrato con fundamento en el fallecimiento del señor Jorge Cadena Corrales y con apoyo en los artículos 341 a 344 del Acuerdo 15 de 1992 - Código Fiscal Municipal -. En consecuencia, se ordenó la restitución del lote.

  El 30 de noviembre de 1999, los señores María Ángela Muñoz de Cardona, Mauricio, Santiago y Adriana Cadena Muñoz, actuando en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo presentaron demanda contra del Municipio de Armenia.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública sujetar el término de duración de un contrato a prórroga automática frente al silencio de las partes, sin violar los principios de libre concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia?

Regla ampliada

Restituciones mutuas, surgidas como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del contrato. «La Corte Suprema de Justicia[1] ha ilustrado respecto de las restituciones mutuas, surgidas como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del contrato, en el siguiente sentido:

 

“(…) la declaratoria de nulidad de un contrato retrotrae las cosas al estado en que se hallaban con antelación a la celebración del mismo, de manera que emerge para los contratantes la obligación de restituir lo recibido, inclusive a modo de cumplimiento anticipado de las obligaciones que del contrato prometido emanan, en la hipótesis, claro está, de que tales obligaciones así contraídas se hubiesen empezado a ejecutar, y siempre al amparo de las reglas previstas en el art. 1746 del C. Civil y las que conforman el Capítulo IV del Título XII del Libro 2° de la misma codificación, bloque normativo este de conformidad con el cual, considerando como premisa previa la buena o la mala fe que diere lugar a la tenencia (arts. 963 y 1746 del C.C.), se debe restituir la cosa o derecho objeto del acto o contrato (arts. 961, 962 y 1746 del C. C.) con los frutos percibidos, reconociendo los gastos ordinarios invertidos en la producción (art. 964 inc. final y 1746 del C.C.), indemnizando de paso los deterioros sufridos, y las mejoras invertidas en la cosa teniendo en cuenta también la buena o mala fe del vencido en la litis y la especie de la mejora (art. 965, 966, 967, 968, 969 y 1746 del C.C.)”.» 

 


[1] Sentencia S 009 proferida por la Sala de Casación Civil el 26 marzo de 1999.

Razones de la decisión

«Como se observa, el término de duración del contrato quedó sujeto a la circunstancia de que antes no se hubiere configurado su “prórroga automática” por el silencio de ambas partes, lo cual, sea en vigencia del Decreto Ley 222 de 1983 o en vigencia de la Ley 80 de 1993, resulta abiertamente ilegal, en el primer evento, en virtud de la prohibición expresa de que trata el artículo 58 de la norma, en el segundo, por cuanto, además de que en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública no existe norma alguna que autorice pactar prórrogas automáticas que favorezcan a un determinado contratista, resulta violatorio de los principios generales de libre concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia que rigen todas las actuaciones contractuales de las entidades estatales, principios que se encuentran consignados positivamente tanto en la Constitución Política de 1991 - artículos 1, 2, 13, 209 - como en la Ley 80 de 1993 - artículos 24 y 25 -.

 

Al respecto, dada la claridad y pertinencia de las consideraciones hechas por la

Sección Tercera de esta Corporación en providencia del 4 de diciembre de 2006 sobre la materia que ahora se estudia, la Sala considera oportuno traer a colación lo expresado en aquella oportunidad, así:

 

“Oportuno resulta señalar que la mencionada prohibición legal [se refiere a la contenida en el artículo 58 del Decreto Ley 222 de 1983], encaminada a evitar que las partes de los contratos de derecho público pudieren convenir estipulaciones para evitar que sus contratos terminen y lograr así perpetuarlos en el tiempo, encuentra claro y evidente fundamento tanto en el principio democrático de libre concurrencia, como en los principios generales de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia, entre otros, con arreglo a los cuales debe adelantarse toda actuación de índole contractual, en virtud de los cuales se debe permitir y garantizar, a toda persona que cumpla los requisitos establecidos para el efecto en las normas vigentes, la posibilidad cierta, efectiva y real de poder presentar sus ofertas ante las entidades públicas por manera que, en cuanto dichas propuestas consulten adecuadamente el interés general que esas entidades están en el deber de satisfacer y objetivamente sean las más favorables, también podrán acceder a la contratación correspondiente.

 

Así pues, aunque ya hubiere sido derogado el referido artículo 58 del Decreto-ley 222 de 1983, del contenido y alcance de los principios generales se desprende que, sin perjuicio de las particularidades que resulten del examen de cada caso concreto así como de la que debe aplicarse a cada asunto, por regla general en los contratos estatales sólo pueden estipularse válidamente prórrogas automáticas o cláusulas de exclusividad a favor de los particulares de manera excepcional, cuando para ello se cuente con expresa autorización legal, puesto que de lo contrario tales estipulaciones podrían resultar violatorias de la Constitución y de los principios que de ella emanan, así como también podrían resultar contrarias a los principios y finalidades de la Ley 80 y a los de la buena administración, todos los cuales constituyen límites expresamente señalados en el artículo 40 de la Ley 80, norma que se ocupa de regular el contenido de las cláusulas o estipulaciones que pueden incluirse en los contratos estatales.

 

De conformidad con el aparte jurisprudencial transcrito queda claro que, al margen del régimen jurídico que resulte aplicable al contrato de arrendamiento No. 015 del

31 de diciembre de 1993, la cláusula segunda, en el aparte previamente resaltado, es ilegal, razón por la cual se impone declarar su nulidad absoluta por objeto ilícito, según se desprende de las siguientes disposiciones normativas:

 

En el artículo 15 del Decreto 222 de 1983 se dispuso que los requisitos del objeto lícito se rigieran por las normas que sobre la materia establece el Código Civil y demás disposiciones complementarias, así entonces, como quiera que el artículo

1519 del Estatuto Civil establece que “Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación” y dado que el artículo 58 del mencionado decreto forma parte integrante del derecho público de la Nación, forzoso es concluir que la cláusula segunda del contrato en cuestión se encuentra afectada de ilicitud en su objeto.

 

Igualmente, si el caso se analiza a la luz del artículo 1523 del Código Civil, también se encuentra configurada la nulidad absoluta de la cláusula segunda del contrato de arrendamiento 015 de 1993 por objeto ilícito, como quiera que dicha norma dispone que “hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes”, y dado que el artículo 58 del Decreto-ley 222 de 1983 prohibió de manera expresa las prórrogas automáticas en los contratos que celebraren las entidades públicas destinatarias de esa normativa, claro es que la nulidad en este caso se ha configurado

Regla

Una entidad pública no puede sujetar el término de duración de un contrato a prórroga automática frente al silencio de las partes, porque:

 

1. Es ilegal como quiera que resulta violatorio de los principios generales de libre concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia que rigen todas las actuaciones contractuales de las entidades estatales

 

2. Los contratos de derecho público no pueden convenir estipulaciones para evitar que sus contratos terminen y lograr así perpetuarlos en el tiempo, pues atenta contra el principio democrático de libre concurrencia, como contra los principios generales de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y de transparencia.

 

3. El contrato estaría viciado por objeto ilícito 

Decisión

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Descongestión para los Tribunales del Valle del Cauca, Quindío, Cauca y Nariño, el 30 de diciembre de 2004, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia y, en su lugar, se dispone:   1. DECLARAR la nulidad absoluta del siguiente aparte de la cláusula segunda del contrato de arrendamiento No. 015 suscrito el 31 de diciembre de 1993, entre el Municipio de Armenia y el señor Jorge Cadena Corrales por ilicitud en el objeto: “...término susceptible de prorrogarse por acuerdo entre las partes contratantes, quienes se comprometen a dar aviso respecto a la continuación o terminación de este contrato, con no menos de seis (6) meses de antelación a la fecha de su vencimiento. En caso de silencio de las partes se entenderá prorrogado y así sucesivamente...”.       2. ORDENAR que, en caso de que el bien objeto del arrendamiento no hubiere sido restituido a su propietario, una vez quede en firme la presente providencia, de manera inmediata se proceda a ello.   3. DECLARAR la caducidad de la acción en relación con las pretensiones primera y segunda de la demanda.   4. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 2180 del 29 de octubre de 1999, por medio de la cual se declaró la caducidad del contrato de arrendamiento No. 015 de 1993, proferida por el Municipio de Armenia.   5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.   SEGUNDO. Sin condena en costas.   TERCERO. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.  

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Marco jurídico

Artículo 1, 2, 13, 209 de la Constitución Política

Artículo 962, 963,964 inc. final art. 965, 966, 967, 968, 969 y 1746 del Código Civil.

Artículo 24, 25 y  58, Ley 80 de 1993

Artículo 15 y  58 del Decreto Ley 222 de 1983

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ficha: Una entidad pública no puede sujetar el término de duración de un contrato a prórroga..
Síntesis
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  • Objeto ilícito
  • Prórroga del contrato
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