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Un contratista no puede interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de caducidad de un contrato estatal cuando existen otros medios de defensa judicial

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

T-1071-2007

Identificadores

Contratación estatal
Procedibilidad de la acción de tutela
Etapa contractual
Etapa postcontractual
Caducidad del contrato
Perjuicio irremediable
Acción de controversias contractuales

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

T-1071-2007

Caso

MS INGENIERÍA LTDA VS SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Hechos relevantes

Entre la entidad demandante y la superintendencia demandada existió un contrato de consultoría, cuya vigencia terminó por decisión unilateral de la demandada, al declararse la caducidad administrativa de este contrato.

 

La sociedad MS Ingeniería Ltda., interpuso acción de tutela contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por considerar que aquella, y más específicamente la Secretaría General de dicha institución, ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.

Problema Jurídico

¿Puede un contratista  interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de caducidad de un contrato estatal ante la consideración de existir en este caso un perjuicio irremediable, existiendo otros medios de defensa judicial para controvertirla?

Razones de la decisión

« (…) En lo que atañe a en qué medida la aplicación de este mecanismo puede implicar la vulneración de derechos fundamentales de los contratistas, la Corte ha hecho las siguientes precisiones: 

 

En sentencia T-569 de 1998 la Corte señaló que, pese a sus severas consecuencias, la caducidad derivada del incumplimiento del contratista no tiene el carácter de sanción, y que en consecuencia, no es indispensable adelantar un procedimiento previo, conducente a la eventual imposición de esta medida. Sí es necesario, como en cualquier otra actuación administrativa, observar el debido proceso, que se manifiesta en la no adopción de la medida si no existe una situación de incumplimiento de las características previstas en el artículo 18 antes citado, y en la posibilidad de que la persona o entidad afectada controvierta dicha decisión, tanto en la vía gubernativa como en sede jurisdiccional. Dentro de este contexto es necesario resaltar que la actuación de la administración se presume legítima y los actos administrativos que se expidan están igualmente amparados por la presunción de legalidad.

 

De lo anterior se desprende que no puede predicarse vulneración del derecho fundamental al debido proceso por el solo hecho de aplicarse la cláusula de caducidad, sino en cuanto concurra alguna situación especial, claramente contraria a derecho, cuya plena demostración corresponderá a quien alegue la vulneración de este derecho.

 

Dentro de la misma lógica, resaltó la Corte en la misma sentencia, que la legítima aplicación de la cláusula de caducidad previamente estipulada no puede implicar vulneración del derecho al trabajo de ninguna persona, ya que la(s) persona(s) o entidad(es) afectada(s) por esta medida tienen el deber jurídico de soportar tales restricciones o efectos desfavorables.

 

(…)

 

Por otra parte, el segundo inciso del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 dispone: “Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo.” Esta norma, cuyas previsiones son concordantes con las del actual texto del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, establece entonces el medio de defensa judicial procedente frente al acto administrativo que declara la caducidad de un contrato estatal.

 

De otra parte, y de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del mismo Código, acorde con lo establecido en el artículo 238 constitucional, contra esta decisión puede intentarse además el mecanismo de la suspensión provisional, que en caso de prosperar tiene la virtualidad de detener de manera inmediata la aplicación del acto administrativo demandado hasta tanto se decida sobre su legalidad, tal como en este caso se pretende lograr mediante el uso de la acción de tutela.

 

(…)

 

A partir de lo anterior, considera la Corte que frente a una situación como la aquí planteada, la acción de controversias contractuales, fortalecida con la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto discutido, constituye un medio de defensa apropiado y suficiente para ventilar el asunto, situación que, como se ha dicho, conduciría a la improcedencia de esta acción.

 

De otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 86 superior, es claro que frente a situaciones en las que existe un medio de defensa judicial razonablemente eficaz frente al caso concreto, la única razón que puede hacer procedente la tutela es la inminencia de un perjuicio irremediable, que sobrevendría para el actor en caso de no otorgársele de manera inmediata la protección tutelar, situación que aquél tiene la carga de acreditar debidamente.

 

También sobre este tema, la Corte ha consolidado desde sus inicios una clara doctrina, resaltando que para tener esa calificación el perjuicio que se teme debe tener varias características, reiteradas de manera uniforme en innumerables pronunciamientos[1], destacándose entre ellas la inminencia del daño, su gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de las medidas necesarias para conjurarlo.

 

De cara a estas exigencias, fácilmente se observa que la declaratoria de caducidad de un contrato estatal no es una situación que reúna tales características, en primer lugar porque encontrándose en firme el acto administrativo que la declara, no se trata entonces de un daño inminente sino actual o consumado. Pero además por cuanto la afectación, que es innegable, no podría considerarse irremediable, en la medida en que, de una parte, es de carácter eminentemente patrimonial, y de otra, el medio de defensa disponible, que es la acción contencioso administrativa de controversias contractuales, permite que en caso de declararse la nulidad de dicho acto administrativo, el afectado, si a ello hubiere lugar, reciba la plena indemnización de los perjuicios sufridos como consecuencia de dicho acto ilegal.

 

De otra parte, y en concordancia con lo brevemente expuesto en el punto anterior en relación con las características y consecuencias de la caducidad, es claro que se trata de una situación generada por el comportamiento de la persona que posteriormente es afectada por ella, en la que la administración obra amparada por la presunción de legalidad de sus decisiones, todo lo cual impide considerarla como una situación merecedora de protección inmediata como la que brinda la acción tutelar, siendo suficiente para el caso el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos en la ley.

 

Finalmente, de acuerdo con lo planteado en las antes citadas sentencias T-569 de 1998 y SU-1070 de 2003, cuya doctrina reitera ahora la Corte, de llegar a considerarse que frente a un caso concreto habría perjuicio irremediable en la declaratoria de caducidad de un contrato estatal, sería preciso aceptar que lo habría en todos los casos en que la administración adopte dicha medida, ya que si bien sus consecuencias son reconocidamente severas y restrictivas, son siempre las mismas, sin que resulte posible sostener la especial gravedad de un caso específico y negar la de otros.

 

En otras palabras, esta consideración haría nugatoria la facultad que la ley reconoce a las autoridades estatales para controlar en casos extremos la parálisis en la ejecución del contrato y el incumplimiento del contratista, y haría que en ningún caso se considerara suficiente la acción de controversias. (…) »

 


[1] Cfr. entre muchísimas otras la sentencia T-225 de 1993 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), y entre las más recientes, los fallos T-365 de 2006 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-271 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-436 de 2007 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).

Regla

Un contratista no puede interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de caducidad de un contrato estatal ante la consideración de existir en este caso un perjuicio irremediable, existiendo otros medios de defensa judicial para controvertirla, porque:

 

1. La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho.

 

2. La acción contractual es el medio de defensa judicial procedente frente al acto administrativo que declara la caducidad de un contrato estatal.

Decisión

Primero: REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de mayo de 2007, que a su turno revocó la dictada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bogotá el 9 de abril de 2007. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela solicitada por la firma M S Ingeniería Ltda., contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

Segundo: LÍBRESE por Secretaría General la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

Tercero: Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.

Marco jurídico

Artículo 238 de la Constitución Política. Artículo 77 de la Ley 80 de 1993. Artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. Artículo 152  del Código Contencioso Administrativo.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Ficha: Un contratista no puede interponer una acción de tutela cuando ha sido objeto de declaratoria de..
Síntesis
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