Aunque una catástrofe ambiental no rebase el umbral para generar un daño en la salud, si puede ocasionar la vulneración de derechos fundamentales como lo son la intimidad familiar, la recreación, la educación y la utilización del tiempo libre -- (Unificación jurisprudencial: El perjuicio inmaterial tiene una naturaleza dual, se indemniza la lesión a la integridad corporal del sujeto así como las consecuencias que el daño produce tanto a nivel interno como externo o relacional)

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Sentencia

Caso

LEONOR QUINTERO Y OTROS VS. DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Hechos relevantes

El 30 de septiembre de 1994 se celebró entre el Distrito de Bogotá y PROSANTANA un contrato de concesión, cuyo objeto fue la operación técnica, administrativa y ambiental del relleno sanitario Doña Juana, así como su mantenimiento.  La ejecución del negocio jurídico  comprendió la realización de obras de adecuación necesarias para el desarrollo de la actividad de disposición final de las basuras en el lugar denominado zona II y en el relleno sanitario de emergencia.  Por ello, entre las obligaciones principales del concesionario se encontraba el mantenimiento del predio, la operación y construcción del sistema de tratamiento de lixiviados.

A medida que la operación y mantenimiento del relleno sanitario Doña Juana se fue realizando por PROSANTANA, éste tuvo que ir adaptando el diseño original presentado por HIDROMECÁNICAS al Distrito. Esta adecuación se realizó debido a un desplazamiento del área original en la que iba a ubicarse la zona II, a la suposición errada del diseño original  de partir de una presión  cero en la estabilidad y a las fallas y problemas que se iban presentando a medida que se ejecutaba el contrato de concesión.  De otro lado, no se hicieron estudios adicionales que midieran el impacto de tales cambios.

El día 27 de septiembre de 1997 se presentó una falla en la estabilidad del relleno sanitario Doña Juana produciéndose un deslizamiento de aproximadamente un millón de metros cúbicos  de basura, afectándose las localidades aledañas al lugar  utilizado para la disposición final de los residuos sólidos del Distrito de Bogotá.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad estatal responder administrativamente e indemnizar a los ciudadanos perjudicados por el daño ambiental ocasionado, en razón al deslizamiento de una significativa cantidad de basura en el relleno sanitario Doña Juana, como consecuencia de  fallas en la ejecución del contrato de concesión y de igual manera por la omisión de estudios adicionales sobre el terreno?

Regla ampliada

Unificación  jurisprudencial sobre la tipología del perjuicio inmaterial. «(…) Como se desprende de los anteriores pronunciamientos, la línea jurisprudencial que se ha trazado en torno a la tipología del perjuicio inmaterial, diferente al moral, ha supuesto una naturaleza dual, consistente en que se indemniza la lesión a la integridad corporal del sujeto –daño evento– (artículo 49 C.P. derecho a la salud), así como las consecuencias que el daño produce tanto a nivel interno (alteración a las condiciones de existencia) como externo o relacional (daño a la vida de relación).

“Esa doble connotación del daño fisiológico, a la vida de relación o alteración a las condiciones de existencia –entendiéndolos como perjuicios de índole idéntica o similar, tal y como lo ha venido haciendo la jurisprudencia vernácula–, ha limitado la posibilidad de valorar el daño en términos de objetividad material –es decir, a partir de criterios reales, uniformes y verificables–. En consecuencia, esa naturaleza bifronte, ha desencadenado que, teóricamente, se haya aceptado esos planteamientos como un progreso jurisprudencial que permite no sólo indemnizar la integridad psicofísica del sujeto (daño corporal), sino también otros bienes jurídicos como su honra, el buen nombre, la tranquilidad, etc.

“No obstante lo anterior, esa doble condición del daño a la vida de relación o alteración a las condiciones de existencia, ha generado algunos inconvenientes que se pretenden aclarar con los contenidos desarrollados y expuestos en esta providencia.

En ese orden de ideas, es posible afirmar que se presentó una variación en la sistematización del perjuicio inmaterial diferente al moral, a partir de una lectura que asimiló el daño biológico, fisiológico o a la salud con el préjudice d´agrément (daño de placer o de agrado), reconocido en el derecho francés, relacionado con la pérdida del placer o del disfrute que, en ocasiones, se deriva de la producción de un determinado daño, al no poder realizar las actividades (deportes, trabajos, hobbies, etc.) a las que estaba acostumbrado el sujeto. (…)»

Nota del Editor: Esta sentencia unifica la tipología del perjuicio inmaterial, debido a que en la presente acción de grupo lo que se pretendía era la indemnización por la afectación a las actividades que generan distracción, placer o diversión en zonas al aire libre.

Derecho fundamental a la intimidad. «(…)“…las molestias causadas por ruidos u olores no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a la intimidad de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega a comprobar la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo procesal, se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones auditivas u olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad^[1].”(…)» 

Razones de la decisión

«(…)Por consiguiente, la contaminación del aire que produzca olores de tal intensidad que rompen la cotidianidad propia de un núcleo familiar, aún cuando no rebasen el umbral para generar un daño en la Salud, pueden afectar y por tanto generar un daño antijurídico en los derechos fundamentales intimidad, recreación y educación.

(…)

En el proceso se encuentra demostrado que el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana alteró la calidad del aire a unos niveles que de acuerdo con diferentes estudios y monitorias técnicas no constituían un riesgo para la Salud Humana. Sin embargo, esta conclusión no desmiente el hecho de que la calidad del aire de las áreas afectadas disminuyó ostensiblemente llevando no sólo a los espacios públicos sino al interior de los hogares aromas fétidos y nauseabundos, los cuales perduraron aproximadamente seis meses lo que generó un cambio en los hábitos de los núcleos familiares. Se trata así de una injerencia arbitraria atentatoria del derecho a la intimidad, comoquiera que ésta situación trajo como consecuencia: modificación en las costumbres alimenticias (muchos alimentos se dañaban rápidamente), la necesidad de controlar vectores como ratas y moscos y en algunos casos el traslado de residencia.

De igual forma, está acreditado que la alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose el derecho a la recreación y a la libre utilización del tiempo libre. En otros términos, la posibilidad de realizar labores encaminadas a la diversión, entretenimiento y práctica del deporte para aliviar el cansancio propio del trabajo y del estudio se vio restringida pues las opciones mientras duró la fetidez en el  olor eran las de evitar salir de las casas o buscar lugares apartados del lugar de residencia en los que no se hubiera presentado la afectación ambiental o en donde ésta se hubiere dado con menor intensidad.

Así las cosas, como consecuencia de la catástrofe ambiental se produjo un daño en los derechos a la intimidad familiar y a la recreación y utilización del tiempo libre. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la filosofía incorporada por la constitución política de 1991 en materia de responsabilidad civil extracontractual es la de imponer en cabeza de las autoridades públicas una obligación de carácter indemnizatorio por cualquier daño que se cause sobre un bien jurídicamente protegido. De forma tal que el juez como operador jurídico, apelando a la categorización de perjuicios inmateriales opta por ordenar un resarcimiento haciendo una diferenciación de los derechos conculcados. (…)»

Regla

Una entidad estatal debe responder administrativamente e indemnizar a los ciudadanos perjudicados por el daño ambiental ocasionado, en razón al deslizamiento de una significativa cantidad de basura en el relleno sanitario Doña Juana, como consecuencia de  fallas en la ejecución del contrato de concesión y de igual manera por la omisión de estudios adicionales sobre el terreno, porque:

1. La contaminación del aire que produzca olores de tal intensidad que rompen la cotidianidad propia de un núcleo familiar, aun cuando no rebasen el umbral para generar un daño en la Salud, pueden afectar y por tanto generar un daño antijurídico en los derechos fundamentales intimidad, recreación y educación.
2. La calidad del aire de las áreas afectadas disminuyó ostensiblemente llevando no sólo a los espacios públicos sino al interior de los hogares aromas fétidos y nauseabundos, los cuales perduraron aproximadamente seis meses lo que generó un cambio en los hábitos de los núcleos familiares.
3. La alteración de las condiciones ambientales ocasionó que las actividades que la comunidad acostumbraba a realizar al aire libre y en espacios públicos se disminuyeran significativamente, afectándose los derechos fundamentales ya mencionados. 

Decisión

PRIMERO.- MODIFICASE la sentencia proferida por el Tribunal  Administrativo de Cundinamarca el   24 de mayo de 2007.

SEGUNDO.- DECLÁRASE RESPONSABLE  al DISTRITO  DE  BOGOTÁ en relación con los daños ocasionados por  el derrumbe  del  Relleno  Sanitario  Doña Juana  acaecido  el  27  de  septiembre  de  1997.

TERCERO.- CONDÉNASE al DISTRITO DE BOGOTÁ a pagar a título de indemnización  de  daño  moral  y  afectación de los derechos constitucionales  a la  intimidad  familiar  y a la recreación  y  libre  utilización del tiempo libre, la suma de $227.440.511.400 a los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte en el proceso y  los que lo hagan después, en los términos señalados en la parte motiva. La suma de dinero constitutiva  de esta  condena  se  deberá  pagar al  Fondo  para la  protección  de  los  derechos e  intereses  colectivos,  administrado  en  los término  de ley, por el Defensor del Pueblo.

CUARTO.-  Como  consecuencia de la orden anterior, DISPÓNESE que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, el monto de la indemnización colectiva objeto de esta condena, sea entregado al FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS  E INTERESES COLECTIVOS administrado por el Defensor del Pueblo, y a cargo del cual se pagarán las  indemnizaciones, según lo ordenado en el artículo 65-3 de la  Ley 472 de 1998.

Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se realice la referida consignación al fondo mencionado, los actores miembros del  grupo deberán acreditar ante el defensor del Pueblo, con prueba idónea, su pertenencian a uno de los subgrupos de acuerdo con los requerimientos establecidos en la  parte motiva de esta sentencia.

QUINTO.- CONDÉNASE  a PROSANTANA a reembolsar al Distrito del Bogotá lo pagado por aquél como consecuencia de la condena impuesta en esta sentencia.

SEXTO.- DISPÓNENSE las indemnizaciones correspondientes a las demás personas del grupo que no hayan concurrido al proceso y que dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la presente sentencia decidan acogerse a lo aquí dispuesto, suministrando la información de que trata el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, los que no podrán invocar daños extraordinarios excepcionales a los probados en el presente proceso. Para lo cual deberá observarse, igualmente, lo preceptuado en el literal b) del numeral 3º del artículo 64 in fine. En consecuencia LIQUÍDENSE los honorarios del abogado coordinador en una suma equivalente al 10% de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente.

SEPTIMO.- Luego de finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, el FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, en cumplimiento de lo preceptuado en el último inciso del literal b del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, deberá devolver  el dinero sobrante a la entidad demandada.

OCTAVO.- ORDÉNASE la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten a la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los 20 días siguientes para acreditar su pertenencia a cualquiera de los subgrupos afectados.

NOVENO.- CONDÉNASE en Costas al DISTRITO DE BOGOTÁ.  Por la secretaría de la sección tásense, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

DÉCIMO.- ORDÉNASE al Distrito el cumplimiento de las siguientes medidas de justicia restaurativa:

i) Adoptar un reglamento técnico que garantice un manejo seguro de los rellenos sanitarios, aplicando para ello los avances que la ciencia ofrezca en la actualidad.

ii) Remitir copia de esta sentencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –entidad que no se encuentra comprendida por los efectos de esta providencia– para que en el marco de sus competencias y, siempre que lo estime necesario, difunda el contenido de la misma.

DÉCIMOPRIMERO.- NIÉGANSE las demás pretensiones de las demandas presentadas en los procesos No. 1999-0002 y No. 2000-0003.

Marco jurídico

Ley 472 de 1998

Decreto 1713 de 2002

Conceptualizaciones

Rellenos sanitarios. «(…) Estos espacios se conocen como rellenos sanitarios, los cuales pueden definirse como “lugares técnicamente seleccionados, diseñados y operados para la disposición final controlada de los residuos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados y cobertura final^[2]. (…)»

[1] Artículo 1 del Decreto 1713 de 2002, artículo que en parte fue adicionado por el Decreto 838 de 2005 y  en parte derogado por el Decreto 1505 de 2003.

[2] La disposición que imponía la obligatoriedad del sistema de relleno sanitario consagrada en el capítulo VIII del Decreto 1713 de 2002 fue derogada por el artículo 25 del Decreto 838 de 2005. 

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