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Una entidad pública no puede retrasar el inicio de una obra por no contar con la licencia de construcción, sin generar incumplimiento del contrato ni violar el principio de planeación

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 20524 DE 2013

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 20524 DE 2013

Caso

JAIRO ANTONIO OSSA LÓPEZ  VS SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró un contrato  de obra con un particular.El contrato fue modificado en varias oportunidades para autorizar el pago del valor del contrato al contratista y extender la vigencia de éste.Una cláusula del contrato estipulaba que la entidad pública debía entregar al contratista el 70 % del valor del mismo, a título de anticipo. Posteriormente, la entidad pública  le informó al contratista que las obras contratadas no se habían podido iniciar, porque el Concejo había expedido un Acuerdo que modificaba la reglamentación para obtener la licencia de construcción.   La entidad pública entregó al contratista el anticipo pactado (70% del precio del contrato). Y el contratista inició los trabajos de descapote y retiro de basuras del lote donde se ejecutarían las obras; pero, 15 días después, la interventoría ordenó detener los trabajos, porque no se contaba aún con la licencia de construcción   El contratista se vio obligado a suspender las obras, por la absoluta carencia de fondos e informó a la entidad que había destinado $70’000.000.oo de su patrimonio para la ejecución de las mismas, por lo que se hacía necesario que aprobara el reajuste de precios solicitado de tiempo atrás.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública retrasar el inicio de una obra por no contar con la licencia de construcción, sin generar incumplimiento del contrato ni violar el principio de planeación?

Razones de la decisión

«(...) Sin duda alguna, las irregularidades que desencadenaron el incumplimiento contractual se comenzaron a gestar desde la etapa precontractual, pues la entidad administrativa soslayó el principio de planeación previsto en el artículo 30 del Decreto-ley 222 de 1983 (normatividad que rigió el proceso de selección del contratista en este caso), por cuanto no preparó de manera lógica, coherente y oportuna el proyecto constructivo y decidió adelantar el proceso de selección, tendiente a escoger el contratista que ejecutaría las obras estructurales del edificio, sin haber solicitado, siquiera, la licencia de construcción y sin tener los planos y diseños estructurales definitivos, según se desprende de la prueba allegada al proceso (ver numeral 6 de estas consideraciones). Una correcta planeación del proyecto implicaba que la entidad administrativa hubiera encomendado al contratista la consecución de la licencia de construcción y la elaboración de los planos y diseños estructurales o, en caso contrario, que hubiera iniciado el proceso de selección sólo cuando contara con éstos.   La falta de planeación trajo como resultado que la entidad administrativa incumpliera las obligaciones contractuales a su cargo (artículos 1603 del C.C. y 4 – numeral 9- de la Ley 80 de 1993). Las obras, que debían ejecutarse en 168 días empezaron el 20 de junio de 1995, esto es, 14 meses y doce días después de iniciado el plazo contractual, porque sólo en mayo de ese año la entidad obtuvo la licencia de construcción provisional y ello generó que la vigencia del contrato se extendiera casi por dos (2) años, cuando estaba prevista en nueve (9) meses, de manera que los sobrecostos alegados por el demandante tienen origen en el comportamiento antijurídico de la entidad contratante, es decir, en el incumplimiento de la obligaciones contractuales a su cargo y no en la ruptura del equilibrio contractual determinado por la expedición de normas de carácter general, impersonal y abstracto, por el ejercicio de prerrogativas legales propias de la entidad contratante o por hechos imprevistos, imprevisibles e irresistibles que se ubiquen en la noción de imprevisión. (...)»

Regla

Una entidad pública no puede retrasar el inicio de una obra por no contar con la licencia de construcción, sin generar incumplimiento del contrato ni violar el principio de planeación. Una correcta planeación del proyecto implica que la entidad administrativa encomiende al contratista la licencia de construcción y la elaboración de planos y diseños estructurales o que ésta inicie el proceso de selección cuando tenga la licencia y los planos.

Decisión

Primero.- REVÓCASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo –Sala de Descongestión Sede Cali, el 28 de febrero de 2001.   Segundo.- DECLÁRASE PROBADA la objeción que, por error grave, formuló la Superintendencia de Notariado y Registro, contra el dictamen pericial rendido el 20 de agosto de 1998, por los ingenieros civiles Oswaldo Burgos Carrión y Julián Osorio González.   Cuarto.- DECLÁRASE la nulidad absoluta de la cláusula décima y del parágrafo segundo del contrato de obra 013, del 24 de marzo de 1994, y de la cláusula segunda del contrato adicional 01, del 28 de diciembre del mismo año, por lo expuesto en la parte motiva.   Quinto.- DECLÁRASE que la Superintendencia de Notario y Registro incumplió el contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.    Sexto.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Superintendencia de Notariado y Registro a pagar, a Jairo Antonio Ossa López, la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($184’558.146.75) M/cte, por los mayores costos administrativos en los que incurrió en la ejecución del contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, por culpa imputable a la demandada. La suma indicada cobija capital e intereses.    Séptimo.- Para el cumplimiento del fallo, se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del C.C.A.   Octavo.- Expídase copia de la sentencia con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.        Noveno.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.   Décimo.- Sin condena en costas. 

Órdenes

Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a los ingenieros civiles Oswaldo Burgos Carrión y Julián Osorio González devolver los honorarios que les hayan sido pagados por la elaboración del dictamen pericial.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Licencia
  • Incumplimiento
  • Principio de planeación
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Licencia
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  • Principio de planeación
  • Documentos
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